15.1.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 13/33

Ponente:

Gabriele Bischoff

1.1.

Una auténtica estabilización de la unión económica y monetaria (UEM) solo puede tener éxito si se eliminan las deficiencias en la arquitectura de la UEM, para lo cual es preciso emprender grandes reformas, lo que implica una revisión de los Tratados mediante una convención. Como es poco realista que esto ocurra antes de 2018, es necesario tomar antes otras medidas para hacer la UEM más democrática y social en el marco de los Tratados actuales y garantizar también el cumplimiento de las normas que nos hemos impuesto a nosotros mismos.

1.2.

Cuanto más tiempo se aplique la actual política de ahorro (cuyo objetivo principal consiste en recortar gastos) sin que haya un plan de inversiones eficaz que permita generar ingresos gracias al crecimiento, la cohesión social y la solidaridad, se hace cada vez más evidente que el aumento de las desigualdades sociales pone en peligro la integración económica y la prosperidad de Europa.

1.3.

Por consiguiente, mantener el rumbo actual no es una opción. En su lugar, debe reforzarse la cohesión social, política y económica para evitar, de esta manera, una desintegración de la zona del euro. El CESE coincide en que es preciso prestar mayor atención a las divergencias que se dan en las economías de la UEM, y considera igualmente que en los países que pertenecen a la UEM deben llevarse a cabo unas reformas estructurales equilibradas con arreglo a los requisitos de una unión monetaria y en consonancia con los requisitos nacionales, a fin de garantizar la necesaria convergencia. Además, el CESE considera indispensable gestionar la demanda a corto plazo.

1.4.

El CESE apoya una mayor «parlamentarización» de la zona del euro con un gran comité del PE compuesto por todos los eurodiputados de los países de la zona del euro y los de aquellos países que desean adherirse a la zona (26 Estados miembros), en combinación con una coordinación más estrecha de los parlamentarios nacionales de la zona del euro sobre cuestiones relativas a la UEM (COSAC+). Todo esto ya puede ponerse en práctica en un plazo relativamente breve.

1.5.

El CESE señala que algunos de los objetivos de política económica de la gobernanza económica de los últimos años deben concertarse mejor con los objetivos sociales de la UE a que hace referencia el artículo 4, apartado 2, del TFUE, y que es preciso eliminar los posibles conflictos entre los objetivos económicos y sociales. Todas las medidas adoptadas en el marco del Semestre Europeo —de conformidad con la cláusula social horizontal— deben someterse a una evaluación del impacto social, cuyos resultados se publicarán y debatirán a escala nacional y europea. El CESE puede apoyar esta iniciativa en el marco de sus competencias.

1.6.

La superación de las diferencias existentes en el funcionamiento de los mercados laborales, los sistemas de fijación de salarios y los sistemas de protección social desempeña un importante papel en una UEM democrática y social.

1.7.

El CESE está convencido de que un diálogo macroeconómico en la zona del euro (MED-EURO) puede aportar una contribución decisiva para alcanzar un desarrollo democrático y social de la UEM; los resultados y conclusiones de este diálogo deben tenerse en cuenta a la hora de elaborar tanto el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento como el cuadro de indicadores y las recomendaciones específicas por país.

2.1.

El CESE ha elaborado varios dictámenes en los que se aportan sugerencias específicas sobre cómo podría mejorarse el diseño de la UEM. Mientras que algunos de estos dictámenes muestran escenarios de futuro, el presente dictamen contiene propuestas sobre cómo puede desarrollarse, en el marco del método comunitario, el elemento democrático y social de la UEM lo antes posible, de manera que esta Unión mejore la capacidad de resistencia democrática y responda adecuadamente a los compromisos sociales que se derivan de los Tratados. Esto es necesario porque es poco probable que antes de 2018 se emprendan serios intentos de modificar ampliamente los Tratados. Al mismo tiempo, sigue existiendo la preocupación de que los instrumentos intergubernamentales, en particular el Pacto Presupuestario, socavan el método comunitario y fomentan la división de Europa (2). Cuanto más tiempo se aplique la política de ahorro (cuyo objetivo principal consiste en recortar gastos), sin que al menos se vea complementada por un plan de inversiones y medidas destinadas a generar crecimiento y fomentar la cohesión social y la solidaridad, se hace cada vez más evidente que el aumento de las desigualdades sociales pone en peligro la integración económica y la prosperidad de Europa.

