3.2.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 28/42

1.1

La lógica y los análisis que llevaron al CESE a aprobar con una mayoría muy amplia su dictamen favorable al Tratado Constitucional (28 de octubre de 2004) no han cambiado, como tampoco han variado los argumentos y recomendaciones que se presentaron. De hecho, en opinión del Comité, la incertidumbre del proceso de ratificación del Tratado Constitucional confirma la validez de sus posiciones.

1.2

Por ejemplo, el resultado de los referendos en Francia y los Países Bajos, además de demostrar el fracaso de los Estados miembros y de las instituciones europeas a la hora de comunicar Europa tal y como es y la manera en que ésta alcanza sus acuerdos, evidencia la distancia que separa a los ciudadanos del proyecto europeo. Esta distancia no es, por supuesto, específica de esos dos países, ni es exclusivamente resultado de una mala comunicación o de la situación económica actual, pero cuestiona la propia naturaleza del acuerdo y, por lo tanto, la forma en que se llegó a él.

1.3

Merece la pena recordar los «mensajes claros» que el Comité, en el dictamen aprobado el 28 de octubre de 2004, consideraba que debían transmitirse a la sociedad civil:

1.4

Pese a una serie de deficiencias del Tratado Constitucional, señaladas también por el CESE, el Comité defendía firmemente la necesidad de que la sociedad civil europea apoyara los logros del Tratado Constitucional para superar aquéllas.

1.5

Entre las deficiencias señaladas por el Comité figuran las siguientes:

1.6

En opinión del Comité, todas estas observaciones conservan su pertinencia y validez. En su dictamen de octubre de 2004 el Comité no sólo se manifestaba claramente a favor de la ratificación del Tratado Constitucional, sino que también subrayaba la necesidad de que los ciudadanos de la UE conocieran el avance democrático que representaba el proyecto de Constitución y las ventajas que suponía.

1.7

Los debates que se mantuvieron sobre el proceso de ratificación demostraron una vez más que uno de los grandes retos que afronta la Unión Europea es la cuestión de cómo mantener y garantizar el crecimiento, el empleo y la prosperidad a las generaciones actuales y futuras. Tal como muestra la última encuesta del Eurobarómetro (Eurobarómetro 63, septiembre de 2005), esta cuestión ocupa un lugar central entre las preocupaciones de los ciudadanos europeos.

1.8

Un elemento vital de la respuesta a este reto hay que buscarlo en los objetivos establecidos en la Estrategia de Lisboa por los Jefes de Estado y de Gobierno en 2000, una estrategia que ofrece una visión concreta del futuro de la sociedad europea.

1.9

Es necesario reconocer, no obstante, que pese a cinco años de intenso debate y actividad a escala europea, los resultados hasta el momento son desalentadores y que la aplicación de la Estrategia de Lisboa ha sido insuficiente.

1.10

Como señaló el Consejo Europeo en marzo de 2005, «junto a progresos innegables, hay lagunas y retrasos evidentes». Es posible que sean muchas las razones de estas lagunas y de estos retrasos, pero en general se aceptan las dos observaciones siguientes:

1.11

Así, el Consejo Europeo de marzo de 2005 subrayó especialmente la necesidad de que la sociedad civil hiciera suyos los objetivos de la Estrategia de Lisboa y participara activamente para hacerlos realidad.

1.12

En este contexto queda especialmente claro que el futuro del modelo europeo de sociedad, incluido el modelo social como parte fundamental de la identidad colectiva de los ciudadanos europeos y con el que se identifican plenamente, dependerá de la consecución de los objetivos de la Estrategia de Lisboa. Así pues, el desafío no es tanto el futuro del Tratado Constitucional, pese a su importancia, como crear las condiciones que permitan a los ciudadanos europeos recuperar el proyecto europeo basado en una idea compartida del tipo de sociedad que desean.

1.13

Por esta razón, en su dictamen de octubre de 2004 el Comité establecía igualmente un vínculo entre el Tratado Constitucional y la Estrategia de Lisboa, y lo justificaba así:

«Dicha estrategia debería estar presente en los debates, porque aporta una visión de futuro para cada ciudadano europeo: la competitividad, el pleno empleo, el acceso al conocimiento, la inversión en capital humano, el crecimiento, e igualmente la preservación del marco y de la calidad de vida mediante un desarrollo sostenible …»

2.1

Para superar los retos a que se enfrenta la Unión Europea, el proceso de integración europea debe recobrar una legitimidad basada en una nueva concepción de la acción democrática que otorgue un papel decisivo a la sociedad civil y a sus instituciones representativas.

