4.12.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 295/1

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En la Unión Europea, el Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (en lo sucesivo «el Convenio») constituye la base común para la protección de los derechos de sospechosos o acusados en los procesos penales, que, a efectos de la presente Resolución, incluye la fase previa al juicio y la fase procesal propiamente dicha.

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Además, el Convenio y sus Protocolos, según los ha interpretado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, son una base importante para que cada Estado miembro tenga confianza en los sistemas de justicia penal de los demás Estados miembros y para reforzar dicha confianza. Al mismo tiempo, la Unión Europea dispone de un margen de acción adicional para velar por la aplicación y el respeto plenos de las normas del Convenio, y, en su caso, garantizar la aplicación coherente de las normas aplicables y elevar el nivel existente.

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La Unión Europea ha establecido con éxito un espacio de libre circulación y residencia, del cual los ciudadanos se benefician al viajar, estudiar y trabajar cada vez más en países distintos de su país de residencia. Sin embargo, la supresión de las fronteras interiores y el creciente ejercicio del derecho a la libre circulación y residencia han conducido, como consecuencia inevitable, a un aumento del número de personas que se ven involucradas en procesos penales en un Estado miembro distinto del de residencia. En esas situaciones, los derechos procesales de los sospechosos o los acusados tienen una importancia especial a la hora de salvaguardar el derecho a un juicio justo.

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En efecto, mientras que en la Unión Europea se han tomado medidas diversas para garantizar un elevado nivel de seguridad para los ciudadanos, existe una necesidad similar de abordar los problemas específicos que se plantean cuando una persona sea sospechosa o esté acusada en un proceso penal.

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Todo ello hace necesario que se lleven a cabo acciones específicas sobre derechos procesales, a fin de asegurarse de que los procesos penales sean equitativos. Tales acciones, que pueden incluir la legislación u otras medidas, harán que los ciudadanos confíen más en que la Unión Europea y sus Estados miembros protegerán y garantizarán sus derechos.

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El Consejo Europeo de Tampere de 1999 declaró en sus conclusiones que, en el contexto de llevar a la práctica el principio del reconocimiento mutuo, también debe emprenderse una labor en torno a los aspectos del Derecho procesal con respecto a los cuales se considera necesario contar con estándares mínimos comunes para facilitar la aplicación del principio del reconocimiento mutuo, respetando los principios jurídicos fundamentales de los Estados miembros (conclusión 37).

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Asimismo, el Programa de La Haya de 2004 afirma que la consecución del reconocimiento mutuo -como piedra angular de la cooperación judicial- supone la definición de normas equivalentes aplicables a los derechos procesales en los procesos penales basados en estudios sobre los diversos niveles de salvaguardas existentes en los Estados miembros y, con el debido respeto a sus respectivas tradiciones jurídicas (punto III 3.3.1).

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El reconocimiento mutuo presupone que las autoridades competentes de cada Estado miembro tengan confianza en el sistema de justicia penal de los demás Estados miembros. A fin de potenciar esta confianza mutua dentro de la Unión Europea, es importante que, junto con el Convenio, existan normas de la propia Unión destinadas a proteger los derechos procesales, que se ejecuten y apliquen correctamente en los Estados miembros.

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Estudios recientes muestran que los especialistas están de acuerdo en general en que haya una actuación de la Unión Europea sobre los derechos procesales, en forma de disposiciones legislativas y otras medidas, y que es necesario que exista una mayor confianza mutua entre las autoridades judiciales de los Estados miembros (1). El Parlamento Europeo tiene opiniones análogas a este respecto (2). En su Comunicación para el programa de Estocolmo (3), la Comisión Europea observa que reforzar los derechos de defensa es esencial para garantizar la confianza mutua entre los Estados miembros y la confianza de los ciudadanos en la Unión Europea.

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Los debates que han tenido lugar en los últimos años sobre los derechos procesales en el contexto de la Unión Europea no han conducido a resultados concretos. No obstante, en el ámbito de la cooperación judicial y policial se han realizado grandes progresos en lo que se refiere a las medidas encaminadas a facilitar el enjuiciamiento. Ha llegado ahora el momento de actuar para conseguir un mayor equilibrio entre estas medidas y la protección de los derechos procesales de cada persona. Deben llevarse a cabo esfuerzos para reforzar las garantías procesales y el respeto del Estado de Derecho en el marco de los procesos penales, independientemente del lugar al que los ciudadanos hayan decidido viajar o en el que deseen estudiar, trabajar o vivir, dentro de la Unión Europea.

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Teniendo en cuenta la importancia y la complejidad de estas cuestiones, parece conveniente abordarlas de manera gradual, manteniendo una coherencia de conjunto. Al plantear las actuaciones futuras, por ámbitos separados, se puede concentrar la atención en cada medida concreta, lo que permite determinar y tratar los problemas de forma tal que se dé a cada medida un valor añadido.

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Teniendo en cuenta el carácter no exhaustivo de la serie de medidas que figura en el anexo de la presente Resolución, el Consejo debe también considerar la posibilidad de abordar la cuestión de la protección de derechos procesales distintos de los que figuran en dichas medidas.

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Cualquier nuevo acto legislativo de la UE en este ámbito debería ser coherente con las normas mínimas establecidas por el Convenio, según la interpretación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

1.

Debe llevarse a cabo una actuación a escala de la Unión Europea para reforzar los derechos de los sospechosos o acusados en el marco de los procesos penales. Esta actuación puede incluir medidas tanto legislativas como de otra índole.

2.

El Consejo aprueba el «Plan de trabajo para reforzar los derechos procesales de sospechosos o acusados en los procesos penales» (denominado en lo sucesivo «el plan de trabajo»), que figura en el anexo de la presente Resolución, como base de la futura actuación. Los derechos incluidos en este plan de trabajo, que podrían complementarse con otros, se consideran derechos procesales fundamentales y, en la fase actual, conviene conceder prioridad a la actuación relativa a estos derechos.

3.

Se solicita a la Comisión que presente propuestas sobre las medidas incluidas en el plan de trabajo y considere la presentación del Libro Verde que se menciona en el apartado F.

4.

El Consejo estudiará toda propuesta que se presente en el contexto del plan de trabajo y se compromete a tratarla con carácter prioritario.

5.

El Consejo actuará en plena cooperación con el Parlamento Europeo, de conformidad con las normas vigentes, y colaborará debidamente con el Consejo de Europa.