—

Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2005) 0048) (1),

—

Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el apartado 2 del artículo 80 del Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0046/2005),

—

Visto el artículo 51 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Transportes y Turismo (A6-0310/2005),

1.

Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2.

Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta propuesta o sustituirla por otro texto;

3.

Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

(1)

La Comunidad debe orientar su actuación en el ámbito del transporte aéreo a garantizar, como prioridad, un alto nivel de protección de los pasajeros frente a los riesgos de seguridad. Asimismo se han de tener plenamente cuenta las exigencias de la protección de los consumidores en general.

(2)

Se debe poner en conocimiento de los pasajeros una lista comunitaria de las compañías aéreas que no cumplen los requisitos pertinentes en materia de seguridad, con el fin de garantizar la máxima transparencia. Esta lista comunitaria debe basarse en criterios comunes elaborados a nivel comunitario.

(3)

Las compañías aéreas incluidas en la lista comunitaria deben estar sujetas a una prohibición de explotación. Las prohibiciones de explotación incluidas en la lista comunitaria deben aplicarse en el conjunto del territorio de todos los Estados miembros en que se aplica el Tratado.

(4)

Las compañías aéreas que no gozan de derechos de tráfico en uno o más Estados miembros pueden, no obstante, volar hacia y desde la Comunidad cuando sus aeronaves, con o sin tripulación, sean arrendadas por empresas que sí gozan de tales derechos. Es preciso disponer que una prohibición de explotación incluida en la lista comunitaria se aplique igualmente a tales compañías aéreas, puesto que, de lo contrario, estas compañías podrían operar en la Comunidad aunque no cumplan las normas de seguridad pertinentes.

(5)

Una compañía aérea sujeta a una prohibición de explotación podría ser autorizada a ejercer sus derechos de tráfico utilizando aeronaves arrendadas con tripulación de una compañía aérea que no esté sujeta a una prohibición de explotación, a condición de que cumpla las normas de seguridad pertinentes.

(6)

El procedimiento de actualización de la lista comunitaria debe permitir adoptar rápidamente decisiones a fin de proporcionar a los pasajeros la información adecuada y actualizada en materia de seguridad y garantizar que las compañías aéreas que han solucionado sus deficiencias de seguridad sean retiradas de la lista cuanto antes. Al mismo tiempo, los procedimientos deben respetar el derecho de la compañía aérea a defenderse y ello sin perjuicio de los acuerdos y convenios internacionales de los que sean parte los Estados miembros o la Comunidad, en especial el Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional de 1944. Las medidas de ejecución en cuestiones de procedimiento, que han ser adoptadas por la Comisión, deben, en particular, satisfacer estos requisitos.

(7)

Cuando a una compañía aérea se le haya impuesto una prohibición de explotación, deben adoptarse medidas adecuadas con objeto de ayudar a la compañía aérea a solucionar las deficiencias que dieron lugar a dicha prohibición.

(8)

En casos excepcionales, se debe permitir que los Estados miembros adopten medidas unilaterales. En caso de urgencia y cuando se enfrenten a un problema de seguridad imprevisto, los Estados miembros deben poder imponer inmediatamente una prohibición de explotación para su propio territorio. Por otra parte, cuando la Comisión haya decidido no incluir a una compañía aérea en la lista comunitaria, los Estados miembros también deben poder imponer o mantener una prohibición de explotación en razón de un problema de seguridad que no exista en los otros Estados miembros. Los Estados miembros deben hacer un uso restrictivo de estas posibilidades, teniendo en cuenta el interés comunitario y con objeto de presentar un enfoque común en materia de seguridad aérea, sin perjuicio del artículo 8 del Reglamento (CEE) no 3922/91 del Consejo, de 16 de diciembre de 1991, relativo a la armonización de normas técnicas y procedimientos administrativos aplicables a la aviación civil (3) y del artículo 10 del Reglamento (CE) no 1592/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2002, sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia Europea de Seguridad Aérea (4).

(9)

Conviene asegurar una publicidad eficaz de la información relativa a la seguridad de las compañías aéreas, por ejemplo a través de Internet.

(10)

Con el fin de que el marco de competencia del transporte aéreo beneficie todo lo posible tanto a las compañías como a los pasajeros, es importante que los consumidores reciban la información necesaria para poder tomar sus decisiones con conocimiento de causa.

(11)

La identidad de la compañía aérea o compañías aéreas que operan el vuelo es una información fundamental. Sin embargo, el consumidor que suscribe un contrato de transporte, que puede incluir un vuelo de ida y vuelta, no siempre conoce la compañía aérea o compañías aéreas que operan su vuelo o vuelos.

(12)

La Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990, relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados (5) exige que se facilite determinada información a los consumidores, pero dicha información no incluye la identidad de la compañía aérea que opera el vuelo.

(13)

El Reglamento (CEE) no 2299/89 del Consejo, de 24 de julio de 1989, relativo a un código de conducta para los sistemas informatizados de reserva (SIR) (6), otorga a los consumidores que reserven un vuelo a través de uno de tales sistemas el derecho a ser informados de la identidad de la compañía que opere el vuelo. Sin embargo, existen prácticas sectoriales, incluso en el transporte aéreo regular, como son el arrendamiento con tripulación o el código compartido cuando la reserva se realiza sin intervención de un SIR, en virtud de las cuales la compañía que ha vendido el vuelo a su nombre no lo opera en realidad, sin que en tales circunstancias asista al pasajero derecho legal alguno a ser informado de la identidad de la compañía aérea que prestará efectivamente el servicio en cuestión.

(14)

Esas prácticas incrementan la flexibilidad y permiten ofrecer mejor servicio a los pasajeros. Además, algunos cambios de última hora motivados, en particular, por razones técnicas son inevitables y contribuyen a la seguridad del transporte aéreo. Esta flexibilidad debe compensarse, sin embargo, con la comprobación de que las compañías que operan realmente el transporte aéreo cumplen los requisitos de seguridad, y con transparencia para el consumidor a fin de garantizar su derecho a tomar una decisión informada al respecto. También es necesario encontrar un justo equilibrio entre la viabilidad comercial de las compañías aéreas y el acceso de los pasajeros a la información.

(15)

Las compañías aéreas deben aplicar una política de transparencia respecto de los pasajeros por lo que se refiere a la información relativa a la seguridad. La publicación de esa información debe contribuir a que los pasajeros sean conscientes del nivel de fiabilidad de las compañías aéreas en lo que se refiere a la seguridad.

(16)

Las compañías aéreas son responsables de informar a las autoridades nacionales de seguridad aérea sobre toda deficiencia en materia de seguridad, así como de solucionar tales deficiencias sin demora. La tripulación y el personal de tierra deben tomar las medidas adecuadas cuando constaten deficiencias en materia de seguridad. Sería contrario a los intereses de la seguridad aérea que se sancionara al personal por actuar de dicho modo, como se deduce del apartado 4 del artículo 8 de la Directiva 2003/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2003, relativa a la notificación de sucesos en la aviación civil (7).

(17)

Además de en las situaciones contempladas en el Reglamento (CE) no 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos (8), se debe ofrecer a los pasajeros el derecho al reembolso o a un transporte alternativo en determinadas situaciones específicas incluidas en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, si existe una relación suficientemente estrecha con la Comunidad.

(18)

Además de las normas establecidas en el presente Reglamento, las consecuencias de las modificaciones respecto de la identidad de la compañía operadora que ejecuta el contrato de transporte deben estar regidas por la legislación de los Estados miembros aplicable a los contratos, y por la legislación comunitaria correspondiente, en particular la establecida en la Directiva 90/314/CEE y en la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (9).

(19)

El presente Reglamento forma parte de un proceso legislativo con objeto de establecer un enfoque eficaz y coherente con vistas al refuerzo de la seguridad aérea en la Comunidad, ámbito en el que la Agencia Europea de Seguridad Aérea desempeña un importante papel. Mediante un refuerzo de las competencias de esta Agencia, por ejemplo por lo que se refiere a aeronaves de terceros países, se podría reforzar aún más su papel en el marco del presente Reglamento. Debe concederse una atención particular a la mejora cualitativa y cuantitativa de las inspecciones relativas a la seguridad de las aeronaves y a la armonización de estas inspecciones.

(20)

En los casos en que haya un riesgo para la seguridad no resuelto por el Estado miembro o los Estados miembros afectados, la Comisión debe poder adoptar medidas inmediatas de forma provisional. En tal caso, el Comité que asiste a la Comisión en su tarea, de conformidad con el presente Reglamento, debe actuar con arreglo al procedimiento consultivo previsto en el artículo 3 de la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (10).

