7.7.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 199/106

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Vista la decisión del Consejo Europeo, de 17 de diciembre de 2010, de conceder a Montenegro la condición de país candidato a la adhesión a la Unión Europea,

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Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada «Dictamen de la Comisión sobre la solicitud de Montenegro de adhesión a la Unión Europea» (COM(2010)0670),

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Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada «Estrategia de ampliación y principales retos 2010-2011» (COM(2010)0660),

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Visto el Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Montenegro, por otra, de 29 de marzo de 2010 (1),

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Vistos el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Montenegro sobre readmisión de residentes ilegales, de 8 de noviembre de 2007 (2), y el Reglamento (CE) no 1244/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, aprobado el 1 de diciembre de 2009, que modifica el Reglamento (CE) no 539/2001 por el que se establece la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación (3),

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Vistas las recomendaciones de la Comisión Parlamentaria de Estabilización y Asociación UE-Montenegro, de los días 27 y 28 de septiembre de 2010,

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Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A.

Considerando que el Consejo Europeo de Salónica de los días 19 y 20 de junio de 2003 reafirmó que el futuro de los Balcanes Occidentales está en la Unión Europea, y que aquella declaración fue reiterada por el Consejo Europeo de Bruselas de los días 15 y16 de junio de 2006, así como en cumbres sucesivas,

1.

Acoge con satisfacción el consenso general y la prioridad especial concedida a la integración europea por el Gobierno y los partidos de la oposición de Montenegro, que ha dado lugar a grandes avances en el proceso de reforma del país desde su independencia; se felicita por la nueva dirección política en Podgorica y alienta al nuevo Gobierno a continuar el proceso de integración europea de Montenegro y acelerar el ritmo de las reformas dirigidas a cumplir los criterios de Copenhague;

2.

Acoge con satisfacción la decisión del Consejo Europeo, de 17 de diciembre de 2010, de conceder a Montenegro la condición de país candidato a la adhesión a la Unión Europea; lamenta, sin embargo, que la condición de candidato a la adhesión no vaya asociada al derecho a entablar negociaciones, al tiempo que destaca que no debe aplazarse de forma indebida o no justificada la decisión de iniciarlas; espera que comiencen las negociaciones a más tardar después de la publicación del Informe de situación de la Comisión de 2011, a condición de que Montenegro realice importantes avances en el cumplimiento de los criterios de referencia establecidos por la Comisión;

3.

Acoge con satisfacción la decisión de la Comisión de conceder a los ciudadanos montenegrinos la posibilidad de viajar sin visado (plena liberalización de visados) a la zona Schengen de la UE a partir del 19 de diciembre de 2009; destaca la importancia que reviste esta medida para el desarrollo de los contactos entre los pueblos, sobre todo en el ámbito de la educación, la investigación y el turismo, así como para los contactos entre empresas y la cooperación internacional entre sindicatos; insta a los países de la UE no pertenecientes al espacio Schengen a que también contemplen la adopción de una liberalización del régimen de visados similar para los ciudadanos montenegrinos, sobre todo habida cuenta de la aplicación armoniosa del régimen de liberalización de visados con los países de la UE pertenecientes al espacio Schengen;

4.

Acoge con satisfacción que esté prácticamente concluido el proceso de establecimiento del marco jurídico y constitucional del país; señala, sin embargo, que el plazo para llevar a cabo la armonización del sistema jurídico vigente con la nueva Constitución se ha prorrogado por cuarta vez, e insta a las autoridades a que adopten rápidamente la legislación pendiente, en particular las modificaciones del marco jurídico en materia de elecciones; pide a todos los partidos políticos que lleguen sin más dilación a un consenso sobre el proyecto legislativo en consonancia con las recomendaciones de la OSCE-OIDDH y la Comisión de Venecia, y que mejoren el mecanismo de verificación de las reclamaciones relativas a las elecciones ante la comisión electoral o los tribunales; pide al Parlamento montenegrino que refuerce con carácter urgente y de forma significativa sus capacidades en relación con el cometido de evaluar si las leyes propuestas por el Gobierno son conformes al acervo, al tiempo que insta a la Comisión a que facilite la ayuda técnica necesaria a este respecto en el marco del Instrumento de Preadhesión (IPA); insta al Gobierno a que mejore la transparencia y la accesibilidad pública del proceso legislativo;

5.

