—

Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948, y en particular sus artículos 13 y 14,

—

Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, y su Protocolo adicional,

—

Vistos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966, y sus protocolos adicionales,

—

Vista la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, de 1966,

—

Vista la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de 1984, en particular su artículo 3, y su protocolo adicional,

—

Vista la Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989, y sus protocolos adicionales,

—

Vista la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, de 1990,

—

Vista la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas,

—

Vistos los Protocolos de Palermo de las Naciones Unidas contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes,

—

Visto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,

—

Visto el informe del secretario general de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección de los derechos humanos, incluidos otros medios para promover los derechos humanos de los migrantes, de 3 de agosto de 2015,

—

Vista la Resolución 71/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 19 de septiembre de 2016, sobre la Declaración de Nueva York sobre Refugiados y Migrantes,

—

Vista la Resolución 72/179 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 19 de diciembre de 2017, sobre la protección de los migrantes,

—

Vista la labor de los mecanismos internacionales de derechos humanos, incluidos los diferentes informes del relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes, en particular, su seguimiento del estudio regional sobre la administración de las fronteras periféricas de la Unión Europea y sus repercusiones sobre los derechos humanos de los migrantes, de 8 de mayo de 2015, así como su informe sobre el derecho a la libertad de asociación de los migrantes, de mayo de 2020, y los informes de otros relatores especiales, el examen periódico universal y el trabajo de otros órganos establecidos en virtud de tratados,

—

Vistos las actividades y los informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), incluidos los sistemas recomendados de principios y directrices sobre derechos humanos en las fronteras internacionales y el informe titulado «Situación de los migrantes en tránsito»,

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Vistos el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular y el Pacto Mundial sobre los Refugiados, aprobados por la Asamblea General de la Naciones Unidas en 2018,

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Vista la Nota orientativa conjunta sobre los impactos de la pandemia de la COVID-19 en los derechos humanos de los migrantes, de 26 de mayo de 2020, del Comité de las Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y del relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes,

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Vistos los principios de Daca para la contratación y el recurso responsables a los trabajadores migrantes,

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Visto el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

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Vistos los artículos 79 y 80 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

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Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo «la Carta»),

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Visto el Reglamento (UE) n.o 656/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por el que se establecen normas para la vigilancia de las fronteras marítimas exteriores en el marco de la cooperación operativa coordinada por la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea (1),

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Vistos los informes correspondientes de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

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Visto el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo propuesto por la Comisión el 23 de septiembre de 2020,

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Vistos las Conclusiones del Consejo sobre el Plan de Acción de la UE para los Derechos Humanos y la Democracia 2020-2024 y el Plan de Acción de la UE para los Derechos Humanos y la Democracia 2020-2024 anexo, aprobados por el Consejo el 17 de noviembre de 2020,

—

Vista la Comunicación conjunta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 25 de marzo de 2020, titulada «Plan de Acción de la UE para los Derechos Humanos y la Democracia 2020--2024» (JOIN(2020)0005),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 18 de noviembre de 2011, titulada «Enfoque Global de la Migración y la Movilidad» (COM(2011)0743),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 7 de junio de 2016, sobre la creación de un nuevo Marco de Asociación con terceros países en el contexto de la Agenda Europea de Migración (COM(2016)0385),

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Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 30 de abril de 2014, sobre un planteamiento basado en los derechos que abarque todos los derechos humanos para la cooperación de la UE al desarrollo (SWD(2014)0152),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 23 de septiembre de 2020, relativa al Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo (COM(2020)0609),

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Vista la Declaración de Malta de los miembros del Consejo Europeo sobre los aspectos exteriores de la migración: abordar la ruta del Mediterráneo central, de 3 de febrero de 2017,

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Vista la Comunicación conjunta al Parlamento Europeo y al Consejo, de 25 de noviembre de 2020, titulada «Plan de acción en materia de género III — un ambicioso programa para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en la acción exterior de la UE» (SWD(2020)0284),

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Vista la Comunicación conjunta al Parlamento Europeo y al Consejo, de 9 de marzo de 2020, titulada «Hacia una estrategia global con África» (JOIN(2020)0004),

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Visto el acuerdo sobre la acción conjunta para el futuro en cuestiones de migración, entre Afganistán y la Unión, firmado el 3 de octubre de 2016,

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Vista la Declaración UE-Turquía de 18 de marzo de 2016,

