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A este respecto la demandante alega que el Consejo ha vulnerado su derecho a obtener una tutela judicial efectiva y, en particular, el requisito de motivación, al no proporcionar motivación suficiente para incluirla en el anexo VIII del Reglamento impugnado.

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Alega, además, que el Consejo no atendió a su solicitud expresa de mencionar los motivos o los criterios y aportar las correspondientes pruebas que justificaran su inclusión en el anexo VIII del Reglamento impugnado.

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Por último, en el marco del primer motivo de recurso, la demandante alega que el Consejo vulneró su derecho de defensa al denegarle la posibilidad, prevista en el artículo 36, apartados 3 y 4, del Reglamento impugnado, de formular observaciones respecto a su inclusión en la lista y, de esa forma, permitir una revisión de la lista por parte del Consejo.

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A este respecto la demandante alega que su inclusión en el anexo VIII del Reglamento impugnado constituye una vulneración injustificada de su derecho a la propiedad, puesto que la deficiente motivación que proporciona el Consejo no le permite entender los motivos por los que ha sido incluida en la lista de las personas sancionadas con arreglo al artículo 16, apartado 2, del Reglamento impugnado.

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Alega, además, que su inclusión en el anexo VIII del Reglamento impugnado obedece a una valoración evidentemente errónea de su situación y de su actividad por parte del Consejo.

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Por último, en el marco del segundo motivo de recurso, la demandante alega que su inclusión en el anexo VIII del Reglamento impugnado es manifiestamente inadecuada para alcanzar los objetivos perseguidos por el Reglamento y, además, constituye un menoscabo desproporcionado de sus derechos de propiedad.