1.   

Toma nota con satisfacción de que, en su Informe Anual relativo al ejercicio 2018, el Tribunal de Cuentas (en lo sucesivo, «Tribunal») observa que no se han detectado insuficiencias significativas respecto de las cuestiones examinadas relativas a los recursos humanos y la contratación pública del Comité de las Regiones (en lo sucesivo, «Comité»);

2.   

Acoge con satisfacción la conclusión del Tribunal de que el conjunto de los pagos correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2018 para los gastos administrativos del Comité estaban exentos de errores significativos y de que los sistemas de control y supervisión examinados eran eficaces;

3.   

Lamenta, como observación general, que el capítulo 10 («Administración») del Informe Anual del Tribunal relativo al ejercicio 2018 tenga un alcance y unas conclusiones relativamente limitados, si bien la rúbrica 5 («Administración») del marco financiero plurianual se considera «de bajo riesgo»;

4.   

Toma nota de que el Tribunal seleccionó una muestra de 45 operaciones correspondientes a la rúbrica 5 del marco financiero plurianual («Administración») de todas las instituciones y órganos de la Unión; observa que esta muestra se concibió para que fuera representativa del conjunto de gastos con cargo a la rúbrica 5, que representa un 6,3 % del presupuesto de la Unión; toma nota de que la labor del Tribunal indica un gasto administrativo de bajo riesgo; considera, no obstante, que el número de las operaciones seleccionadas en relación con las «otras instituciones» no es suficiente y pide al Tribunal que aumente el número de operaciones que deben ser examinadas en un 10 % como mínimo;

5.   

Toma nota de que en 2018 el presupuesto del Comité ascendió a 96 101 000 EUR (frente a 93 295 000 EUR en 2017), lo que constituye un incremento del 3 %; observa que el 99,3 % de todos los créditos se comprometieron a finales de 2018 (frente al 98 % en 2017 y al 98,7 % en 2016) y que el 91 % se pagó en 2018 (frente al 89,9 % en 2017 y el 89,6 % en 2016);

6.   

Celebra la buena y prudente gestión financiera en su conjunto del Comité en el período presupuestario 2018; se congratula de que el porcentaje de compromisos para el título 1 («Gastos relativos a las personas vinculadas al Comité») sea del 99,1 % y del 99,6 % para el título 2 («Inmuebles, material y gastos diversos de funcionamiento»);

7.   

Toma nota de la respuesta del Comité sobre el porcentaje de ejecución de los pagos (76,9 % en 2018, 77,1 % en 2017 y 74,5 % en 2016) para el título 2; observa que las facturas, principalmente de mantenimiento y consumo de energía, llegan solo al principio del año siguiente; pide al Comité que mejore la situación, en la medida de lo posible, mediante el establecimiento de condiciones de pago equilibradas a lo largo del año en los contratos de servicios correspondientes;

8.   

Toma nota de los créditos no utilizados en varias líneas presupuestarias, como el 59 % de los cursos para los miembros (artículo 105), el 33,3 % de las misiones para el personal (artículo 1 6 2), el 77,9 % del servicio médico (partida 1 6 3 4), y el 92,7 % del acondicionamiento de los locales (partida 2007); recuerda la necesidad de adoptar medidas para minimizar las sobreestimaciones presupuestarias;

9.   

Subraya que, a pesar de sus actividades políticas, el presupuesto del Comité se considera puramente administrativo y representa el 1 % de la rúbrica 5 («Administración») del presupuesto de la Unión; celebra los esfuerzos del Comité por aplicar principios presupuestarios basados en el rendimiento en sus operaciones diarias y su voluntad de seguir mejorando junto con las demás instituciones y órganos de la Unión; toma nota de los satisfactorios instrumentos, como los exámenes de la ejecución presupuestaria, destinados a hacer un seguimiento y contribuir a mejorar los porcentajes de ejecución presupuestaria del Comité; celebra en su conjunto el enfoque orientado al rendimiento del Comité;

10.   

Observa que el Comité mantiene un registro central para la notificación de excepciones relacionadas con el incumplimiento de los procedimientos internos y medidas correctoras; se congratula de que el número total de excepciones financieras disminuyera un 6,8 % con respecto a 2017;

11.   

