—

Anular la sentencia recurrida, en la medida en que, en virtud de dicha sentencia, el Tribunal General desestimó el recurso de anulación de la Decisión C(2016) 3753 (1) de la Comisión Europea (CE), de 20 de junio de 2016.

—

Anular la Decisión C(2016) 3753 de la Comisión Europea (CE), de 20 de junio de 2016, dado que el Tribunal de Justicia tiene base para declarar el carácter fundado de las alegaciones de la República Portuguesa.

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Condenar a la Comisión al pago de las costas del procedimiento.

1)

Error de derecho y violación del principio de seguridad jurídica — Infracción del artículo 24 del Reglamento (CE) n.o 73/2009 (2) y de lo dispuesto en los artículos 54, apartado 1, letra c), párrafo segundo, y 71, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1122/2009 (3) y contradicción manifiesta, que resulta de un error de Derecho, con lo establecido en los apartados 43 y 44 de la sentencia recurrida, en la medida en que, al declarar que el segundo motivo alegado por Comisión es infundado, el Tribunal General sobreentiende que el sistema portugués de control de la condicionalidad era un sistema de control eficiente y, por tanto, al desestimar el motivo y al no anular la Decisión impugnada, el Tribunal General incurrió en error manifiesto de Derecho y en contradicción con lo juzgado, y violó también el principio de seguridad jurídica.

2)

Error de derecho, contradicción con lo juzgado y violación del principio de proporcionalidad, en la medida en que la sentencia recurrida admite en el apartado 41 la distinción inequívoca entre subvencionabilidad y el sistema de condicionalidad y, en los apartados 46 y 47, afirma, contradictoriamente, que el importe total de la ayuda abonada a los agricultores debe ser objeto de una corrección. En este sentido, el apartado 43 de la sentencia recurrida concluye, erróneamente, que el riesgo para el Fondo no puede ser limitado a la muestra del control y mantiene la corrección financiera de la Comisión aplicada a la totalidad del gasto, lo que no es adecuado ni necesario para el fin perseguido y por lo tanto, desproporcionado. Esta afirmación del Tribunal General infringe lo dispuesto en los artículos 5 TUE, 31, apartado 2, del Reglamento n.o 1290/2005 (4) y 50, apartado 1, del Reglamento n.o 1122/2009, de los que resulta que el porcentaje de corrección solo es aplicable a la parte del gasto expuesta al riesgo, o sea, el 1 %. De este modo, la sentencia recurrida incurre en error manifiesto de Derecho y adolece de una incoherencia de la motivación, y viola los principios generales y las reglas previstas en el apartado 2, párrafos primero y sexto, del documento de trabajo de la Comisión, AGRI-2005-64043, ya que hizo una aplicación incorrecta de los mismos, violando también el documento de trabajo DS/2010/29 REV de la Comisión y el principio de proporcionalidad.