2.2.

La crisis de la zona del euro ha puesto al descubierto los defectos de construcción de la Unión Monetaria. Desde el principio se obvió coordinar las distintas políticas económicas nacionales, por lo que los miembros de esta comunidad monetaria evolucionaron en direcciones diferentes en muchos aspectos (3).

2.3.

Durante la crisis los procedimientos intergubernamentales parecían ser la única manera de permitir la creación de importantes instrumentos de la UEM, como el Pacto Presupuestario, ya que algunos Estados miembros no habían dado su acuerdo a una modificación del Tratado. Por una parte, durante la crisis se han mejorado algunos instrumentos. Por otra parte, existe consenso sobre el hecho de que la capacidad de los Parlamentos para configurar y supervisar la UEM ha sido insuficiente hasta el momento. Es preciso cambiar esta situación para poder establecer una política coherente de integración. Por ello, ya en 2012 el grupo de ministros de Asuntos Exteriores (4) recomendó garantizar «la plena legitimidad democrática y la rendición de cuentas» en todas las acciones y, por consiguiente, reforzar la cooperación entre los Parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo (5). En su Plan director para una unión económica y monetaria profunda la Comisión Europea se pronunció a favor de utilizar el marco institucional y jurídico de los Tratados. El Eurogrupo podría dar ejemplo aplicando medidas específicas, siempre que estas estén abiertas a todos los Estados miembros.

2.4.

En la práctica política europea se imponen en grado creciente soluciones intergubernamentales (por ejemplo, el Pacto Presupuestario), por lo que aumenta el riesgo de crear un «régimen complementario de Derecho internacional». El informe Van Rompuy, publicado en diciembre de 2012, señaló la importancia de alcanzar un entendimiento común para llevar a cabo reformas de mayor calado. Por otra parte, también se necesita un elevado grado de cohesión social, una participación resuelta del PE y de los Parlamentos nacionales y un diálogo renovado con los interlocutores sociales. También debe mejorarse la responsabilidad (la apropiación) de los Estados miembros. El entonces presidente del Consejo Europeo (6) integró así la dimensión social y el papel especial de los interlocutores sociales en el debate, que hasta entonces se centraba especialmente en asuntos económicos y presupuestarios y en la falta de legitimidad democrática.

2.5.

Tras las elecciones al PE en 2014 y tras el refuerzo de la figura del presidente de la Comisión gracias a las elecciones democráticas se han propuesto nuevos temas de debate:

2.6.

El CESE toma nota de estas propuestas y las evaluará para determinar en qué medida su concepción contribuye al desarrollo de la gobernanza económica en favor de una unión política, solidaria, democrática y social que garantice una adecuada participación de los ciudadanos y los interlocutores sociales de la UE.

2.7.

El CESE considera que la UEM necesita consolidar verdaderamente la cooperación entre los países de la UE, como se describió en el «Plan director» de la Comisión. Al ampliar la demanda en vez de estrangularla, tal consolidación conseguiría equiparar las capacidades económicas de los distintos países en el marco de una creciente y próspera economía. Esto incluye armonizar al alza las normas sociales y los derechos de los trabajadores por la vía del progreso.

2.8.

La coexistencia del método comunitario, de las iniciativas intergubernamentales (por ejemplo, el Pacto Presupuestario) y de otras nuevas «formas intermedias» surgidas de las funciones de supervisión de la Comisión o del Tribunal de Justicia al aplicar los acuerdos intergubernamentales genera nueva confusión sobre los agentes y sobre su legitimidad y responsabilidad. Por ello, no es posible garantizar la transparencia y el pleno control democrático. Esto ha dado lugar a muchas críticas, ya que durante la crisis hubo que dar prioridad a las soluciones rápidas, aun cuando su objetivo declarado fuera integrar posteriormente todos los acuerdos de Derecho internacional en el método comunitario. Esto seguirá siendo así hasta 2018, si se actúa según los deseos de los cinco presidentes. De acuerdo con este calendario, la cuestión de la democratización total de la UEM se retrasa y la cuestión de la unión política no recibe suficiente atención en el informe. Hasta entonces, el diálogo que tiene lugar en el marco del Semestre Europeo entre el PE, el Consejo y el Eurogrupo, así como entre los Parlamentos nacionales y la Comisión y entre los parlamentarios nacionales y los diputados al Parlamento Europeo (COSAC), debería incrementar la confianza y fomentar las acciones comunes. En este sentido, el CESE señala que el diálogo reforzado no puede sustituir la política de integración. Ahora debe reforzarse de nuevo el método comunitario, que debe constituir el fundamento para una UEM eficiente, en lugar de la coexistencia de diferentes regímenes de Derecho internacional.

