21.3.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 81/3

(1)

El Consejo Europeo de 8 y 9 de marzo de 2007 subrayó entre sus conclusiones la importancia de reducir la carga administrativa para estimular la economía europea y la necesidad de un firme esfuerzo conjunto al objeto de reducir dicha carga en la Unión Europea.

(2)

Se apunta a la contabilidad como una de las áreas fundamentales en las que se puede reducir la carga administrativa de las empresas en la Unión.

(3)

La Recomendación 2003/361/CE de la Comisión (3) define las microempresas y las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, las consultas mantenidas con los Estados miembros han indicado que los criterios de tamaño aplicados a las microempresas que figuran en dicha Recomendación pueden ser excesivos a efectos contables. Por ello, resulta oportuno introducir una subcategoría de microempresas, denominada microentidades, que englobe a las empresas en las que los criterios de tamaño relativos al total del balance y al importe neto del volumen de negocios tengan valores inferiores a los establecidos para las microempresas.

(4)

En la mayoría de los casos, las microentidades operan en un nivel local o regional y no desarrollan actividades transfronterizas, o solo de forma restringida. Además, desempeñan un importante papel en la generación de nuevos empleos, el fomento de la investigación y el desarrollo y la creación de actividades económicas nuevas.

(5)

Las microentidades disponen de recursos limitados para satisfacer requisitos reglamentarios exigentes. Sin embargo, se les suelen aplicar las mismas normas de información financiera que a las empresas de mayores dimensiones. Esas normas hacen recaer sobre ellas una carga que no guarda proporción con sus dimensiones y resulta, por tanto, desmesurada para las empresas más pequeñas en relación con las de mayor tamaño. Por ese motivo, debe existir la posibilidad de eximir a las microentidades de ciertas obligaciones que pueden imponerles una carga administrativa excesivamente onerosa. Sin embargo, las microentidades deben seguir estando sujetas a toda obligación que se imponga en el nivel nacional de llevar un registro en el que consten sus transacciones comerciales y situación financiera.

(6)

Dado que el número de empresas a las que se aplicarán los criterios de tamaño establecidos en la presente Directiva variará en gran medida de un Estado miembro a otro, y que las actividades de las microentidades no tienen repercusiones, o las que tienen son muy limitadas, sobre el comercio transfronterizo ni sobre el funcionamiento del mercado interior, los Estados miembros deben tomar en consideración el diferente impacto de dichos criterios al aplicar la presente Directiva en el ámbito nacional.

(7)

Los Estados miembros deben tener en cuenta las condiciones y las necesidades específicas de sus propios mercados a la hora de tomar decisiones sobre el modo o la conveniencia de implantar un régimen para las microentidades en el marco de la Directiva 78/660/CEE del Consejo (4).

(8)

Las microentidades deben tener en cuenta los ingresos y gastos del ejercicio, con independencia de la fecha de recepción o pago de tales ingresos o gastos. No obstante, el cálculo de los gastos contabilizados durante el ejercicio pero relativos a un ejercicio posterior y de los ingresos percibidos antes de la fecha de cierre del balance pero imputables a un ejercicio posterior puede representar una carga importante para las microentidades. Por consiguiente, debe permitirse a los Estados miembros que eximan a las microentidades del cálculo y de la presentación de esas partidas únicamente en la medida en que tal exención se refiera a gastos que no sean ni los costes de materias primas y bienes consumibles, las correcciones de valor, los gastos de personal ni los impuestos. Puede reducirse así la carga administrativa que representa el cálculo de balances relativamente pequeños.

(9)

La publicación anual de cuentas puede representar una carga importante para las microentidades. Al mismo tiempo, los Estados miembros han de garantizar que la presente Directiva se cumple. Por consiguiente, debe permitirse a los Estados miembros que eximan a las microentidades de la obligación general de publicación, a condición de que al menos una autoridad competente designada disponga de información sobre los balances, de conformidad con la normativa nacional en vigor, y se trasmita la información al registro de empresas, de modo que pueda obtenerse una copia previa solicitud. En tal caso no se aplicaría la obligación recogida en el artículo 47 de la Directiva 78/660/CEE en relación con la publicación de cualquier tipo de documento contable de conformidad con el artículo 3, apartado 5, de la Directiva 2009/101/CE (5).