(21)

En todos los demás casos, el Comité que asiste a la Comisión en su tarea, de conformidad con el presente Reglamento, debe actuar con arreglo al procedimiento de reglamentación previsto en el artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE.

(22)

Puesto que la relación entre el presente Reglamento y el artículo 9 de la Directiva 2004/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a la seguridad de las aeronaves de terceros países que utilizan los aeropuertos de la Comunidad (11) sería de otro modo confusa, ese artículo debe derogarse con objeto de proporcionar seguridad jurídica.

(23)

Los Estados miembros deben establecer las normas sobre las sanciones aplicables a las infracciones a las disposiciones del Capítulo III del presente Reglamento y garantizar la aplicación de dichas sanciones. Las sanciones, que pueden ser de naturaleza civil o administrativa, deben ser eficaces, proporcionadas y disuasorias.

(24)

La Comisión debe analizar la aplicación del presente Reglamento y, tras un período suficiente, informar sobre la eficiencia de sus disposiciones.

(25)

Cualquier autoridad competente de aviación civil en la Comunidad puede decidir que las compañías aéreas, incluidas las que no operan en el territorio de los Estados miembros en que se aplica el Tratado, pueden presentar una petición ante esa autoridad para someter a la compañía aérea en cuestión a controles sistemáticos para verificar la probabilidad de que cumpla las normas de seguridad pertinentes.

(26)

El presente Reglamento no debe impedir que los Estados miembros introduzcan a nivel nacional un sistema de etiquetado de calidad para las compañías aéreas, entre cuyos criterios podrían incluirse consideraciones distintas de los requisitos mínimos en materia de seguridad, de conformidad con el Derecho comunitario.

(27)

El 2 de diciembre de 1987, el Reino de España y el Reino Unido acordaron en Londres, en una declaración conjunta de los Ministros de Asuntos Exteriores de ambos países, un régimen para una mayor cooperación en la utilización del aeropuerto de Gibraltar. Dicho régimen todavía no ha comenzado a aplicarse.

a)

la adopción y la publicación de una lista comunitaria, sobre la base de criterios comunes, de las compañías aéreas que, por razones de seguridad, están sujetas a una prohibición de explotación en la Comunidad, y

b)

la información que deben recibir los pasajeros aéreos sobre la identidad de la compañía aérea operadora de los vuelos en que viajen.

a)

«compañía aérea», toda empresa de transporte aéreo que posee una licencia de explotación válida o su equivalente;

b)

«contrato de transporte», un contrato de servicios de transporte aéreo, o que incluye dichos servicios, también cuando el transporte se compone de dos o más vuelos operados por la misma o por diversas compañías aéreas;

c)

«contratista de servicios de transporte aéreo»«, la compañía aérea que suscribe un contrato de transporte con el pasajero o, en caso de que el contrato incluya un viaje combinado, el operador turístico. También se considerará contratista de servicios de transporte aéreo a cualquier vendedor de billetes;»

d)

«vendedor de billetes», todo vendedor de billetes de transporte aéreo que media en un contrato de transporte con un pasajero, ya sea en el marco de un vuelo o de un viaje combinado, con excepción de una compañía aérea o de un operador turístico;

e)

«compañía aérea operadora», la compañía aérea que realiza o pretende realizar un vuelo en virtud de un contrato de transporte con un pasajero, o en nombre de otra persona, física o jurídica, vinculada a dicho pasajero por un contrato de transporte;

f)

«autorización de explotación o permiso técnico», todo acto legislativo o administrativo de un Estado miembro que disponga que una compañía aérea puede prestar servicios aéreos hacia y desde sus aeropuertos, operar dentro de su espacio aéreo o ejercer derechos de tráfico;

g)

«prohibición de explotación», la denegación, suspensión, revocación o restricción de la autorización de explotación o del permiso técnico de una compañía aérea por razones de seguridad, o cualquier medida de seguridad equivalente aplicada a una compañía aérea que no tenga ningún derecho de tráfico en la Comunidad pero cuyos aviones, sin embargo, podrían operar en la Comunidad en el marco de un contrato de arrendamiento;

h)

«viaje combinado», los servicios definidos en el punto 1 del artículo 2 de la Directiva 90/314/CEE;

i)

«reserva», el hecho de que el pasajero disponga de un billete o de otra prueba que demuestre que la reserva ha sido aceptada y registrada por el contratista de servicios de transporte aéreo;

j)

«normas de seguridad pertinentes», las normas de seguridad internacionales contempladas en el Convenio de Chicago y sus anexos así como, si procede, las normas contempladas en el Derecho comunitario pertinente.

a)

para imponer una prohibición de explotación a una compañía aérea e incluirla en la lista comunitaria, sobre la base de los criterios comunes;

b)

para retirar a una compañía aérea de la lista comunitaria, si se remedia la deficiencia o deficiencias en materia de seguridad que dieron lugar a la inclusión de la compañía aérea en la lista comunitaria y si no existe ninguna otra razón, sobre la base de los criterios comunes, para mantener a la compañía aérea en la lista comunitaria;

c)

para modificar las condiciones de una prohibición de explotación impuesta a una compañía aérea que esté incluida en la lista comunitaria.

a)

cuando el vuelo salga de un aeropuerto ubicado en el territorio de un Estado miembro en que se aplica el Tratado, o

b)

cuando el vuelo salga de un aeropuerto ubicado en un tercer país y llegue a un aeropuerto ubicado en el territorio de un Estado miembro en que se aplica el Tratado, o

c)

cuando el vuelo salga de un aeropuerto ubicado en un tercer país y llegue a un aeropuerto del mismo tipo.

a)

la compañía aérea operadora notificada al pasajero figure en la lista comunitaria y sea objeto de una prohibición de explotación que haya conducido a la cancelación del vuelo en cuestión, o que habría conducido a tal cancelación si el vuelo en cuestión hubiese tenido lugar dentro de la Comunidad, o

b)

la compañía aérea operadora notificada al pasajero haya sido sustituida por otra compañía aérea operadora que figure en la lista comunitaria y sea objeto de una prohibición de explotación que haya conducido a la cancelación del vuelo en cuestión, o que habría conducido a tal cancelación si el vuelo en cuestión hubiese tenido lugar dentro de la Comunidad,

—

Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2004) 0624) (1),

—

Visto el artículo 203 del Tratado Euratom, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C6-0205/2004),

—

Visto el artículo 51 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y la opinión de la Comisión de Presupuestos (A6-0282/2005),

1.

Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2.

Indica que los créditos consignados en la propuesta de Reglamento son meramente indicativos hasta que se alcance un acuerdo sobre las perspectivas financieras para 2007 y los años siguientes;

3.

Pide a la Comisión que, tras la adopción de las próximas perspectivas financieras, confirme los importes consignados en la propuesta de Reglamento o, en su caso, presente los importes ajustados a la aprobación del Parlamento Europeo y del Consejo, con objeto de garantizar la compatibilidad con los límites máximos;

4.

Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 119 del Tratado Euratom;

5.

Pide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

6.

Pide al Consejo que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente la propuesta de la Comisión;

7.

Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

—

Visto el Segundo Plan de Acción para la Dimensión Septentrional 2004-2006, aprobado por el Consejo Europeo celebrado en Bruselas los días 16 y 17 de octubre de 2003,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, al Consejo y al Parlamento Europeo de 11 de marzo de 2003 titulada «Una Europa más amplia. Relaciones con los países vecinos: un nuevo marco para las relaciones con nuestros vecinos del Este y del Sur de Europa» (COM(2003) 0104),

—

Visto el papel de la Dimensión Septentrional en la aplicación de las hojas de ruta UE-Rusia destinadas a crear los cuatro espacios comunes (Espacio económico común, Espacio común de libertad, seguridad y justicia, Espacio común de seguridad exterior y Espacio común de investigación, educación y cultura), aprobadas en la XV Cumbre UE-Rusia celebrada en Moscú el 10 de mayo de 2005,

—

Vistas sus anteriores Resoluciones sobre la Dimensión Septentrional, en particular las aprobadas el 16 de enero de 2003 (1) y el 20 de noviembre de 2003 (2) sobre el Segundo Plan de Acción para la Dimensión Septentrional,

—

Vistos el Informe anual de situación de la Comisión relativo a la aplicación del Plan de Acción sobre la Dimensión Septentrional, de 20 de mayo de 2005, y el debate en el Pleno del Parlamento Europeo del 8 de septiembre de 2005;

—

Visto el apartado 4 del artículo 103 de su Reglamento,

A.

Considerando que la Presidencia en ejercicio ha pedido la celebración en Bruselas, el 21 de noviembre de 2005, de una reunión ministerial sobre la Dimensión Septentrional para elaborar un Plan para el futuro de la Dimensión Septentrional cuando expire el actual Plan de Acción en 2006,

B.