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Vistos otros acuerdos informales, en particular, los celebrados con Gambia (buenas prácticas en materia de identificación y retorno, que entraron en vigor el 16 de noviembre de 2018), Bangladés (procedimientos operativos normalizados, acordados en septiembre de 2017), Etiopía (procedimientos de admisión, acordados el 5 de febrero de 2018), Guinea (buenas prácticas, en vigor desde julio de 2017) y Costa de Marfil (buenas prácticas, en vigor desde octubre de 2018),

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Vistas sus anteriores resoluciones sobre cuestiones relacionadas con la migración, y en particular las de 25 de octubre de 2016, sobre derechos humanos y migración en terceros países (2), de 17 de diciembre de 2014, sobre la situación en el mar Mediterráneo y la necesidad de un enfoque integral de la Unión frente a la migración (3), de 29 de abril de 2015, sobre las recientes tragedias en el Mediterráneo y las políticas de inmigración y asilo de la UE (4), y de 12 de abril de 2016, sobre la situación en el Mediterráneo y la necesidad de un enfoque integral de la Unión sobre la migración (5),

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Vista su Resolución, de 5 de julio de 2016, sobre la lucha contra la trata de seres humanos en las relaciones exteriores de la Unión (6),

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Vistos los distintos informes de organizaciones de la sociedad civil sobre la situación de los derechos humanos de los migrantes,

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 23 de septiembre de 2020, titulada «Orientaciones de la Comisión sobre la aplicación de las normas de la UE destinadas a definir y prevenir la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares» (C(2020)6470),

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Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2020, sobre la mejora de la eficacia del desarrollo y la eficiencia de la ayuda (7),

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Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

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Vistas las opiniones de la Comisión de Desarrollo y de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior,

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Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A9-0060/2021),

A.

Considerando que la migración es un fenómeno mundial amplificado por la globalización, el aumento de los conflictos, las desigualdades, el cambio climático y la degradación medioambiental; que un desarrollo normativo gradual, en el actual marco internacional de derechos humanos de los derechos de los refugiados y los migrantes, independientemente de su estatuto jurídico, representa una fuente de progreso y de orgullo colectivo para la humanidad; que, a pesar de ello, los migrantes y, en particular, las personas desplazadas siguen siendo uno de los grupos más vulnerables y desfavorecidos del mundo y siguen sufriendo violaciones de sus derechos; que las mujeres, los niños, los mayores y las personas con discapacidad son algunos de los migrantes más vulnerables; que la migración sigue siendo, para muchas personas, un viaje humano marcado por el sufrimiento, la discriminación y la violencia; que miles de migrantes han perdido la vida en sus rutas de migración;

B.

Recordando que, para la Unión Europea y sus Estados miembros, la migración ha sido y seguirá siendo un reto y una oportunidad; que los Estados miembros de primera línea, debido a su ubicación geográfica asumen una responsabilidad desproporcionada; que la responsabilidad debe ir acompañada de solidaridad; que la Unión, como región histórica tanto de emigración como de inmigración y comunidad unida por los valores fundacionales de dignidad humana, libertad y derechos humanos, y como uno de los mayores donantes del mundo que promueve el desarrollo sostenible, apoya a las personas desplazadas, se ocupa de los factores que impulsan la migración y trabaja en foros multilaterales para encontrar soluciones duraderas, tiene el deber particular de respetar, proteger y promover los derechos de los migrantes, en especial en sus relaciones exteriores; que la dignidad humana de todos los migrantes debe ocupar un lugar central en todas las políticas europeas al respecto;

C.

Considerando que un enfoque integral sobre la migración y el sistema de asilo supone abordar la dimensión exterior de la política de la Unión en materia de migración; que el impacto de esa dimensión exterior depende en gran medida de la acción coordinada a escala de la Unión y de la coordinación activa de acciones con socios exteriores;

D.

Considerando que el Consenso Europeo en materia de Desarrollo, adoptado en junio de 2017, destaca que unas migraciones y una movilidad bien administradas pueden aportar una contribución positiva a un crecimiento integrador y un desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030;

E.

Considerando que las violaciones de los derechos humanos, las violaciones del Derecho internacional humanitario o de los refugiados, como la no devolución, las devoluciones forzosas y los ataques violetos contra migrantes, la detención arbitraria e indefinida en condiciones inhumanas, la explotación, la tortura y otros malos tratos, incluida la violación, las desapariciones y la muerte, cada vez se denuncian más en el mundo, también en las fronteras exteriores de la Unión; que los Estados miembros tienen la obligación de respetar el Derecho de la Unión y el Derecho de los derechos humanos y el internacional, el Derecho humanitario y el Derecho de los refugiados; que la Comisión debe velar por que los Estados miembros cumplan sus obligaciones humanitarias y de derechos humanos y debe iniciar procedimientos de infracción en caso de que no lo hagan; que la Comisión debe actuar ya en casos demostrados o presuntos de devoluciones forzosas;

F.