Acoge con satisfacción los esfuerzos del Comité por reducir el plazo medio de pago (de conformidad con el Reglamento Financiero, los pagos deben efectuarse en un plazo de 30 días) a 16 días por término medio en 2018, lo que supone el mejor resultado en 10 años (frente a 23 días en 2017, 26 días en 2016 y 20 días en 2015); observa que en 2018 no se registró ningún caso de pago de intereses de demora obligatorios;

12.   

Toma nota de que el Comité ha puesto en marcha un ejercicio para las 16 normas de control interno (NCI) mediante un cuestionario destinado a evaluar el cumplimiento y la eficacia de los requisitos especificados para cada NCI; observa el resultado positivo de dicha evaluación y sus conclusiones de centrarse en gran medida en la NCI 3 (asignación de personal), la NCI 10 (continuidad operativa) y la NCI 12 (información y comunicación), teniendo en cuenta los retos futuros, como un nuevo mandato y el 25.o aniversario del Comité;

13.   

Constata que el seguimiento de la función de auditoría interna corre a cargo de un comité de auditoría compuesto por un miembro de cada grupo político de la Comisión de Asuntos Financieros y Administrativos del Comité y un asesor externo de alto nivel; toma nota de que el objetivo de 2018 de cerrar el 75 % de las recomendaciones muy importantes al cabo de seis meses se logró en un porcentaje del 50 %, y de que el objetivo de cerrar el 100 % de las recomendaciones muy importantes al cabo de doce meses se logró en un porcentaje del 100 %;

14.   

Reitera la importancia de la cooperación interinstitucional, como los acuerdos de nivel de servicio para las políticas de recursos humanos y otros acuerdos administrativos; pide al Comité que informe a la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento de los importes abonados con arreglo a los acuerdos en el próximo informe anual de actividades;

15.   

Destaca la importancia de fomentar la participación de los entes regionales y locales, habida cuenta de su papel en la aplicación de las políticas de la Unión;

16.   

Toma nota de que el acuerdo de cooperación administrativa formalizado entre el Comité, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) y el Parlamento en 2014 expiró el 31 de diciembre de 2019; observa que hasta el momento no se ha renegociado o prorrogado el acuerdo de 2014; considera que el acuerdo de 2014 fue muy desequilibrado para el Comité y el CESE (en lo sucesivo, «Comités»), que transfirieron a un total de 60 traductores al Parlamento (24 del Comité) y que, a cambio, obtuvieron solo el uso de los servicios del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS); observa con preocupación que, como consecuencia de lo anterior, los Comités tuvieron que contratar personal contractual y externalizar sus servicios de traducción; observa con preocupación que, para compensar la reducción del personal en la traducción, el Parlamento ha aportado un importe adicional (1 200 000 EUR de 2015 a 2016) a los Comités para cubrir la externalización de los servicios de traducción, importe que se puede reasignar a otros ámbitos de actividad si no se utiliza totalmente para la traducción externa; considera que estas circunstancias no se ajustan a los criterios de una buena y prudente gestión financiera y deben revisarse en caso de prórroga del presente acuerdo o en la negociación de un nuevo acuerdo; reconoce que, desde un punto de vista político, el acuerdo debe actualizarse para hacer frente a los retos actuales, como el nuevo marco financiero plurianual o las nuevas normas en materia de política de cohesión, entre otros;

17.   

Acoge con satisfacción la campaña «Reflexionar sobre Europa/Futuro de Europa», que contó con más de 209 actos realizados en total (hasta febrero de 2019); observa que el Comité está dando seguimiento a este éxito desarrollando un modelo, junto con las otras instituciones y órganos de la Unión, para las consultas que están teniendo lugar a los ciudadanos de la de la Unión, con el fin de combinar debates locales con un mecanismo de intercambio de información para informar a los responsables de la toma de decisiones a nivel de la Unión; pide al Comité que informe sobre los resultados logrados en su próximo informe anual de actividades;

18.   