Considerando que la Comisión está elaborando sus propuestas para el futuro de las políticas relativas a la Dimensión Septentrional, que deberán aprobarse en 2006 y entrar en vigor en 2007,

C.

Considerando que el Consejo ha reiterado en numerosas ocasiones la importancia que reviste la Dimensión Septentrional para las políticas internas de la Unión, así como para sus relaciones exteriores, y que la Unión Europea tiene que desarrollar sus políticas de vecindad y de asociación y los instrumentos correspondientes, con el fin de establecer la coherencia entre las diferentes dimensiones de la Unión,

D.

Considerando que la ampliación de la UE ha modificado el mapa geopolítico de la Europa Septentrional y ha desplazado el centro geográfico comunitario hacia el nordeste, a resultas de lo cual la Dimensión Septentrional ha adquirido tanto un nuevo potencial como nuevos retos, en especial en lo que se refiere a prevenir el surgimiento de nuevos muros entre la UE y sus vecinos septentrionales, y que la ampliación ha traído aparejado un nuevo énfasis en la cooperación en la cuenca del mar Báltico, puesto que todos los Estados Bálticos, excepto Rusia, son miembros de la Unión Europea, lo cual exigirá la elaboración de una estrategia específica para el mar Báltico en el seno de la Dimensión Septentrional,

E.

Considerando que los objetivos políticos definidos previamente por el Parlamento Europeo con respecto a la Dimensión Septentrional sólo se han aplicado parcialmente y que, en particular, todavía hay que hacer realidad su llamamiento en favor de una mayor implicación de los diputados y de otros representantes electos mediante la creación del Foro de la Dimensión Septentrional, y que las políticas sobre la Dimensión Septentrional siguen siendo poco visibles y adolecen de falta de coordinación entre los distintos actores; considerando que el Parlamento Europeo respalda la actividad desarrollada por su Intergrupo para los Estados del Báltico en la elaboración de directrices para la ulterior integración en la región báltica y la iniciativa para la creación de una estrategia europea para el mar Báltico, sobre todo como pilar interno de la Dimensión Septentrional,

F.

Considerando que los principales objetivos de la futura política de la Dimensión Septentrional son facilitar un marco común para el fomento del diálogo y la cooperación, destinado a reforzar la estabilidad, el bienestar y el desarrollo sostenible en la Europa Septentrional y el Ártico, así como estimular el comercio, las inversiones y las infraestructuras, explotar los recursos energéticos, agilizar el flujo transfronterizo de personas y mercancías, trabajando a la vez estrechamente para luchar contra la delincuencia organizada y fomentar el empleo productivo, así como los intercambios sociales y culturales,

G.

Considerando que, desde su creación en 1999, la Dimensión Septentrional ha demostrado su eficiencia y su valor político, económico y social y que la Dimensión Septentrional abarca una de las regiones que suponen un mayor reto para Europa, con un enorme potencial para una futura cooperación con Rusia, Islandia y Noruega,

H.

Subrayando el valor y el impacto de la política medioambiental de la Dimensión Septentrional en toda la región, como la planta de tratamiento de aguas de San Petersburgo, pero subrayando la necesidad de fomentar la cooperación entre los Estados miembros, en particular para reducir la eutrofización y entre la UE y Rusia para reducir el peligro de accidentes de petroleros y los riesgos ligados a la explotación de los campos petrolíferos, así como para mejorar la seguridad nuclear y la gestión de los residuos nucleares; considerando que el mar Báltico ya registra una contaminación considerable y que su carácter de mar interior hace que corra un especial peligro,

1.

Subraya que es necesario aumentar la visibilidad de la Dimensión Septentrional con el fin de alcanzar los objetivos fijados, que la mejora de la coordinación entre los distintos actores implicados sigue siendo un reto importante y que debe dedicarse a la Dimensión Septentrional la misma atención que a otros modelos de cooperación regional; insta a la Comisión, así como a la actual y a las próximas Presidencias en ejercicio, a que garanticen la continuación con éxito de las negociaciones en curso sobre el futuro de la Dimensión Septentrional y a que asocien plenamente al Parlamento Europeo a esta tarea;

2.

Pide a la Comisión que elabore un enfoque global para las políticas exteriores de la Unión en relación con la Dimensión Septentrional, tanto a escala bilateral como multilateral, incluidas las regiones del mar Báltico y del mar de Barents, así como el Ártico en su totalidad; subraya la especial posición de Rusia en tanto que socio clave y destaca a la vez el importante papel de los otros vecinos del Norte, Islandia y Noruega, así como de los demás socios del Ártico, Canadá y los Estados Unidos; subraya la importancia de implicar plenamente a los vecinos del Norte en la nueva Política de Vecindad y de tomarlos en consideración en el Reglamento relativo a un Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación;

3.

Subraya que el éxito de la adhesión de diez nuevos países, incluidos los que participaban en la Dimensión Septentrional, ha llevado a ésta a una nueva fase; pide a la Comisión que destine los recursos adecuados a la política de la Dimensión Septentrional con el fin de poder contemplar nuevas asociaciones para el futuro en los ámbitos, por ejemplo, del transporte, la logística, la energía y la cultura; señala que debería concederse un apoyo más adecuado a la asociación en asuntos sociales y sanitarios; insta, por tanto, a la Comisión a que, como parte de su actual trabajo sobre el futuro de la Dimensión Septentrional, examine cuidadosamente la cuestión de si una línea presupuestaria propia para la Dimensión Septentrional serviría para aumentar la visibilidad de la misma, ajustándose a la vez al carácter de la Dimensión Septentrional como política marco para la región septentrional; considera que una propuesta de este tipo debe tomar en consideración y aumentar la transparencia de las distintas fuentes de financiación, incluida la cofinanciación por terceras partes; subraya la necesidad de tener en cuenta las necesidades especiales de las regiones septentrionales en el trabajo de todas las Direcciones Generales y en todas las secciones del presupuesto de la UE;

4.

Recuerda a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros sus anteriores llamamientos en favor de un mayor papel de los representantes electos y los diputados en el seno de la Dimensión Septentrional para promover y coordinar la integración de los distintos foros de cooperación regional en la Europa Septentrional; espera propuestas concretas de la Comisión a este respecto y reitera que respalda la creación del Foro de la Dimensión Septentrional, que está dispuesto a desempeñar un papel de pleno derecho en el mismo y a ser anfitrión de su primera reunión; subraya la necesidad de garantizar la implicación de los pueblos indígenas que viven en la región;

5.

Pide a la Comisión que incluya en su próxima propuesta relativa a la Dimensión Septentrional una estrategia para el mar Báltico, a fin de reforzar la cooperación en la cuenca del mar Báltico y sacar el máximo partido de la reciente ampliación de la Unión, y que vincule firmemente la infraestructura con el resto de la Unión Europea; considera que esta estrategia debe ocuparse en primer lugar de las políticas interiores de la Unión Europea y que la cooperación con Rusia debe entrar en el ámbito de las políticas exteriores de la UE; celebra que el acuerdo con Moscú sobre las hojas de ruta, que cubren cada uno de los cuatro espacios comunes, contemple un marco actualizado para las relaciones entre la UE y Rusia; subraya que la Dimensión Septentrional debería reflejar el aspecto regional de estos espacios; insiste en que este proceso debe llevarse a cabo mediante una auténtica cooperación con Rusia;

6.

Pide una mayor coordinación entre la UE, el Consejo Ártico, el Consejo de los Estados Bálticos, el Consejo Nórdico, el Consejo Euroártico de Barents y otros órganos implicados en la cooperación en las regiones septentrionales; observa que la Comisión debería participar más activamente en sus reuniones;

7.

Apoya los esfuerzos de la Comisión y del Consejo por implicar plenamente a Rusia en las políticas en el seno de la Dimensión Septentrional, pero subraya que la estrategia de la UE con respecto a Rusia debería aplicarse de forma solidaria entre todos los Estados miembros y señala la necesidad de comprometer plenamente a otros vecinos del Norte, en particular Noruega e Islandia, especialmente en los ámbitos del desarrollo marítimo y de la energía; acoge con satisfacción en este contexto el Libro Blanco sobre el Gran Norte, publicado por el Gobierno de Noruega;

8.

Recuerda que los grandes proyectos de infraestructuras en los ámbitos de la energía y los transportes en la región báltica deben tener en cuenta las legítimas preocupaciones por la seguridad de los Estados miembros así como su impacto ambiental;

9.