Considerando que el rescate en el mar es una obligación jurídica en virtud del Derecho internacional, en particular de conformidad con el artículo 98 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que exige que se preste auxilio a toda persona que se encuentre en peligro en el mar; que la mejora de las capacidades de gestión de las fronteras y de lucha contra la trata y el tráfico ilícito no debe utilizarse para criminalizar a los migrantes ni a quienes les prestan asistencia; que la Comisión ha invitado a los Estados miembros que aún no lo han hecho a utilizar el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2002/90/CE (8) (Directiva de ayuda);

G.

Considerando que la Comunicación de la Comisión sobre el Enfoque Global de la Migración y la Movilidad, de 2011, hace referencia a un enfoque centrado en los migrantes, en el que los derechos humanos ocupen un lugar central, con el objetivo de reforzar «el respeto de los derechos fundamentales y de los derechos humanos de los migrantes en los países de origen, de tránsito y de destino»;

H.

Considerando que en su Comunicación, de 7 de junio de 2016, sobre la creación de un nuevo Marco de Asociación con terceros países en el contexto de la Agenda Europea de Migración, que parte de los principios del Enfoque Global de la Migración y la Movilidad, la Comisión hace hincapié en que las cuestiones migratorias son una de las principales prioridades de las relaciones exteriores de la Unión; que este marco requiere una cooperación intensificada con terceros países, en particular los de la vecindad europea, mediante «asociaciones» encaminadas a garantizar la cooperación en materia de gestión de migraciones, para prevenir eficazmente la migración irregular y readmitir migrantes irregulares, también por medio de incentivos positivos y negativos procedentes de distintos elementos de políticas dentro del ámbito de competencias de la Unión, entre ellas, la política de vecindad, la ayuda al desarrollo, el comercio, la movilidad, la energía, la seguridad y las políticas digitales, todo ello con el mismo objetivo; que todas estas «asociaciones» deben contar con una base jurídica clara;

I.

Considerando que, en su Comunicación de 2016, la Comisión definió tres objetivos principales para la cooperación con terceros países: salvar vidas en el mar Mediterráneo, aumentar la tasa de retornos a los países de origen y tránsito, y permitir a los migrantes y refugiados permanecer cerca de sus hogares y evitar viajes peligrosos; que la Comunicación de 2016 menciona hacer frente a la migración irregular como una prioridad para la Unión e introduce el enfoque «menos por menos», según el cual la Comisión manifiesta su disposición de utilizar todas las herramientas e instrumentos de la Unión, a excepción de la ayuda humanitaria, como incentivos para obtener la cooperación de terceros países en materia de readmisión y control de fronteras;

J.

Considerando que la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes es un desafío común que requiere cooperación y coordinación con terceros países; que el nuevo Plan de Acción de la UE contra el Tráfico Ilícito de Migrantes tiene por objeto promover la cooperación entre la Unión y terceros países mediante asociaciones específicas para luchar contra el tráfico ilícito de migrantes como parte de asociaciones más amplias con terceros países clave; que Europol desempeña un papel esencial en la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes;

K.

Considerando que la cooperación con terceros países es esencial para prevenir y combatir la trata de seres humanos; que las rutas migratorias pueden ser explotadas por redes de trata de seres humanos; que la trata de seres humanos afecta de forma desproporcionada a las mujeres y las niñas, que constituyen la inmensa mayoría de sus víctimas y sufren violencia y explotación durante su ruta de migración; que las medidas adoptadas contra la trata de seres humanos no deben afectar negativamente a los derechos de las víctimas de la trata, los migrantes, los refugiados o las personas que necesitan protección internacional;

L.

