(1)

El marco normativo que rige la política de cohesión de la Unión para el período 2021 a 2027, en el contexto del próximo marco financiero plurianual, contribuye al cumplimiento de los compromisos de la Unión de aplicar el Acuerdo de París adoptado con arreglo a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (5) (en lo sucesivo, «Acuerdo de París»), que prosigue los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, concentrando la financiación de la Unión en objetivos verdes. El presente Reglamento debe realizar una de las prioridades establecidas en la Comunicación de la Comisión de 11 de diciembre de 2019 titulada «El Pacto Verde Europeo» y forma parte del Plan de Inversiones para una Europa Sostenible, que ofrece financiación específica en el marco del Mecanismo para una Transición Justa en el contexto de la política de cohesión para abordar los costes sociales, económicos y medioambientales de la transición a una economía circular y climáticamente neutra, en la que las emisiones de gases de efecto invernadero restantes se ven compensadas por absorciones equivalentes.

(2)

La transición a una economía climáticamente neutra y circular constituye uno de los objetivos de las políticas de la Unión (en lo sucesivo, «objetivos políticos») más importantes. El 12 de diciembre de 2019 el Consejo Europeo refrendó el objetivo de lograr una Unión climáticamente neutra de aquí a 2050, en consonancia con los objetivos del Acuerdo de París. Aunque la lucha contra el cambio climático y contra el deterioro del medio ambiente beneficiará a todos a largo plazo y ofrece oportunidades y presenta desafíos para todos a medio plazo, no todas las regiones y Estados miembros inician su transición desde el mismo punto o tienen la misma capacidad de respuesta. Algunos están más avanzados que otros, y la transición conlleva un impacto social, económico y medioambiental más amplio para las regiones que dependen en gran medida de combustibles fósiles para uso energético —especialmente del carbón, el lignito, la turba o el esquisto bituminoso— o de industrias que generan gran cantidad de gases de efecto invernadero. Esta situación no solo genera el riesgo de una transición a velocidad variable en la Unión en lo que respecta a la acción por el clima, sino también de crecientes disparidades entre las regiones, lo que va en detrimento de los objetivos de cohesión social, económica y territorial.

(3)

Para tener éxito y ser socialmente aceptable para todos, la transición debe ser justa e inclusiva. Por lo tanto, la Unión, los Estados miembros y sus regiones deben tener en cuenta sus implicaciones sociales, económicas y medioambientales desde el principio y desplegar todos los instrumentos posibles para mitigar las consecuencias negativas. El presupuesto de la Unión desempeña un papel importante a este respecto.

(4)

Según lo establecido en el Pacto Verde Europeo y en el Plan de Inversiones para una Europa Sostenible, las demás acciones deben complementarse con un Mecanismo para una Transición Justa en el marco del próximo marco financiero plurianual para el período de 2021 a 2027. Dicho Mecanismo debe contribuir a abordar las consecuencias sociales, económicas y medioambientales, en particular para los trabajadores afectados en el proceso de transición a una neutralidad climática de la Unión de aquí a 2050, mediante una concentración del gasto del presupuesto de la Unión en objetivos climáticos y sociales a nivel regional y a través del objetivo de alcanzar unos niveles de protección social y medioambiental elevados.

(5)

El presente Reglamento debe establecer el Fondo de Transición Justa (FTJ), que es uno de los pilares del Mecanismo para una Transición Justa que se aplica en el marco de la política de cohesión. Los objetivos del FTJ son mitigar los efectos negativos de la transición climática prestando apoyo a los territorios más perjudicados y a los trabajadores afectados y promover una transición socioeconómica equilibrada. En consonancia con el objetivo específico único del FTJ, las acciones que reciban apoyo de este deben contribuir directamente a aligerar el impacto de la transición, mitigando las repercusiones negativas en el empleo y financiando la diversificación y la modernización de la economía local. El objetivo específico único del FTJ se establece al mismo nivel y se integra en los objetivos políticos establecidos en el Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo (6).

(6)

Teniendo en cuenta el Pacto Verde Europeo como estrategia de crecimiento sostenible de la Unión y la importancia de combatir el cambio climático en consonancia con los compromisos de la Unión de aplicar el Acuerdo de París y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el FTJ pretende contribuir a integrar la acción por el clima y la sostenibilidad medioambiental y a que se alcance el objetivo general de destinar el 30 % de los gastos del presupuesto de la Unión a apoyar objetivos climáticos y a la intención de destinar el 7,5 % del gasto anual en el marco del marco financiero plurianual a objetivos en materia de biodiversidad en 2024 y el 10 % del gasto anual dentro del marco financiero plurianual a objetivos en materia de biodiversidad en 2026 y 2027, teniendo en cuenta, al mismo tiempo, los solapamientos que existen entre los objetivos en materia de clima y biodiversidad. Los recursos de la dotación propia del FTJ tienen carácter adicional respecto de las inversiones necesarias para alcanzar el objetivo general de que el 30 % del gasto presupuestario de la Unión contribuya a cumplir los objetivos climáticos. Dichos recursos deben contribuir plenamente a alcanzar ese objetivo general junto con los recursos transferidos con carácter voluntario del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) establecido mediante el Reglamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo y del Consejo (7) y del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) establecido mediante el Reglamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo y del Consejo (8). En este contexto, el FTJ debe prestar apoyo a las actividades que respeten las normas en materia de clima y medio ambiente y las prioridades de la Unión, que no causen un perjuicio significativo a los objetivos medioambientales en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo (9), y que garanticen la transición hacia una economía hipocarbónica con miras a lograr una neutralidad climática de la Unión de aquí a 2050.