Recuerda a la Comisión el próximo Año Polar Internacional 2006-2007 y le pide que aproveche esta oportunidad para adoptar nuevas iniciativas conjuntamente con los socios del Ártico, incluidos Canadá y los Estados Unidos, en particular en lo que respecta al trabajo relativo a una «Carta para la Gobernanza Ártica»;

10.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos de los Estados miembros y de Noruega, Islandia, Rusia, Canadá y los Estados Unidos, así como a los actores de la cooperación regional.

—

Vista la comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la aceleración de la transición de la radiodifusión analógica a la digital (COM(2005) 0204),

—

Visto el dictamen del Grupo de política del espectro radioeléctrico (RSPG), de19 de noviembre de 2004, sobre las implicaciones sobre el espectro del paso a la radiodifusión digital (RSPG04 55 Rev.),

—

Vistos los planes de conversión de los Estados miembros, publicados en el marco del programa de actuación eEuropa de 2005 (1),

—

Vistos los recientes estudios encargados por la Comisión sobre la gestión del espectro en el ámbito de la radiodifusión y sobre el enfoque político de la televisión terrestre digital (2),

—

Vista la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco) (3),

—

Vista su Resolución, de 26 de septiembre de 2002, por la que se pide un Plan de acción para introducir con éxito la televisión digital en Europa (4),

—

Visto el apartado 5 del artículo 108 de su Reglamento,

A.

Considerando que la transición de la radiodifusión analógica a la digital aportará múltiples ventajas, dado que hará posible ofrecer una difusión innovadora y mejorada, permitirá la liberación de varios centenares de megahercios de espectro primario, que podrían reasignarse a distintos usos, y reforzará la competencia y la innovación en el mercado,

B.

Considerando que los EE.UU. prevén poner fin a la radiodifusión analógica terrestre para el 1 de enero de 2009, que Corea del Sur anunció que abandonaría esta forma de difusión para finales de 2010, y Japón, para 2011, y que, en consecuencia, es crucial que la Unión Europea no se quede rezagada con respecto a sus principales competidores,

C.

Considerando que la Comisión propone comienzos de 2012 como plazo para completar el abandono de la radiodifusión analógica en todos los Estados miembros, pero que algunos de éstos aún no han anunciado su plan de conversión,

D.

Considerando que el proceso de conversión debe estar impulsado por el mercado, pero que, al mismo tiempo, es necesaria la coordinación de las entidades de radiodifusión y es también deseable una clara intervención política pública para llevar a cabo dicha coordinación,

E.

Considerando que la Directiva marco consagra el principio de neutralidad tecnológica, pero no excluye que se tomen medidas proporcionadas para promover algunos servicios específicos cuando ello esté justificado,

F.

Considerando que la próxima Conferencia Regional de Radiocomunicaciones de 2006 (CRR06) debe revisar el Acuerdo Regional de la Zona Europea de Radiodifusión (Estocolmo, 1961) y, en concreto, armonizar la parte de dicho Acuerdo que concierne a la utilización de las bandas de frecuencia 174-230 y 470-862 MHz para servicios de radiodifusión,

1.

Anima a los Estados miembros que todavía no han publicado sus planes de conversión a que los anuncien antes de finales de 2005, para ofrecer señales claras y certidumbre a los consumidores y a las entidades de radiodifusión; les insta a que reduzcan al mínimo el período de difusión en paralelo con el fin de evitar unos costes de difusión elevados, el agravamiento temporal de la escasez de frecuencias y el retraso de la conversión;

2.

Pide a los Estados miembros que aseguren que las intervenciones políticas destinadas a garantizar y acelerar la conversión digital sean transparentes, justificadas, proporcionadas y no discriminatorias;

3.

Pide a la Comisión que establezca unos objetivos políticos claramente definidos para garantizar la penetración más extensa posible de servicios nuevos e innovadores;

4.

Pide a la Comisión que garantice que la investigación y el desarrollo se completen en una fase temprana en interés de la penetración, incluida la de los nuevos servicios digitales distintos de la radiodifusión;

5.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan un nivel suficiente de armonización de los enfoques y normativas referentes al espectro liberado, en particular, para poder satisfacer la futura demanda de servicios paneuropeos;

6.

Pide a la Comisión que establezca un Grupo de trabajo europeo sobre la radiodifusión digital inspirado en la estructura existente (comité de comunicaciones) y encargado de coordinar los aspectos reglamentarios, los objetivos, las estrategias y los calendarios de los Estados miembros a nivel comunitario; considera que este Grupo de trabajo debería observar a intervalos regulares los progresos realizados por los Estados miembros en materia de transición digital y organizar seminarios para que los Estados miembros y otras partes interesadas puedan celebrar debates e intercambiar opiniones; considera asimismo que la asistencia en la armonización de los enfoques sobre el espectro liberado para garantizar el funcionamiento futuro de los servicios paneuropeos en todos los Estados miembros debería ser responsabilidad del Grupo de trabajo;

7.

Pide a la Comisión que impida la formación de puntos de congestión verticales y de monopolios horizontales; pide a los Estados miembros que, en cumplimiento del Derecho comunitario, subvencionen los receptores digitales de televisión (bien a través de descodificador o con tecnología integrada en los receptores de televisión), incluida la plataforma doméstica de multimedios (MHP) con interfaz de programa de aplicación (API) abierta, con el fin de evitar la aparición de puntos de congestión; pide asimismo a los Estados miembros que promuevan y desarrollen servicios interactivos para aumentar el nivel de conocimientos digitales y la competitividad de la sociedad europea, y que impulsen conjuntamente medidas técnicas para filtrar contenidos que pudieran ser perjudiciales para el desarrollo físico, mental o moral de los menores;

8.

Pide a la Comisión que difunda información sobre las mejores prácticas en lo concerniente a los aspectos financieros y que proporcione orientaciones claras sobre las ayudas públicas y las leyes sobre competitividad;

9.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que hagan hincapié en la gran importancia del «acceso equitativo» al espectro liberado en el marco de las negociaciones de la CRR06 y que acuerden una posición de negociación común para apoyar el plan que prevé el 2015 como plazo para el fin de la protección general contra las interferencias con cadenas analógicas que transmitan desde el exterior de la Unión Europea, con objeto de garantizar una difusión digital sin perturbaciones lo más cerca posible de 2012;

10.

Pide a los Estados miembros, con miras a que no se ensanche la brecha digital en la sociedad, que velen por establecer cuanto antes las disposiciones adecuadas previas a la transición de la radiodifusión analógica a la digital, como la financiación y una información comprensible, con el fin de reducir los costes de la conversión que tendrán que soportar aquellos integrantes de la sociedad que tengan dificultades para procurarse y financiar el equipo de sustitución necesario;

11.

Pide a la Comisión que vele por que, en el contexto de la normativa de la transición a la radiodifusión digital, se establezca una distinción clara entre la normativa relativa a la transmisión de las señales electrónicas y a las infraestructuras y la normativa sobre el contenido (incluyendo el contenido audiovisual) y que vele por que la mayor parte, o una parte significativa, de las nuevas posibilidades de radiodifusión o de las entidades de radiodifusión no caigan bajo el control exclusivo o la influencia determinante de empresas multinacionales de medios de comunicación, a fin de proteger el pluralismo y la diversidad en el ámbito de la radiodifusión; considera que la normativa de los distintos servicios complementarios difundidos paralelamente a las emisiones digitales en la misma red debería establecer una distinción adecuada a la naturaleza de estos servicios: servicios de contenido relativos a la radiodifusión, otros servicios de contenido y servicios relativos a las telecomunicaciones;

12.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen una perfecta interoperabilidad y neutralidad tecnológica con el fin de establecer la igualdad de condiciones de competencia entre todos los operadores y de potenciar la innovación europea;

13.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos de los Estados miembros.

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el informe sobre la utilización de los recursos financieros destinados al desmantelamiento de las centrales nucleoeléctricas (COM(2004) 0719),

—

Vista su posición adoptada en primera lectura el 13 de marzo de 2002 con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 96/92/CE sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad (1),

—

Vista su posición adoptada en primera lectura el 13 de marzo de 2002 con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 98/30/CE sobre normas comunes para el mercado interior del gas (2),

—

Vista su posición adoptada en segunda lectura el 4 de junio de 2003 con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 96/92/CE (3),

—

Vistas la Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 96/92/CE, así como la Declaración interinstitucional y la Declaración de la Comisión al respecto sobre las actividades de desmantelamiento y de gestión de residuos (4),

—

Vista la Directiva 96/29/Euratom del Consejo, de 13 de mayo de 1996, por la que se establecen las normas básicas relativas a la protección sanitaria de los trabajadores y de la población contra los peligros que resultan de las radiaciones ionizantes (5),

—

Vistas las propuestas de la Comisión relativas a una Directiva (Euratom) del Consejo por la que se definen las obligaciones básicas y los principios generales en el ámbito de la seguridad de las instalaciones nucleares y a una Directiva (Euratom) del Consejo relativa a la gestión del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos (COM(2003) 0032),

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la seguridad nuclear en el marco de la Unión Europea (COM(2002) 0605),

—

Vista la Decisión C/2004/3474 de la Comisión, de 22 de septiembre de 2004, sobre la ayuda estatal que el Reino Unido prevé ejecutar en favor de British Energy Group plc (6),

—

Visto el informe del Tribunal de Cuentas francés, de 20 de enero de 2005, relativo a las obligaciones de desmantelamiento y, en particular, sus conclusiones, según los cuales el hecho de que utilizar los recursos destinados a futuros desmantelamientos para otros usos podría crear distorsiones de la competencia entre productores en la Comunidad,

—

Visto el artículo 45 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A6-0279/2005),

1.

