15.1.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 11/49

1.1

La política europea de ayudas estatales tiene una importancia estratégica para la UE en una economía globalizada altamente competitiva.

1.2

El CESE considera que la reforma propuesta por la Comisión en su Comunicación debe ser apoyada, habida cuenta de sus objetivos:

1.3

El CESE comparte la visión de la Comisión de que hay que reforzar un vínculo positivo entre las ayudas estatales eficaces y el objetivo de alcanzar un crecimiento sostenible e integrador. Una política específica de ayudas estatales permitirá estimular la innovación (incluida la innovación social), el uso de tecnologías ecológicas y el desarrollo de capital humano a la vez que se evitan los perjuicios medioambientales. Bien enfocada, una política dinámica de ayudas públicas puede contribuir activamente a alcanzar niveles elevados de empleo y de cohesión social.

1.4

Esta reforma ambiciosa en sus objetivos, modalidades y calendario necesita, no obstante, precisiones sobre una serie de puntos.

1.5

El CESE pide a la Comisión que aclare algunos conceptos que se mencionan en la comunicación:

1.6

El CESE plantea una serie de interrogantes sobre las reformas previstas:

1.7

El CESE propone también una serie de cambios que le parecen necesarios en vista de la necesidad, reconocida por la Comisión y el Consejo, de apoyar a las PYME, especialmente cuando han de soportar la presión competitiva de empresas de terceros países que se benefician de ayudas estatales directas e indirectas más importantes en volumen y más opacas en lo que a su concesión se refiere.

1.7.1

Dada la pequeñez de su importe, sus efectos positivos para las PYME y su impacto limitado en el mercado interior, el CESE propone incrementar, de manera permanente, el umbral de las ayudas de minimis de 200 000 a 500 000 euros, calculado para un período de tres años consecutivos para cada empresa, a semejanza de lo que se ha decidido para los servicios de interés económico general.

1.7.2

Habida cuenta de la necesidad de ayudar a las PYME europeas a ampliar su mercado internacional, el CESE propone una modificación del artículo 27.3 del Reglamento general de exención por categorías no 800/2008 en el sentido de declarar compatibles con el mercado común las ayudas destinadas a las PYME para que puedan participar en ferias y exposiciones durante un período limitado a tres años consecutivos.

1.8

A la luz de su experiencia, el CESE formula tres recomendaciones prácticas a la atención de la Comisión:

2.1

La Comisión tiene la intención de reformar la política europea sobre ayudas estatales en tres direcciones principales:

2.2

Esta reforma surge a raíz de una valoración poco favorable de la política actual:

2.3

Para poner remedio a esta situación en un contexto en el que debe aprovecharse todo el potencial del mercado único (energía, transportes, tecnologías digitales), la Comisión propone que se proceda a una reforma ambiciosa en sus objetivos, modalidades y calendario.

2.4

La reforma propuesta es ambiciosa en sus objetivos porque se trata, en primer lugar, de poner al servicio del crecimiento europeo una de las políticas de la Unión más antiguas e integradas y, en segundo lugar, de introducir mejoras bastante radicales en los procedimientos, aunque en la comunicación no se dan cifras ni detalles al respecto.

2.5

La reforma propuesta es ambiciosa en sus modalidades puesto que la Comisión propone llevar a cabo un conjunto coherente de revisiones simultáneas en el marco de una «estrategia integrada»:

2.6

La reforma propuesta es ambiciosa en su calendario dado que la Comisión pretende aprobar las propuestas de revisión de los Reglamentos de procedimiento y de habilitación en el otoño de 2012, y la de los demás elementos del «paquete» a finales de 2013, es decir, antes de la entrada en vigor de las perspectivas financieras 2014-2020.

3.1.1

El CESE aprueba los objetivos anunciados por la Comisión en su Comunicación, que tienen por objeto «facilitar el tratamiento de la ayuda bien diseñada, destinada a cubrir deficiencias del mercado identificadas y a objetivos de interés común», gracias a una concentración de los controles en los asuntos que tengan mayor incidencia sobre el mercado interior, racionalizando las normas y acelerando la toma de decisiones.

Este planteamiento forma parte de una evolución más general del Derecho de la competencia, ya se trate del Derecho sobre prácticas anticompetitivas (acuerdos restrictivos y abusos de posición dominante) o del control de las concentraciones.

