22.12.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 349/37

A.

Considerando que, el 15 de febrero de 2010, fueron detenidos en Belarús cuarenta activistas, principalmente miembros de la Unión de los Polacos de Belarús(UPB), entre los que se encontraban Andzelika Borys (Presidenta de la UPB), Igor Bancer (portavoz de la UPB), Mieczysław Jaśkiewicz (Vicepresidente) y Andrzej Poczobut (presidente del órgano de supervisión de la UPB), así como Anatol Lebedzka, dirigente del Partido Civil Unido, de la oposición, con el objetivo de prohibir su participación en el juicio relativo a la Casa Polaca en Ivyanets; considerando que el 20 de febrero todos los activistas fueron puestos en libertad,

B.

Considerando que la Unión de los Polacos en Belarús, presidida por Angelika Borys, que ha resultado elegida democráticamente en dos ocasiones, en 2005 y 2009, no cuenta con el reconocimiento de las autoridades estatales y desde 2005 ha sido objeto con frecuencia de acoso y persecución, y que sus miembros han sido acusados reiteradamente de actividades ilegales y son objeto de acusaciones penales,

C.

Considerando que las autoridades de Belarús han empleado a las fuerzas de policía contra miembros de la UPB en Hrodna en 2005 y en Ivyanets en 2010,

D.

Considerando que las autoridades belarusas impidieron a representantes de la UPB que debían prestar testimonio en el juicio de Teresa Sobol, Presidenta de la agrupación local de la UPB en Ivyanet, que compareciesen en la audiencia,

E.

Considerando que la discriminación contra la Unión de los Polacos, la mayor ONG que opera en Belarús, dirigida por Andzelika Borys, es sintomática del trato general que sufren la sociedad civil y la oposición democrática en Belarús,

F.

Considerando que Polonica, empresa con sede en Hrodna, dirigida por Andzelika Borys, que es la única fuente de financiación de la UPB, fue objeto de una multa de 71 millones de rublos, acusada de violar la normativa tributaria, y se encuentra ahora en peligro de quiebra,

G.

Considerando que las autoridades belarusas reconocen a Stanislaw Siemaszko como líder legítimo de la Unión de los Polacos y declaran su apoyo a la organización que preside, considerada ilegítima por la comunidad polaca,

H.

Considerando que diversos representantes de las instituciones europeas, entre ellos Jerzy Buzek, Presidente del Parlamento Europeo, Catherine Ashton, Vicepresidenta de la Comisión y Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y Cecilia Malström, Comisaria de Asuntos de Interior, así como el Parlamento polaco y el Ministro de Asuntos Exteriores de Francia, han manifestado su preocupación por las recientes medidas de las autoridades belarusas contra la UPB, y han condenado la represión policial contra sus miembros,

I.

Considerando que estas acciones de las autoridades belarusas son contrarias a las normas internacionales en materia de protección de las minorías nacionales, establecidas, en particular, por el Convenio marco sobre la protección de las minorías del Consejo de Europa, de 1 de febrero de 1995, y que Belarús ha intensificado sus acciones contra los miembros de esta organización,

J.

Considerando que la Declaración conjunta de la Cumbre de la Asociación Oriental, celebrada en Praga, entre cuyos signatarios figura Belarús, establece en su primer apartado que los participantes en la Cumbre de Praga acuerdan que la Asociación Oriental se basará en el compromiso con los principios del Derecho internacional y los valores fundamentales, como la democracia, el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales,

K.

Considerando que el Consejo Europeo, en sus conclusiones de 17 de noviembre de 2009, reconoce que se han abierto nuevas posibilidades de diálogo y de una cooperación más estrecha entre la Unión Europea y Belarús, con el fin de fomentar un verdadero avance hacia la democracia y el respeto de los derechos humanos, y confirma su disposición a profundizar en las relaciones de la Unión Europea con Belarús, siempre que se siga avanzando hacia la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho, y a ayudar al país a lograr esos objetivos,

1.

