—

Vistas sus anteriores resoluciones en las que pide un mecanismo a escala de la Unión para imponer sanciones selectivas contra personas implicadas en violaciones graves de los derechos humanos, incluidas su Resolución, de 16 de diciembre de 2010, sobre el Informe anual sobre los derechos humanos en el mundo (2009) y la política de la Unión Europea al respecto (1), y su Resolución, de 11 de marzo de 2014, sobre la erradicación de la tortura en el mundo (2),

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Vistas sus anteriores resoluciones presentadas de conformidad con el artículo 135 de su Reglamento interno, en las que se pedía la imposición de sanciones selectivas contra las personas implicadas en graves violaciones de los derechos humanos, entre ellas las de 19 de enero de 2017, sobre la situación en Burundi (3), de 5 de julio de 2018, sobre Burundi (4), de 18 de mayo de 2017, sobre Sudán del Sur (5), de 14 de junio de 2017, sobre la situación en la República Democrática del Congo (6), de 18 de enero de 2018, sobre la República Democrática del Congo (7), de 14 de septiembre de 2017 sobre la represión de la oposición en Gabón (8), de 5 de octubre de 2017, sobre la situación en Maldivas (9), de 5 de octubre de 2017, sobre los casos de los líderes tártaros de Crimea Ajtem Chiygoz e Ilmi Umerov, y del periodista Mykola Semena (10), de 30 de noviembre de 2017 (11) y 4 de octubre de 2018 (12), sobre la situación en Yemen, de 14 de diciembre de 2017, sobre Camboya, en particular sobre la disolución del Partido de Salvación Nacional de Camboya (PSNC) (13), de 14 de diciembre de 2017;sobre la situación de los rohinyás (14), de 15 de marzo de 2018, sobre la situación en Siria (15), de 25 de octubre de 2018, sobre la situación en Venezuela (16), de 13 de septiembre de 2018, sobre Myanmar/Birmania, en particular el caso de los periodistas Wa Lone y Kyaw Soe Oo (17), de 25 de octubre de 2018, sobre la situación en el mar de Azov (18), 25 de octubre de 2018, sobre el asesinato del periodista Yamal Jashogui en el consulado saudí de Estambul (19), y de 14 de febrero de 2019, sobre la situación en Chechenia y el caso de Oyub Titiev (20),

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Vista su recomendación destinada al Consejo, de 2 de abril de 2014, sobre el establecimiento de restricciones comunes en materia de visados a los funcionarios rusos involucrados en el caso Serguéi Magnitski (21),

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Vista su Resolución, de 12 de diciembre de 2018, sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2017) y la política de la UE al respecto (22),

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Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2017, sobre la corrupción y los derechos humanos en terceros países (23),

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Vista su Resolución, de 12 de marzo de 2019, sobre el estado de las relaciones políticas entre la Unión Europea y Rusia (24),

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Vista su Resolución, de 4 de febrero de 2016, sobre la masacre sistemática de minorías religiosas por el denominado «EIIL/Dáesh» (25),

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Visto el título V, capítulo 2, del Tratado de la Unión Europea (TUE) relativo a la adopción de sanciones en el marco de la política exterior y de seguridad común (PESC),

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Visto el artículo 215 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), relativo a la adopción de sanciones contra terceros países y contra personas, grupos o entidades no estatales,

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Vista la Declaración n.o 25 del Tratado de Lisboa sobre la necesidad de garantizar los derechos procesales de las personas o entidades afectadas por las medidas restrictivas de la Unión Europea o las medidas de la Unión Europea en materia de lucha contra el terrorismo,

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Vistos el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y los protocolos al mismo,

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Vistos el Marco estratégico y el Plan de acción de la Unión Europea sobre derechos humanos y democracia 2015-2019,

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Vista la declaración del presidente Jean-Claude Juncker con ocasión del discurso sobre el estado de la Unión el 12 de septiembre de 2018, en la que proponía que los Estados miembros hicieran uso de las normas de la Unión existentes para pasar de la unanimidad al voto por mayoría cualificada en determinados ámbitos de la PESC de la Unión, como la respuesta colectiva a las violaciones de los derechos humanos y la aplicación de sanciones efectivas,

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Vista la declaración, de 10 de diciembre de 2018, de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, posterior al Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, de diciembre de 2018,

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Vista la Resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 22 de enero de 2019, sobre Serguéi Magnitski y más allá — luchar contra la impunidad mediante sanciones selectivas,

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Visto su estudio, de abril de 2018, titulado «Targeted sanctions against individuals on grounds of grave human rights violations — impact, trends and prospects at EU level» (Sanciones selectivas impuestas a personas físicas por violaciones graves de los derechos humanos — Repercusiones, tendencias y perspectivas a nivel de la Unión),

