—

Vistas sus Resoluciones, de 15 de marzo de 2007 sobre Guatemala (1), de 11 de diciembre de 2012 sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por un lado, y Centroamérica, por otro (2), y de 16 de febrero de 2017 sobre Guatemala, en particular la situación de los defensores de los derechos humanos (3),

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Vista la visita de su Subcomisión de Derechos Humanos a México y Guatemala de febrero de 2016 y su informe final al respecto,

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Visto el informe de la Delegación para las Relaciones con los Países de la América Central tras su visita a Guatemala y Honduras del 16 al 20 de febrero de 2015,

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Visto el informe de la Delegación para las Relaciones con los Países de la América Central tras su visita a Guatemala del 28 de octubre al 1 de noviembre de 2018,

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Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2016, sobre la responsabilidad de las empresas por violaciones graves de los derechos humanos en terceros países (4),

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Visto el Programa Indicativo Plurianual para Guatemala 2014-2020, y su compromiso para contribuir a la solución de los conflictos, la paz y la seguridad,

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Vistos los programas de apoyo de la Unión en favor del sector de la justicia en Guatemala, en especial SEJUST,

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Vistas las Directrices de la Unión sobre defensores de los derechos humanos y el Marco estratégico de la UE sobre derechos humanos, que se compromete a colaborar con los defensores de los derechos humanos,

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Visto el Programa de acción anual de la Unión en favor de Guatemala de 2018 para el crecimiento económico sostenible e integrador de la zona fronteriza de Guatemala y sus inmediaciones, y en apoyo de la ampliación del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG),

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Vista la firma del acuerdo de asesoramiento entre la CICIG y la Corte Suprema de Guatemala en agosto de 2017,

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Vista la declaración del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), de 2 de septiembre de 2018, acerca de la decisión del Gobierno guatemalteco de no renovar el mandato de la CIGIC,

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Vista la carta conjunta, dirigida al presidente de Guatemala el 6 de abril de 2018 por el presidente del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición,

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Vista la declaración, de 10 de septiembre de 2018, de Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, relativa a la decisión del Gobierno guatemalteco de no renovar el mandato de la CICIG,

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Vista la declaración, de 6 de marzo de 2019, de Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, relativa a la ley guatemalteca sobre las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo,

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Visto el último informe de Human Rights Watch sobre Guatemala,

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Vista la Constitución de Guatemala,

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Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que, debido en gran parte a la colaboración entre la oficina de la fiscal general guatemalteca y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), con el respaldo de las Naciones Unidas, creada en 2007 para investigar la delincuencia organizada y reforzar las iniciativas locales para fortalecer el Estado de Derecho, Guatemala ha logrado algunos avances en el procesamiento de casos de derechos humanos y de corrupción;

B.

Considerando que el número de asesinatos y ataques contra defensores, organizaciones y comunidades que defienden los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales ha aumentado en Guatemala en los últimos años; que, en 2018, el número total de ataques contra defensores de los derechos humanos y poblaciones indígenas, en particular ataques contra quienes trabajan por los derechos sobre la tierra y el territorio, fue de 391, según un informe de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), incluidos 147 casos de criminalización y 26 asesinatos, un aumento del 136 % con respecto a 2017;

C.

Considerando que los defensores de los derechos humanos también se enfrentan a amenazas, intimidación, estigmatización, campañas de difamación de agentes privados y de las autoridades guatemaltecas, y persecución judicial; que el abuso de los procedimientos penales contra los defensores de los derechos humanos para evitar o sancionar su trabajo sigue despertando preocupaciones;

D.

Considerando que el número de ataques contra periodistas es asimismo preocupante, con 93 ataques, incluidos 4 asesinatos, registrados en 2017; que, habida cuenta de la concentración en curso de la propiedad de los medios de comunicación en manos de pocas empresas, los medios de comunicación y los periodistas independientes siguen siendo objeto de ataques y amenazas;

E.

Considerando que la violencia contra las mujeres sigue siendo un problema grave en Guatemala, como pone de manifiesto el hecho de que las muertes violentas de mujeres hayan aumentado un 8 % hasta los 662 casos; que, en el Día Internacional de la Mujer de 2017, murieron 41 jóvenes que habían sido encerradas después de una protesta contra los abusos de los guardias, cuando se produjo un incendio en un centro estatal de menores; que el índice de impunidad por los crímenes es del 97 % en Guatemala;

F.

Considerando que, desde 2007, la CICIG ha combatido la corrupción y la impunidad a invitación del Gobierno guatemalteco y en estrecha colaboración con las instituciones nacionales del país, a fin de detectar y ayudar a desmantelar instituciones paraestatales, y ha contribuido a reforzar las capacidades de las instituciones judiciales y de seguridad del país;

G.

Considerando que, tras cuatro ampliaciones de los sucesivos mandatos de dos años de la CICIG, el Gobierno guatemalteco solicitó al secretario general de las Naciones Unidas que su mandato se renovara una vez más hasta septiembre de 2019, con lo que se reforzaría ulteriormente la gobernanza gracias a las investigaciones de gran repercusión de la CICIG y el apoyo al Estado de Derecho en Guatemala, y se consolidarían sus logros en la reducción significativa de la corrupción y cuestionando la impunidad de las actividades no estatales con vínculos con el Estado (CIACS);

H.