(7)

Los recursos del FTJ deben complementar aquellos disponibles en el marco de la política de cohesión.

(8)

La transición a una economía climáticamente neutra es un reto para todos los Estados miembros. Va a ser especialmente difícil para aquellos Estados miembros que dependan, o hayan dependido hasta hace poco tiempo, en gran medida de combustibles fósiles o de actividades industriales que generen gran cantidad de gases de efecto invernadero que sea necesario eliminar gradualmente o que necesiten adaptarse debido a la transición a una economía climáticamente neutra y que carezcan de los medios financieros al efecto. Por tanto, el FTJ debe abarcar a todos los Estados miembros, pero la distribución de sus recursos financieros debe centrarse en los territorios más perjudicados por el proceso de transición climática y dicha distribución debe reflejar la capacidad de los Estados miembros para financiar las inversiones necesarias para hacer frente a la transición a una economía climáticamente neutra.

(9)

Son de aplicación al presente Reglamento las normas financieras horizontales adoptadas por el Parlamento Europeo y por el Consejo sobre la base del artículo 322 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Dichas normas se establecen en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (10) (en lo sucesivo, «Reglamento Financiero») y determinan, en particular, el procedimiento de elaboración del presupuesto y su ejecución mediante subvenciones, premios, gestión indirecta, instrumentos financieros, garantías presupuestarias, ayuda financiera y reembolso a los expertos externos, y prevén controles de la responsabilidad de los agentes financieros. Las normas adoptadas sobre la base del artículo 322 del TFUE también incluyen un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión.

(10)

Con objeto de garantizar una utilización eficaz de los recursos del FTJ, el acceso al FTJ debe limitarse al 50 % de la asignación nacional de los Estados miembros que no se hayan comprometido aún a alcanzar el objetivo de neutralidad climática de la Unión de aquí a 2050, de acuerdo con los objetivos del Acuerdo de París, mientras el 50 % restante se facilita para la programación, previa aceptación de dicho compromiso. Con objeto de garantizar la equidad e igualdad de trato para los Estados miembros, cuando un Estado miembro, a 31 de diciembre de cualquier año a partir de 2022, no se haya comprometido a alcanzar un objetivo de neutralidad climática de la Unión de aquí a 2050, el compromiso presupuestario correspondiente al ejercicio anterior debe liberarse en su totalidad en el ejercicio siguiente.

(11)

De conformidad con el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo (11) y dentro de los límites de los recursos en él asignados, deben llevarse a cabo las medidas de recuperación y resiliencia en el marco del FTJ para afrontar los efectos sin precedentes de la crisis de la COVID-19. Dichos recursos adicionales deben utilizarse de modo que se garantice el cumplimiento de los plazos establecidos en dicho Reglamento.

(12)

El presente Reglamento debe identificar tipos de inversiones para los que se permitiría que el FTJ apoyara los gastos. Todas las actividades financiadas deben realizarse respetando plenamente las prioridades y compromisos climáticos, medioambientales y sociales de la Unión. La lista de inversiones debe incluir las que apoyen a las economías locales estimulando su potencial de crecimiento endógeno de conformidad con las respectivas estrategias de especialización inteligente, incluido, en su caso, el turismo sostenible. Las inversiones deben ser sostenibles a largo plazo, teniendo en cuenta todos los objetivos del Pacto Verde Europeo. Los proyectos financiados deben contribuir a realizar la transición a una economía sostenible, climáticamente neutra y circular, e incluir medidas destinadas a aumentar la eficiencia de los recursos. La incineración de residuos no debe recibir apoyo, dado que esta actividad pertenece a la parte inferior de la jerarquía de residuos de la economía circular. Deben poder optar a la financiación los servicios de consultoría que contribuyan a la aplicación de las medidas apoyadas por el FTJ. La recuperación de los espacios naturales, el desarrollo de infraestructuras ecológicas y la gestión del agua deben poder recibir apoyo como parte de un proyecto de rehabilitación de tierras. Al financiar medidas de eficiencia energética, el FTJ debe poder apoyar inversiones como las que contribuyen a reducir la pobreza energética, principalmente mejorando la eficiencia energética del parque de viviendas. El FTJ también debe poder apoyar el desarrollo de tecnologías innovadoras de almacenamiento.