Observa con satisfacción que la ayuda del IPA está dando sus frutos en Montenegro; alienta tanto al Gobierno montenegrino como a la Comisión a que simplifiquen el procedimiento administrativo para la financiación con cargo al IPA, con objeto de facilitar su accesibilidad para las organizaciones civiles más pequeñas y no centralizadas, los sindicatos y otros beneficiarios;

6.

Reitera la extraordinaria importancia que reviste el Estado de Derecho para el desarrollo del país y la credibilidad de las instituciones del Estado a los ojos de los ciudadanos; y acoge con satisfacción, en este sentido, la intensa actividad del Gobierno y el Parlamento en la elaboración y aprobación de la legislación requerida; destaca, sin embargo, la importancia de la participación pública en el desarrollo de nueva legislación y su aplicación efectiva para que el progreso sea visible para los ciudadanos;

7.

Acoge con satisfacción la iniciativa del Parlamento montenegrino de profesionalizar la función del Presidente de la Comisión Electoral Estatal, si bien pide la profesionalización de los restantes miembros de dicho órgano y la revalorización de sus capacidades, a fin de asegurar una gestión transparente, democrática y efectiva de los procesos electorales;

8.

Observa los satisfactorios progresos realizados en la aprobación de disposiciones legislativas importantes en materia de lucha contra la corrupción, y aplaude la adopción de una nueva estrategia y de un plan de acción, así como la creación de la Comisión Nacional encargada de su aplicación; destaca, no obstante, que la corrupción sigue siendo frecuente en muchos sectores, especialmente en la construcción, la privatización y la contratación pública, y que constituye un grave problema; señala, por otra parte, que el balance de investigaciones, enjuiciamientos y condenas firmes en casos de corrupción sigue siendo reducido; destaca la importancia de establecer un marco global específico para luchar contra la corrupción, mejorando la aplicación de la ley de libre acceso a la información y la coordinación de las fuerzas de orden público, así como estableciendo una autoridad única de supervisión y control de la aplicación de las obligaciones de los organismos gubernamentales y garantizando el seguimiento de las quejas de los ciudadanos (Defensor del Pueblo); señala la necesidad de aplicar eficazmente la legislación aprobada en este ámbito, con el fin de dotar a las fuerzas del orden de nuevos instrumentos para luchar contra la corrupción; insiste en la necesidad de un cambio en el marco legislativo aplicable a la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales, a fin de garantizar el control independiente y la transparencia de los mecanismos financieros;

9.

Pide que se adopten medidas enérgicas para suprimir los casos de conflictos de intereses en la administración pública reforzando la Comisión de conflictos de intereses y otorgándole competencias para verificar las declaraciones de patrimonio de los mandatarios públicos y sancionar las irregularidades; pide, asimismo, que se modifique la Ley de prevención de conflictos de intereses en el ejercicio de funciones públicas, que permite que los diputados al Parlamento y otros representantes elegidos puedan desempeñar funciones como miembros de órganos de gestión o supervisión: en determinados casos, estos conflictos de intereses pueden resolverse aplicando una transparencia total y mediante una declaración de intereses por parte de los representantes elegidos;

10.

Destaca que la Ley sobre la libertad de información se está aplicando con dificultades, especialmente en lo que se refiere a la presentación de documentos que podrían revelar casos de corrupción en el ámbito de la privatización y la contratación pública; insta al Gobierno a que facilite el acceso a los datos pertinentes; insta a las autoridades públicas a que se abstengan de presionar a las organizaciones no gubernamentales y sin ánimo de lucro y a los representantes de la sociedad civil en general que investigan los casos de corrupción y de delincuencia organizada y que ejercen una función de vigilancia;

11.

