6.3.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 67/1

1.1.1

El sector privado puede desempeñar un papel fundamental en la lucha contra la pobreza en el mundo ya que crea empleo, produce bienes y servicios, genera ingresos y beneficios y contribuye con sus impuestos a asumir el gasto público, siempre y cuando se atenga a los principios de cooperación al desarrollo reconocidos en la esfera internacional y que los empleos que se creen sean decentes, de conformidad con el Programa de Trabajo Decente de la OIT.

1.1.2

El Comité pide que el sector privado participe mucho más estrechamente en el programa de desarrollo para después de 2015 y a la nueva asociación mundial. La participación del sector privado en la determinación de los objetivos para erradicar la pobreza y lograr un desarrollo sostenible, así como un crecimiento justo e integrador que tenga en cuenta de igual modo la cantidad que la calidad, permitirá que este sector asuma su parte de responsabilidad en el cumplimiento de dichos objetivos.

1.1.3

Las organizaciones de la sociedad civil señalan no solo las ventajas, sino también los riesgos inherentes a la acción del sector privado; por ello, la ayuda que se preste al sector privado en los países en desarrollo debería basarse en los principios de transparencia, apertura de la contratación pública, eficiencia, eficacia de los medios invertidos y responsabilidad de los agentes públicos respecto de todas las partes interesadas en la ejecución de la estrategia de desarrollo adoptada. La cuota global en aumento de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) dedicada al desarrollo del sector privado no debería ir en detrimento de los medios financieros otorgados en el marco de la AOD a los países en desarrollo más pobres.

1.2.1

En el presente dictamen, el sector privado también incluye el sector social y agrupa a trabajadores autónomos, microempresas, pequeñas y medianas empresas, grandes empresas multinacionales, cooperativas y otras empresas de la economía social, así como los empleados de las empresas privadas y sus organizaciones sindicales y las organizaciones no gubernamentales que cooperan en proyectos privados. La ayuda al sector privado y la cooperación con este sector deberían tener en cuenta la diferente naturaleza de cada una de las partes interesadas. En los países en desarrollo existe, asimismo, un amplio sector privado informal y la cooperación al desarrollo debería contribuir a combatir el trabajo informal así como las situaciones que lo fomentan.

1.2.2

Conviene asociar activamente a la sociedad civil al proceso de definición del papel del sector privado y al establecimiento de indicadores de su contribución a la cooperación internacional al desarrollo. A ello contribuiría la creación de una amplia plataforma a escala europea, con la participación de todas las partes interesadas.

1.2.3

Conviene emplear la AOD como factor multiplicador para asociar el capital privado a las inversiones en los países en desarrollo recurriendo a instrumentos financieros innovadores. Es preciso vincular la ayuda facilitada a objetivos claramente establecidos como, por ejemplo, la creación de más y mejores empleos, el aumento de la calidad de la producción, la transferencia de conocimientos sobre gestión al sector privado, etc.

1.2.4

Las asociaciones entre los sectores público y privado pueden convertirse en instrumentos esenciales para ejecutar las estrategias de desarrollo, siempre que se garantice previamente una combinación adecuada y una buena comunicación entre las partes interesadas.

1.3.1

En los países en desarrollo, para que el sector privado pueda desempeñar su papel en cuanto al desarrollo, es necesario un entorno empresarial favorable que incluya el respeto de los principios democráticos generalmente reconocidos, que facilite la creación y la evolución de las empresas, reduzca la sobrecarga burocrática, aumente la transparencia, frene la corrupción omnipresente y anime a los inversores extranjeros y locales.

1.3.2

La responsabilidad social de las empresas (RSE) debe entenderse como iniciativa voluntaria de las empresas que se adhieren a un espíritu empresarial ético. Convendría proponer algún tipo de marco para la RSE en el ámbito del desarrollo, que se ajustara a las «Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales» y otros principios reconocidos internacionalmente.

1.3.3

Cuando el sector privado crea nuevos puestos de trabajo, debería respetar los derechos económicos y sociales fundamentales, en particular los principales convenios de la OIT. Estos nuevos empleos deberían crearse con arreglo al Programa de Trabajo Decente de la OIT.

1.4.1

Es conveniente diseñar programas de desarrollo de las capacidades institucionales de la administración pública en los países en desarrollo en estrecha colaboración con los interlocutores sociales y las organizaciones no gubernamentales correspondientes dedicadas a la ayuda al desarrollo. Procede, además, mejorar las condiciones en las que, en particular, las pequeñas y medianas empresas desarrollan sus actividades, pues son las que atesoran un mayor potencial para crear empleo y reducir la pobreza.