Es consciente de la importancia que reviste para la protección de las personas y el medio ambiente que las centrales nucleoeléctricas se desmantelen en condiciones de seguridad después de su cierre definitivo;

2.

Señala la drástica reducción de la radiactividad como consecuencia de la retirada del combustible nuclear después del cierre de una central nucleoeléctrica; considera, no obstante, que la radiactividad residual requiere también un nivel muy alto de seguridad para cumplir los requisitos contemplados en la Directiva 96/29/Euratom;

3.

Señala que la falta de recursos para la financiación de las operaciones de desmantelamiento podría demorar en algunos casos el desmantelamiento de centrales nucleoeléctricas, por lo que conviene evitar dicha carencia;

4.

Se congratula de la intención de la Comisión de remitir anualmente al Parlamento un informe sobre la aplicación de los recursos financieros destinados al desmantelamiento de centrales nucleoeléctricas;

5.

Toma nota de la intención de la Comisión de adoptar una recomendación no vinculante sobre este asunto en las próximas semanas;

6.

Toma nota asimismo de la intención de la Comisión de emprender una importante labor de prospección sobre esta cuestión durante 2006 con el fin de respaldar la formulación de políticas comunitarias e iniciativas legislativas;

7.

Considera necesario que en cada uno de los Estados miembros todas las empresas nucleares dispongan a su debido tiempo de los recursos financieros suficientes para cubrir los costes derivados del desmantelamiento, incluida la gestión de los residuos, con el fin de mantener el principio de que quien contamina paga y evitar todo recurso a ayudas estatales;

8.

Insta a la Comisión a que, respetando el principio de subsidiariedad, elabore definiciones detalladas respecto al uso de los recursos financieros destinados al desmantelamiento en los Estados miembros, teniendo en cuenta el desmantelamiento, así como la gestión, el acondicionamiento y el almacenamiento definitivo de los residuos radiactivos resultantes;

9.

Comprueba que existen diferencias en la gestión de dichos recursos financieros en los Estados miembros, y solicita una buena administración de dichos recursos;

10.

Exige que se destinen dichos recursos financieros a inversiones equitativos que estén enteramente de acuerdo con la legislación de la UE en materia de competencia evitando con ello las distorsiones;

11.

Considera necesaria una transparencia absoluta en la gestión y el uso de los recursos financieros, así como la garantía de una auditoría externa;

12.

Considera la Comunicación de la Comisión como una oportunidad para llamar la atención sobre los aspectos de seguridad de las operaciones de desmantelamiento de las centrales nucleoeléctricas;

13.

Señala que las diversas etapas para el desmantelamiento de centrales nucleoeléctricas deben tener en cuenta la seguridad de las personas y el medio ambiente, para lo que habrán de aprovecharse en la mayor medida posible las experiencias ya realizadas;

14.

Señala la existencia de estrategias de desmantelamiento inmediato y de desmantelamiento por etapas, así como la necesidad de ponderar las respectivas ventajas e inconvenientes en vista de la ubicación y las características de los reactores;

15.

Considera que en las decisiones sobre las estrategias de desmantelamiento deben prevalecer los aspectos de la seguridad para la protección de las personas y el medio ambiente;

16.

Observa que el desmantelamiento o la puesta fuera de servicio definitivo de las centrales nucleoeléctricas está sujeto a la obligación de realizar una evaluación del impacto en virtud de la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (7);

17.

Solicita que se efectúe en todos los Estados miembros un examen de las prácticas de liberación de sustancias con un bajo nivel de radiactividad, en particular en grandes cantidades, en zonas sujetas a la legislación nuclear y de protección radiológica en las operaciones de desmantelamiento de las centrales;

18.

Estima admisibles las excepciones, por ejemplo en los nuevos Estados miembros, por consideraciones técnicas de seguridad;

19.

Se pregunta si las provisiones contables y los recursos financieros correspondientes constituidos en una serie de Estados miembros son adecuados a las necesidades reales;

20.

Acoge favorablemente que, en determinadas condiciones fundamentales, la Unión Europea preste su apoyo financiero a algunos proyectos de desmantelamiento en los nuevos Estados miembros;

21.

Respalda el punto de vista de la Comisión de que se consideren también los costes de desmantelamiento del sector nuclear, como otros costes externos y subvenciones destinadas a otros tipos de producción eléctrica, en la evaluación de la viabilidad económica de cualquier central eléctrica, con el fin de evitar las distorsiones de la competencia;

22.

Señala que el operador de una central nucleoeléctrica es responsable de gestionar la cobertura de seguros de responsabilidad civil durante todo el período de desmantelamiento y para que queden cubiertos los eventuales incidentes y accidentes con arreglo a los convenios internacionales sobre responsabilidad;

23.

Señala que el Convenio de París, de 29 de julio de 1960, sobre la responsabilidad civil en materia de energía nuclear y el Convenio complementario de 31 de enero de 1963 modificado por el Protocolo adicional de 28 de enero de 1964 y por el Protocolo de 16 de noviembre de 1982, siguen vigentes y no pueden ser denunciados unilateralmente por la UE; señala además que el Parlamento Europeo emitió su dictamen conforme en su Resolución de 26 de febrero de 2004 sobre responsabilidad civil en materia nuclear (8) a la propuesta de Decisión del Consejo por la que se autoriza a los Estados miembros que son Partes Contratantes en el Convenio de París de 29 de julio de 1960 acerca de la responsabilidad civil en materia de energía nuclear a ratificar, en interés de la Comunidad Europea, el Protocolo por el que se modifica dicho Convenio o a adherirse a él;

24.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos de los Estados miembros.

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Ganar la batalla contra el cambio climático mundial (COM(2005) 0035),

—

Vistos el Protocolo de Kyoto de la Convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (UNFCCC) y los procedimientos de aplicación para su puesta en práctica adoptados en las Conferencias de las Partes de Bonn (julio de 2001), Marrakech (noviembre de 2001), Nueva Delhi (noviembre de 2002), Milán (diciembre de 2003) y Buenos Aires (diciembre de 2004),

—

Vistas sus Resoluciones anteriores relativas al cambio climático, y en especial la de 13 de enero de 2005 sobre los resultados de la Conferencia de Buenos Aires sobre el cambio climático (1) y la de 12 de mayo de 2005 sobre el Seminario de expertos gubernamentales en cambio climático (2),

—

Vistas las declaraciones transmitidas a la Cumbre del G8 celebrada en Gleneagles por 24 directores de empresas internacionales en representación del Foro Económico Mundial, por ejemplo sobre la necesidad de adoptar objetivos de estabilización climática a largo plazo,

—

Visto el artículo 45 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Desarrollo y de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A6-0312/2005),

A.

Considerando que el cambio climático es uno de los principales desafíos del siglo XXI y tiene significativas consecuencias ambientales, económicas y sociales globales negativas con repercusiones potencialmente catastróficas, y que el cambio climático es diferente de los demás problemas ambientales a los que nos enfrentamos,

B.

Considerando que los signos actuales de cambio climático como, por ejemplo, la fusión del hielo polar y el permafrost y, con toda probabilidad, una frecuencia y una intensidad cada vez mayores de los fenómenos meteorológicos extremos, y que las pérdidas económicas relacionadas con las catástrofes meteorológicas naturales han aumentado en la pasada década en un factor de seis con respecto al nivel de los años sesenta,

C.

Considerando que los países industrializados tienen una responsabilidad importante en la acumulación de las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, tanto actual como histórica, que es probable que los países en desarrollo sean los que resulten más duramente afectados por un clima más inestable y que los países industrializados deben asumir la responsabilidad primaria de ayudar a los países de bajas rentas a adaptarse al cambio climático y apoyarlos en esta evolución, tanto a nivel tecnológico como financiero,

D.