Celebra, por razones de transparencia, la inclusión de la lista de actos para 2017 y 2018 en el contexto de la campaña «Reflexionar sobre Europa/Futuro de Europa» en el informe anual de actividades del Comité; toma nota de los nombres de los miembros del Comité participantes, el título, la fecha y el lugar de cada acto y el coste total, que ascendió a 41 747,87 EUR en 2018 (frente a 45 505,93 EUR en 2017);

19.   

Valora el éxito del Comité en las redes sociales, con 12 658« «me gusta» en Facebook en 2018 (frente a 9 013 en 2017) y 3 727 seguidores en Twitter en 2018 (frente a 3 425 en 2017); reconoce el éxito en el uso de la encuesta en línea/aplicación móvil «Have your say on Europe!» (Dé su opinión sobre Europa) en toda la Unión; felicita al Comité por su nueva página web, con 101 983 visualizaciones en 2018 (frente a 43 748 en 2017); acoge con satisfacción el curso en línea abierto de enero de 2018 con el título «make the most of EU resources for your region or city» (Aproveche al máximo los recursos de la UE para su región o ciudad), con casi 15 000 participantes (frente a 8 500 en 2015 y 5 500 en 2016);

20.   

Acoge con satisfacción los logros del Comité en cuanto al aumento de la publicación de estudios, que ascienden a 27 y que superan el objetivo de 15; observa que todos esos estudios se han publicado en el sitio web del Comité;

21.   

Observa que el acuerdo entre los Comités y la Comisión sobre el intercambio del edificio VMA de la Comisión por los edificios B68/TRE74 de los Comités se firmó el 28 de agosto de 2019; toma nota de que el intercambio será efectivo el 16 de septiembre de 2022; observa con preocupación que la principal prioridad señalada por la política inmobiliaria de los Comités es la concentración geográfica de los edificios; observa con preocupación que este intercambio supone una pérdida de espacio de oficinas de 10 440 m2 para los Comités y, por tanto, la necesidad de encontrar oficinas adicionales para acoger aproximadamente a 200 miembros del personal tras el intercambio que no pueden ser totalmente absorbidos con medidas alternativas a corto plazo, como el uso más intensivo del espacio en los demás edificios o un aumento del teletrabajo, sino que requerirán la adquisición de otro edificio adyacente para compensar esta reducción; señala asimismo la necesidad de renovar el edificio VMA a corto o medio plazo; teme las consecuencias que este acuerdo tendrá no solo para las finanzas del Comité, sino también para el bienestar del personal afectado; lamenta que no se haya consultado al servicio jurídico sobre una cuestión de tal alcance e importancia para el Comité;

22.   

Observa que los Comités han creado recientemente un grupo de trabajo para preparar un nuevo análisis con el fin de encontrar soluciones adecuadas; observa que otro grupo de trabajo ha recibido el encargo de reflexionar sobre nuevas formas de trabajar; destaca que las consecuencias negativas resultantes del intercambio de edificios no deben perjudicar en ningún caso al bienestar, las formas de trabajar y el espacio de trabajo del personal; recuerda el requisito de que se consulte a los miembros del personal sobre el intercambio de edificios y que se tenga en cuenta su opinión; pide a los Comités que informen a la Comisión de Control Presupuestario y a la Comisión de Presupuestos del Parlamento sobre los resultados obtenidos;

23.   

Expresa su profunda preocupación por la confirmación de la presencia de amianto en lugares críticos del edificio VMA, incluida la zona de aparcamiento; lamenta el hecho de que se llevara a cabo un inventario, encargado a un contratista externo especializado, en septiembre de 2019, solo un mes después de la firma del acuerdo con la Comisión; lamenta que el acuerdo se firmara sin informar a todas las partes interesadas a su debido tiempo sobre la posible presencia de amianto en el edificio VMA; lamenta asimismo el hecho de que los miembros y el personal no hayan sido informados de la situación y no considera suficiente que la información se haya publicado en la intranet del Comité, donde es difícil de encontrar;

24.   

Observa que los Comités recibieron un certificado de seguridad relativo al amianto para el edificio VMA en septiembre de 2019 y que este certificado especifica que el edificio contiene amianto sin riesgo para el uso normal del edificio; expresa su profunda preocupación por la evolución futura de la cuestión, teniendo en cuenta especialmente que el próximo uso del edificio no será el normal, sino que se someterá a obras de remodelación;

25.   