Observa los progresos realizados en la reforma del poder judicial, como demuestra la aprobación de importantes modificaciones en los procedimientos penales y demás legislación sustantiva, que han aumentado los recursos humanos disponibles y han reducido el número de casos pendientes ante los tribunales; destaca, sin embargo, la necesidad de garantizar la responsabilidad y la eficacia del poder judicial y del ministerio fiscal, así como su independencia de injerencias políticas; destaca la necesidad de que se aplique plenamente el Código de Ética; insta con urgencia a que se introduzcan cambios en el sistema de nombramiento de jueces y fiscales y se ponga fin a la práctica de nombrar a los fiscales y a los miembros de los consejos de la judicatura y de la fiscalía únicamente a través del Parlamento por mayoría simple y del Gobierno; manifiesta, por otra parte, su preocupación ante la posibilidad de una acumulación excesiva de poder en las personas del Presidente del Tribunal Supremo y del Fiscal General; pide la aprobación de la ley que regula el acceso a asistencia letrada gratuita; pide que se unifique la jurisprudencia para garantizar un sistema judicial predecible y obtener la confianza pública; destaca la importancia de fomentar la cooperación internacional, especialmente con los países vecinos;

12.

Pide a Montenegro que siga mejorando los criterios comunes para la formación judicial, que vele por su aplicación por el Centro de Formación Judicial y que asigne los recursos financieros necesarios para alcanzar este objetivo;

13.

Pide a la Comisión que, en su próximo informe de seguimiento, incluya una evaluación del impacto y de los resultados conseguidos, como resultado de la asignación de fondos de la UE, en la reforma del sistema judicial y en la lucha contra la corrupción;

14.

Destaca que la delincuencia organizada y, en particular, el blanqueo de dinero y el contrabando continúan siendo un problema, a pesar de las mejoras introducidas en el marco jurídico y en su aplicación; solicita a las autoridades que tomen medidas dirigidas a aumentar los medios represivos, especialmente en lo que se refiere a la capacidad de investigación proactiva, y que mejoren la coordinación entre los diferentes organismos y agencias, así como la cooperación con las autoridades de países vecinos e internacionales pertinentes, a fin de obtener resultados sólidos en la lucha contra la delincuencia organizada; acoge con satisfacción la aprobación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal e insta a que se aplique rápida y adecuadamente;

15.

Acoge con satisfacción las mejoras en la labor del Parlamento, si bien recomienda que se lleven a cabo mayores esfuerzos para garantizar una alta calidad de la legislación aprobada y su conformidad con el acervo; solicita que se incrementen la asignación interna de recursos humanos y presupuestarios y la ayuda de la UE para el Parlamento montenegrino, por ejemplo hermanándolo con los parlamentos de otros Estados miembros o con el Parlamento Europeo, a fin de reforzar la capacidad de los diputados y de la secretaría parlamentaria para supervisar y controlar la acción del Gobierno, tal como señala el dictamen de la Comisión;

16.

Pide la continuación de las reformas en la administración pública, que sigue careciendo de recursos suficientes y estando claramente politizada, y, en particular, que se proceda a revisar la Ley de la función pública y de los empleados del Estado, con el fin de establecer un sistema global de empleo, basado en los méritos, que incluya normas transparentes para la contratación y por el que se fijen procedimientos que regulen el desarrollo de la carrera profesional; destaca, asimismo, la necesidad de reforzar los recursos humanos de la administración local y de asignar recursos financieros suficientes para su funcionamiento, con objeto de garantizar su eficacia y transparencia, ya que representan factores especialmente importantes para el actual proceso de descentralización; señala la necesidad de respetar las decisiones jurídicamente vinculantes de la Autoridad de Gestión de Recursos Humanos; destaca la necesidad de mejorar el marco jurídico e institucional, a fin de reforzar la responsabilización y el respeto del Estado de Derecho en el seno de la administración pública, especialmente en ámbitos como la administración tributaria, la contratación pública, el urbanismo y la concesión de licencias en la administración local y los servicios aduaneros; acoge con satisfacción la apertura de la Escuela Regional de Administración Pública en Danilovgrado;

17.