Considerando que el Protocolo de Kyoto entró en vigor el 16 de febrero de 2005 tras su ratificación por 152 países y organizaciones regionales de integración económica que representan el 61,6 % de las emisiones de 1990 de gases de efecto invernadero del Anexo I y casi el 90 % de la población mundial,

E.

Considerando que la aplicación, por todas las Partes, de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y del Protocolo de Kyoto es fundamental para abordar el cambio climático, aunque las medidas no serán realmente efectivas hasta que se encuentre una solución global que incluya a los grandes bloques económicos responsables de la mayor parte de las emisiones contaminantes,

F.

Considerando que el Protocolo de Kyoto establece que deben iniciarse en 2005 las negociaciones de los compromisos para las reducciones de las emisiones durante el período posterior a 2012, y que, por consiguiente, la undécima sesión de la Conferencia de las Partes (CdP.11) y la primera Conferencia de las Partes actuando como Reunión de las Partes del Protocolo de Kyoto (CdP/RdP.1) en Montreal debe dar la máxima prioridad a esta tarea,

G.

Considerando que conviene establecer rápidamente nuevos objetivos a fin de ofrecer una seguridad para las inversiones en fuentes de energía de baja emisión de carbono, en tecnologías de baja emisión de gases de efecto invernadero y en energías renovables, y de evitar las inversiones en infraestructuras energéticas incompatibles,

H.

Considerando que el principal objetivo de la UNFCCC —evitar un cambio climático peligroso— puede requerir, según informes científicos recientes, una estabilización de la concentración de los gases de efecto invernadero por debajo de 500 ppm de CO2 eqv. —ligeramente por encima del nivel actual—, lo que exige importantes recortes en las emisiones en un futuro próximo,

I.

Considerando que las inversiones en eficiencia energética son la manera más prometedora de recortar las emisiones de carbono y que el potencial para un ahorro de energía rentable es sustancial en la UE,

J.

Considerando que el impacto sobre el clima puede reducirse considerablemente mediante una mejor planificación comunitaria,

K.

Considerando que la ampliación de las posibilidades ya establecidas para el comercio de emisiones a otros ámbitos (por ejemplo, la aviación) debe ir precedido de un análisis que demuestre que esta ampliación contribuye a la lucha contra el cambio climático y que las regiones o los países ricos no resultan beneficiados en detrimento de los países y las empresas en desarrollo,

L.

Considerando que es muy necesaria una participación considerablemente mayor de los ciudadanos en los esfuerzos globales para contener las emisiones y desarrollar unos modos de vida más sostenibles,

M.

Considerando que las emisiones de gases de efecto invernadero continúan aumentando en muchos Estados miembros, lo que muestra que es necesaria una acción rápida para que la UE pueda cumplir las obligaciones que le impone el Protocolo de Kyoto,

N.

Considerando que los costes de las medidas orientadas a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero se verán compensados por los beneficios derivados de una limitación del aumento de la temperatura planetaria a 2° C como máximo con respecto a los niveles preindustriales, al prevenirse los daños y las pérdidas que de otro modo causaría el cambio climático en todo el mundo,

O.

Considerando que ir más allá de la economía basada en los combustibles fósiles representa una oportunidad empresarial histórica; considerando además que esta oportunidad empresarial es también grande para los países en desarrollo que son ricos en recursos energéticos renovables pero carecen actualmente de la tecnología para aprovecharlos,

1.

Subraya que la estrategia de la UE para la mitigación del cambio climático debería basarse en un planteamiento de siete vértices:

2.

Pide a la UE que vele por que en la Conferencia que la CdP.11 y la CdP/RdP.1 celebrarán en Montreal adopten un calendario para la negociación de futuros compromisos en relación con el clima y fijen como fecha límite para alcanzar un acuerdo finales de 2008;

3.

Insta a los dirigentes de la UE a presentar, en la CdP.11 y en la CdP-CdR.1, propuestas para un futuro régimen climático, basado en el objetivo global de que el aumento global medio de la temperatura no supere en más de 2° C los niveles preindustriales;

4.

Cree que un futuro régimen debe basarse en unas responsabilidades comunes pero diferenciadas orientadas a la contracción y la convergencia, en unas reducciones continuas y progresivamente mayores de las emisiones y en la participación de más países en los esfuerzos de reducción; subraya que cualquier objetivo de cara a la reducción de las emisiones debería basarse en datos científicos recientes e ir encaminado a no rebasar un incremento medio de la temperatura de 2° C a escala mundial, con un grado razonable de certeza; subraya además que la eficacia en relación con los costes debería ser una de las características de todas las medidas consideradas y que, por lo tanto, un objetivo a largo plazo debe ser desarrollar un mercado global del carbono, basado en los valores límite y el comercio de derechos de emisión; observa además que la evaluación de la eficacia debe tener en cuenta los costes de la inacción así como las ventajas económicas que cabe esperar de una actuación en una fase temprana y de la innovación así como de la formación tecnológica, que reducirán los costes de las medidas destinadas a mitigar el cambio climático;

5.

Acoge con satisfacción las conclusiones del Consejo Europeo de Bruselas del 23 de marzo de 2005, en especial la afirmación de que debe lucharse por una reducción de las emisiones en los países desarrollados para 2020 del orden del 15-30 %; insiste, sin embargo, en que son igualmente necesarios unos objetivos de reducción de las emisiones a largo plazo y sugiere un objetivo del 60-80 % para 2050;

6.

Deplora que el Gobierno actual de los Estados Unidos no cumpla los compromisos contraídos en el marco de la CMNUCC en el sentido de reducir los niveles de las emisiones a los registrados en 1990 e impedir cambios climáticos peligrosos y lamenta su decisión de no proceder a la ratificación del Protocolo de Kyoto; pide a la UE que vele por que ningún país paralice el proceso multilateral;

7.

Recuerda que el potencial de ahorro de energía en la UE alcanza el 40 %, pero que para conseguir este fin deben establecerse objetivos vinculantes;

8.

Observa que con un enfoque sistémico sería posible que las energías renovables cubrieran el 25 % del consumo de energía de la UE antes de 2020;

9.

Subraya que la mitigación efectiva del cambio climático requerirá una transformación importante de los sistemas energéticos y de transporte, así como el diseño térmico de los edificios, y que esta transformación debe convertirse en una fuerza impulsora en el marco de la estrategia de Lisboa, estimulando el crecimiento y la competitividad; pide a la UE que desarrolle una estrategia orientada a convertir a Europa en la economía más eficiente del mundo desde el punto de vista energético, estableciendo objetivos de reducción del consumo de energía de entre un 2,5% y un 3% al año;

10.

Pide, en este contexto, a los Estados miembros que establezcan sistemas de control permanente para evaluar las cantidades tanto de materiales como de energía utilizadas en cada sector económico con vistas a apoyar medidas adecuadas de reducción;

11.

Reconoce que un retraso en las acciones incrementará el riesgo de efectos medioambientales adversos y mayores costes; considera además que la reducción de las emisiones globales no debe conllevar otras amenazas;

12.

Considera que la lucha contra el cambio climático aporta beneficios a la sociedad y al medio ambiente y contribuye a la realización de los objetivos de Lisboa y de los Objetivos de Desarrollo del Milenio; considera que la inversión en energías renovables y su desarrollo da lugar a nuevas posibilidades para la agricultura y la silvicultura, más empleos, una mejor salud, un mayor crecimiento regional y una mejor explotación de los recursos locales y regionales y de las tecnologías avanzadas existentes, y contribuye a reducir la pobreza;

13.

Pide que la UE dedique más esfuerzos al desarrollo de soluciones tecnológicas prometedoras en cooperación con los demás actores mundiales;

14.

Destaca que ya existen muchas de las tecnologías necesarias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero que, sin embargo, su comercialización se ve obstaculizada por numerosas barreras e incluso por incentivos especialmente perversos, como las subvenciones a los combustibles fósiles; exhorta, por lo tanto, a la Comisión a que proponga disposiciones legislativas encaminadas a eliminar todas las subvenciones de este tipo, estableciendo en cambio una estructura de incentivos positiva para un mayor uso de las tecnologías energéticamente eficientes, de baja o nula emisión de carbono, y pide que se recurra de forma más proactiva a la contratación pública en la UE para contribuir a reducir los costes de tales tecnologías; pide, por otra parte, además de que el Séptimo Programa Marco se centre en la investigación y la innovación en apoyo de los ámbitos relacionados con la mitigación del cambio climático, un programa intensivo —similar al programa Apolo estadounidense de los años sesenta— para promover la investigación y la innovación en apoyo de la energía sostenible y la gestión del uso de las superficies;

15.

