i)

participación en una organización delictiva, incluidos los tipos de conducta establecidos en el artículo 2 de la Decisión Marco 2008/841/JAI,

ii)

corrupción activa y pasiva, tal como se define en el artículo 3 del Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de la Unión Europea o funcionarios de los países de la Unión Europea (*2), y en el artículo 2, apartado 1, de la Decisión Marco 2003/568/JAI (*3) del Consejo relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado,

iii)

fraude en el sentido del artículo 1 del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (*4),

iv)

delitos de terrorismo, incluidos cualquiera de los delitos a que se refieren los artículos 3 a 12 de la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo (*5),

v)

blanqueo de capitales, según se define en el artículo 1, apartados 3 y 4, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (*6),

vi)

la trata de seres humanos, incluidos cualquiera de los actos intencionados a que se refiere el artículo 2 de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (*7), y la correspondiente incitación, complicidad y tentativa, tal como se establece en el artículo 3 de dicha Directiva,

vii)

cualquier otra actividad ilegal que suponga un perjuicio para los intereses financieros de la Unión, del BCE o de los BCN;

i)

incumplimiento de las obligaciones relativas al pago de impuestos o de cotizaciones a la seguridad social cuando así se haya establecido mediante una decisión judicial o administrativa firme y vinculante de conformidad con las disposiciones legales del país en el que esté establecido el fabricante acreditado o de un Estado miembro en el que se lleve a cabo la actividad relacionada con elementos de seguridad del euro o la actividad relacionada con elementos del euro,

ii)

falta profesional grave, incluidos casos graves de incumplimiento de las obligaciones profesionales, cuando así lo determinen las autoridades competentes,

iii)

celebrar acuerdos destinados a falsear la competencia en el mercado de referencia, cuando así lo determinen las autoridades competentes,

iv)

cualquier otra actividad que pueda afectar a la integridad de los billetes en euros como medio de pago efectivo.

a)

el artículo 10 del Reglamento relativo a la lucha contra la corrupción de la Cámara Internacional de Comercio (*8);

b)

la Iniciativa de ética de billetes (*9);

c)

la norma ISO 37001;

d)

cualquier otro programa equivalente.