Acoge con satisfacción la aprobación de la Ley general relativa a la prohibición de la discriminación en el empleo y en la prestación de servicios públicos, por la que se prohíbe la discriminación por cualquier motivo que no sea el mérito y que representa un paso importante en el camino hacia el establecimiento de un marco jurídico favorable a la lucha contra la discriminación; observa, sin embargo, que dicha ley presenta todavía posibles deficiencias e insta a su rectificación; destaca que se sigue discriminando a grupos vulnerables como la comunidad romaní, los ashkalíes, los egipcios y las personas con discapacidad, y que continúa estando muy extendida la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, también por parte de las autoridades públicas; insta a las autoridades montenegrinas a que refuercen los mecanismos de aplicación para la prevención, el control, la sanción y la persecución de los casos de discriminación; manifiesta su preocupación por el hecho de que no se respeten plenamente los derechos laborales de las personas con discapacidad, al tiempo que aplaude, en este mismo contexto, el Memorando sobre la situación en el mercado laboral de las personas con discapacidad firmado por la Confederación de Sindicatos de Montenegro y por organizaciones no gubernamentales;

18.

Manifiesta su preocupación por el hecho de que las mujeres sigan estando infrarrepresentadas en el proceso de toma de decisiones y en los puestos directivos tanto de las administración pública, como el Parlamento, los ministerios y los altos cargos gubernamentales, como en las esferas de gestión de las empresas públicas; pide que se adopten medidas dirigidas a la rápida integración transversal de la política de igualdad mediante la aplicación del plan de acción, así como a la introducción del principio de igualdad de retribución;

19.

Acoge con satisfacción la aprobación de la Ley de protección contra la violencia doméstica y pide al Gobierno que proceda a su rápida aplicación y facilite apoyo económico a las organizaciones que prestan servicios a las víctimas; pide a las autoridades que promuevan una campaña de sensibilización dirigida a informar a las mujeres acerca de sus derechos y a promover una política de tolerancia cero con la violencia doméstica;

20.

Insta a las autoridades montenegrinas a que velen por la aplicación generalizada de las disposiciones legales pertinentes, incluida la Ley sobre los derechos y las libertades de las minorías; recuerda que todas las minorías deben gozar de protección en virtud de la aplicación estricta de la Ley relativa a la prohibición de la discriminación; alienta a las autoridades montenegrinas a que prosigan sus esfuerzos de sensibilización frente a cualquier tipo de discriminación; alienta a las autoridades a que sigan respaldando plenamente la aplicación de su Plan de Acción para resolver la situación de las personas desplazadas;

21.

Acoge con satisfacción las generalmente buenas relaciones entre los diversos grupos étnicos y la buena protección general de los derechos de las minorías en el país, y reitera que esta situación constituye una base positiva para iniciar el proceso de consolidación de la paz en una región que hace un tiempo se caracterizaba por la violencia interétnica y los desplazamientos masivos de población; insta, no obstante, a las autoridades y a las estructuras administrativas a que tengan más en cuenta la opinión de las minorías, con objeto de promover la reconciliación en esta región; señala, en este sentido, la necesidad de aclarar la disposición constitucional sobre la representación adecuada de las minorías, y acoge con satisfacción las medidas adoptadas para elaborar estadísticas precisas en este ámbito; pide que la Ley de ciudadanía y la Ley de extranjería se aproximen a las normas europeas; alienta a los líderes políticos y religiosos de ambos lados de la frontera serbomontenegrina a que contribuyan a fomentar un clima interétnico e interreligioso positivo buscando soluciones de compromiso en asuntos controvertidos como los emplazamientos religiosos impugnados;

22.

Destaca que las comunidades romaní, ashkalí y egipcia siguen viéndose confrontadas con frecuentes problemas de discriminación; pide a las autoridades que mejoren las condiciones de vida de estas comunidades y su acceso a la seguridad social, los servicios sanitarios, la educación y los servicios de empleo, y que les faciliten documentos de identidad, lo cual constituye una condición previa para el acceso a todos los servicios públicos; destaca la necesidad urgente de mejorar las condiciones de vida en el campamento de Konik y de adoptar y aplicar una estrategia sostenible dirigida a mejorar las condiciones de vida en su interior y a clausurar finalmente dicho campamento;

23.

