1.   El presente Reglamento fija el Estatuto y las condiciones generales de ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo («Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo»).

2.   El Defensor del Pueblo actuará con independencia de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, de conformidad con las facultades que le confieren los Tratados y teniendo debidamente en cuenta el artículo 20, apartado 2, letra b), y el artículo 228 del TFUE, y el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea sobre el derecho a una buena administración.

3.   En el ejercicio de las funciones mencionadas en los Tratados y en el presente Reglamento, el Defensor del Pueblo no podrá intervenir en las causas que se sigan ante un órgano jurisdiccional ni poner en tela de juicio la conformidad a derecho de las resoluciones judiciales o la competencia de un órgano jurisdiccional para dictar una resolución.

1.   El Defensor del Pueblo contribuirá a descubrir los casos de mala administración en la actuación de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, con exclusión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, y, cuando proceda, formulará recomendaciones para remediarlos. No podrá ser objeto de reclamación ante el Defensor del Pueblo la actuación de ninguna otra autoridad o persona.

2.   Todo ciudadano de la Unión o toda persona física o jurídica que resida o tenga su sede social en un Estado miembro podrá remitir al Defensor del Pueblo, directamente o por mediación de un diputado al Parlamento Europeo, una reclamación relativa a un caso de mala administración en la actuación de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, con exclusión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. El Defensor del Pueblo informará de la reclamación a la institución, órgano u organismo interesado tan pronto como la reciba, respetando las normas de la Unión en materia de protección de los datos personales.

3.   En la reclamación constará claramente el objeto de la misma y la identidad del reclamante. Este último podrá pedir que la reclamación sea confidencial, en todo o en parte.

4.   La reclamación se presentará en un plazo de tres años contados desde que el reclamante tuvo conocimiento de los hechos que la motivaron y, previamente, deberán haberse efectuado los trámites administrativos pertinentes ante las instituciones, órganos y organismos correspondientes.

5.   El Defensor del Pueblo determinará si una reclamación entra dentro de su ámbito de competencias y, en caso afirmativo, si es admisible. Cuando una reclamación no entre dentro de su ámbito de competencias o sea inadmisible, el Defensor del Pueblo, antes de archivar el expediente, podrá aconsejar al reclamante que se dirija a otra autoridad.

6.   Las reclamaciones presentadas al Defensor del Pueblo no interrumpirán los plazos de recurso fijados en los procedimientos judiciales o administrativos.

7.   Cuando, a causa de un procedimiento judicial en curso o ya concluido sobre los hechos alegados, el Defensor del Pueblo deba declarar inadmisible una reclamación o dar por terminado el examen de la misma, se archivarán los resultados de las investigaciones que haya realizado hasta ese momento.

8.   A excepción de los casos de acoso sexual, el Defensor del Pueblo no podrá admitir ninguna reclamación relativa a las relaciones laborales entre las instituciones, órganos y organismos de la Unión y sus funcionarios u otros agentes, a menos que el interesado haya agotado todas las posibilidades de presentación de solicitudes o reclamaciones administrativas internas, en particular los procedimientos contemplados en el artículo 90 del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y el régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea, establecido por el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n.o 259/68 del Consejo (el «Estatuto de los funcionarios») (4), y a menos que hayan expirado los plazos de respuesta de la institución, órgano u organismo de que se trate.

9.   El Defensor del Pueblo informará sin demora al reclamante del curso dado a su reclamación.

1.   El Defensor del Pueblo procederá a todas las investigaciones que considere necesarias —incluidas aquellas que se deriven de otra investigación previa— para aclarar cualquier posible caso de mala administración en la actuación de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, bien por iniciativa propia, bien como consecuencia de una reclamación. El Defensor del Pueblo actuará sin necesidad de autorización previa e informará oportunamente de ello a la institución, órgano u organismo de que se trate. La institución, órgano u organismo de que se trate podrá presentar al Defensor del Pueblo cualquier observación o prueba útil. El Defensor del Pueblo podrá solicitar asimismo que la institución, órgano u organismo de que se trate presente dichos comentarios o pruebas.