Observa que los efectos para la salud humana de una exposición al amianto prolongada y sin protección están bien documentados y son siempre una fuente de preocupación y alarma entre la población en general; pide a ambos Comités que sigan una política de transparencia e información total y proactiva sobre la gestión de la situación antes y después de la ocupación efectiva del edificio VMA, evitando al mismo tiempo el alarmismo;

26.   

Toma nota de la estrategia inmobiliaria del Comité, aprobada el 29 de noviembre de 2017, con la prioridad de «concentración geográfica» y «conexión física» al edificio principal de los Comités, el edificio Jacques Delors, que aporta importantes beneficios financieros y no financieros; de que el edificio VMA requerirá una renovación de poca importancia que habrá de realizarse lo antes posible (de 2020 a 2022) y una renovación más profunda cuando los Comités se hayan convertido plenamente en propietarios del edificio VMA en 2028; de que los costes correrán a cargo de los Comités con arreglo a la clave de reparto aplicable en el marco del acuerdo de cooperación administrativa;

27.   

Acoge con satisfacción todas las medidas aplicadas hasta la fecha para garantizar unas normas de seguridad o ciberseguridad adecuadas; observa que, tras la instalación del nuevo equipo de control de acceso y las medidas de seguridad informática, las normas de seguridad correspondientes han alcanzado el mismo nivel que las normas del Parlamento y de la Comisión;

28.   

Lamenta el hecho de que el Comité todavía no disponga de un marco jurídico con el que abordar los casos de acoso que afectan a sus miembros; reitera el llamamiento del Defensor del Pueblo Europeo a las instituciones de la Unión para que adopten normas en materia de acoso aplicables a sus miembros; pide al Comité que adopte con urgencia dichas normas, con arreglo a la Decisión de la Mesa del Parlamento, de 2 de julio de 2018, sobre las quejas por acoso; pide al Comité que informe sobre sus medidas de seguimiento al Parlamento;

29.   

Insta al Comité a que redoble sus esfuerzos relacionados con el código de conducta previsto para sus miembros en relación con la prevención de los conflictos de intereses y la lucha contra ellos; pide asimismo al Comité que vele por que en sus sitios web se publiquen las normas y los procedimientos correspondientes;

30.   

Reconoce la existencia de un sólido mecanismo que el Comité ha establecido para abordar los casos de acoso que afectan a los miembros del personal únicamente con normas internas que aplican las disposiciones pertinentes del Estatuto de los funcionarios; acoge con satisfacción la impartición de cursos de formación para todo el personal sobre la prevención del acoso, centrándose en las normas, disposiciones y procedimientos en vigor relativos a las quejas por acoso; toma nota de que el Comité cuenta con un equipo operativo compuesto por consejeros confidenciales (seis están nombrados en la actualidad y dos han sido incluidos en una lista de reserva) que han recibido formación antes de asumir sus funciones;

31.   

Toma nota de que los créditos para la externalización de la traducción aumentaron en el contexto del acuerdo de cooperación firmado con el Parlamento y la consiguiente reducción del personal de traducción; de que en 2018 la externalización de la traducción alcanzó el 20,2 %, ligeramente por encima del objetivo del 20 %, también debido en parte a la elevada carga de trabajo (un 21 % más que en el mismo período de 2017); de que, además, el coste total de la traducción externa en 2018 fue de 3 251 855 EUR, frente a los 5 263 108 EUR que habría costado en total la traducción interna;

32.   

Reconoce los esfuerzos de los Comités, que se han traducido en una importante reorganización en el marco de una nueva estrategia para un multilingüismo más eficiente en el uso de los recursos; lamenta que, entre 2014 y 2017, las transferencias de puestos de los servicios lingüísticos a los servicios del Parlamento necesitaran compensarse con un aumento del personal contractual; pide al Comité que informe periódicamente al Parlamento de los cambios que se produzcan en este ámbito;

33.   