Reitera la importancia que reviste para la democracia la existencia de organizaciones de la sociedad civil independientes y activas; acoge con satisfacción la mejora de la cooperación del Gobierno con las ONG, especialmente en materia de lucha contra la corrupción; pide que se consoliden estas relaciones y se proceda a una consulta más amplia de las ONG en los procesos de toma de decisiones políticas, incluida la formulación de políticas y la legislación, así como en el control de las actividades de los poderes públicos; destaca el papel fundamental que desempeñan los agentes de la sociedad civil para contribuir a mejorar la cooperación regional en los aspectos sociales y políticos; acoge con satisfacción la labor del Consejo Nacional para la Integración Europea en su cometido de promover la participación de la sociedad civil, el Gobierno, el poder judicial y la oposición, si bien solicita que se refuerce la misión de dicho Consejo con miras a la integración en la UE;

24.

Alienta al Gobierno montenegrino a que inicie una estrecha colaboración y un diálogo regular con las ONG, los sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil; celebra, a este respecto, la designación del Consejo de Cooperación entre el Gobierno montenegrino y las ONG, al tiempo que destaca la importancia de reforzar el marco institucional de cooperación entre el Gobierno, las ONG, los sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil;

25.

Acoge con satisfacción los progresos realizados en la aplicación del proceso de Bolonia y pide que se lleven a cabo mayores esfuerzos para mejorar la calidad de la educación, tanto general como profesional, de modo que los jóvenes puedan adquirir las competencias necesarias que les permitan competir con éxito en el mercado laboral; insiste en una aplicación más efectiva de la estrategia en favor de una educación integradora, en especial para los niños de los grupos vulnerables;

26.

Valora positivamente las medidas adoptadas por el Gobierno montenegrino para asegurar la libertad de expresión en los medios de comunicación mediante la aprobación de la Ley de medios electrónicos y las modificaciones del Código Penal, si bien solicita que se tomen medidas adicionales para garantizar la independencia y la profesionalidad de los medios y reforzar la capacidad y la independencia del organismo público de radiodifusión; pide a las autoridades montenegrinas que se comprometan a garantizar que el sector de los medios de comunicación evolucione sin interferencias políticas y a amparar la independencia de los órganos reguladores; advierte de las multas desproporcionadas por difamación, que siguen obstaculizando la libertad y la independencia de la labor de los periodistas, e insta a que la legislación y las prácticas en materia de difamación se ajusten plenamente a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; destaca que los presuntos casos de intimidación y violencia física contra periodistas y activistas de la sociedad civil deben ser plenamente investigados y dar lugar a procesos judiciales cuando corresponda; destaca la importancia de que los periodistas apliquen normas profesionales estrictas y cumplan un código deontológico;

27.

Acoge con satisfacción el balance positivo del país en la aplicación de las reformas económicas, si bien destaca que la crisis financiera ha revelado posibles deficiencias en su modelo económico y ha puesto de manifiesto la urgencia de seguir avanzando en los cambios estructurales; pide, en particular, que se adopten nuevas medidas dirigidas a mejorar la supervisión y la ejecución de los contratos de privatización, a garantizar la transparencia en la concesión de ayudas públicas y a adoptar una normativa mejorada y más sencilla que regule el entorno empresarial y facilite, en particular, el funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas;

28.

Constata las mejoras en el funcionamiento del mercado laboral, si bien expresa su preocupación por el alto nivel de empleo informal; considera que la economía informal constituye un problema muy arraigado, cuya solución exige una estrategia minuciosa que incluya todos los aspectos de la sociedad; señala que el mercado laboral sigue caracterizándose por un desempleo de tipo estructural, al tiempo que siguen sin cubrirse vacantes en puestos altamente cualificados, lo cual refleja un desajuste entre la oferta y la demanda de competencias laborales; acoge con satisfacción la adopción del Marco Nacional de Cualificación, que cumple los requisitos jurídicos previos para remediar este desajuste, al tiempo que alienta al Gobierno montenegrino a aplicarlo con diligencia;

29.