2.2

A tal fin, la participación de la sociedad civil en el proceso decisorio público se convierte en instrumento esencial para reforzar la legitimidad democrática de las instituciones europeas y de la acción europea. Aún más esencial resulta para alentar la aparición de una visión compartida del propósito y la dirección de «Europa» y, en consecuencia, de un nuevo consenso a partir del cual sea posible continuar el proceso de integración europea y definir y llevar a cabo un proyecto para la Europa del mañana que responda mejor a las expectativas de sus ciudadanos.

2.3

Las instituciones de la Unión Europea y los gobiernos de los Estados miembros deben fomentar una genuina cultura de la subsidiariedad que englobe no sólo los diferentes niveles de autoridad sino también los diferentes elementos componentes de la sociedad, de modo que se demuestre al ciudadano europeo que la UE actuará sólo allí donde haya un claro valor añadido y respetando siempre el principio de «legislar mejor».

2.4

Según las conclusiones del último Eurobarómetro, el 53 % de los encuestados cree que su voz no cuenta en la Unión Europea, y sólo el 38 % opina lo contrario.

2.5

Estos datos demuestran que es necesario crear y utilizar instrumentos que permitan a los ciudadanos europeos participar realmente en el proceso de definir un proyecto para la Europa ampliada, un proyecto con contenido real que les anime a respaldar el proceso de integración europea y a identificarse con él.

2.6

En este contexto cabe recordar que la legitimidad democrática de la Unión Europea no se basa sólo en una definición clara de las competencias y responsabilidades de sus instituciones. Implica también que:

2.7

En opinión del Comité, el proceso de ratificación del Tratado Constitucional –de momento suspendido o pospuesto– encierra una ironía fundamental: la ausencia de la Constitución y, en particular, de las disposiciones del Título IV sobre la vida democrática de la Unión Europea, acentúa aún más la necesidad de la Constitución. Así pues, la Unión se enfrenta al reto fundamental de transmitir este mensaje básico.

2.8

En opinión del Comité, la lógica que subyace a las disposiciones de la Constitución relativas a la democracia participativa y al diálogo social sigue siendo plenamente válida. Por lo tanto, las instituciones europeas deben volcarse en la lógica del Tratado Constitucional y establecer una auténtica democracia participativa.

2.9

La necesidad de fomentar la participación es tanto más urgente por cuanto los ciudadanos de la Unión Europea, a pesar de todo lo ocurrido recientemente, esperan mucho de ella. La encuesta del Eurobarómetro citada anteriormente indicaba que alrededor del 60 % de los ciudadanos de la Unión Europea están a favor de una mayor integración en la Unión (otras encuestas de opinión mostraban resultados similares). Los resultados señalan asimismo que, ante retos urgentes, como la lucha contra el desempleo, la pobreza y la exclusión social, los ciudadanos europeos desean que se refuerce el papel de la Unión.

2.10

Ya en octubre de 2004 el Comité señalaba que, para superar las deficiencias del Tratado y garantizar su ratificación a través del apoyo de la sociedad civil, podían darse una serie de pasos para aprovechar el marco institucional propuesto y mejorarlo mediante medidas operativas. En particular, el Comité afirmaba que:

2.11

El Comité ha intentado de este modo convencer a los gobiernos e instituciones de la UE de la necesidad vital de agrupar a la sociedad civil y sus organizaciones en apoyo de la letra y el espíritu de la Constitución.

2.12

El Comité recuerda que el «amplio debate» previsto por los Jefes de Estado y de Gobierno en su declaración de junio no se está llevando a cabo. El Comité cree que tal debate debería reanudarse lo antes posible, aunque también considera que sería contraproducente si previamente no se tranquiliza de algún modo a la opinión pública respecto de la naturaleza del proceso de integración europea y, en particular, de sus aspectos democráticos.

2.13

El período de reflexión que decidieron los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros en junio debe emplearse, lógicamente, para buscar formas de resolver la situación política e institucional derivada del resultado de los referendos de Francia y los Países Bajos.

2.14

Sin embargo, el Comité opina que el período de reflexión debería aprovecharse, sobre todo, para sentar las bases de una visión del futuro de Europa compartida por la población y de un nuevo contrato social entre Europa y sus ciudadanos, un nuevo consenso que también definiría el marco en el que se situarían las políticas necesarias para garantizar el crecimiento, el empleo y la prosperidad. En este contexto, los gobiernos de los Estados miembros deberían «llevar la UE a casa».

