1.   En virtud de la aceptación por parte de Somalia del ejercicio de la jurisdicción por parte de los Estados miembros o de terceros Estados, por un lado, y, por otro, en virtud del artículo 105 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, las personas de quienes se sospeche que tienen la intención de cometer, que están cometiendo o que han cometido actos de piratería, en el sentido de los artículos 101 y 103 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, o robos a mano armada en aguas territoriales o aguas interiores de Somalia o en alta mar, que sean capturadas y detenidas para su enjuiciamiento, así como los bienes utilizados para cometer esos actos, serán entregados:

2.   Las personas de quienes se sospeche que tienen la intención de cometer, que están cometiendo o que han cometido actos de piratería, en el sentido de los artículos 101 y 103 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, o robos a mano armada, capturadas y detenidas por Atalanta, para su enjuiciamiento, en aguas territoriales, aguas interiores o aguas archipelágicas de otros Estados de la región con el acuerdo de dichos Estados, así como los bienes utilizados para cometer tales actos, podrán ser entregados a las autoridades competentes del Estado en cuestión o, con el consentimiento de dicho Estado, a las autoridades competentes de otro Estado.

3.   Ninguna de las personas a que se refieren los apartados 1 y 2 podrá ser entregada a un tercer Estado si las condiciones de dicha entrega no han sido acordadas con ese tercer Estado de manera conforme al Derecho internacional aplicable, especialmente las normas internacionales sobre derechos humanos, para garantizar, en particular, que no se aplique a nadie pena de muerte, torturas ni ningún otro trato cruel, inhumano o degradante.».

1.   Con el fin de contribuir a la aplicación del embargo de armas impuesto a Somalia por las Naciones Unidas de conformidad con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en particular la Resolución 2182 (2014), Atalanta llevará a cabo, tal como se establece en los documentos de planeamiento y dentro de la zona de operaciones en alta mar frente a las costas de Somalia acordada, inspecciones de buques que se dirijan a Somalia o procedan de allí si existen motivos razonables para creer que transportan armas o equipo militar hacia Somalia, directa o indirectamente, en violación del embargo de armas impuesto a Somalia, o que transportan armas o equipo militar destinados a personas o entidades designadas por el Comité establecido en virtud de las Resoluciones 751 (1992) y 1907 (2009) del CSNU. Atalanta se incautará de dichos artículos, los registrará y los destruirá, y podrá desviar dichos buques con sus tripulaciones a un puerto idóneo para facilitar dicha destrucción, de conformidad con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en particular la Resolución 2182 (2014), y con las disposiciones que determine el plan de la operación.

2.   Con objeto de contribuir a la lucha contra el tráfico de estupefacientes frente a las costas de Somalia, Atalanta actuará, de conformidad con las disposiciones y dentro de la zona de operaciones en alta mar frente a las costas de Somalia acordada, tal como se establece en los documentos de planeamiento:

3.   Una vez aprobado el plan de la operación con las disposiciones necesarias, el Comité Político y de Seguridad activará las misiones secundarias ejecutivas cuando el Comandante de la operación de la UE informe que Atalanta dispone de los medios necesarios para llevar a cabo dichas misiones y, en lo que se refiere al embargo de armas de las Naciones Unidas, cuando el Servicio Europeo de Acción Exterior informe de que se han efectuado las notificaciones exigidas con arreglo al apartado 15 de la Resolución 2182 (2014) del CSNU.

4.   Las pruebas halladas relativas al transporte de artículos prohibidos por el embargo de armas a Somalia o al transporte de estupefacientes, en particular, las halladas durante inspecciones realizadas con arreglo a los apartados 1 y 2, podrán ser custodiadas por Atalanta si se refieren al transporte de armas y por los Estados miembros que así lo deseen y tengan capacidad para ello si se refieren al transporte de estupefacientes. En concreto, podrán recopilarse y almacenarse, de conformidad con la normativa aplicable, los datos personales de las personas implicadas en el transporte de dichos artículos o estupefacientes, que guarden relación con características que puedan servir para identificarlas, como las huellas dactilares, y los datos siguientes, excluidos otros datos personales: apellido, apellido de soltera, nombre y cualquier alias o apodo; fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, sexo, lugar de residencia, profesión y paradero; permisos de conducción, documentos de identidad y datos del pasaporte. Podrán transmitirse a las fuerzas y cuerpos de seguridad competentes de los Estados miembros dichos datos, así como los datos relativos a los buques y equipos utilizados por dichas personas, y demás información pertinente obtenida durante las acciones realizadas en virtud del presente artículo. También podrán ser transmitidos por Atalanta, si se refieren al transporte de armas, y por los Estados miembros que así lo deseen, si se refieren al transporte de estupefacientes, a terceros Estados que deseen a ejercer su jurisdicción sobre dichas personas y bienes, y a los organismos de la Unión competentes con arreglo al Derecho aplicable.

5.   Podrán celebrarse acuerdos con terceros Estados, sobre la base de autorizaciones concedidas caso por caso por el Consejo, para facilitar la entrega por un Estado miembro de personas capturadas y detenidas con arreglo al Derecho nacional por participar en violaciones del embargo de armas impuesto a Somalia por las Naciones Unidas o en el tráfico de estupefacientes frente a las costas de Somalia, para el enjuiciamiento de dichas personas. Tales acuerdos contendrán condiciones para la entrega de dichas personas conforme al Derecho internacional aplicable, especialmente a las normas internacionales sobre derechos humanos, para garantizar, en particular, que no se apliquen a las personas afectadas penas de muerte, torturas ni ningún otro trato cruel, inhumano o degradante.».