(13)

Para proteger a los ciudadanos más vulnerables a la transición climática, el FTJ también debe comprender la mejora de las capacidades y el reciclaje profesional, incluida la formación, de los trabajadores afectados, con independencia de que sigan empleados o hayan perdido su puesto de trabajo como consecuencia de la transición. El FTJ debe tener como objetivo ayudarlos a adaptarse a las nuevas oportunidades de empleo. El FTJ también debe proporcionar toda forma adecuada de apoyo a los solicitantes de empleo, incluida la asistencia en su búsqueda de trabajo y su inclusión activa en el mercado laboral. Todos los solicitantes de empleo que hayan perdido su trabajo en sectores afectados por la transición en una región incluida en el plan territorial de transición justa deben poder optar a recibir apoyo del FTJ, aunque los trabajadores despedidos no residan en esa región. Debe prestarse la debida atención a los ciudadanos en riesgo de pobreza energética, en particular a la hora de aplicar medidas de eficiencia energética para mejorar las condiciones de las viviendas sociales.

(14)

Debe permitirse el apoyo a las actividades en los ámbitos de la educación y la inclusión social, así como el apoyo a las infraestructuras sociales destinadas a los servicios de cuidado de niños y personas mayores y a los centros de formación, siempre que estas actividades estén debidamente justificadas en los planes territoriales de transición justa. En el caso de la asistencia a las personas mayores, debe preservarse el principio de promoción de los cuidados de la comunidad. Los servicios sociales y públicos en esos ámbitos podrían completar la combinación de inversiones. Todo el apoyo en esos ámbitos debe requerir una justificación adecuada en los planes territoriales de transición justa y debe seguir los objetivos del pilar europeo de derechos sociales.

(15)

Debe promoverse la igualdad de género a fin de abordar la situación específica y el papel de las mujeres en la transición a la economía climáticamente neutra. La participación y el espíritu empresarial de las mujeres en el mercado laboral, así como la igualdad salarial, desempeñan un papel importante a la hora de garantizar la igualdad de oportunidades. El FTJ también debe prestar especial atención a los grupos vulnerables que sufren de forma desproporcionada los efectos adversos de la transición, como los trabajadores con discapacidad. Es necesario preservar la identidad de las comunidades mineras y salvaguardar la continuidad entre las comunidades pasadas y futuras, lo que implica prestar especial atención a su patrimonio minero material e inmaterial, incluida su cultura.

(16)

Con el fin de mejorar la diversificación económica de los territorios afectados por la transición, el FTJ debe prestar apoyo a las empresas y a los agentes económicos, en particular mediante el apoyo a las inversiones productivas en las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (12) (pymes). Las inversiones productivas deben entenderse como inversiones en capital fijo o como el activo inmovilizado de una empresa para producir bienes y servicios, de manera que se contribuya a la formación bruta de capital y al empleo. En el caso de las empresas distintas de las pymes, las inversiones productivas solo deben apoyarse si son necesarias para mitigar las pérdidas de puestos de trabajo derivadas de la transición, creando o protegiendo un número significativo de puestos de trabajo, y no conducen a reubicaciones ni son fruto de ellas. Deben permitirse las inversiones en instalaciones industriales existentes, incluidas las sometidas al régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión, si contribuyen a lograr la transición a una economía de la Unión climáticamente neutra de aquí a 2050, se sitúan sustancialmente por debajo de los parámetros de referencia pertinentes establecidos para la asignación gratuita en virtud de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (13), y dan lugar a la protección de un número significativo de puestos de trabajo. Toda inversión de este tipo debe justificarse debidamente en el plan territorial de transición justa correspondiente. Con el fin de proteger la integridad del mercado interior y la política de cohesión, el apoyo que se presta a las empresas debe cumplir las normas sobre ayudas estatales de la Unión establecidas en los artículos 107 y 108 del TFUE y, en particular, el apoyo a las inversiones productivas en empresas distintas de las pymes debe limitarse a las empresas situadas en zonas designadas como asistidas a efectos del artículo 107, apartado 3, letras a) y c), del TFUE.

(17)

Con el fin de ofrecer flexibilidad para la programación de los recursos del FTJ en el marco del objetivo de inversión en empleo y crecimiento, debe ser posible elaborar un programa autónomo del FTJ o programar recursos del FTJ en una o varias prioridades específicas dentro de programas financiados por el FEDER, el FSE+ o el Fondo de Cohesión. De conformidad con el Reglamento (UE) 2021/1060, los recursos del FTJ podrían reforzarse con carácter voluntario con financiación complementaria del FEDER y del FSE+. En tal caso, los importes respectivos transferidos del FEDER y el FSE+ deben estar en consonancia con el tipo de operaciones establecidas en los planes territoriales de transición justa.