3.1.

Una mayor participación de los interlocutores sociales puede contribuir a una mejor gobernanza de la UEM, y el diálogo estructurado con la sociedad civil contribuye a mejorar la capacidad de resistencia democrática. El CESE está dispuesto a desempeñar un papel especial y ofrecer su experiencia y recursos, como ya es el caso, por ejemplo, en la Estrategia Europa 2020 (9).

3.2.

La cuestión de la «apropiación», en especial por parte de los interlocutores sociales, planteada por el presidente del Consejo Van Rompuy, promete ser mucho más difícil, ya que la participación de los interlocutores sociales —a diferencia de los Gobiernos— en la formulación de objetivos e instrumentos de gobernanza económica ha sido muy escasa hasta ahora. Entonces, ¿cómo puede conseguirse que participen en una política sobre cuyos detalles apenas tienen influencia? En su calidad de interlocutores sociales y agentes económicos influyen decisivamente en el nivel de precios y su estabilidad, y la UEM constituye el marco general que permite a sus distintos sistemas fijar los salarios y estructurar el mercado laboral y la política social.

3.3.

En 2013, la Comisión presentó su Comunicación sobre la dimensión social de la UEM (10), en la que abordaba las preocupaciones de los agentes de la sociedad civil. Es preciso detectar y eliminar en una fase temprana las evoluciones económicas «problemáticas», ya que las persistentes desigualdades sociales podrían poner en peligro la estabilidad financiera y económica de la UEM. En los debates que se entablaron quedó claro que hay dos escuelas de pensamiento. Una de ellas parte de la base de que la dimensión social de la UEM constituye un pilar opcional suplementario que tiene carácter voluntario, a diferencia de los procedimientos vinculantes en materia de gobernanza económica y presupuestaria. Los partidarios de la otra escuela, como el CESE, señalan que algunos de los objetivos de política económica contradicen los objetivos de política social de la UE a que hace referencia el artículo 4, apartado 2, del TFUE y que estos conflictos de objetivos deben ponerse de manifiesto y despejarse.

3.4.

La Comisión tiene la intención de hacer participar a los interlocutores sociales en mayor grado y llevar a cabo un intercambio de puntos de vista sobre la evolución de los salarios y la negociación colectiva. La Comisión ya ha emprendido varias iniciativas al respecto. Por otra parte, desea ponerse en contacto con los interlocutores sociales en relación con el Semestre Europeo y anima a asociar en mayor grado a los interlocutores sociales en los Estados miembros. El propio CESE ha presentado propuestas muy concretas para que los interlocutores sociales participen en mayor medida en la gobernanza económica (SOC/507) (11). Al menos la nueva asignación de responsabilidades en la Comisión, en particular las competencias ampliadas del vicepresidente Dombrovskis, puede considerarse como un indicador de que se prestará más atención a la participación de los interlocutores sociales.

4.1.1.

El CESE supone que el informe de los cinco presidentes (12)«Realizar la unión económica y monetaria europea»  (13), presentado el 22 de junio de 2015, representará el hilo conductor del futuro desarrollo de las estructuras de gobernanza económica en Europa. El CESE considera que se necesita una gobernanza económica más eficaz y democrática para afrontar los persistentes desequilibrios y crear un clima de confianza en toda Europa, especialmente en la zona del euro (14). Por el contrario, el análisis se basa en premisas cuyo contenido es en parte inexacto, lo que, a pesar de algunos puntos correctos, lleva a conclusiones problemáticas: si no se corrige el curso, se seguirá aplicando la política de ahorro y, por ello, se seguirán imponiendo recortes sociales y salariales. A pesar de reconocer que no se han alcanzado aún las condiciones mínimas para la viabilidad a largo plazo de la UEM, se sigue recomendado ampliar e institucionalizar de modo permanente la política anticrisis actual. El CESE ve una contradicción en esto.

