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Al aplicar las correcciones a tanto alzado establecidas por la Decisión de Ejecución (UE) 2015/103, la Comisión ejercitó sus facultades irregularmente, infringiendo con ello el artículo 52 del Reglamento (UE) 1306/2013, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 y (CE) no 485/2008 del Consejo, y las Directrices de la Comisión para la aplicación de las correcciones financieras definidas en el Documento no VI/5330/97 de la Comisión, de 23 de diciembre de 1997, titulado «Directrices para el cálculo de las repercusiones financieras al preparar la decisión de liquidación de cuentas de la sección de Garantía del FEOGA».

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La Comisión debió establecer correcciones basándose en la identificación de los importes pagados indebidamente por Rumanía, y no aplicando un porcentaje a tanto alzado, habida cuenta, en particular, de que la situación no lo exigía y, por otra parte, de que el Estado Rumano había puesto a disposición de la Comisión la información necesaria para calcular las correcciones. En tales circunstancias no puede considerarse que la Comisión tuviera que realizar esfuerzos desproporcionados para calcular unas correcciones basadas en la pérdida real de fondos.

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La Decisión de Ejecución (UE) 2015/103 carece de la motivación suficiente y adecuada en la medida en que, en su adopción, la Comisión no expuso de manera suficiente las razones para optar por la aplicación de un porcentaje a tanto alzado por las irregularidades comprobadas en las auditorías ni justificó debidamente por qué los argumentos de Rumanía en favor de la posibilidad de aplicar una corrección calculada no podían acogerse ni tenerse en cuenta para determinar la corrección final.

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La Decisión impugnada vulnera el principio de proporcionalidad en la medida en que, al aplicar a los gastos unas correcciones a tanto alzado del 10 % por el año de solicitud 2009 y del 5 % por el año de solicitud 2010, se sobrevaloraron las pérdidas de fondos de la UE derivadas de las irregularidades comprobadas en las auditorías, pues dichos porcentajes no tienen en cuenta la naturaleza y la gravedad de la infracción ni las repercusiones financieras de ésta en el presupuesto de la Unión.