(18)

El apoyo del FTJ debe estar supeditado a la implantación efectiva de un proceso de transición en un territorio específico con el fin de lograr una economía climáticamente neutra. A este respecto, los Estados miembros deben elaborar, mediante el diálogo social y la cooperación con las partes interesadas pertinentes, de conformidad con la disposición pertinente del Reglamento (UE) 2021/1060 sobre asociaciones, y con el apoyo de la Comisión, planes territoriales de transición justa, en los que se establece el proceso de transición, en consonancia con sus planes nacionales integrados de energía y clima. Con ese fin, la Comisión debe crear una Plataforma de Transición Justa, que esté basada en la plataforma existente para las regiones carboníferas en transición, a fin de permitir el intercambio bilateral y multilateral de experiencias sobre las lecciones aprendidas y las mejores prácticas en todos los sectores afectados. Los Estados miembros deben velar por que las ciudades y los municipios se impliquen en la ejecución de los recursos del FTJ y que sus necesidades en ese contexto se tengan en cuenta.

(19)

Los planes territoriales de transición justa deben identificar los territorios más perjudicados, en los que ha de concentrarse la ayuda del FTJ, y describir las medidas específicas que deben adoptarse para alcanzar los objetivos de la Unión para 2030 en materia de energía y clima y una economía de la Unión climáticamente neutra de aquí a 2050, en particular por lo que respecta a la conversión o el cierre de instalaciones que impliquen la producción de combustibles fósiles u otras actividades que generen una gran cantidad de gases de efecto invernadero. Estos territorios deben definirse con precisión y deben corresponderse con el nivel 3 de la nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas (en lo sucesivo, «regiones del nivel NUTS 3»), tal como establece el Reglamento (CE) n.o 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (14), o formar parte de ellas. Los planes deben indicar los retos y las necesidades de dichos territorios, teniendo en cuenta el riesgo de despoblación, e identificar el tipo de operaciones necesarias para contribuir a la creación de empleo a nivel de los beneficiarios del plan y de manera que se garantice el desarrollo coherente de actividades económicas resistentes al cambio climático que también sean congruentes con la transición a una economía climáticamente neutra y los objetivos del Pacto Verde Europeo. Al identificar tales territorios, debe prestarse atención adicional a las particularidades de las islas, las zonas insulares y las regiones ultraperiféricas, en las que las características geográficas y socioeconómicas pueden requerir un planteamiento diferente para apoyar el proceso de transición hacia una economía climáticamente neutra. Solo las inversiones conformes con los planes territoriales de transición justa deben recibir apoyo financiero del FTJ. Los planes territoriales de transición justa deben formar parte de los programas, apoyados según corresponda por el FEDER, el FSE+, el Fondo de Cohesión o el FTJ, que sean aprobados por la Comisión.

(20)

Con el fin de que la utilización de los recursos del FTJ esté más orientada a la obtención de resultados, la Comisión, en consonancia con el principio de proporcionalidad, debe poder aplicar correcciones financieras en caso de quedar muy por debajo del logro de las metas establecidas para el objetivo específico del FTJ.

(21)

A fin de establecer un marco financiero adecuado para el FTJ, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución para que establezca el desglose anual de los recursos disponibles por Estado miembro.

(22)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, apoyar a la población, la economía y el medio ambiente de los territorios que afrontan una transformación económica y social en su transición a una economía climáticamente neutra, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros a causa de las disparidades en los niveles de desarrollo de los diversos territorios y del retraso de los territorios menos favorecidos, así como de lo limitado de los recursos financieros de los Estados miembros y los territorios, sino que debido a la necesidad de un marco de ejecución coherente que abarque varios fondos de la Unión en régimen de gestión compartida, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(23)

Habida cuenta de que el presente Reglamento se adopta tras el inicio del período de programación y que es necesario ejecutar el FTJ de modo coordinado y armonizado, y a fin de posibilitar su rápida aplicación, debe entrar en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

a)

el desmantelamiento o la construcción de centrales nucleares;

b)

la fabricación, la transformación y la comercialización de tabaco y productos del tabaco;

c)

una empresa en crisis, tal como se define en el artículo 2, punto 18, del Reglamento (UE) n.o 651/2014 de la Comisión (18), a menos que esté autorizada en virtud de normas temporales sobre ayudas estatales establecidas para hacer frente a circunstancias excepcionales o en el marco de ayudas de minimis para apoyar inversiones que reduzcan los costes energéticos en el contexto del proceso de transición energética;

d)

las inversiones relacionadas con la producción, la transformación, el transporte, la distribución, el almacenamiento o la combustión de combustibles fósiles.