4.1.2.

La catastrófica situación económica actual de la zona del euro (también en comparación con EE. UU. o Japón) se atribuye no a la persistente política anticrisis sino a la falta de competitividad de determinados Estados miembros a causa de la divergente evolución de los salarios y los déficits públicos. El CESE lamenta que se ignoren los retos a corto plazo de la política macroeconómica, como la inflación y la deflación, la falta de una política anticíclica desde 2010 y la debilidad de la demanda, y que se continúe aplicando una política de adaptación asimétrica. Lamentablemente los cinco presidentes ignoran por completo el problema básico que se ha puesto de manifiesto durante la crisis y que consiste en que la zona del euro en su conjunto carece de un «acreedor de último recurso», a diferencia de Estados Unidos, Japón y el Reino Unido.

4.1.3.

Se prescinde por completo de los diferentes enfoques de los bancos centrales, que en Estados Unidos y el Reino Unido dieron lugar a una recuperación comparativamente rápida mientras que en Europa agravaron la situación. En lugar de una política de estabilización anticíclica se necesita un refuerzo de los instrumentos actuales de gobernanza económica, por ejemplo, mediante consejos de la competencia nacionales cuya tarea consista en reducir la deuda («desapalancamiento») y fomentar una evolución salarial basada en la productividad. El CESE lamenta que no se haya aprovechado la ocasión para evaluar si los fundamentos de la legislación actual son sostenibles a largo plazo y complementarlos con una perspectiva paneuropea más sólida.

4.1.4.

El CESE lamenta que los presidentes atribuyan la evolución económica, que es claramente peor de lo esperado, solo al hecho de que los nuevos mecanismos de gobernanza económica y los programas de ajuste de los países en crisis se hayan aplicado en grado insuficiente y no se hayan estructurado de modo adecuado El excesivo énfasis puesto en las reformas estructurales y la competitividad de los precios de los Estados miembros para la realización de la Unión Económica (primer capítulo) ignora que las reformas estructurales y la fijación de salarios son objeto de constantes negociaciones y soluciones a escala local que respetan los principios democráticos. De este modo, los cinco presidentes se posicionan como agentes externos que pretenden acercar a los Estados miembros a unos parámetros de referencia arbitrarios, sin reforzar la legitimidad democrática y sin restablecer el principio de «apropiación».

4.1.5.

Por consiguiente, el Comité observa con preocupación que el informe no aborda la posibilidad de establecer una unión presupuestaria, lo que seguirá deslegitimando la zona del euro en los Estados miembros, especialmente debido a que el principio de «más de lo mismo» no mejorará la prosperidad económica de todos los ciudadanos y a que sigue imperando la perspectiva nacional. El CESE considera totalmente inadecuadas las medidas propuestas para la integración de los mercados laborales y los sistemas sociales, entre otros motivos, porque se les atribuye una importancia secundaria, que contradice la retórica de los presidentes de querer alcanzar una «calificación AAA social» para la zona del euro. El CESE considera el desarrollo de una unión social como un elemento integral de una UEM democrática y social, y no como un apéndice.

4.2.1.

El laboratorio de ideas Bruegel constata que la UEM, desde sus inicios, se ha caracterizado por diferencias significativas en términos económicos, sociales y políticos y que estas diferencias han causado los errores políticos en los Estados miembros y han dado lugar a una gobernanza económica europea inadecuada. El informe propone reformar la gobernanza económica en los ámbitos de la unión bancaria y la supervisión macroprudencial del sector financiero, implantar medidas destinadas a prevenir las fuertes diferencias en los costes laborales unitarios y establecer una gobernanza presupuestaria capaz de garantizar unos presupuestos sostenibles de los Estados miembros y la disponibilidad de recursos en caso de crisis del sector bancario y del sistema de bonos del Estado. En sus reciente dictámenes (16) el CESE ha presentado propuestas muy similares.

4.2.2.

Los flujos de capital procedentes de países excedentarios han contribuido a un sobrecalentamiento en los países deficitarios, lo que ha conducido a los consiguientes aumentos salariales nominales. Hasta ahora se ha prestado muy poca atención a los desequilibrios financieros, lo que contrasta con la intención de una integración más profunda de los mercados financieros.

4.2.3.