Manifiesta su profunda inquietud ante las recientes violaciones de los derechos humanos cometidas en la República de Belarús contra miembros de la sociedad civil y, en particular, contra miembros de la Unión de los Polacos, y declara su solidaridad con los ciudadanos que no pueden ejercer plenamente sus derechos civiles;

2.

Condena las acciones policiales y judiciales contra la Unión de los Polacos y todo intento de las autoridades de Belarús de imponer un nuevo liderazgo a la comunidad polaca; pide a las autoridades belarusas que legalicen de nuevo la UPB dirigida por Andzelika Borys y garanticen la devolución puntual de sus propiedades;

3.

Destaca una vez más su interés en un diálogo abierto y estructurado con Belarús, a condición de que la democratización del sistema político de Belarús produzca resultados concretos y refleje el respeto de los derechos humanos y del Estado de Derecho;

4.

Insta a Belarús a que cumpla los compromisos adquiridos ante la OSCE así como a escala internacional en términos de protección y fomento de los derechos de las minorías; pide asimismo a las autoridades que mejoren las condiciones de funcionamiento de la sociedad civil, especialmente con respecto a la libertad de expresión y de reunión, la situación de los medios de comunicación independientes, incluido el acceso a Internet, y el registro de las ONG, con miras a preparar y permitir un proceso electoral libre y justo para las elecciones municipales que se celebrarán el 25 de abril de 2010;

5.

Reitera su petición de recientes resoluciones, en particular las de 15 de enero y 17 de diciembre de 2009, de que se garanticen la libertad de expresión y asociación, la libertad para registrar partidos políticos, como la Democracia Cristiana Belarusa (DCB)y la libertad religiosa y que se creen unas condiciones favorables a las actividades de las entidades de la sociedad civil, las ONG (como el centro «Viasna» de derechos humanos) y los medios de comunicación independientes en Belarús;

6.

Insta a este respecto a las autoridades de Belarús a que pongan en libertad a activistas políticos como Andrei Bandarenko y a presos de conciencia como Ivan Mikhailau y Aristyom Dubski, a que retiren las medidas restrictivas contra activistas de la sociedad civil, como Tatjana Shaputsko, participante en el Foro de la Sociedad Civil de la Asociación Oriental, y a que se abstengan de adoptar medidas destinadas a controlar el contenido de las páginas belarusas de Internet;

7.

Subraya que el diálogo de la UE con Belarús puede ser recíprocamente beneficioso, y cree que puede apoyarse a Belarús para que obtenga el máximo partido de la Asociación Oriental, en particular utilizando de la forma más eficaz posible los fondos asignados en virtud de este programa a proyectos de infraestructura, energía y sociales, y aplicando los demás instrumentos y políticas de la UE, siempre y cuando las autoridades belarusas se comprometan a introducir cambios reales en el ámbito de las libertades, la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, en particular los derechos de las minorías nacionales;

8.

Recuerda que la Unión Europea ya ha demostrado su disposición a iniciar relaciones con Belarús, tal como puede verse en la inclusión de Belarús en la Asociación Oriental; recuerda que el éxito de este compromiso depende de cuánto avance el Gobierno de Belarús hacia la democratización y el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las minorías;

9.

Señala que, si las autoridades belarusas se adhieren a los criterios relacionados con los derechos humanos fundamentales y la democracia, Belarús podrá beneficiarse de:

10.

Concede gran importancia a la liberalización de la vida política y cívica en Belarús, y subraya que, si continúan las violaciones de los derechos humanos y del Estado de Derecho en Belarús, la Unión Europea podría revisar su posición con respecto a Belarús, incluida la imposición de nuevas sanciones;

11.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Parlamentos y a los Gobiernos de los Estados miembros, al Secretario General de las Naciones Unidas, a las Asambleas Parlamentarias de la OSCE y del Consejo de Europa, a la Secretaría de la Comunidad de Estados Independientes y al Parlamento y al Gobierno de Belarús.