Toma nota del informe de evaluación sobre el proyecto piloto de gestión común de algunas unidades de traducción que ha señalado, aparte de una reducción de los gastos generales de gestión, la creación de sinergias adicionales en el nivel de asistencia a la traducción una vez que todas las unidades de traducción estén fusionadas y se reúnan todas las condiciones técnicas necesarias; constata que la Mesa del Comité dio mandato a su secretario general para que elaborase y propusiese un nuevo organigrama, en cooperación con el secretario general del CESE; toma nota de que se confirmó la fusión de las unidades piloto y de que en 2019 han de tener lugar dos fusiones más; pide al Comité que informe al Parlamento de todas las medidas adoptadas para que la producción de traducción sea sostenible;

34.   

Toma nota de los esfuerzos por simplificar aún más los procesos en materia de recursos humanos, en particular mediante la introducción gradual de flujos de trabajo sin papel, por ejemplo, en lo que se refiere a facturas, misiones y expedientes; pide al Comité que redoble sus esfuerzos en relación con la modernización de sus procedimientos de contratación pública relacionados con las herramientas informáticas, creando un flujo de trabajo electrónico que permita prescindir del papel; toma nota de los buenos progresos realizados con la facturación electrónica, que ahora está plenamente operativa desde un punto de vista informático;

35.   

Constata un organigrama de 538 miembros del personal en 2018 (frente a 533 en 2017); celebra que el índice de puestos de trabajo vacantes en 2018 (menos del 2 %) fuera más bajo que en 2017 (aproximadamente del 2,5 %); acoge con gran satisfacción el hecho de que se haya iniciado un ejercicio de evaluación de la carga de trabajo en 2018 para tener una visión general de la eficiencia en el uso de los recursos humanos en el Comité y detectar posibles lagunas; toma nota de que el informe final se presentó en la primavera de 2019; pide un seguimiento detallado en el próximo informe anual de actividades del Comité;

36.   

Acoge con satisfacción la introducción de un nuevo sistema de evaluación centrado en el rendimiento individual y un nuevo sistema de promoción basado en el mérito, que fue objeto de un intenso diálogo social en 2018; reconoce que la aplicación de un plan de acción a raíz de una encuesta de satisfacción del personal organizada a finales de 2016 dio lugar a un programa de gestión para directivos de nivel intermedio e inferior que abarcaba temas relacionados con la satisfacción del personal;

37.   

Celebra el hecho de que el índice de absentismo haya disminuido a lo largo de los años (del 4,86 % en 2015, el 4,6 % en 2016 y el 4,5 % en 2017 al 4,29 % en 2018); observa, no obstante, que 23 miembros del personal estuvieron de baja por enfermedad durante más de 90 días en 2018, incluidos tres casos de bajas por enfermedad de una duración de 352, 296,5 y 280,5 días, respectivamente, y que correspondían a enfermedades graves; reconoce la política global del Comité sobre gestión de las ausencias, incluido el seguimiento de las ausencias y la aplicación de una política estructurada en materia de reincorporación al trabajo;

38.   

Acoge con satisfacción, en relación con la igualdad de oportunidades, todas las medidas adoptadas en materia de discapacidad, diversidad y equilibrio de género, como la red de puntos de contacto locales de igualdad de oportunidades en las respectivas direcciones para aumentar la sensibilización y aplicar medidas en todos los departamentos del Comité; celebra los esfuerzos del Comité en relación con unas condiciones de trabajo flexibles a fin de permitir a los trabajadores de ambos sexos llevar a cabo tareas de dirección al mejorar la conciliación de sus responsabilidades familiares y profesionales;

39.   

Toma nota con interés de que el Comité ha adoptado una estrategia integrada de gestión del talento que abarca una amplia gama de ámbitos y políticas para contribuir en última instancia al rendimiento y al compromiso del personal; observa que el nivel de jefes de unidad adjuntos, jefes de sector y jefes de equipo ha sido oficialmente reconocido como nuevo nivel directivo y que el Comité organizó los correspondientes cursos de formación internos;

40.   

Reconoce los esfuerzos del Comité para conseguir un equilibrio geográfico en sus puestos directivos, en particular por lo que se refiere a los Estados miembros que se adhirieron a la Unión en 2014 o después, lo que ha llevado a alcanzar un porcentaje del 22,2 % de directivos de esos Estados miembros (frente al objetivo del 20 %), ligeramente por encima de la proporción de su población en la Unión;

41.   