La política presupuestaria procíclica para el período 2011-2013 y la falta de una política presupuestaria anticíclica han agravado innecesariamente las dificultades sociales en 2014 (17). Por consiguiente, junto con las reformas estructurales necesarias, la política debe también ofrecer perspectivas a las personas, por ejemplo a través de condiciones marco favorables a la inversión privada a fin de poder restablecer la creación de empleo a largo plazo. Además, los estamentos políticos deberían aplicar medidas destinadas a reforzar la competitividad para generar ingresos y crear prosperidad, lo que garantizará a todos la estabilidad social. Por consiguiente, el CESE coincide expresamente con la conclusión de que es urgente incrementar la demanda agregada y la inflación a corto plazo. Por otra parte, el BCE debe desprenderse de las tareas de política presupuestaria y de ajuste de los costes laborales unitarios, que son ajenas a su mandato pero de las que se ocupa de facto debido a la inacción política del resto de instituciones.

4.2.4.

En opinión del CESE, es necesario multiplicar los esfuerzos para afrontar la cuestión primordial de la legitimidad democrática. El CESE apoya con determinación una «parlamentarización» plena de la zona del euro (con un gran comité del PE compuesto por todos los diputados de la UEM y de los países que desean adherirse a la zona del euro). También es preciso mejorar la coordinación de los parlamentarios de la zona del euro sobre cuestiones relativas a la UEM en el seno de la COSAC (18).

4.2.5.

En 2014 la propia COSAC señaló que muchos Parlamentos aún no están lo suficientemente integrados y expresó su preocupación por que el vínculo entre los ciudadanos y la UE esté tan deteriorado. Piden a la Comisión y al Consejo que cooperen con los parlamentarios mediante propuestas concretas que permitan resolver la situación (19). Las formas de participación previstas en el artículo 13 del Pacto Presupuestario constituyen un paso en la buena dirección pero no representan una auténtica parlamentarización.

4.3.1.

La superación de las diferencias existentes en el funcionamiento de los mercados laborales, los sistemas de fijación de salarios y los sistemas de protección social desempeñan un importante papel en una UEM democrática y social. A corto plazo no parece viable un sistema federal con un mercado laboral europeo único, acompañado de un conjunto de instituciones y sistemas uniformes como en Estados Unidos. Además, el procedimiento de desequilibrio macroeconómico (PDM) debería reforzarse simétricamente y los interlocutores sociales deberían participar en él.

4.3.2.

El CESE señala que algunos de los objetivos de política económica de la gobernanza económica de los últimos años deben concertarse mejor con los objetivos sociales de la UE a que hace referencia el artículo 4, apartado 2, del TFUE, y que es preciso eliminar los posibles conflictos entre los objetivos económicos y sociales. Todas las medidas adoptadas en el marco del Semestre Europeo —de conformidad con la cláusula social horizontal— deben someterse a una evaluación del impacto social, cuyos resultados se publicarán y debatirán a escala nacional y europea. El CESE puede apoyar esta iniciativa en el marco de sus competencias.

4.3.3.

El informe de los cinco presidentes alude a una unión financiera, una unión presupuestaria y una unión política, pero no menciona una unión social. Según el informe, es preciso reforzar el extraordinario modelo europeo, pero no se habla del extraordinario modelo social europeo. Es cierto que se utiliza la imagen de la «triple A social» pero la manera de conseguirla en el marco de una UEM profunda sigue siendo muy poco clara. Los aspectos sociales, en el mejor de los casos, se abordan solo tangencialmente o en el contexto de una mayor movilidad de los mercados laborales de los Estados miembros. Los elementos clave son un nivel mínimo de protección social, sistemas de bienestar eficaces en los Estados miembros y nuevas iniciativas de «flexiguridad» en materia de Derecho laboral, pero no se dan más explicaciones al respecto.

4.3.4.

Los Gobiernos de los Estados miembros tienen una gran responsabilidad en el desarrollo futuro de una UEM democrática y social. Lo mismo sucede con los interlocutores sociales, tanto nacionales como europeos, para los que la UEM constituye el marco general que permite a sus distintos sistemas fijar los salarios y estructurar el mercado laboral y la política social. En su función de agentes económicos y sociales contribuyen de modo importante a mantener el respeto de los objetivos comunes de estabilidad de la UEM.

4.3.5.