2.   Sin perjuicio de su deber primordial de tramitar reclamaciones, el Defensor del Pueblo podrá llevar a cabo, por iniciativa propia, investigaciones de carácter más estratégico, para identificar casos recurrentes o particularmente graves de mala administración y promover las mejores prácticas administrativas en las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y para abordar de forma proactiva las cuestiones estructurales de interés público que tengan cabida dentro de su ámbito de competencias.

3.   El Defensor del Pueblo podrá entablar un diálogo estructurado y regular con las instituciones, órganos u organismos y organizar consultas públicas antes de formular recomendaciones o en cualquier momento posterior. El Defensor del Pueblo también debe analizar y evaluar sistemáticamente los progresos de la institución, órgano u organismo de que se trate y formular recomendaciones ulteriores.

4.   Las instituciones, órganos y organismos de la Unión estarán obligados a facilitar al Defensor del Pueblo toda la información que este les solicite, y a facilitarle acceso a la documentación relativa al caso. El acceso a información o documentos clasificados estará sujeto al cumplimiento de las normas sobre el tratamiento de la información confidencial por parte de la institución, órgano u organismo de la Unión de que se trate.

Las instituciones, órganos u organismos que faciliten información o documentos clasificados con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero informarán previamente al Defensor del Pueblo de dicha clasificación.

Para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo primero, el Defensor del Pueblo acordará por adelantado con la institución, órgano u organismo de que se trate las condiciones para el tratamiento de la información o de los documentos clasificados.

Las instituciones, órganos u organismos de que se trate únicamente darán acceso a los documentos procedentes de un Estado miembro que hayan sido clasificados como secretos en virtud de una disposición legislativa después de que los servicios del Defensor del Pueblo hayan establecido unas medidas y salvaguardias para el tratamiento de los documentos que resulten adecuadas y garanticen un nivel equivalente de confidencialidad, en consonancia con el artículo 9 del Reglamento (CE) n.o 1049/2001 y de conformidad con las normas de seguridad de la institución, órgano u organismo de la Unión de que se trate.

A petición del Defensor del Pueblo, los funcionarios y otros agentes de las instituciones, órganos u organismos de la Unión testificarán sobre hechos relacionados con una investigación en curso del Defensor del Pueblo. Los funcionarios o agentes en cuestión declararán en nombre de su respectiva institución, órgano u organismo y seguirán estando sujetos a las obligaciones derivadas de sus estatutos respectivos. Cuando estén sujetos a la obligación de mantener el secreto profesional, éste no se interpretará que se extiende a la información pertinente para las reclamaciones o investigaciones de acoso o mala administración.

5.   El Defensor del Pueblo examinará de forma periódica los procedimientos relacionados con la actuación administrativa de las instituciones, órganos y organismos de la Unión y evaluará si dichos procedimientos pueden prevenir eficazmente casos de conflictos de intereses y garantizar la imparcialidad y el pleno respeto del derecho a la buena administración. El Defensor del Pueblo podrá determinar y evaluar posibles casos de conflictos de intereses a cualquier nivel que puedan constituir una fuente de mala administración, en cuyo caso el Defensor del Pueblo elaborará conclusiones específicas e informará al Parlamento Europeo de las conclusiones al respecto.

6.   En la medida en que su legislación nacional lo permita, las autoridades competentes de los Estados miembros transmitirán urgentemente al Defensor del Pueblo, previa petición de este o por iniciativa propia, cualquier información o documento que pueda ayudar a aclarar los casos de mala administración por parte de las instituciones, órganos u organismos de la Unión. En los casos en que dicha información o documentos estén amparados por la legislación nacional sobre el tratamiento de la información confidencial o por disposiciones que impidan su comunicación, el Estado miembro de que se trate podrá permitir que el Defensor del Pueblo acceda a dicha información o documento siempre que el Defensor del Pueblo se comprometa a tratar dicha información o documento de acuerdo con la autoridad competente de la que proceda. En todos los casos se facilitará una descripción del documento.

7.   En caso de no recibir la asistencia requerida, el Defensor del Pueblo informará de ello al Parlamento Europeo, que tomará las medidas oportunas.