3.1.2

Prácticas anticompetitivas: con la «modernización de las normas sobre competencia» introducida por el Reglamento no 1/2003 (1) y los textos que lo acompañan se inició una descentralización en la aplicación de las normas sobre competencia, a través de la supresión del sistema de notificación previa. La Comisión se encuentra así en condiciones de centrar su acción en la lucha contra las restricciones y abusos más graves, en particular los cárteles. Esta modernización fue acompañada por un fortalecimiento de la cooperación entre, por una parte, las autoridades nacionales de la competencia organizadas en red y, por otra, la Comisión.

3.1.3

Control de las concentraciones: el comisario J. Almunia ha anunciado recientemente la posibilidad de una próxima reforma del sistema europeo de control de las concentraciones al objeto, principalmente, de que la Comisión pueda centrarse en las concentraciones que más puedan afectar al mercado (2). A corto plazo, se trataría de simplificar la tramitación de los casos menos problemáticos mediante la mejora del «procedimiento simplificado» y de revisar el procedimiento de notificación previa. A más largo plazo, el propio régimen de control de las concentraciones podría ser revisado a través de un examen de las adquisiciones minoritarias que no dan lugar a control y de una mejor coordinación entre los sistemas nacionales y europeo en lo que a umbrales y remisiones se refiere.

3.2.1

El Comité reitera su apoyo a un marco general para las ayudas estatales articulado en torno a los siguientes criterios (3):

3.3.1

El CESE entiende que una concentración del control de la Comisión en los casos más problemáticos se basaría principalmente en una ampliación de las medidas de ayuda exentas de la obligación de notificación. Esto iría necesariamente acompañado de una mayor responsabilización de los Estados miembros. Sin embargo, el CESE señala la necesidad de tener en cuenta las características específicas del Derecho relativo a las ayudas estatales. En efecto, el Estado y, en general, todas las instancias estatales y públicas que pueden conceder ayudas, son de alguna manera «juez y parte».

3.3.2

Un incremento de las responsabilidades de los Estados miembros en materia de control de las ayudas podría conducir a una aplicación subjetiva de las normas por parte de los Estados miembros, dando lugar a maniobras desleales entre Estados con el regreso de un patriotismo económico que generaría al final más incertidumbre jurídica para las empresas.

3.3.3

Cabe imaginar varias vías para minimizar estos riesgos:

3.4.1

La Comisión y los Estados miembros han demostrado su capacidad de respuesta ante la crisis económica y financiera entre 2008 y 2011, mediante la adopción de un conjunto de textos específicos (5). Gracias principalmente a una mayor cooperación de los Estados miembros y a una fuerte movilización de los servicios de la Comisión, ha sido posible tomar decisiones en plazos muy breves, en beneficio de los Estados y de las empresas.

3.4.2

Sin embargo, los procedimientos siguen siendo en general demasiado largos y complejos para las partes interesadas. El CESE, por lo tanto, apoya el compromiso de la Comisión de reducir las largas demoras en el procesamiento de los expedientes, mejorando las prácticas administrativas y solicitando la responsabilidad de los Estados miembros para garantizar transparencia y eficacia. Es importante que estos plazos sigan, en la medida de lo posible, el ritmo de los asuntos económicos.

3.4.3

En este sentido, se podría ampliar el «procedimiento simplificado» para el tratamiento de ciertos tipos de ayudas (6) manteniéndolo dentro de un marco concreto. En virtud de este procedimiento, la Comisión se limita a comprobar si la medida de ayuda es conforme a las disposiciones y prácticas existentes.

3.5.1

La aplicación efectiva del Derecho relativo a las ayudas estatales es esencial. El CESE observa, no obstante, que, con frecuencia, las jurisdicciones nacionales no se encuentran en condiciones de garantizar una aplicación eficaz del Derecho relativo a las ayudas estatales, especialmente cuando se trata de garantizar los derechos de las empresas afectadas por la concesión de ayudas ilegales a otras entidades de la competencia. Se pueden citar varias razones, como un conocimiento insuficiente por parte de los magistrados del Derecho europeo sobre competencia y las obligaciones de procedimiento inherentes a toda acción judicial.

3.5.2

Conviene imaginar soluciones que permitan mejorar la aplicación práctica del Derecho relativo a las ayudas estatales. Las empresas, como las jurisdicciones nacionales, deberían disponer de herramientas y procedimientos más eficaces.