1.4.2

En los países en desarrollo, las organizaciones empresariales necesitan adquirir competencias para mejorar su capacidad de ejercer una influencia positiva en el entorno empresarial. Hay que fomentar el desarrollo de sus capacidades aprovechando la contribución activa de organizaciones socias similares de países desarrollados. Por tanto, los programas europeos de ayuda exterior deberían financiar también la ayuda técnica que prestan las organizaciones empresariales europeas a sus socios en los países en desarrollo y reforzar su motivación.

1.4.3

La ayuda al desarrollo debería apoyar en mayor grado proyectos innovadores y modelos empresariales que favorecen la integración, incluido el apoyo a una sociedad sin barreras, lo que contribuiría a eliminar la pobreza entre los grupos de ciudadanos en situación de riesgo como, por ejemplo, las personas con discapacidad, las mujeres, las personas mayores, etc.

1.4.4

Hay que fomentar la cooperación del sector privado con las organizaciones no gubernamentales, recurriendo, por ejemplo, a voluntarios para trasladar a las empresas locales los conocimientos en materia de gestión y tecnología, entre otros. Los proyectos empresariales innovadores que tienen éxito merecen una publicidad reforzada y sistemática.

1.4.5

El desarrollo del sector privado requiere fomentar en mayor medida la formación y la adquisición de conocimientos sobre las tecnologías esenciales, en beneficio, en particular, de los trabajadores poco cualificados.

1.4.6

El Comité recomienda ampliar el programa Erasmus para jóvenes empresarios a las personas interesadas originarias de países en desarrollo o crear un programa con objetivos similares y asignarle los medios financieros necesarios para su realización.

1.4.7

Se debe prestar especial atención al sector minero y de materias primas, al que hay que aplicar con rigor las exigencias en materia de protección del medio ambiente, las condiciones sociales de los trabajadores y el carácter sostenible del desarrollo económico del Estado.

1.4.8

A menudo, los países en desarrollo carecen de estrategias para desarrollar las pequeñas y medianas empresas; por otra parte, la cooperación para el desarrollo debería contribuir mejor a compensar esta desventaja. La experiencia adquirida en Europa en materia de ayuda a las pequeñas y medianas empresas debería transmitirse de manera focalizada y pertinente a los países en desarrollo.

2.1

El Sr. Šefčovič, comisario europeo, dirigió una carta al presidente del CESE informándole de que la Comisión estaba elaborando propuestas para asociar más eficazmente al sector privado a la asociación mundial para el desarrollo después de 2015 y solicitando, por tanto, al Comité que elaborara un dictamen exploratorio sobre el papel del sector privado con vistas a impulsar en este mismo periodo un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, cuestión que se está debatiendo actualmente en las Naciones Unidas.

2.2

En su Dictamen REX/372 (1) sobre la Comunicación de la Comisión «Una vida digna para todos: Acabar con la pobreza y dar al mundo un futuro sostenible», el CESE emitió una serie de recomendaciones para que la sociedad civil participe en la elaboración, la puesta en práctica y el seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible para después de 2015 a nivel mundial.

2.3

Desde hace tiempo, el Comité dedica muchos trabajos en el marco de sus dictámenes (2) a la cooperación para el desarrollo y a la cooperación exterior. Además, ha adquirido cierta experiencia y una serie de conocimientos concretos mediante sus iniciativas propias sobre cuestiones relativas a los países ACP, Euromed, la Asociación Oriental, las negociaciones comerciales internacionales y otros ámbitos vinculados a la problemática del desarrollo. Ha aprovechado plenamente esos activos al elaborar el presente dictamen.

3.1

El sector privado puede desempeñan un papel fundamental en la lucha contra la pobreza en el mundo ya que crea empleo, produce bienes y servicios, genera ingresos y beneficios y contribuye con sus impuestos a asumir el gasto público, siempre y cuando se atenga a los principios de cooperación al desarrollo reconocidos en la esfera internacional. También después de 2015, aunque la ayuda pública al desarrollo seguirá siendo un importante catalizador del desarrollo, no bastará, por sí misma, para erradicar la pobreza (3).

3.2

Los objetivos de desarrollo del milenio estaban necesitados de una visión más clara de la manera de alcanzarlos y era preciso conectarlos entre sí; además, descuidaban el papel del sector privado en el desarrollo (4). Conviene que el sector privado participe mucho más estrechamente en el futuro marco de cooperación para el desarrollo para después de 2015, como socio estratégico y motor de crecimiento sostenible, todo ello respecto de cada uno de los tres pilares en los que este se apoya (el primero, económico; el segundo, social; y el tercero, medioambiental) y que se basan en indicadores no solo cuantitativos sino también cualitativos.

