1.

¿Debe interpretarse el artículo 27 del Reglamento (UE) n.o 604/2013 (Reglamento Dublín III), (1) en su caso en relación con los artículos 47 y 51, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), pero a la luz de las normas de la Directiva 2003/86/CE, (2) en el sentido de que el Estado miembro requerido tiene la obligación de brindar a los solicitantes (incluidos menores) que se encuentren en el Estado miembro requirente y pretendan un traslado con arreglo a los artículos 8, 9 o 10 del Reglamento Dublín III, o a los miembros de su familia que se encuentren en el Estado miembro requerido en el sentido de los artículos 8, 9 o 10 del Reglamento Dublín III, tutela judicial efectiva ante un órgano jurisdiccional del Estado miembro requerido contra la respuesta negativa a la petición de toma a cargo?

2.

En caso de respuesta negativa a la primera cuestión de la letra a):

En tal caso, el derecho a tutela judicial efectiva señalado en la primera cuestión prejudicial de la letra a), a falta de regulación suficiente en el Reglamento Dublín III, ¿resulta directamente del artículo 47 de la Carta, interpretado en su caso en relación con los artículos 7, 9 y 33 de la Carta (véanse las sentencias del Tribunal de Justicia de 7 de junio de 2016, Ghezelbash, C-63/15, apartados 51 y 52, (3) y de 26 de julio de 2017, Mengesteab, C-670/16, apartado 58 (4))?

3.

En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones primera o segunda de la letra a):

¿Debe interpretarse el artículo 47 de la Carta, en su caso en relación con el principio de cooperación leal (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de noviembre de 2018, X y X, C-47/17 y C-48/17), (5) en el sentido de que el Estado miembro requerido tiene la obligación de notificar al Estado miembro requirente un recurso interpuesto por los solicitantes contra la respuesta negativa a la petición de toma a cargo y que el Estado miembro requirente tiene la obligación de abstenerse de pronunciarse sobre el fondo de la solicitud de asilo de los solicitantes hasta la resolución, en sentido negativo, del procedimiento de recurso?

4.

En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones primera o segunda de la letra a):

En un caso como el presente, ¿debe interpretarse el artículo 47 de la Carta, teniendo en cuenta, en su caso, las valoraciones expresadas en el considerando 5 del Reglamento Dublín III, en el sentido de que obliga a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro requerido a garantizar la tutela judicial mediante un procedimiento sumario? ¿Están los órganos jurisdiccionales del Estado miembro requerido sujetos a requisitos en materia de plazos para resolver el recurso?

1.

El artículo 21, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento Dublín III, en relación con el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1560/2003, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 118/2014 (Reglamento de Aplicación), (6) ¿tiene como efecto una transferencia de responsabilidad, que en principio no es susceptible de recurso, al Estado miembro requirente, cuando el Estado miembro requerido desestime, dentro de los plazos fijados, tanto la solicitud inicial del Estado miembro [requirente] como la solicitud de reexamen (véase la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia en los asuntos acumulados X y X, C-47/17 y C-48/17, apartado 80)?

2.

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión de la letra b):

¿Esto también se aplica cuando las decisiones negativas del Estado miembro requerido son contrarias a Derecho?

3.

En caso de respuesta negativa a la segunda cuestión de la letra b):

¿Puede el solicitante de asilo invocar en el Estado miembro requirente, frente al Estado miembro requerido, que la transferencia de responsabilidad es contraria a Derecho por incumplir los criterios de responsabilidad referidos a la unidad familiar (artículos 8 a 11, 16 y 17, apartado 2, del Reglamento Dublín III)?

1.

¿Deben interpretarse los artículos 7, apartado 2, y 20, apartado 1, del Reglamento Dublín III en el sentido de que no excluyen la aplicabilidad de las disposiciones del capítulo III ni un procedimiento de petición de toma a cargo con arreglo al capítulo VI, sección II, del Reglamento Dublín III en los casos en que los solicitantes ya hayan presentado una solicitud de asilo en el Estado miembro requirente y esta haya sido denegada inicialmente por inadmisible por el Estado miembro requirente con base en el artículo 33, apartado 2, letra c), en relación con el artículo 38, de la Directiva 2013/32/UE, (7) si bien en el ínterin se tramita un procedimiento admisible de solicitud posterior en el Estado miembro requirente, por ejemplo a consecuencia de la derogación fáctica de la «Declaración UE-Turquía de 18 de marzo de 2016» (véase «EN P-000604/2021, answer given by Ms Johansson on behalf of the European Commission», de 1 de junio de 2021)?

2.

En caso de respuesta negativa a la primera cuestión de la letra c):

En el supuesto descrito en la primera cuestión de la letra c): ¿deben interpretarse los artículos 7, apartado 2, y 20, apartado 1, del Reglamento Dublín III en el sentido de que, en caso de que concurran criterios de responsabilidad referidos a la unidad familiar (artículos 8 a 11 y 16 del Reglamento Dublín III), no excluyen la aplicabilidad de las disposiciones del capítulo III ni un procedimiento de petición de toma a cargo con arreglo al capítulo VI, sección II, del Reglamento Dublín III?

3.

¿Sigue siendo aplicable el artículo 17, apartado 2, del Reglamento Dublín III cuando los solicitantes ya hayan presentado una solicitud de asilo en el Estado miembro requirente y esta haya sido denegada inicialmente por inadmisible por el Estado miembro requirente con base en el artículo 33, apartado 2, letra c), en relación con el artículo 38, de la Directiva 2013/32, si bien en el ínterin se tramita un procedimiento admisible de solicitud posterior en el Estado miembro requirente, por ejemplo a consecuencia de la derogación fáctica de la «Declaración UE-Turquía de 18 de marzo de 2016» (véase «EN P-000604/2021, answer given by Ms Johansson on behalf of the European Commission», de 1 de junio de 2021)?

4.

En caso de respuesta afirmativa a la tercera cuestión de la letra c):

¿Confiere el artículo 17, apartado 2, del Reglamento Dublín III a los solicitantes de asilo un derecho subjetivo reclamable judicialmente en el Estado requerido? ¿Existen a este respecto exigencias del Derecho de la Unión relativas al ejercicio de la discrecionalidad de las autoridades nacionales (por ejemplo, respeto de la unidad familiar o del interés superior del menor), o bien este aspecto está sometido únicamente al Derecho nacional?