Considerando que, en abril de 2018, el CICIG y el Ministerio Público presentaron los resultados de nuevas investigaciones sobre la financiación ilegal durante la campaña electoral del partido FCN, actualmente en el poder; que, en julio de 2018, la Corte Suprema de Justicia planteó una investigación sobre las actividades del presidente Jimmy Morales en relación con la financiación ilegal de su campaña electoral;

I.

Considerando que a finales de agosto de 2018, el Gobierno guatemalteco anunció la cancelación del mandato de la CICIG a partir de septiembre de 2019; que, poco después, el Gobierno prohibió también el regreso al país del director de la CICIG, Iván Velásquez, y posteriormente canceló los visados de 11 empleados de la CICIG que habían investigado casos de corrupción de alto nivel; que, en enero de 2019, el Gobierno canceló unilateralmente el acuerdo con las Naciones Unidas relativo a la CICIG con efectos inmediatos y solicitó que esta abandonara el país; que Iván Velásquez también se enfrenta a cargos y es objeto de campañas de difamación;

J.

Considerando que la Corte Constitucional de Guatemala ha impugnado y anulado estas medidas; que la Corte Constitucional ordenó, por unanimidad, que el Gobierno debía permitir a Iván Velásquez entrar en el país; que el Gobierno ha hecho caso omiso de estas sentencias; que el Congreso ha preparado acciones contra la Corte Constitucional y sus miembros, lo que supone un conflicto flagrante con el Estado de Derecho;

K.

Considerando que la iniciativa 5377 para reformar la Ley de Reconciliación Nacional, que aprobó el Congreso en la segunda de tres lecturas a principios de marzo de 2019, ampliaría la amnistía para todos los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad nacionales y por personas que actuaban en nombre del Gobierno, incluidos los crímenes contra la humanidad, tales como tortura, desapariciones forzosas y genocidio; que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han expresado su preocupación sobre la iniciativa y han pedido que no se enmiende la ley vigente;

L.

Considerando que, según la CIDH, la iniciativa de reforma 5377 no cumple los compromisos internacionales de Guatemala, supuestamente vulnera el Derecho internacional, e infringe el artículo 171, letra g), de la Constitución de Guatemala, pues todas aquellas personas encarceladas como culpables de crímenes políticos y crímenes contra la humanidad cometidos durante el conflicto armado y condenadas por ellos, quedarían libres en unas horas;

M.

Considerando que la población de Guatemala tiene que soportar unos niveles de inseguridad extremadamente elevados, y que la Policía Nacional Civil (PNC) se ha visto gravemente mermada en los últimos años; que se han registrado acusaciones de intimidación y amenazas contra magistrados, jueces, fiscales y agentes judiciales que han cooperado con la CICIG;

N.

Considerando que el acceso a la justicia, las condiciones de reclusión, la conducta policial y las denuncias de tortura, así como la corrupción, colusión e impunidad generalizadas, siguen siendo un motivo de honda preocupación;

O.

Considerando que el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, cuyo presupuesto ha sido recortado, el Ministerio Público y la judicatura han tomado medidas importantes contra la impunidad y en favor del reconocimiento de los derechos humanos; que existen intentos claros de las autoridades de Guatemala para perjudicar la lucha contra la corrupción, la impunidad y el Estado de Derecho;

P.

Considerando que, según la UDEFEGUA, las víctimas de ataques han sido sobre todo líderes indígenas que defienden el derecho a la tierra y al territorio; que el relator especial de las Naciones Unidas manifestó su preocupación sobre los derechos de los indígenas a raíz de las quejas sobre proyectos hidroeléctricos, mineros y agroindustriales, cuyas licencias y funcionamiento han provocado la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas; que el relator especial de las Naciones Unidas también afirmó que es preocupante que el Estado y los terceros implicados traten las protestas pacíficas de las comunidades como situaciones de conflictos criminales que afectan a la seguridad pública; que Aura Lolita Chávez, la defensora indígena guatemalteca de los derechos ambientales y finalista del Premio Sájarov del Parlamento Europeo en 2017, abandonó el país tras graves ataques, amenazas de muerte y difamaciones, y se enfrentaría a varios procesos judiciales si regresara;

Q.

Considerando que el 9 de octubre de 2018, agentes antidisturbios de la PNC atacaron a miembros de la Resistencia Pacífica de la Microrregión de Ixquisis, entre otras, y causaron heridas a seis manifestantes;

R.

Considerando que el embajador sueco en Guatemala ha sido declarado persona non grata (declaración anulada posteriormente por la Corte Constitucional) presuntamente por apoyar la actividad de la CICIG en el país;

S.

Considerando que las elecciones generales y presidenciales en Guatemala están previstas para el 16 de junio y el 11 de agosto de 2019;

T.

Considerando que el desarrollo y la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho, así como el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, deben formar parte integrante de las políticas exteriores de la Unión, incluido el Acuerdo de Asociación concluido en 2012 entre la Unión y los países de Centroamérica; que este acuerdo incluye una cláusula democrática, que es un elemento esencial del mismo; que Guatemala es el tercer mayor receptor de ayuda bilateral al desarrollo de la Unión en América Central, con un importe de 167 millones de euros durante el periodo 2014-2020 y centrada en la seguridad alimentaria, la resolución de conflictos, la paz, la seguridad y la competitividad;

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