3.3

Las organizaciones de la sociedad civil (5) hacen hincapié tanto en las ventajas como en los riesgos que conlleva la participación del sector privado en la cooperación para el desarrollo. Para solventar estos riesgos, es necesario que la ayuda que se preste al sector privado con cargo a los fondos dedicados al desarrollo respete los principios de transparencia, eficiencia, eficacia de los medios empleados, apertura de la contratación pública y responsabilidad de los agentes públicos respecto de todas las partes interesadas en la ejecución de la estrategia de desarrollo adoptada.

3.4

El sector privado agrupa a trabajadores autónomos, microempresas, pequeñas y medianas empresas, grandes empresas multinacionales, cooperativas y otras empresas de la economía social, así como instituciones financieras. En un sentido más amplio, se incluyen también en este sector los empleados de las empresas privadas y de sus organizaciones sindicales, así como las organizaciones no gubernamentales que cooperan en proyectos privados. Además de las empresas privadas que desarrollan legalmente sus actividades, existe, en particular en los países en desarrollo, un amplio sector privado informal. Al otorgar la ayuda para el desarrollo, hay que diferenciar a cada una de estas entidades privadas y los efectos de sus actividades para el desarrollo, en función de su tamaño, ámbito de actividad y nivel de desarrollo del Estado de que se trate (Estado poco desarrollado, medianamente desarrollado, en desarrollo o todavía vulnerable).

3.5

El sector privado debería contribuir, junto con los representantes de la sociedad civil, a definir las necesidades en materia de desarrollo en cada Estado y a establecer nuevos objetivos de desarrollo sostenible para después de 2015, de manera que asuma su parte de responsabilidad en su consecución. Estos objetivos deberían constituir la prolongación de los objetivos de desarrollo del milenio, deberían ser concretos y mensurables así como abarcar los ámbitos del agua, la agricultura, la seguridad alimentarias, la energía, las infraestructuras de transporte, la educación, el sector sanitario, la economía digital, la igualdad de género y la igualdad social.

3.6

Hay que reconocer al sector privado como elemento constitutivo esencial de la nueva asociación mundial para el desarrollo. Convendría crear una plataforma que agrupe a representantes de las empresas y los empleadores europeos. Además, debería estar abierta a otras partes interesadas, incluidos representantes de la sociedad civil, para dialogar con los representantes de las instituciones europeas y financieras sobre la participación del sector privado en la cooperación internacional para el desarrollo.

3.7

El sector privado de los Estados donantes participa en la cooperación para el desarrollo como proveedor de servicios y de equipos costeados por la AOD, como proveedor directo de ayuda para el desarrollo por motivos filantrópicos, en el marco de proyectos comunes con el sector público y las organizaciones no gubernamentales, y como inversor en proyectos que, además del interés que presentan para la empresa, arrojan resultados significativos en términos de desarrollo. Conviene apoyar prioritariamente los proyectos orientados hacia la innovación mediante el establecimiento de capacidades de innovación, servicios de asesoría, incubadoras y agrupaciones de empresas en los países beneficiarios. Las licitaciones para proyectos de desarrollo tienen que ser transparentes y abiertas.

3.8

La contribución del sector privado al desarrollo debería incluir, además, el apoyo a una sociedad sin barreras, lo que contribuiría a erradicar la pobreza entre los grupos de ciudadanos en situación de riesgo como, por ejemplo, las personas con discapacidad, las mujeres, las personas mayores o las que sufren lesiones temporales. A este respecto, el acuerdo marco sobre el mercado laboral integrador suscrito por los interlocutores sociales europeos en marzo de 2010 puede servir de inspiración para integrar esta exigencia en el futuro marco de desarrollo.

3.9

El sector privado de los países en desarrollo requiere de una ayuda sistemática para poder desempeñar su papel en materia de desarrollo. Por este motivo, la cuota de la AOD dedicada al desarrollo del sector privado va en aumento. No obstante, esta evolución no puede producirse en detrimento de la AOD brindada a los países menos avanzados, de la cual no pueden prescindir para resolver sus problemas más acuciantes.

3.10

Las inversiones privadas de grandes empresas multinacionales en proyectos de interés para el desarrollo constituyen una ocasión para asociar a su realización a las pequeñas y medianas empresas locales, existentes y nuevas, lo que permite a estas últimas, gracias a la colaboración de los socios de los países desarrollados, adquirir conocimientos técnicos y acceder a las tecnologías avanzadas adecuadas. Las empresas multinacionales deberían atenerse a los principios consagrados por las Naciones Unidas, la OCDE y otras organizaciones internacionales (6).