Pide a la Comisión, habida cuenta del hecho de que muchas o la mayoría de las infraestructuras energéticas de la UE deberán ser renovadas durante las próximas décadas, que presente propuestas con miras a garantizar que todas las inversiones en infraestructuras energéticas dentro de la UE apliquen las mejores técnicas disponibles, de tal modo que se reduzcan al máximo o incluso por completo las emisiones procedentes de combustibles fósiles;

16.

Toma nota de que las inversiones en medidas de eficacia y tecnologías renovables constituyen las principales alternativas para la mitigación del cambio climático; señala, al mismo tiempo, que el desarrollo de técnicas de fijación y almacenamiento del carbono es importante, sobre todo en regiones en las que existen considerables recursos de carbón;

17.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que contribuyan de forma clara y concreta a una reforma eventual el Mecanismo para un desarrollo limpio y de sus instituciones, a fin de mejorar su aplicación y fomentar una mayor implicación de los agentes del sector privado, generando así el impulso necesario para abordar el período posterior a 2012;

18.

Señala la necesidad de fomentar las nuevas tecnologías de sistemas espaciales para analizar los desastres naturales desde el espacio y prevenir y paliar así sus desastrosas consecuencias;

19.

Considera que la complejidad de investigación y desarrollo tecnológico que requieren el cambio climático y la prevención de catástrofes, así como su dimensión transfronteriza, nos obligan a buscar fórmulas europeas que superen el principio de subsidiariedad regional y nacional;

20.

Reconoce que se requerirán cambios de enfoque y ajustes físicos para permitir que la sociedad se prepare para afrontar las consecuencias del cambio climático;

21.

Pide a los dirigentes de los países de la UE que aún no lo hayan hecho, que dediquen recursos al fondo suplementario a fin de garantizar que el Comité Ejecutivo del mecanismo para un desarrollo limpio pueda desempeñar su mandato orientado a la creación de un mecanismo plenamente operativo y eficaz;

22.

Subraya que los progresos en el sector del transporte resultan críticos dado que éste contribuye en un 30 % aproximadamente a las emisiones equivalentes de CO2 en la Comunidad, de las que aproximadamente el 85 % corresponde a los transportes por carretera; subraya que el transporte por ferrocarril es mucho más eficiente desde el punto de vista energético que el transporte por carretera; lamenta que la industria automovilística no parezca que vaya a lograr alcanzar la norma de 140 g/km dentro del calendario previsto en el actual acuerdo voluntario; pide, por consiguiente, una política de medidas rigurosas para reducir las emisiones procedentes del transporte, incluidos unos límites obligatorios para las emisiones de CO2 procedentes de los nuevos vehículos del orden de 80-100 g/km a medio plazo, que deberán lograrse a través del comercio de emisiones entre los fabricantes de vehículos, y otras medidas tales como límites de velocidad a escala de toda la UE, impuestos de circulación e incentivos fiscales, junto con una promoción del transporte por ferrocarril y del transporte público en general; insta además a la Comisión a desarrollar formas innovadoras para poner de manifiesto la contaminación que supone el transporte en términos de emisiones de CO2 y a presentar propuestas tendentes a estabilizar o reducir el volumen del transporte dentro de la Unión Europea hasta 2010;

23.

Observa con preocupación el incremento del transporte de mercancías, por lo que pide a la Comisión que evalúe las emisiones de CO2 procedentes del transporte de mercancías y que presente propuestas encaminadas a transferir gran parte del transporte por carretera hacia los modos de transportes más ecológicos; pide a la Comisión que, en el marco de su revisión del Programa europeo de cambio climático (PECC), presente propuestas orientadas a establecer una «red transeuropea rápida de transporte ferroviario de mercancías» que ponga fin a la fragmentación de la red del transporte de mercancías y elimine los puntos de congestión que subsisten en las infraestructuras; pide que se estudie la posibilidad igualmente de fijar objetivos obligatorios en materia de emisiones de CO2 para los camiones; pide asimismo a la Comisión que estudie los posibles beneficios, en términos de mitigación del cambio climático, derivados de la autorización del empleo, por parte de todos los Estados miembros, de camiones con parámetros de longitud suecos/ finlandeses, y que presente las conclusiones de dicho estudio a corto plazo;

24.

Reitera su demanda de que los vuelos y los transportes marítimos internacionales se incorporen a los objetivos de reducción de emisiones a partir del año 2012;

25.

Apoya la instauración de ecotasas al nivel comunitario; subraya que, al igual que otros instrumentos de mercado, constituyen un dispositivo indispensable para una política eficaz de reducción de las emisiones contaminantes; pide a la Comisión que presente propuestas y a los Estados miembros que adopten la primera ecotasa europea para 2009 a más tardar;

26.

Apoya la propuesta de la Comisión de una estrategia temática relativa al entorno urbano, cuyo objetivo es mejorar el nivel de calidad de las zonas urbanas, en particular en materia de calidad del aire; opina que, en relación con el cambio climático, se imponen dos ejes prioritarios: el desarrollo de transportes públicos que utilicen tecnologías limpias o menos contaminantes y el fomento de la construcción duradera y de alta calidad medioambiental (HEQ);

27.

Considera que la UE y sus Estados miembros deben revisar y modificar sus instrumentos de planificación comunitaria con miras a reducir el impacto sobre el clima, en particular en lo que respecta a la planificación de sistemas de transporte y nuevas zonas residenciales e industriales y las nuevas inversiones en este sentido;

28.

Insta a la Comisión, con miras a demostrar un liderazgo claro de la UE en la perspectiva de las negociaciones de 2012, a presentar propuestas legislativas específicas para ampliar el alcance de la Directiva sobre los edificios y para actualizar la Directiva sobre los biocombustibles, con objeto de incluir la reciente tecnología de los biocombustibles flexibles (tales como el MTHF, el levulinato de etilo, etc.) y a fin de establecer a nivel de la UE unas normas comunes vinculantes para estos nuevos combustibles, crear incentivos para que las flotas cautivas utilicen los biocombustibles e introducir unas relaciones de mezcla mínimas —examinando la eficacia medioambiental de exigir un 10% de mezclas de biocombustible en el combustible usado en el transporte— como parte de su revisión del PECC;

29.

Pide a las autoridades de la UE que se orienten los Fondos estructurales de forma prioritaria hacia el desarrollo sostenible;

30.

Es consciente de que el sector de la aviación, a nivel mundial, origina entre un 4% y un 9% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, y que las emisiones de la aviación se incrementan anualmente en un 3 %; subraya la importancia de unos objetivos rigurosos de reducción de las emisiones para el sector de la aviación; insta a la Comisión a tomar medidas rápidas para reducir el impacto de la aviación sobre el clima, creando un sistema de comercio de emisiones piloto para las emisiones de la aviación para el período 2008-2012, que cubra todos los vuelos procedentes y con destino a cualquier aeropuerto de la UE, y a introducir paralelamente instrumentos que aborden el impacto completo de la aviación sobre el clima; pide que se lleven a cabo esfuerzos paralelos para abordar las emisiones procedentes del transporte marítimo;

31.

Pide a la Comisión que clarifique la vía hacia una economía de baja emisión de CO2 elaborando una hoja de ruta que, entre otras cosas, aclare qué expectativas cabe albergar con respecto al hidrógeno y las energías renovables; pide a la Comisión que, a este respecto, identifique los puntos conflictivos en el desarrollo y la aplicación de unas tecnologías nuevas y limpias;

32.

Subraya que, a diferencia de los sectores de la electricidad y de los combustibles, la Unión Europea carece de un enfoque sistemático en materia de fomento de las energías renovables en el sector de la calefacción y de la refrigeración, a pesar de que, en este sector, la dependencia de las importaciones de gas y petróleo es particularmente elevada y de que los costes relacionados con el incremento de la cuota de energías renovables son comparativamente bajos; por tanto, solicita una estrategia destinada a lograr que las unidades de calefacción y refrigeración renovables sean competitivas mediante un aumento de su producción; observa, en este sentido, que las reglamentaciones burocráticas a escala de la Unión Europea a que están sometidos los propietarios y constructores de viviendas no son el medio adecuado para alcanzar dicho fin, siendo preferible la elaboración de una Directiva que establezca objetivos ambiciosos pero realistas, y que coordine las medidas tomadas por los Estados miembros sobre la base de incentivos de acceso al mercado limitados en el tiempo;

33.

Considera, en este sentido, que la Comisión debe presentar una propuesta de Directiva relativa a la calefacción y la refrigeración similar a la propuesta sobre los biocarburantes;

34.

