1.

Primer motivo, basado en que el Consejo no comprobó ni estaba en condiciones de comprobar si las resoluciones de las autoridades ucranianas en que se fundó para incluir al demandante en la lista se adoptaron respetando el derecho fundamental de defensa y el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que amparan al demandante en virtud del Derecho de la Unión.

2.

Segundo motivo, basado en el Consejo incurrió en errores manifiestos de apreciación al determinar que se cumplía el criterio de designación. En particular, el Consejo aceptó la documentación que le había proporcionado la Fiscalía General ucraniana, sin examinar debidamente ni tener en cuenta las irregularidades detectadas por el demandante. El Consejo debería haber realizado comprobaciones adicionales y recabar más pruebas de las autoridades ucranianas a la luz de las observaciones presentadas por el demandante y de las pruebas exculpatorias que este aportó, pero la limitada investigación del Consejo se quedó muy por debajo de lo necesario. En consecuencia, no existe una base fáctica suficientemente sólida para las sanciones de 2021.

3.

Tercer motivo, basado en que se ha vulnerado el derecho a la propiedad del demandante reconocido en el artículo 17, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, dado que las medidas restrictivas constituyen una limitación injustificada, innecesaria y desproporcionada de ese derecho, porque, entre otras cosas, i) nada parece indicar que los fondos supuestamente objeto de apropiación indebida por parte del demandante hayan sido transferidos fuera de Ucrania; ii) las medidas nacionales ucranianas son claramente adecuadas y suficientes, y iii) las medidas restrictivas llevan vigentes siete años y se adoptaron sobre la base de una instrucción que está extinguida o, al menos, totalmente estancada.