2.15

Es vital demostrar que «democracia participativa» y «diálogo civil» no son conceptos vacíos, sino principios esenciales de los que depende el éxito de las políticas de la Unión Europea y, en consecuencia, su futuro.

2.16

Por tanto, es indispensable que la sociedad civil tenga la máxima presencia en los ámbitos nacional, regional y local, en todos los futuros debates y conversaciones, a fin de animar a los ciudadanos de la Unión a manifestar sus expectativas concretas y, para ello, poner en marcha una verdadera estrategia de escucha y diálogo sobre las políticas de la Unión y sobre su modo de ver el futuro compartido.

2.17

En este contexto el Comité va a examinar atentamente el «Plan D» de la Comisión Europea, tanto más cuanto que está convencido de que, hasta ahora, no habido ningún debate real y de que en cada país miembro, pero también a nivel intracomunitario, el método, el calendario y los medios que van a utilizarse para impulsar el debate serán determinantes. El CESE ha apoyado la idea manifestada en repetidas ocasiones por Margot Wallström, Vicepresidenta de la Comisión Europea, de que la comunicación es un proceso bidireccional y de que Europa debe escuchar más. En opinión del Comité, «escuchar» no significa necesariamente «obedecer», pero sí «implicar», y también debería significar «comprender».

3.1

En un sentido más general, el Comité también ha recibido con satisfacción el nuevo concepto de que la Unión Europea debe dotarse de una verdadera estrategia de comunicación y renovar y mejorar sus instrumentos de comunicación. El Comité acogió positivamente el informe del Parlamento Europeo de 26 de abril de 2005 sobre la aplicación de la estrategia de información y comunicación de la Unión Europea y la aprobación por la Comisión Europea, el 20 de julio de 2005, de un plan de acción para mejorar la forma de comunicar Europa al ciudadano.

3.2

El propio Comité ha aprobado y revisado periódicamente un plan estratégico de comunicación. Además, su Mesa aprobó en diciembre de 2004 un enfoque estratégico general para el reto de «Comunicar Europa al ciudadano». En ambas ocasiones el Comité pretendía reforzar la función de puente que desempeñan sus miembros y las organizaciones que representan. Así, en 2004 participó activamente en la denominada «Iniciativa de Wicklow», en particular con la presentación de un documento estratégico: «Colmar el vacío: cómo acercar Europa a los ciudadanos» en la reunión ministerial informal de Amsterdam, recalcando cómo la sociedad civil organizada en general y el Comité en particular deberían participar más intensamente en el proceso de comunicación.

3.3

El Comité se felicitó por la petición que el Consejo Europeo dirigió en noviembre de 2004 a la Comisión Europea para que elaborara una estrategia de comunicación coherente para la Unión. El Comité, en estrecha colaboración con la Comisión Europea, está organizando un foro de partes interesadas sobre el reto de la comunicación. La idea es que las organizaciones de la sociedad civil puedan incorporar sus puntos de vista al proceso de reflexión que está en marcha, para que la Comisión Europea pueda tenerlas en cuenta al elaborar su esperado Libro Blanco consultivo sobre el reto de la comunicación.

3.4

El Comité, que en abril de 2005 organizó un foro similar para tratar la vertiente política del desarrollo sostenible, manifiesta su disposición y voluntad de organizar actos de este tipo, de carácter consultivo y centrados en la escucha, para así dar más voz a la sociedad civil organizada y ayudar a «Bruselas» a escuchar mejor.

3.5

En este contexto, el Comité insiste en el papel primordial que espera que el Parlamento Europeo siga desempeñado como primer y fundamental elemento del proceso de acercamiento democrático. El Comité está dispuesto a actuar como colaborador del Parlamento Europeo, como ya hizo durante el proceso de la Convención, organizando audiencias y foros por propia iniciativa sobre aquellas cuestiones que el Parlamento desee especialmente consultar a la sociedad civil organizada.

3.6

Estas consideraciones llevan al Comité a insistir en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, si bien el Comité acoge con agrado la creciente importancia que se concede a las estrategias e instrumentos para la comunicación, considera necesario recordar que ningún sistema puede ser mejor que el mensaje que contiene. Así pues, la comunicación constituye un mecanismo complementario, no un fin en sí mismo. En segundo lugar, aunque el Comité mantiene un compromiso absoluto con el doble proceso de establecer una estrategia de comunicación a escala europea y mejorar los instrumentos de comunicación, la actividad en el ámbito de la Unión debe entenderse como complementaria de los procesos de comunicación que se desarrollen en el seno de los Estados miembros. En consecuencia, la estrategia a escala europea resulta vitalmente necesaria, pero está lejos de ser suficiente.