Toma nota de las dificultades del Comité para aumentar el porcentaje de mujeres en puestos directivos de nivel intermedio y superior (un 35,6 % de mujeres en puestos directivos); reconoce el hecho de que el Comité es un órgano de tamaño limitado con un grupo relativamente joven de directivos de nivel intermedio; toma nota de los esfuerzos realizados, como la guía de buenas prácticas en materia de contratación, que se ha reelaborado en una instrucción de servicio, introduciendo una norma vinculante para incluir a miembros tanto masculinos como femeninos en todos los comités de selección; pide al Comité que incremente sus esfuerzos e informe al Parlamento de las mejoras logradas;

42.   

Reitera la necesidad de racionalizar y acelerar el procedimiento de aprobación de la gestión; propone, en este sentido, que la fecha límite para la presentación de los informes anuales de actividades sea el 31 de marzo del año siguiente al del ejercicio contable; acoge con satisfacción la disposición del Comité a seguir esta buena práctica, lo que debería contribuir a respaldar la solicitud de abreviar el calendario del procedimiento de aprobación de la gestión;

43.   

Celebra que, en general, la evaluación intermedia finalizada a principios de 2018 concluyera que el acuerdo de cooperación interinstitucional entre los Comités estaba funcionando bien; observa que los servicios conjuntos trabajan para los dos Comités en los ámbitos de la traducción, las infraestructuras, la logística y las tecnologías de la información; toma nota de que, junto con los gastos relacionados con los salarios correspondientes, el valor monetario anual de los servicios conjuntos supera los 100 millones EUR;

44.   

Señala que el acuerdo de cooperación entre los Comités, firmado en 2016, establece un marco jurídico sólido para una cooperación a largo plazo, eficiente y eficaz, y demuestra que los Comités actúan como socios, pero respetando al mismo tiempo las competencias y prerrogativas de cada uno; observa que el acuerdo expiró el 31 de diciembre de 2019 y que se decidió prorrogarlo por un período de un año mientras se negocia un nuevo acuerdo; pide a los Comités que hagan los esfuerzos necesarios para celebrar un nuevo acuerdo lo antes posible a fin de posibilitar nuevas sinergias y ahorros;

45.   

Recuerda que, una vez más, los Comités dedicaron menos del 3 % de su presupuesto total a las tecnologías de la información y que los proyectos y equipos informáticos adolecen de una financiación insuficiente desde hace varios años; observa con preocupación que, con el fin de salvar los retrasos en relación con los proyectos y sistemas informáticos, los Comités siguen recurriendo a prácticas de transferencias de remanentes al final del ejercicio para financiar los proyectos informáticos; pide a los Comités que apliquen lo antes posible la nueva estrategia digital y el plan plurianual de gasto en tecnologías de la información;

46.   

Pide al Comité que siga analizando la situación para determinar otros ámbitos en los que establecer servicios conjuntos con el CESE; subraya que este tipo de cooperación interinstitucional podría reducir significativamente el gasto global del Comité; pide al Comité que informe a la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento sobre todos los resultados obtenidos;

47.   

Felicita al Comité por su formación en línea con un área específica dedicada a la ética, destinada principalmente a los recién llegados y situada en la primera página de la intranet del Comité para un fácil acceso para todos; valora, en aras de la transparencia, la publicación en el sitio web del Comité de las políticas, como los procedimientos de denuncia de irregularidades y las políticas sobre las actividades profesionales de los antiguos altos funcionarios; anima al Comité a que siga adelante con una verdadera política de digitalización de sus servicios;

48.   

Recuerda que, el 23 de agosto de 2018, un antiguo auditor interno presentó una queja contra el Comité ante la autoridad facultada para proceder a los nombramientos, sobre la base del artículo 90, apartado 2, del Estatuto de los funcionarios, a raíz de la decisión del Comité de 24 de mayo de 2018 de negarse a reconocerle como denunciante de buena fe; lamenta profundamente la decisión del Comité que está en contradicción con la posición del Parlamento de que el auditor interno es un denunciante de buena fe, confirmada en la Resolución del Parlamento sobre la aprobación de la gestión de 2001 (1); anima al Comité a que reconozca plenamente la condición del auditor interno y a que exprese una disculpa pública por la mala gestión de su caso;

49.   

