13.2.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 37/39

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Que se acuerde la admisión del recurso y de los motivos y alegaciones formulados en él.

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Que se anule la sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 10 de septiembre de 2009 en el asunto F-139/07.

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Que, resolviendo él mismo el litigio, anule la decisión por la que se adopta el informe de calificación del recurrente.

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Que se condene al Parlamento al pago de las costas en que haya incurrido el recurrente en las dos instancias.

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Infracción de los artículos 1 y 9 de las Disposiciones generales de ejecución relativas a la aplicación del artículo 43 del Estatuto de los Funcionarios y de los artículos 15, apartado 2, y 87, apartado 1, del Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas y las disposiciones de la Guía de calificación.

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Infracción del artículo 19 de las Disposiciones generales de ejecución y de la obligación de motivación.

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Vulneración del principio de contradicción, del principio de igualdad de las partes y del derecho de defensa.

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Violación del Derecho por lo que respecta a la relación entre calificación y atribución de puntos, del derecho de defensa y del principio de buena administración.

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Infracción del artículo 90 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, «Estatuto») debido a la utilización de documentos que no forman parte del expediente y vulneración del principio de procedimiento contradictorio, así como inversión de la carga de la prueba a cargo del recurrente e incumplimiento de la obligación de motivación.

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Incumplimiento del deber de asistencia en relación con la apreciación indebida de datos equivocados por el calificador final y vulneración de los principios jurídicos relativos a la carga de la prueba.

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Aplicación errónea del Derecho, de la jurisprudencia y de los principios jurídicos en relación con el artículo 90 del Estatuto, el deber de asistencia, la diligencia, la buena administración y los principios jurídicos relativos a la prueba.

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Violación del Derecho como consecuencia de declaraciones incomprensibles del Tribunal de la Función Pública y de una calificación errónea de los hechos, así como incumplimiento del deber de motivación y de las reglas de buena administración.

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Determinación incorrecta de los hechos.