El CESE reitera por enésima vez que una unión monetaria cuyos precios y salarios evolucionan de forma diferente en los Estados miembros necesariamente conduce a desequilibrios entre las regiones de la zona monetaria, en las que las perturbaciones exteriores pueden causar una crisis social y política y aumentar aún más las divergencias (20). En consecuencia, el CESE considera que es inevitable llevar a cabo un debate serio sobre cómo dotar de una estructura bien fundamentada a la UEM que implique un consenso en torno a los objetivos económicos y sociales y la gobernanza (21). De esto infiere el CESE que el diálogo macroeconómico de la UE requiere la consolidación y profundización de la zona del euro.

4.3.6.

El diálogo macroeconómico fue establecido por el Consejo Europeo de Colonia de junio de 1999 con el objetivo de alcanzar una combinación de políticas macroeconómicas orientadas al crecimiento y la estabilidad, es decir, garantizar una interacción fluida entre la evolución de los salarios y la política monetaria y presupuestaria. Sus objetivos son ahora de mayor actualidad que nunca: aumentar el crecimiento y el empleo manteniendo al mismo tiempo la estabilidad de los precios, aprovechar el potencial de producción e incrementar el potencial de crecimiento (22). El CESE lamenta que este instrumento se haya debilitado a lo largo de los años y no se haya utilizado desde el comienzo de la crisis para democratizar los instrumentos de gobernanza económica y reforzar la apropiación de la zona monetaria común de la UEM.

4.3.7.

El CESE está convencido de que un diálogo macroeconómico de la zona del euro (MED-EURO) puede aportar una contribución decisiva para proseguir el desarrollo democrático y social de la UEM si los participantes en el diálogo se adecuan a las exigencias de este último. Mantener la capacidad de diálogo en el marco de esa estructura requiere limitar el número de participantes. El presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo debería participar en pie de igualdad junto con los representantes de los interlocutores sociales, del Banco Central Europeo, del Eurogrupo y de la Comisión (dentro del pleno respeto de su autonomía e independencia).

4.3.8.

El CESE considera que el diálogo macroeconómico de la zona del euro debería tener lugar al menos dos veces al año y convertirse en parte integrante de la gobernanza económica de la UEM. Por consiguiente, sus opiniones y conclusiones deben tenerse en cuenta a la hora de elaborar tanto el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento como el cuadro de indicadores y las recomendaciones específicas por país. El contexto global de las políticas monetarias, fiscales y salariales en el seno de la UEM permite generar confianza y alcanzar una mayor convergencia, sin comprometer la autonomía de la negociación colectiva. Por analogía con el «Pacto de estabilidad y crecimiento» esto podría conducir a un mayor grado de transparencia del compromiso (voluntario) de todos los agentes económicos y funcionar como una especie de «Pacto de Estabilidad y Empleo». En este contexto, el CESE destaca la importancia de una interacción fluida entre la política monetaria, la política presupuestaria y la política salarial para impulsar el crecimiento y el empleo, lo que reforzaría la confianza en la Unión Monetaria.

4.3.9.

Se trata de un planteamiento diferente al que adopta la propuesta de los cinco presidentes —análoga a la propuesta Bruegel— de establecer autoridades de competitividad nacionales que contribuyan a los procesos de fijación de salarios a escala nacional. Además, según la propuesta de los cinco presidentes, estas autoridades de competitividad nacionales deberán coordinarse a escala europea. Una consulta temprana de los interlocutores sociales previa a la presentación del informe hubiera sido útil, ya que, en su forma actual, la propuesta de los presidentes tiene pocas posibilidades de éxito.

4.3.10.

Perspectivas: sin una serie de reformas políticas e institucionales en profundidad, la UEM seguirá siendo frágil. El CESE expresa su gran preocupación por la estabilidad de la UE, ya que las necesarias reformas —con o sin modificaciones de los Tratados— siempre tienen lugar solo en el último minuto y tras fortísimas presiones. Se trata de volver a reforzar la cohesión social, política y económica en la UE y de proseguir una integración económica y monetaria sólida y coherente como base para una UEM que funcione correctamente. Sin diputados, políticos e interlocutores sociales que den prueba de coraje y, a escala nacional y europea, dialoguen con la sociedad civil y se esfuercen por encontrar las mejores soluciones, no puede prosperar una UEM eficaz.