Considera que el rápido desarrollo de la biomasa y el fomento de la producción de energía renovable relacionada con la agricultura debe constituir a corto plazo una prioridad en el cambio de enfoque de la Política Agrícola Común junto con un enfoque equilibrado de cara a la producción de alimentos; subraya que la producción de energía a partir de la biomasa debe organizarse de tal manera que resulte eficiente en términos de conversión de energía a la par que ecológicamente sostenible; en este sentido, se congratula de la intención de la Comisión de presentar un plan de acción sobre la biomasa y pide a la Comisión que incluya medidas jurídicamente vinculantes en su propuesta;

35.

Señala la necesidad de diversificar las líneas de investigación y las medidas de prevención para evitar efectos en la salud y la seguridad de las personas, inundaciones, sequías, incendios —especialmente en las zonas forestales y protegidas—, reducción de biodiversidad y pérdidas económicas; pide a los Estados miembros y a la Comisión que tengan en cuenta la importancia de la masa forestal y la agricultura como sumideros de carbono, freno frente a la erosión, fuentes de recursos y, en definitiva, reguladores del clima;

36.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros, a fin de garantizar la igualdad de condiciones a nivel internacional, que consideren la posibilidad de proponer objetivos sectoriales para las industrias exportadoras caracterizadas por una alta intensidad energética en países que no hayan suscrito compromisos vinculantes en materia de reducción de las emisiones, a modo de complemento a los objetivos vinculantes en materia de emisiones para los países industrializados; pide además que la Comisión explore la posibilidad de vincular el Sistema de Comercio de Emisiones de la UE con terceros países; pide a la Comisión que, en cada sector o ramo industrial inicie un diálogo activo con las empresas para examinar qué modificaciones pueden y deben propiciarse en materia de producción, consumo y transporte con miras a reducir la emisión de gases de efecto invernadero en la UE;

37.

Pide a la Comisión que tome seriamente en consideración el problema del comportamiento oportunista («free-rider») en el ámbito de la mitigación del cambio climático; pide a la Comisión y a los Estados miembros que examinen la posibilidad de adoptar medidas de ajuste en las fronteras para los intercambios comerciales a fin de compensar cualquier ventaja competitiva a corto plazo que pudieran disfrutar los productores en aquellos países industrializados no sujetos a restricciones en materia de carbono; subraya que las características del comercio internacional tienen una gran influencia sobre el cambio climático; pide, por consiguiente, a la OMC que integre en su trabajo un mecanismo para el desarrollo sostenible;

38.

Considera que, en el marco de la revisión del actual sistema de comercio de emisiones de gases de efecto invernadero y de su posible expansión, debe reexaminarse en detalle la idea de la asignación de derechos en función de criterios históricos a causa de sus graves defectos, y deben explorarse alternativas tales como la evaluación comparativa y las subastas, utilizando un planteamiento en la fuente; señala, por otra parte, que también habrá que reexaminar las cuotas nacionales de emisión a causa del aumento del comercio transfronterizo, especialmente en lo que respecta a la electricidad;

39.

Recomienda que la UE desarrolle una política específica de cooperación sobre el cambio climático con los países en desarrollo; señala que la integración de las consideraciones relativas al cambio climático en unas políticas de desarrollo más amplias requiere la elaboración y establecimiento de una serie de instrumentos; señala que las prioridades de este ámbito son la agricultura y la seguridad alimentaria, dos componentes extremadamente sensibles al clima; considera asimismo que otra preocupación clave es la diversificación económica, reconociendo que muchos países en desarrollo de la Alianza de los Pequeños Estado Insulares (AOSIS) son altamente dependientes del turismo; señala que el transporte, la planificación urbana y las cuestiones energéticas son factores clave para contrarrestar el cambio climático; señala asimismo que otras prioridades serían la prevención de las catástrofes y la preparación ante las mismas;

40.

Acoge con satisfacción la creación por parte de la Comisión del Sistema de información ambiental para el medio ambiente y el desarrollo sostenible en África, basado en tecnologías de satélite y mapas informatizados, que ayudará al desarrollo de las actividades del Departamento de ayuda humanitaria de la Comisión (ECHO); considera que debería examinarse la posibilidad de desarrollar y ampliar la estructura de la Comisión para incluir una red de observación del cambio climático;

41.

Subraya que, respecto a la participación de los países en desarrollo en el futuro régimen climático, la UE debería reconocer claramente que la prioridad de esos países es el desarrollo; no obstante, los Objetivos de Desarrollo del Milenio nunca se alcanzarán si no se afrontan adecuadamente las cuestiones medioambientales como el cambio climático; el desarrollo sostenible y la lucha contra la pobreza deben seguir siendo el marco general en el que animar a los países en desarrollo a adoptar políticas y medidas de integración de las preocupaciones relativas al cambio climático, ya sea para la adaptación o la mitigación;

42.

Apoya, en consecuencia, la creación de una nueva solución política coherente para mejorar el bienestar de unas poblaciones que ya son vulnerables, mediante una estrategia global para el desarrollo acompañada de la ayuda económica adecuada; esta nueva estrategia debería basarse en el vínculo permanente entre el cambio climático, la gestión de los recursos naturales, la prevención de las catástrofes y la erradicación de la pobreza;

43.

Subraya que el desarrollo económico constituye un derecho para todos los países en desarrollo; subraya que la UE y otros países industrializados deben apoyar a los países en desarrollo a la hora de desarrollar tecnologías sostenibles; señala, sin embargo, que los países en desarrollo no tienen que repetir las mismas prácticas contaminantes de los países industrializados; opina que las normas aplicables al Mecanismo de desarrollo limpio deben revisarse con objeto de permitir un desarrollo sostenible; sugiere que se reorienten las prioridades en materia de préstamo de las instituciones financieras internacionales, así como los mecanismos de ayuda de la UE, hacia el apoyo a las energías renovables y a la eficiencia energética; propone, por lo tanto, el lanzamiento de una Iniciativa Energética Sostenible multilateral —con la participación de la UE, de países como China, la India, Brasil, Sudáfrica, etc. y de algunas empresas energéticas importantes— cuyo objetivo debe ser promover a gran escala la cooperación tecnológica, siendo la energía y el transporte los principales objetivos, siguiendo el modelo de asociación acordada recientemente entre la UE y China en materia de cambio climático (Climate Change Partnership);

44.

Pide a la Comisión que, en el marco de la cooperación tecnológica con los países incluidos en el anexo B y de su revisión del Acuerdo de Cotonú, ayude a los Gobiernos de estos países a adoptar estrategias energéticas nacionales con miras a minimizar su dependencia de los combustibles fósiles importados, propicie en dichos países un gran salto tecnológico, sobre todo en materia de energías renovables, en particular la biomasa, y les ayude a cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas;

45.

Insiste en la necesidad de una mayor ayuda financiera para la adaptación climática destinada a los países menos desarrollados; considera, en este contexto, que la gestión de la silvicultura sostenible, especialmente de los bosques tropicales, constituye un elemento importante tanto para la mitigación como para la adaptación climática, por lo que insta a la Comisión a que conceda prioridad a este aspecto en sus actividades de cooperación al desarrollo;

46.

Pide a la Comisión que estudie la viabilidad y las ventajas de crear un sistema de cuotas individuales y negociables de emisiones a fin de asociar a los ciudadanos e incidir en las pautas individuales de consumo;

47.

Insta a las instituciones de la UE a dar un ejemplo positivo limitando las emisiones de gases de efecto invernadero en sus diversas actividades, a través de un aumento de la eficacia energética en los edificios de oficinas y en todos los equipos utilizados, los desplazamientos con medios de transporte de baja emisión de carbono, etc.; señala que deberían hacerse esfuerzos especiales en relación con los desplazamientos de los diputados al Parlamento, lo que implica una reconsideración de la múltiple ubicación del Parlamento Europeo, unos vehículos de baja emisión de carbono para el Servicio de Conductores, etc.;

48.

Pide a la Comisión que, como iniciativa de la UE, inicie una campaña de sensibilización dirigida a los ciudadanos acerca de la incidencia en el cambio climático de un consumo y una producción despilfarradores;

49.

Reconoce y apoya las soluciones basadas en las tecnologías de la información y la comunicación para disociar el crecimiento económico del consumo de energía y materias primas así como de los transportes, contribuyendo de este modo a una sociedad más sostenible; pide a la Comisión que proponga medidas políticas a fin de aprovechar las mejoras de la eficacia que ofrecen estas tecnologías sobre todo en los sectores de la vivienda, la desmaterialización, el transporte y la reorientación de los productos hacia los servicios;

50.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y a la Secretaría de la UNFCCC y de la OMC con la petición de que se remita a todas las Partes contratantes no pertenecientes a la UE.