Toma nota de que, el 20 de diciembre de 2019, el Comité presentó una propuesta al antiguo auditor interno para llegar a un acuerdo amistoso sujeto a un acuerdo de no divulgación, propuesta que fue rechazada por el antiguo auditor interno por falta de transparencia; anima al Comité a revisar su propuesta a fin de reconocer formalmente al antiguo auditor interno como denunciante de buena fe y permitir que todos los acuerdos de conciliación sean públicos en aras de la transparencia;

50.   

Lamenta que la puesta en marcha del proceso de mediación entre el Comité y el antiguo auditor interno, solicitada en la Resolución del Parlamento sobre la aprobación de la gestión de 2017 (2), no haya tenido lugar aún y solo esté prevista para principios de 2020; lamenta, asimismo, que el Comité haya tardado más de veinte años en iniciar un proceso de mediación con el antiguo auditor interno; reitera su firme apoyo, expresado en numerosas resoluciones del Parlamento, a un acuerdo justo y leal con el antiguo auditor interno y a la disculpa pública del Comité por sus irregularidades en la tramitación del caso;

51.   

Toma nota de la decisión de la tercera comisión de invalidez que confirma por unanimidad que el auditor interno obtuvo una declaración de invalidez por motivos profesionales, y que fue objeto de acoso por parte del Comité;

52.   

Toma nota de que, el 20 de diciembre de 2019, el Comité presentó una propuesta de acuerdo amistoso y un proyecto de declaración pública, que fue rechazado por el antiguo auditor interno, quien expresó el deseo de que se activase un proceso de mediación como el vehículo más adecuado para una resolución justa del caso;

53.   

Acoge con satisfacción el nombramiento de la diputada del Parlamento Europeo Sophie in t’Veld como mediadora en el caso, con vistas a alcanzar un compromiso entre el antiguo auditor interno y el Comité; recuerda su petición de que tal mediación abordara asimismo la condición de denunciante de buena fe del antiguo auditor interno (como reconoció el Parlamento en su Resolución de aprobación de la gestión de 2001) y el hecho de que actuó en beneficio de la Unión informando de irregularidades en las instituciones de la Unión;

54.   

Pide que el Comité acepte sin demora la mediación para aplicar la decisión de la tercera comisión de invalidez, adoptando todas las medidas necesarias para responder a las peticiones formuladas por el Parlamento en sus resoluciones anteriores;

55.   

Toma nota de que, en el contexto de su política sobre «puertas giratorias», el Comité vela por que a todo el personal que abandona el servicio y, en particular, los directivos de nivel superior, se le recuerde de manera proactiva y sistemática la obligación de declarar su intención de participar en una actividad profesional; celebra que el Comité recuerde también al personal que abandona el servicio de forma temporal para una excedencia sin derecho a sueldo por interés personal o por invalidez sus obligaciones con arreglo al artículo 16 del Estatuto de los funcionarios y la Decisión interna del Comité n.o 66/2014 sobre actividades y tareas externas;

56.   

Toma nota de que el Consejo estableció que, a partir de la fecha en que la retirada del Reino Unido de la Unión pase a ser jurídicamente efectiva, tres de los 24 escaños asignados al Reino Unido se atribuirán a Estonia, Chipre y Luxemburgo; señala que el número de escaños del Comité se reduce, por lo tanto, en 21 solamente;

57.   

Pone de relieve todos los resultados logrados en los últimos años, en ámbitos como la presupuestación basada en el rendimiento, el marco ético con todas sus normas y procedimientos conexos, las actividades de comunicación reforzadas y el creciente número de medidas para mejorar la transparencia; acoge con satisfacción la importante cantidad de acuerdos interinstitucionales en materia de servicios y cooperación; subraya la importancia de la colaboración y del intercambio de experiencias entre las instituciones y organismos de la Unión; propone que el Comité estudie la posibilidad de formalizar actividades para la creación de redes en distintos ámbitos con el fin de intercambiar las mejores prácticas y desarrollar soluciones comunes.