3.7

En este contexto debe insistirse en el papel de las instituciones representativas y consultivas de los Estados miembros –entre los cuales destacan los parlamentos nacionales y los consejos económicos y sociales–, así como en los ámbitos local y regional.

4.1

Las razones y la lógica por las que el Comité votó a favor del Tratado Constitucional por tan amplia mayoría –en particular, las disposiciones sobre la vida democrática de la Unión– siguen siendo las mismas. El Comité continúa creyendo firmemente que la mejor forma de garantizar la vida democrática de la Unión es afianzar dichas disposiciones en un marco constitucional fijo. Por otro lado, el actual período de incertidumbre no puede impedir que todos los agentes de la Unión Europea tomen desde este momento medidas para empezar a hacer realidad la democracia participativa. Por tanto, todas las instituciones de la Unión deben reflexionar cuidadosamente sobre cómo pueden:

Asimismo, la Comisión Europea debería estudiar la posibilidad de adelantarse a las disposiciones del apartado 4 del artículo I-47 del Tratado Constitucional consultando a la sociedad civil sobre el contenido de la legislación europea que define los procedimientos para ejercer el derecho de iniciativa de los ciudadanos (podría pedir al CESE que emitiera un dictamen exploratorio sobre este tema).

4.2

Por su parte, el Comité Económico y Social Europeo reitera su determinación de cumplir un papel importante, aunque complementario, en el fomento del diálogo civil, no sólo a través de los mecanismos de consulta tradicionales, sino también en su función como puente entre Europa y la sociedad civil organizada. El Comité llama la atención hacia la necesidad de buscar nuevas formas de interactuar con la sociedad civil organizada. El Comité tiene la disposición, la voluntad y la capacidad para actuar como colaborador pleno en todas las actividades que se destinen a fomentar el diálogo civil.

4.3

Las condiciones económicas de Europa son un factor clave que determina la actitud pública ante el proceso de integración europea. El Comité Económico y Social Europeo reitera su apoyo a la Estrategia de Lisboa, pero insiste en que es preciso que la Unión y sus Estados miembros demuestren que cumplen sus compromisos. El Comité está convencido de que la Estrategia de Lisboa es la mejor garantía posible de la futura prosperidad económica de la Unión y de su bienestar social, medioambiental y cultural, pese a haber fracasado estrepitosamente en el empeño de atraer la atención de los ciudadanos como lo hiciera, por ejemplo, la campaña «1992» para crear el mercado único. Los Estados miembros deben aceptar sus responsabilidades al respecto y cumplir lo prometido. Es preciso conseguir que la Estrategia sea menos abstracta y que sus objetivos (e incluso su nombre) se introduzcan en el lenguaje político nacional. Hay que asociar a la sociedad civil organizada y a sus organizaciones a este proceso.

4.4

Por su parte, el Comité Económico y Social Europeo seguirá trabajando en el marco del mandato que le otorgó el Consejo Europeo de los días 22 y 23 de marzo, en el que le pedía que estableciera «con los comités económicos y sociales de los Estados miembros y con otras organizaciones asociadas una red interactiva de iniciativas de la sociedad civil destinada a promover la puesta en práctica de la estrategia» (Doc. del Consejo 7619/1/05/ rev. 1, punto 9).

4.5

El Comité ha defendido de forma consecuente la necesidad de mejorar la comunicación entre la Unión Europea y los ciudadanos, por quienes pretende trabajar. El Comité reconoce que en los últimos tiempos ha habido un trabajo intenso en las instituciones de la UE, tanto individual como colectivamente. Por citar tan sólo dos ejemplos recientes, la reestructuración completa de la página de Internet del Parlamento Europeo y el servicio Europe Direct de la Comisión Europea. El Comité apoya la cooperación interinstitucional estrecha en el ámbito de la comunicación. Recuerda el «Plan D» de la Comisión y también su intención de elaborar un Libro Blanco en breve. Asimismo, tiene la firme voluntad de desempeñar siempre que pueda un papel de apoyo para acortar las distancias entre Europa y el ciudadano, como demuestra el foro de partes interesadas organizado los días 7 y 8 de noviembre sobre este tema.