8.   Cuando se detecten casos de mala administración tras una investigación, el Defensor del Pueblo se dirigirá a la institución, órgano u organismo afectado y formulará, en su caso, recomendaciones. La institución, órgano u organismo al que el Defensor del Pueblo se haya dirigido transmitirá a este un informe detallado en un plazo de tres meses. El Defensor del Pueblo podrá conceder, previa solicitud motivada de la institución, órgano u organismo en cuestión, una prórroga de dicho plazo que no excederá de dos meses. Si, transcurridos el plazo de tres meses o su prórroga, la institución, órgano u organismo de que se trate no presenta un informe, el Defensor del Pueblo podrá cerrar la investigación sin dicho informe.

9.   El Defensor del Pueblo enviará a continuación un informe a la institución, órgano u organismo de que se trate y, especialmente cuando la naturaleza o la magnitud del caso de mala administración descubierta así lo exija, al Parlamento Europeo. En ese informe el Defensor del Pueblo podrá formular recomendaciones. El Defensor del Pueblo informará al reclamante acerca del resultado de la investigación, del informe motivado presentado por la institución, órgano u organismo afectado y de cualesquiera recomendaciones formuladas por él mismo en el informe.

10.   Cuando proceda en relación con una investigación sobre las actividades de una institución, órgano u organismo de la Unión, el Defensor del Pueblo podrá comparecer ante el Parlamento Europeo, por propia iniciativa o a petición del Parlamento Europeo, al nivel más apropiado.

11.   En la medida de lo posible, el Defensor del Pueblo buscará con la institución, órgano u organismo afectado una solución que permita subsanar el caso de mala administración y satisfacer la reclamación presentada. El Defensor del Pueblo informará al reclamante de la solución propuesta junto con las observaciones, en su caso, de la institución, órgano u organismo de que se trate. Si el reclamante así lo desea, tendrá derecho a presentar en cualquier momento sus observaciones, o información adicional no conocida en el momento de la presentación de la reclamación, al Defensor del Pueblo.

12.   Al final de cada período anual de sesiones, el Defensor del Pueblo presentará al Parlamento Europeo un informe sobre los resultados de las investigaciones que haya llevado a cabo. El informe incluirá una evaluación del cumplimiento de las recomendaciones del Defensor del Pueblo y una evaluación de la idoneidad de los recursos disponibles para ejercer sus funciones. Estas evaluaciones también pueden ser objeto de informes independientes.

1.   El Defensor del Pueblo y su personal, a los que se aplicarán el artículo 339 del TFUE y el artículo 194 del Tratado Euratom, estarán obligados a no divulgar la información ni los documentos de los que hayan tenido conocimiento en el marco de sus investigaciones. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, estarán obligados, en particular, a no divulgar información ni documentos clasificados facilitados al Defensor del Pueblo, ni documentos comprendidos en el ámbito de aplicación de la legislación de la Unión en materia de protección de datos personales, ni ninguna otra información que pudiera causar un perjuicio al reclamante o a otras personas implicadas.

2.   Si el Defensor del Pueblo considera que los hechos de que ha tenido conocimiento en el marco de una investigación pueden considerarse materia de derecho penal, informará de ello a las autoridades nacionales competentes, así como a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y a la Fiscalía Europea en la medida en que el asunto en cuestión entre dentro de las competencias de estas últimas. En su caso, el Defensor del Pueblo informará también a la institución, órgano u organismo de la Unión al que pertenezca el funcionario o agente en cuestión, que podrá aplicar el artículo 17, párrafo segundo, del Protocolo n.o 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea.

El Defensor del Pueblo podrá asimismo informar a la institución, órgano u organismo de la Unión de que se trate acerca de hechos que cuestionen el comportamiento de alguno de sus funcionarios o agentes, así como de cualquier actividad continuada que tenga el efecto de obstaculizar la investigación en curso.

El Defensor del Pueblo informará de tales notificaciones al reclamante y a otras personas interesadas cuya identidad se conozca.

1.   Siempre que cumpla la legislación nacional aplicable, el Defensor del Pueblo podrá cooperar con autoridades análogas en los Estados miembros.

