22.3.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 71/6

1.1

respalda la Propuesta de Directiva de la Comisión con las modificaciones que se proponen más adelante;

1.2

subraya la importancia de que, además de las medidas relativas a la entrada y estancia de los nacionales de terceros países a efectos de investigación científica, se adopten también medidas complementarias para alcanzar el objetivo de dedicar el 3 % del PIB de los Estados miembros a la investigación antes del final del decenio. Por ejemplo, se debería fomentar el interés de los jóvenes por las carreras científicas, aumentar las posibilidades de formación continuada y de movilidad en el ámbito de la investigación y mejorar las posibilidades profesionales de los investigadores en la Comunidad (considerando 4);

1.3

destaca que la aplicación de la Directiva no deberá favorecer la fuga de cerebros de los países emergentes o en desarrollo. En estos casos, y en el marco de la asociación con los países de origen para el establecimiento de una política global de inmigración, habrá que adoptar medidas complementarias destinadas a favorecer la vuelta de los investigadores a sus países de origen y a facilitar su movilidad. Destaca asimismo la importancia de que en el curso de 2004 se presenten propuestas concretas, de conformidad con la recomendación del Consejo de 19 de mayo de 2003 (considerando 6);

1.4

considera apropiado que para la entrada y la estancia de los investigadores no se requiera un permiso de trabajo, sino que sea suficiente con el permiso de residencia. No obstante, además de los procedimientos contemplados en la Directiva, las modalidades habituales de admisión resultan importantes por ejemplo para los doctorandos que realizan su investigación en calidad de estudiantes, ya que la Directiva no se aplica a estos últimos (considerando 7);

1.5

respalda la propuesta de conferir a los organismos de investigación un papel fundamental en el procedimiento de admisión de investigadores. En este contexto, resulta esencial definir claramente el reparto de tareas y competencias entre los organismos de investigación y las autoridades, de modo que se eviten solapamientos innecesarios y soluciones administrativas ineficaces. El Comité señala que, en el respeto de ciertos aspectos de la seguridad jurídica, resulta importante establecer disposiciones claras sobre las competencias de cada parte. Además, la cooperación entre los organismos de investigación y las autoridades no debería restringir el derecho legal de estas a realizar tareas de supervisión y control (considerando 8);

1.6

pone de relieve que el convenio de acogida tiene una importancia fundamental en el procedimiento de admisión. En dicho convenio, el investigador se compromete a realizar el proyecto de investigación, y el organismo de investigación a darle acogida, siempre y cuando se le conceda el permiso de residencia. Dado que el convenio de acogida es una condición necesaria para la estancia del investigador, deberá incluir toda la información relevante para el examen de cada caso y ofrecer datos detallados sobre el proyecto de investigación, de modo que el organismo de investigación y, en casos excepcionales, la autoridad competente puedan evaluarlo. En opinión del CDR, la Directiva aborda de manera adecuada estos aspectos (considerando 9);

1.7

constata que la considerable responsabilidad financiera que deberá asumir el organismo de investigación por los costes que puedan derivarse de la estancia del investigador en el Estado miembro puede dar lugar a una modificación de las actuales prácticas en materia de admisión. El CDR considera esencial que se determinen de manera suficientemente precisa las categorías de gastos incluidas en el coste de residencia, sanitario y de retorno del investigador, así como el momento en que comienza esta responsabilidad financiera. (considerando 10);

1.8

considera apropiada la definición de «investigador», pues una interpretación amplia del término hace posible una aplicación extensiva de la Directiva. No se exige, por ejemplo, que la persona en cuestión haya trabajado expresamente como investigador en el país de origen. No obstante, el objetivo de la estancia deberá ser la realización de un proyecto de investigación, aunque esté permitido impartir clase en una institución de enseñanza superior (considerando 11);

1.9

constata que la definición de «organismo de investigación» es apropiada, aunque debería incluir también los establecimientos y empresas privados, con el fin de cumplir el objetivo de invertir el 3 % del PIB en investigación. Lo esencial es que el organismo se dedique a la investigación y haya recibido la autorización del Estado miembro en cuyo territorio esté situado (artículo 2);

1. 10

insiste en la importancia de que se tenga en cuenta la opinión de los entes locales y regionales en la autorización preliminar de un organismo de investigación que tiene la intención de acoger a investigadores de un tercer país (artículo 4);