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Vista la propuesta, de 14 de noviembre de 2018, de crear una comisión europea para la prohibición de entrada por motivos de derechos humanos,

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Vista la reunión, celebrada el 20 de noviembre de 2018 en los Países Bajos, sobre el régimen de sanciones de la Unión en favor de los derechos humanos en el mundo,

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Visto el artículo 123, apartados 2 y 4, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que el artículo 21 del TUE establece que las acciones de la Unión se guiarán por «la democracia, el Estado de Derecho, la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, el respeto de la dignidad humana, los principios de igualdad y solidaridad y el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho internacional»;

B.

Considerando que la Unión Europea se comprometió a aplicar sistemáticamente las sanciones decididas por el Consejo de Seguridad de la las Naciones Unidas, de conformidad con el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, y que, al mismo tiempo, impone sanciones autónomas en ausencia de un mandato del Consejo de Seguridad cuando este no está facultado para actuar o no puede hacerlo por falta de acuerdo entre sus miembros;

C.

Considerando que, a lo largo de las dos últimas décadas, las sanciones de la Unión Europea (también conocidas como medidas restrictivas) se han convertido en una parte integrante del conjunto de instrumentos de relaciones exteriores de la Unión, con más de cuarenta medidas restrictivas diferentes actualmente en vigor contra 34 países; que se estima que dos tercios de las sanciones específicas de la Unión por país se han impuesto en apoyo de objetivos en materia de derechos humanos y democracia;

D.

Considerando que las sanciones dirigidas contra personas específicas están concebidas para reducir al mínimo las consecuencias adversas para quienes no son responsables de las políticas o de las acciones que han dado lugar a su adopción, en particular la población civil local y las actividades legítimas en el país afectado o con él; que afectan directamente a los responsables y que actúan como elemento disuasorio;

E.

Considerando que todas las sanciones adoptadas por la Unión cumplen plenamente las obligaciones derivadas del Derecho internacional, incluidas las relativas a los derechos humanos y las libertades fundamentales; que las sanciones deben revisarse periódicamente, a fin de garantizar que contribuyen a la consecución de sus objetivos declarados;

F.

Considerando que, además de las sanciones específicas por país, destinadas a lograr cambios en el comportamiento de los Estados, la Unión ha introducido recientemente medidas restrictivas contra la proliferación y el uso de armas químicas y ataques cibernéticos, así como medidas específicas de lucha contra el terrorismo;

G.

Considerando que las sanciones de la Unión en vigor se dirigen contra agentes estatales y no estatales, como terroristas y grupos terroristas;

H.

Considerando que en los últimos meses ha habido numerosos casos en los que empresas europeas o incluso Estados miembros de la Unión han contravenido las sanciones de la Unión Europea; que estos ejemplos ilustran la necesidad de aclarar en mayor medida el ámbito y el alcance de las sanciones actualmente en vigor, así como el grado en que los países y las empresas son responsables de garantizar que la utilización o el destino finales de sus bienes y servicios no estén siendo objeto de sanciones;

I.

Considerando que las autoridades competentes de los Estados miembros de la Unión son responsables de la aplicación de las sanciones, mientras que estas medidas se deciden a nivel europeo;

J.

Considerando que el Congreso de los Estados Unidos aprobó en 2016 la Ley Global Magnitski, basada en la Ley sobre la responsabilidad del Estado de Derecho Serguéi Magnitski de 2012, que tenía por objeto sancionar a las personas responsables de la muerte de Serguéi Magnitski durante su detención preventiva en una cárcel rusa después de haber sufrido condiciones inhumanas, negligencia deliberada y torturas;

K.

Considerando que Estonia, Letonia, Lituania, el Reino Unido, Canadá y los Estados Unidos han adoptado leyes relativas al régimen de sanciones en materia de derechos humanos, es decir, leyes de tipo Magnitski; que el Parlamento ha solicitado en repetidas ocasiones el establecimiento de un régimen mundial similar de sanciones para las violaciones de los derechos humanos que garantice la coherencia y la eficacia de la inmovilización de activos individuales, la prohibición de visados y otras sanciones impuestas a personas y entidades por los Estados miembros y a escala de la Unión;

L.

Considerando que el Gobierno neerlandés abrió un debate entre los Estados miembros de la Unión en noviembre de 2018 sobre la oportunidad política de un régimen de sanciones específicas en materia de derechos humanos a escala de la Unión; que prosiguen en el Consejo los debates preliminares en el seno de un grupo de trabajo;

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