3.11

Las pequeñas y medianas empresas constituyen, en los países en desarrollo como en cualquier otro lugar del mundo, el principal potencial de desarrollo, que contribuyen a liberar, en particular, los microcréditos y los préstamos subvencionados por las instituciones europeas e internacionales dedicadas a la financiación del desarrollo. Además, las transferencias de ahorro y otros medios financieros de los emigrantes constituyen una fuente importante de inversión y hay que orientarlas más, mediante incentivos, hacia las necesidades de desarrollo del Estado de que se trate.

3.12

El Comité se congratula de las ideas que expone la Comisión Europea en su Comunicación «Después de 2015: Hacia un enfoque global e integrado para financiar la erradicación de la pobreza y la consecución del desarrollo sostenible» (7) y pide que el sector privado y la sociedad civil organizada participen en el debate propuesto sobre el enfoque integrado de la financiación.

3.13

Convendría emplear la AOD como principal factor multiplicador para asociar el capital privado a las inversiones en los países en desarrollo. Para ello, deberían utilizarse instrumentos innovadores, tales como el «blending» (combinación de recursos), los distintos mecanismos de garantía y los tipos de interés reducidos. En el cálculo del importe de la AOD, convendría tener en cuenta las garantías estatales para las inversiones en los países en desarrollo. Es preciso vincular la ayuda facilitada al capital privado a requisitos e indicadores claramente establecidos que tengan en cuenta la sostenibilidad del desarrollo, la protección del medio ambiente, la economía verde, la creación de empleo, el aumento de la calidad de la producción, la transferencia de conocimientos sobre gestión al sector privado, etc.

3.14

Conviene orientar aún más las inversiones hacia el reforzamiento de sectores como, por ejemplo, el bancario, los seguros, los servicios de telecomunicaciones, los transportes y los demás servicios de ayuda a las empresas, sin los cuales ni la industria ni la agricultura pueden desarrollarse adecuadamente. En este entorno, el Estado debe velar por que se mantenga un entorno competitivo y por una protección adecuada de las inversiones.

3.15

Las asociaciones entre los sectores público y privado pueden convertirse en instrumentos esenciales para ejecutar las estrategias de desarrollo, ya que aúnan el mecanismo de subvención de los fondos públicos y las iniciativas de inversión privadas para atender las necesidades de desarrollo de los beneficiarios finales. Para que estos proyectos sean un éxito, se requiere una información transparente y una comunicación abierta con las partes interesadas.

4.1

En los países en desarrollo beneficiarios, se tienen que cumplir una serie de condiciones fundamentales para que el sector privado pueda existir y desarrollar sus actividades para desempeñar su papel en el ámbito del desarrollo. Por tanto, la cooperación al desarrollo debería orientarse más hacia la mejora permanente del entorno empresarial, lo cual facilitaría la creación y la evolución de las empresas, reduciría la sobrecarga burocrática, aumentaría la transparencia y frenaría así una corrupción omnipresente. La consolidación del estado de Derecho estimula a los inversores extranjeros y locales y contribuye a la diversificación de las economías locales.

4.2

La creación de un entorno empresarial sano debe basarse en mecanismos de mercado, incluida la competencia económica, mercados financieros eficaces, la independencia de los tribunales, una aplicación generalizada de la legislación en vigor, especialmente en materia mercantil, el respeto de las normas del comercio internacional y el respeto de los derechos de propiedad intelectual. Conviene atenerse a los usos culturales locales, en la medida en que no socaven la competencia económica y no degeneren en corrupción y una redistribución estéril de los fondos.

4.3

La responsabilidad social de las empresas (RSE) en el marco de la cooperación al desarrollo debe entenderse como una iniciativa voluntaria de las empresas, que se adhieren a un espíritu emprendedor ético. Las empresas escogen ellas mismas, en el marco fundamental de los principios reconocidos a nivel mundial (8), las disposiciones adecuadas para su actividad económica. El establecimiento de este marco permitirá garantizar una competencia justa con las demás empresas del sector.

4.4

El sector privado crea empleo y puede, de este modo, contribuir a erradicar la pobreza. No obstante, tiene que respetar al mismo tiempo los derechos económicos y sociales fundamentales. Hay que aplicar rigurosamente los principales convenios de la OIT (libertad sindical y negociaciones colectivas, prohibición del trabajo forzoso, del trabajo infantil y de cualquier discriminación en materia laboral).