Considerando que desde 2016 la Unión y algunos Estados miembros por separado han multiplicado el número de convenios y acuerdos informales con terceros países destinados a reforzar sus capacidades operativas en materia de control y gestión de fronteras y de lucha contra la trata de seres humanos; que estos convenios y acuerdos también cubren el retorno y la readmisión efectivos con terceros países, con declaraciones conjuntas sobre migración, memorandos de entendimiento, acciones conjuntas para el futuro, procedimientos operativos normalizados y buenas prácticas, así como acuerdos en materia de cooperación policial; que, al igual que ocurre con los acuerdos formales de readmisión, en tales acuerdos informales se afirma el compromiso de los Estados de readmitir a sus ciudadanos (u otros) y establecer procedimientos para efectuar los retornos; que, desde 2016, la Unión ha celebrado al menos once acuerdos informales, pero solo un nuevo acuerdo de readmisión; que los acuerdos informales entre la Unión y terceros países no ofrecen una política previsible ni disposiciones marco de naturaleza legal estables y coherentes en materia de migración irregular;

M.

Considerando que, en su Comunicación relativa al Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, la Comisión reiteró que, las dimensiones interna y externa de la migración están vinculadas inextricablemente y que unos diálogos y asociaciones sobre migración a medida, exhaustivos y equilibrados con los países de origen y de tránsito son esenciales para abordar objetivos valiosos para ambas partes, como las causas profundas de la migración, la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes, la ayuda a los refugiados que residen en terceros países y el apoyo a una migración legal bien gestionada; que, tal como se afirma en la Comunicación de la Comisión sobre el Nuevo Pacto, es fundamental un compromiso a escala regional y mundial para complementar esos diálogos y asociaciones; que hace hincapié, además, en que en el marco de las asociaciones de alcance global con terceros países, la migración debe constituir un elemento fundamental vinculado a otras políticas, por ejemplo las relacionadas con la cooperación al desarrollo, la seguridad, los visados, el comercio, la agricultura, la inversión y el empleo, la energía, el medio ambiente y el cambio climático y la educación;

N.

Considerando que la Unión y sus Estados miembros, en virtud del Plan de Acción de la UE para los Derechos Humanos y la Democracia 2020-2024, se comprometen a «abogar por la protección específica a la que tienen derecho los migrantes, los refugiados y los desplazados internos y apátridas»; que dicho Plan de Acción promueve «el acceso no discriminatorio a los servicios sociales, incluida la calidad y asequibilidad de la asistencia sanitaria y la educación (también en línea), y crear capacidades para que los profesionales puedan responder a las necesidades específicas de […] los migrantes [y] los refugiados» y a apoyar «un enfoque hacia la gobernanza de la migración basado en los derechos humanos y reforzar la capacidad de los Estados, la sociedad civil y los socios de las Naciones Unidas para ponerlo en práctica»;

O.

Considerando que, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), las mujeres representan alrededor del 48 % de la población refugiada en el mundo y una gran proporción de los solicitantes de asilo vulnerables; que el Plan de Acción en materia de género de la UE III compromete a la Unión a garantizar la plena realización de los derechos humanos de las mujeres y niñas migrantes mediante políticas, programas y leyes de migración que respondan a las cuestiones de género, y a reforzar la gobernanza de la migración con perspectiva de género a escala mundial, regional y nacional; que unas políticas migratorias con perspectiva de género garantizarían la realización de los derechos de las mujeres, la niñas y las personas LGTBIQ+ y su protección ante posibles actos de violencia, acoso, violación y trata de seres humanos;

P.

Considerando que el informe de 2015 del antiguo relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes señala deficiencias en el enfoque de la Unión en materia de migración debidas a su falta de transparencia y claridad, y a la debilidad de muchos de los acuerdos alcanzados en este marco, que considera que carecen, en general, de medidas de supervisión y rendición de cuentas; que el relator especial concluye también que hay pocos indicios de que las asociaciones de movilidad hayan aportado beneficios adicionales en materia de derechos humanos o desarrollo, mientras que la atención general a la seguridad y la falta de coherencia política en el conjunto del enfoque crean el riesgo de que los beneficios derivados de proyectos de derechos humanos y desarrollo puedan quedar eclipsados por los efectos secundarios de políticas más enfocadas a la seguridad;

Q.

Considerando que los expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas y las organizaciones de la sociedad civil han advertido de que la pandemia de COVID-19 tiene efectos graves y desproporcionados en los migrantes y sus familias en todo el mundo; que han pedido a los Estados que protejan los derechos de los migrantes y sus familias, con independencia de su situación migratoria; que la pandemia ha prolongado el período de examen de las solicitudes de asilo;

R.

Considerando que la protección de la libertad de circulación y del derecho a trabajar es esencial para permitir que los migrantes sean autónomos y contribuye a fomentar su integración; que la migración intrarregional es un elemento importante de estos modelos económicos transfronterizos;

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