4.1.1

El CESE apoya el objetivo de aprobar solo las medidas de ayuda que (i) contribuyan al crecimiento procurando poner remedio a una deficiencia del mercado (la concesión de una ayuda estatal debe servir de hecho no para reemplazar, sino para completar un gasto privado) y (ii) tengan un efecto incentivador, es decir, que inciten al beneficiario a emprender actividades a las que habría renunciado sin las mismas.

4.1.2

En este contexto, la noción de «deficiencia del mercado» debe imperativamente especificarse e ilustrarse con ejemplos de distintos ámbitos, sobre la base, en particular, de la legislación europea vigente con el objetivo de ayudar tanto a las autoridades públicas como a las empresas a entender esta noción de manera uniforme y a integrarla en la fase del diseño de las medidas de ayuda.

4.2.1

La comunicación hace referencia en los puntos 16 y 17 a la política de competencia que aplican terceros países. La Comisión saca la conclusión de que la UE dispone de un marco más transparente que permite, no obstante, alcanzar niveles similares de ayuda. Esta afirmación se basa en un análisis comparativo realizado por la OMC en 2006. El CESE pide a la Comisión que la OMC haga un estudio con datos más recientes dado que, con la crisis, varios países miembros de la OMC no pertenecientes a la UE han recurrido a subsidios masivos, sobre todo en los sectores de la industria manufacturera. En efecto, es deseable que la futura política de competencia aplicable a partir de 2013 se base en una visión reciente y precisa de la situación en Estados Unidos, China, India y Brasil, por ejemplo (incluidas las ayudas concedidas por los entes federados), en un contexto de competencia económica exacerbada por la crisis mundial.

4.2.2

La aplicación de las normas sobre ayudas estatales permite fortalecer la competitividad de las empresas en el mercado interior y en el mercado internacional. Pero las empresas europeas han de afrontar la competencia de empresas establecidas en terceros países cuya legislación no prevé en algunos casos ningún límite en materia de ayudas estatales. Esta situación puede causar graves distorsiones de competencia en detrimento de las empresas europeas, como señala la Comisión en la comunicación (7).

4.2.3

En el marco de sus competencias, la Comisión emprende iniciativas con el fin de establecer un «level-playing field» a escala mundial, en torno al concepto de lealtad. Toda reforma del Derecho relativo a las ayudas estatales debe coordinarse con otras acciones de la Comisión en materia de instrumentos de política comercial (normas de la OMC, acuerdos bilaterales de libre cambio).

4.3.1

En la propuesta de Reglamento por el que se establece el Programa para la Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas (2014-2020) (COM(2011) 834 final), la Comisión reconoce la necesidad de ayudar a las PYME a exportar a la UE y a todo el mundo para encontrar oportunidades de crecimiento. Está previsto respaldar y ofrecer servicios de apoyo a las PYME con perspectivas de crecimiento mediante la red Entreprise Europe.

4.3.2

No obstante, al mismo tiempo, la doctrina de la Comisión parece demasiado restrictiva dado que, por ejemplo, en cuanto a la participación de las PYME en ferias y exposiciones, el artículo 27 del Reglamento 800/2008 de 6 de agosto de 2008 establece varias condiciones acumulativas: las ayudas deben representar como máximo el 50 % de los costes subvencionables, han de ser atribuidas a PYME definidas como tales en la UE y únicamente para su primera participación en una feria o exposición.

4.3.3

Este criterio de la primera participación se considera inadaptado para una estrategia de expansión internacional que implica la presencia en un mismo mercado durante al menos tres años antes de poder definir una estrategia de desarrollo (agente, ubicación, distribución). De ahí la propuesta del CESE de sustituir en el artículo 27.3 la condición de «la primera participación» por «la participación en una feria o exposición hasta un máximo de tres años consecutivos», manteniendo sin cambios las otras dos.

4.4.1

La UE deberá garantizar que las ayudas estatales estimulen la innovación, también en el ámbito social con las ayudas a la innovación social ya reconocidas en la «Unión por la innovación», el uso de tecnologías ecológicas y el desarrollo del capital humano en un modelo de desarrollo sostenible. El CESE acoge favorablemente que las ayudas a la innovación social se reconozcan progresivamente como ayudas compatibles con el mercado común (8) y desea que esta tendencia se intensifique en el futuro en el marco del proceso de modernización de las ayudas estatales.

4.4.2

Asimismo, el CESE respalda un diseño de las ayudas estatales destinadas a investigación y desarrollo que incluye el diseño, la realización y la puesta en marcha de productos, programas y servicios accesibles a los grupos vulnerables (especialmente las personas con discapacidad) en la vida en sociedad (9).