4.6

No obstante, el Comité cree que el máximo valor de la comunicación es el valor del mensaje que contiene. Volviendo sobre sus ideas respecto de la Estrategia de Lisboa, opina que las instituciones europeas y sobre todo los Estados miembros deben reflexionar más a fondo sobre su forma de comunicar Europa al ciudadano. Muchas veces se ha dicho que hay que dejar de echarse la culpa unos a otros, pero es obvio que con demasiada frecuencia se percibe que Europa es algo negativo, que está a la defensiva, y que no se ha hecho lo suficiente para convencer de los aspectos positivos del proceso de integración.

4.7

En la línea de la mejora de la coordinación, el Comité pide que se reactive la denominada «Iniciativa de Wicklow» (reuniones informales de los Ministros de Asuntos Europeos) y que se le confiera el mandato específico y permanente de buscar formas para comunicar mejor Europa y ofrecer a los Estados miembros un contexto informal en el que puedan hacer balance de la opinión pública e intercambiar mejores prácticas. En el ámbito interinstitucional el Comité pide que el Grupo Interinstitucional reciba igualmente el mandato de reunirse regularmente y con más frecuencia para debatir sobre cuestiones relativas a la comunicación. Estos mecanismos resultan de especial importancia dada la gran velocidad del desarrollo tecnológico (teléfonos móviles, banda ancha, etc.) y el rápido avance de nuevas técnicas de comunicación para su explotación.

4.8

El Comité subraya su convencimiento de que la comunicación ha de ser una preocupación constante y no sólo objeto de una campaña ocasional sobre un asunto determinado.

4.9

Las instituciones de la Unión Europea deben estar precavidas contra la idea falsa, aunque sin duda bienintencionada, de que la «desconexión» actual puede resolverse desde Bruselas, de forma centralizada. En realidad, lo que las instituciones europeas hacen en el ámbito de la comunicación sólo puede ser un complemento. No son ellas las que tienen la responsabilidad principal. El resultado de las elecciones al Parlamento Europeo y los resultados de los referendos de Francia y los Países Bajos sobre el Tratado Constitucional demuestran claramente que muchos ciudadanos europeos ven Europa con escepticismo, sobre todo en lo que se refiere a los efectos de la legislación europea en sus condiciones de vida y de trabajo. Corresponde a los Estados miembros explicar a sus ciudadanos el significado de la UE y la necesidad de una legislación europea específica y comunicar los efectos resultantes a cada ámbito nacional respectivo.

4.10

La opinión pública, incluida la sociedad civil, sólo creerá en la legitimidad y el futuro común de la Unión Europea si se transmite credibilidad, confianza, un proceso legislativo transparente y un Estado de derecho que funcione debidamente. En primer lugar, estos valores han de ser salvaguardados por los gobiernos de los Estados miembros, que deben actuar como verdaderos copartícipes de la Unión, evitando el modelo «nosotros-ellos» y esa continua ambigüedad que tal modelo supone.

4.11

Como ha demostrado el trabajo del Foro Nacional Irlandés sobre Europa, la contribución de las organizaciones de la sociedad civil puede ser decisiva en ocasiones. Es esencial fomentar la comunicación en los ámbitos pertinentes (local, profesional, etc.) y dar a conocer los éxitos de la política y el proceso legislativo europeos en términos apropiados y comprensibles para cada uno de esos ámbitos. Las organizaciones de la sociedad civil gozan de una posición adecuada para ello. Así pues, el CESE está decidido a ayudar y alentar a las organizaciones de la sociedad civil de los Estados miembros, en particular recurriendo a la función de puente de sus miembros. Por otra parte, si verdaderamente se inicia un amplio debate sobre el proyecto europeo y sobre las políticas europeas, deberá comenzar en el peldaño más bajo de la sociedad civil de los Estados miembros. Un foro europeo sólo tendrá sentido si permite que los puntos de vista se manifiesten y se transmitan hacia arriba y hacia abajo. De hecho, lo que se necesita no es tanto un planteamiento de arriba abajo o viceversa, sino un sistema que se extienda por la base.

4.12

Este dictamen ha obviado deliberadamente buena parte del debate sobre el futuro del Tratado Constitucional y las opciones que se ofrecen a la Unión Europea. Está claro que entre esas opciones no se encuentra la vuelta permanente a la situación anterior al Tratado de Niza. Tal vez ese ambicioso debate previsto por los Jefes de Estado y de Gobierno pueda ayudar a descubrir el mejor camino para avanzar. Sin embargo, el Comité observa con cierta alarma que este debate no existe en la mayoría de los Estados miembros. Sin él es difícil saber de qué modo conseguir un auténtico avance.