4.5

Es indispensable que los nuevos puestos de trabajo se ajusten al Programa de Trabajo Decente de la OIT, que estipula que el empleo debe poder escogerse libremente, el trabajador debe gozar de protección social, el empleador debe respetar los derechos fundamentales de los trabajadores y hay que instaurar un diálogo social. Es esencial que todos los inversores, y en particular aquellos que se acogen a ayudas públicas al desarrollo, respeten escrupulosamente estos principios cuanto ejecuten sus proyectos, y que ejerzan, sobre sus socios, una influencia positiva al respecto.

4.6

Los programas de desarrollo de las capacidades institucionales de la administración pública en los países en desarrollo deberían reforzar los principios del estado de Derecho y contribuir a mejorar el entorno empresarial y a reforzar las capacidades de absorción de las empresas locales. Estos programas deberían concebirse en estrecha colaboración con los interlocutores sociales y las organizaciones no gubernamentales interesadas.

5.1

Las organizaciones empresariales como, por ejemplo, las cámaras de comercio, las asociaciones y agrupaciones profesionales, las federaciones de empresarios y las organizaciones de economía social de los países donantes deberían ser asociadas activamente a los proyectos de ayuda al sector privado de los países en desarrollo durante todas las fases del ciclo del proyecto. Para ello, es preciso establecer un programa para apoyar a las organizaciones locales encargadas de representar a las pequeñas y medianas empresas, lo que permitiría a estas últimas adquirir experiencia, en particular en materia de comercialización, integración de las cadenas de suministro, certificación, logística, etc.

5.2

En los países en desarrollo, las organizaciones empresariales necesitan adquirir competencias para mejorar el entorno empresarial, reforzar la gobernanza democrática de sus instancias, lograr la adhesión de nuevos miembros y comunicar activamente con ellos. Hay que fomentar el desarrollo de sus capacidades aprovechando la contribución activa de organizaciones socias similares de la UE. Por tanto, los programas europeos de ayuda exterior deberían financiar también la ayuda técnica que prestan las organizaciones empresariales europeas a sus socios.

5.3

El desarrollo del sector privado debería incluir módulos de formación destinados a empresarios, incluidos periodos de formación en un país desarrollado. El Comité recomienda analizar la posibilidad de ampliar el programa Erasmus para jóvenes empresarios a las personas interesadas originarias de países en desarrollo o elaborar un programa con objetivos similares y otorgar los medios financieros necesarios para su realización.

5.4

Conviene fomentar en mayor medida la formación y el desarrollo de los conocimientos sobre las tecnologías esenciales, en beneficio, en particular, de los trabajadores poco cualificados. Desde hace tiempo se echan en falta programas de formación profesional, dándose la circunstancia de que los países donantes otorgan sobre todo becas para estudios de nivel superior. Sin embargo, en la industria y en otros ámbitos, el sector privado requiere competencias profesionales corrientes, que se adquieren en el sistema de aprendizaje tradicional, así como ciertos hábitos laborales necesarios cuando se trabaja para un inversor extranjero o para una empresa mixta.

5.5

La ayuda al desarrollo debería apoyar más proyectos innovadores y nuevos modelos empresariales que favorezcan la integración, ofrezcan un amplio espacio de cooperación entre el sector privado y las organizaciones no gubernamentales. Cabe citar como ejemplo el envío de expertos voluntarios, que brinden asistencia al desarrollo del espíritu emprendedor en los países en desarrollo (9). Dar mayor publicidad a los proyectos empresariales innovadores en favor del desarrollo que han sido coronados con éxito contribuiría al intercambio mutuo de experiencias en los Estados miembros.

5.6

Ha de prestarse especial atención al sector minero y al sector de las materias primas. Los proyectos de inversión tienen que tener en cuenta retos tales como la protección del medio ambiente, las condiciones sociales de los trabajadores y la sostenibilidad del desarrollo. Los servicios públicos y los entes locales del país beneficiario deben definir un marco adecuado para cada sector de actividad y velar por su respeto, especialmente en materia de obligaciones fiscales. La ayuda debería permitir concebir este enfoque sistémico, estableciendo al mismo tiempo normas óptimas que limiten la carga administrativa excesiva y prevengan la propagación de la corrupción.

5.7

La ayuda al desarrollo debería apoyar la agricultura sostenible y las industrias locales de transformación para mejorar la transformación de los productos alimenticios y las materias primas. Hay que fomentar la creación de asociaciones de agricultores y de pequeños productores activos en la transformación de productos agrícolas e integrarlas en las cadenas de aprovisionamiento.