(10)

El objetivo de la presente Directiva consiste en permitir que los Estados miembros creen un entorno de información financiera sencillo para las microentidades. La utilización de valores razonables puede hacer necesaria la presentación de declaraciones pormenorizadas en las que se explique la base sobre la que se ha determinado el valor razonable de ciertas partidas. Dado que en el régimen de las microentidades las declaraciones por medio de memorias son muy limitadas, los usuarios de las cuentas de las microentidades no sabrían si las cantidades que aparecen en el balance y en la cuenta de ganancias y pérdidas son valores razonables o no. Por consiguiente, para dar seguridad a este respecto a tales usuarios, los Estados miembros no deben permitir ni exigir a las microentidades que se acojan a alguna de las exenciones que les ofrece la presente Directiva, la utilización del valor razonable como base para la elaboración de sus cuentas. Las microentidades que así lo deseen o lo necesiten podrán seguir utilizando el valor razonable acogiéndose a algún otro de los regímenes previstos en la presente Directiva, siempre que el Estado miembro permita o exija su utilización.

(11)

A la hora de tomar decisiones sobre el modo o la conveniencia de implantar un régimen para las microentidades en el ámbito de la Directiva 78/660/CEE, los Estados miembros deben velar por que las microentidades que deban consolidarse con arreglo a la Directiva 83/349/CEE del Consejo, relativa a las cuentas consolidadas (6), dispongan de datos contables suficientemente detallados para ello, y que las exenciones previstas en la presente Directiva no repercutan negativamente sobre la obligación de establecer cuentas consolidadas de conformidad con la Directiva 83/349/CEE.

(12)

Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, reducir la carga administrativa de las microentidades, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a sus efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar ese objetivo.

(13)

Procede, por tanto, modificar la Directiva 78/660/CEE en consecuencia.

1)

Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 1 bis

1.   Los Estados miembros podrán establecer exenciones de algunas de las obligaciones previstas en la presente Directiva con arreglo a lo dispuesto en los apartados 2 y 3 para las sociedades que, en la fecha de cierre del balance, no superen los límites de dos de los tres criterios siguientes (microentidades):

2.   Los Estados miembros podrán eximir a las sociedades a que se refiere el apartado 1 de alguna o de todas las obligaciones siguientes:

3.   Los Estados miembros podrán permitir que las sociedades a que se refiere el apartado 1:

4.   Los Estados miembros no permitirán ni exigirán la aplicación de la sección 7 bis a aquellas microentidades que se acojan a alguna de las exenciones previstas en los apartados 2 y 3.

5.   Para las sociedades a que se refiere el apartado 1, se considerará que las cuentas anuales elaboradas con arreglo a lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 dan una imagen fiel conforme a lo exigido en el artículo 2, apartado 3, y, por consiguiente, no se aplicará a dichas cuentas el artículo 2, apartados 4 y 5.

6.   Cuando en la fecha de cierre del balance una sociedad supere o deje de superar los límites de dos de los tres criterios indicados en el apartado 1, tal hecho solo afectará a la aplicación de la exención prevista en los apartados 2, 3 y 4 si se produce tanto en el ejercicio en curso como en el anterior.

7.   En el caso de aquellos Estados miembros que no hayan adoptado el euro, el importe en moneda nacional equivalente a los especificados en el apartado 1 será el resultante de aplicar el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea en la fecha de entrada en vigor de cualquier Directiva en la que se fijen dichos importes.

8.   El total del balance mencionado en el apartado 1, letra a), se compondrá de los activos mencionados en las partidas A a E contempladas en el artículo 9 dentro de la rúbrica “Activo”, o de los activos mencionados en las partidas A a E contempladas en el artículo 10. En caso de que se aplique lo dispuesto en el apartado 2, letra a), el total del balance mencionado en el apartado 1, letra a), se compondrá de los activos mencionados en las partidas A a D contempladas en el artículo 9 dentro de la rúbrica “Activo”, o de los activos mencionados en las partidas A a D contempladas en el artículo 10.

2)

En el artículo 5, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1.   No obstante lo dispuesto en el artículo 4, apartados 1 y 2, los Estados miembros podrán exigir estructuras especiales para las cuentas anuales de las sociedades de inversión y de las sociedades financieras de cartera, a condición de que dichas estructuras presenten una imagen de esas sociedades equivalente a la contemplada en el artículo 2, apartado 3. Los Estados miembros no concederán las exenciones previstas en el artículo 1 bis a las sociedades de inversión ni a las sociedades financieras de cartera.».

3)

El artículo 53 bis se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 53 bis

Los Estados miembros no concederán las exenciones previstas en los artículos 1 bis, 11 y 27, el artículo 43, apartado 1, puntos 7 bis y 7 ter, y los artículos 46, 47 y 51 a las sociedades cuyos valores estén admitidos a cotización en un mercado regulado en el sentido del artículo 4, apartado 1, punto 14, de la Directiva 2004/39/CE.».