2.   En el ámbito de sus funciones, el Defensor del Pueblo cooperará con la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y con otras instituciones y órganos, al tiempo que evita cualquier duplicación de sus actividades.

1.   La elección del Defensor del Pueblo y, en su caso, la renovación de su mandato, se llevarán a cabo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 228, apartado 2, del TFUE.

2.   Como Defensor del Pueblo deberá ser elegida una personalidad que tenga la ciudadanía de la Unión, se encuentre en pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos, ofrezca plenas garantías de independencia, no haya sido miembro de ningún Gobierno nacional ni de ninguna institución de la Unión en los últimos tres años, reúna unas condiciones de imparcialidad equivalentes a las requeridas en su país para el ejercicio de las funciones jurisdiccionales y posea experiencia y competencia reconocidas para el ejercicio de las funciones de Defensor del Pueblo.

1.   El Defensor del Pueblo cesará en las funciones mencionadas en los Tratados y en el presente Reglamento bien al término de su mandato, bien por renuncia o destitución.

2.   Salvo en caso de destitución, el Defensor del Pueblo seguirá en funciones hasta que resulte elegido un nuevo Defensor del Pueblo.

3.   En caso de cese anticipado en sus funciones, se nombrará un nuevo Defensor del Pueblo en un plazo de tres meses desde que se produzca la vacante, pero únicamente por el período restante del mandato del Parlamento Europeo. Hasta el momento en que resulte elegido un nuevo Defensor del Pueblo, el funcionario principal a que se refiere el artículo 13, apartado 2, se hará cargo de los asuntos urgentes que entren en el ámbito de competencias del Defensor del Pueblo.

1.   En el ejercicio de las funciones mencionadas en los Tratados y en el presente Reglamento, el Defensor del Pueblo actuará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 228, apartado 3, del TFUE. Se abstendrá de cualquier acto incompatible con la naturaleza de dichas funciones.

2.   Al tomar posesión del cargo, el Defensor del Pueblo se comprometerá solemnemente ante el Tribunal de Justicia, reunido en Pleno, a ejercer las funciones mencionadas en los Tratados y en el presente Reglamento con independencia e imparcialidad absolutas y a respetar, durante el mandato y tras el cese de sus funciones, las obligaciones que se derivan del cargo. El compromiso solemne incluirá, en particular, el deber de actuar con honestidad y discreción en cuanto a la aceptación de determinadas funciones o beneficios una vez terminado el mandato.

1.   Mientras permanezca en funciones, el Defensor del Pueblo no podrá ejercer ninguna otra función política o administrativa ni actividad profesional alguna, sea o no remunerada.

2.   En lo que se refiere a su remuneración, complementos salariales y pensión de jubilación, el Defensor del Pueblo estará equiparado a un juez del Tribunal de Justicia.

3.   Se aplicarán al Defensor del Pueblo y a los funcionarios y otros agentes de su Secretaría los artículos 11 a 14 y el artículo 17 del Protocolo n.o 7.

1.   Al Defensor del Pueblo se le asignará un presupuesto adecuado, suficiente para garantizar su independencia y permitirle desempeñar las funciones mencionadas en los Tratados y en el presente Reglamento.

2.   El Defensor del Pueblo estará asistido por una Secretaría, cuyo funcionario principal nombrará él mismo.

3.   El Defensor del Pueblo debe tratar de conseguir la paridad de género en la composición de su Secretaría.

4.   Los funcionarios y otros agentes de la Secretaría del Defensor del Pueblo estarán sujetos a los reglamentos y normativas aplicables a los funcionarios y otros agentes de la Unión. Su número se adoptará cada año en el marco del procedimiento presupuestario y será adecuado para el correcto desempeño de las funciones y para la carga de trabajo del Defensor del Pueblo.

5.   Los funcionarios y otros agentes de la Unión y de los Estados miembros que sean asignados a la Secretaría del Defensor del Pueblo lo serán en comisión de servicios, con la garantía de una reintegración de pleno derecho en sus instituciones, órganos u organismos de origen.

6.   Para todas las cuestiones relativas su personal, el Defensor del Pueblo estará asimilado a las instituciones en el sentido del artículo 1 bis del Estatuto de los funcionarios.