1.11

apoya la idea de que los Estados miembros puedan denegar o negarse a renovar la autorización a un organismo de investigación cuando este hubiere dejado de cumplir las condiciones fijadas en los apartados 2 a 4 y 7 del artículo 4, el investigador no cumpliere los requisitos de los artículos 5 y 6 o el organismo de investigación hubiere firmado un convenio de acogida con un nacional de tercer país a quien se hubieren aplicado las disposiciones del apartado 1 del artículo 8. El CDR considera que la posibilidad de sanción aumenta el interés por respetar debidamente las disposiciones de la Directiva, por lo que también cumple una función preventiva (artículo 4);

1.12

destaca la importancia de que a los investigadores que se hallen en posesión de un permiso de residencia y documentos de viaje sin caducar se les brinde la oportunidad de realizar parte de su proyecto de investigación en el territorio de otro Estado miembro, salvo indicación contraria por motivos de orden público, seguridad pública o sanidad. Habida cuenta del tiempo que se precise para efectuar esta parte de las investigaciones, puede ser necesario firmar un nuevo convenio de acogida, en virtud del cual el investigador recibirá un permiso de residencia en el segundo Estado miembro. El CDR constata que también resulta conveniente facilitar e incrementar la movilidad en el interior de la UE, lo que debería contribuir a aumentar la competitividad en el plano internacional (artículo 13);

1.13

es de la opinión que la obligación impuesta a las autoridades competentes de que se pronuncien en un plazo de 30 días a partir de la presentación de la solicitud de admisión o de prolongación del permiso de residencia es necesaria para garantizar la agilidad del procedimiento. Además, el CDR insiste en que, por motivos de seguridad jurídica, se debe procurar que las decisiones administrativas sobre los casos en que una solicitud es considerada compleja se tomen de manera uniforme y previsible, ya que en estos casos dicho plazo podrá prorrogarse (artículo 15);

1.14

considera que las medidas contempladas en la Recomendación cumplen una función importante para permitir una adaptación gradual a las obligaciones y normas que se desprenderán de la aplicación de la Directiva;

1.15

observa por ejemplo la recomendación de que se exima a los investigadores del requisito del permiso de trabajo, o se les conceda automáticamente, lo que debería contribuir a acortar los trámites. Teniendo en cuenta la enorme necesidad de investigadores en la Unión Europea, tanto a largo plazo como en términos numéricos, se podrían conceder también permisos de trabajo y residencia temporales en los casos en que esté justificado para tener en cuenta las necesidades del país de origen (recomendaciones 1 a), 1 c), 2 b));

1.16

destaca la importancia de que los organismos de investigación participen desde una fase temprana en el procedimiento para la admisión de los investigadores, con el fin de crear un clima de confianza mutua y obtener una cooperación óptima entre los organismos de investigación y las autoridades competentes (recomendación 2 c));

1.17

respalda la recomendación de facilitar la reagrupación familiar, lo que no es obligatorio en virtud de la Directiva sobre el derecho a la reagrupación familiar, por ejemplo permitiendo la introducción de las solicitudes a tal efecto tras la llegada a un Estado miembro. Asimismo, defiende la importancia de que las solicitudes de admisión de los familiares se tramiten en un plazo breve. Las dificultades que se suponga que puedan encontrar los familiares del investigador para ser admitidos en el país de acogida pueden desalentar a los investigadores de intentar desplazarse a los Estados miembros (recomendaciones 3 a), 3 b) y 3 d)).

1.18

destaca la importancia de que los Estados miembros aprovechen ampliamente la posibilidad de emitir visados para varias entradas y salidas. Habida cuenta de la competencia existente, también resulta conveniente considerar la duración del proyecto de investigación para determinar el periodo de vigencia de los visados. Este tipo de soluciones pragmáticas permiten aumentar el atractivo respecto de nuestros competidores a escala mundial (recomendación 2);

1.19

subraya la importancia de que los Estados miembros respeten los principios establecidos en la Recomendación, con el fin de facilitar la movilidad de los investigadores, que suelen desplazarse para estancias breves. En este sentido, se debe partir de la base de que los investigadores que se desplazan a la Unión Europea son personas bona fide, lo que debería influir en su obligación de presentar la documentación a la hora de solicitar un visado (recomendación 3 c));