Destaca la importancia que revisten para el desarrollo de Montenegro la mejora de las infraestructuras de transporte y la conectividad del sistema con los países vecinos; insta a que se desarrollen los diferentes sistemas ferroviarios al tiempo que se moderniza el existente, ya que dichos sistemas constituyen una alternativa viable y ecológica a la infraestructura de carreteras y podrían absorber una parte considerable del transporte de mercancías y pasajeros;

30.

Destaca que Montenegro ha ratificado los ocho convenios principales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como la Carta Social Europea revisada; señala que, si bien el Código laboral establece una serie de derechos laborales y sindicales fundamentales, se observa todavía la existencia de restricciones; alienta a las autoridades montenegrinas a que sigan consolidando los derechos laborales y sindicales; destaca el importante papel del diálogo social y alienta al Gobierno montenegrino a que se muestre más ambicioso y refuerce el cometido del Consejo Social; destaca la importancia de mejorar la transparencia y la eficacia del Consejo Social;

31.

Acoge con satisfacción que la Constitución defina Montenegro como un Estado ecológico; señala el importante papel que desempeña el turismo en la economía, así como su potencial para contribuir al desarrollo del país; observa, sin embargo, los riesgos para el medio ambiente derivados del turismo, y pide por tanto al Gobierno que adopte medidas adicionales para proteger la naturaleza, como la rápida aplicación de la legislación ambiental y de los decretos pendientes, y redoble sus esfuerzos dirigidos a prevenir los riesgos de deterioro grave del litoral adriático; señala, en particular, la necesidad de gestionar eficazmente los residuos, especialmente en el plano local, con el fin de garantizar que se eliminen de forma segura; acoge con satisfacción las medidas dirigidas a fomentar una economía con menores emisiones de carbono mediante el desarrollo del enorme potencial del país en materia hidroeléctrica y la promoción de otras energías renovables, todo lo cual contribuirá a cubrir las necesidades nacionales y supondrá incluso un importante recurso de exportación, así como una fuente de divisas extranjeras para el país, una vez completada la interconexión con Italia; advierte, no obstante, de que las grandes presas se caracterizan a menudo por un fuerte impacto negativo en el medio ambiente, al tiempo que pide que se lleven a cabo evaluaciones medioambientales adecuadas y transparentes, que incluyan «mejores opciones» desde el punto de vista del medio ambiente, y en las que participen el público y la sociedad civil, antes de su aprobación o autorización, de conformidad con el acervo de la UE;

32.

Insta a las autoridades montenegrinas, y en particular al Ministerio de Economía, a que publiquen en su sitio web todos los anexos y documentos relacionados con el reciente acuerdo sobre la instalación de un cable submarino entre Montenegro e Italia para el suministro de energía; pide que se hagan públicas todas las repercusiones del acuerdo, incluidas las de carácter ambiental;

33.

Observa con satisfacción que Montenegro está firmemente comprometido con la cooperación regional y es un socio regional constructivo; felicita a Montenegro por sus buenas relaciones con los países vecinos y por el hecho de que, en general, desempeñe un papel estabilizador en la región general; señala que el país es miembro activo de la mayoría de las organizaciones regionales y que ha celebrado varios acuerdos judiciales y policiales con los países vecinos; acoge con satisfacción la reciente ratificación de los acuerdos de readmisión con Croacia y Serbia, así como el acuerdo de extradición celebrado recientemente con Serbia y Croacia, al tiempo que insta a Montenegro a que resuelva rápidamente su problema fronterizo con Croacia a través del Tribunal Internacional de Justicia;

34.

Destaca que el Parlamento de Montenegro ha sido el primero de la región en aprobar la resolución sobre el genocidio de Srebrenica, y celebra esta iniciativa como una importante contribución a la reconciliación regional;

35.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al Gobierno y el Parlamento de Montenegro.