6.3.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 67/32

1.1

El CESE ha abordado la cuestión de la inmigración irregular en muchas ocasiones y desde distintos ángulos (1). El fenómeno de la inmigración irregular es muy complejo y multifacético, y requiere medidas a corto y a largo plazo. El presente dictamen se centrará en los siguientes aspectos:

1.2

En este contexto, el Comité expresa su profunda tristeza por la muerte de al menos 311 emigrantes africanos, y probablemente de muchos más, acaecida en las costas de Lampedusa en el reciente hundimiento de sus dos embarcaciones. Si bien no puede determinarse una única causa de esta tragedia, el Comité considera que estos incidentes son un síntoma del grave problema de la inmigración irregular por mar en la UE, y opina que existe un nexo causal entre estos dos sucesos y la aparente incapacidad de la UE para establecer una política satisfactoria y coherente sobre la inmigración irregular basada en la solidaridad, que incluya políticas en materia de búsqueda y rescate y desembarco. El Comité pide a la UE y a los Estados miembros que consideren estos hechos una llamada de atención para actuar sin tardanza sobre las recomendaciones formuladas en este dictamen antes de permitir que ocurra otra tragedia. Las tragedias de Lampedusa refuerzan la necesidad imperiosa de que la UE aborde la inmigración irregular y la vigilancia de fronteras como un asunto europeo.

1.3

Derechos humanos: El Comité observa con preocupación que en Europa crece la intolerancia, el racismo y la xenofobia contra los inmigrantes, contra «los diferentes», y expresa su temor de que los efectos sociales de la crisis financiera potencien estos fenómenos. Es preciso que los responsables políticos, los dirigentes sociales y los medios de comunicación actúen con una alta responsabilidad y con una gran pedagogía política y social para prevenir estas conductas. Los inmigrantes irregulares deben ser tratados en todo momento respetando plenamente los derechos humanos, en el momento de su salvamento o detención hasta que obtienen el estatuto de protección, cuando se encuentran en una situación irregular «sin papeles» o se produce su repatriación al país de origen.

1.4

Salvar vidas en el mar: Toda persona que se encuentre en situación de peligro en el mar o en situación de riesgo –esto incluye a los inmigrantes irregulares– debe ser rescatada.

1.5

Desembarco: La UE debe adoptar una política de desembarco que no aumente la carga existente para los Estados miembros que ya sufren una presión migratoria desproporcionada. La cuestión del desembarco debe regularse sobre la base del principio de desembarco en el lugar seguro más cercano, solo en la medida en que el país afectado se adhiera plenamente a todos los convenios internacionales en materia de derechos humanos y sea objeto de control por parte de las organizaciones de derechos humanos.

1.6

Derecho y concesión de asilo: Se debe garantizar el principio de no devolución en la frontera y que todas las personas que necesiten de protección internacional puedan presentar su solicitud en la UE. Estas solicitudes deben ser tramitadas por las autoridades nacionales competentes. En este contexto, es necesario crear un sistema de examen de las solicitudes de asilo más eficiente. El CESE respalda la cooperación con los terceros países para que refuercen sus sistemas de asilo y el cumplimiento de las normas internacionales.

1.7

Repatriación de inmigrantes irregulares: La Directiva de Retorno (2) ofrece un marco Europeo de garantías jurídicas y procedimentales de protección (3), que el CESE valora, como por ejemplo el derecho efectivo a interponer un recurso contra decisiones de retorno ante un órgano jurisdiccional, una autoridad administrativa u otro órgano competente independiente; así como la asistencia jurídica y la representación legal gratuita, ciertas garantías a la espera de retorno y las condiciones de internamiento. El Comité propone que la política europea de retorno fomente el carácter voluntario y la más alta consideración hacia los valores humanitarios. De ello depende la legitimidad y credibilidad de la política de inmigración europea en el exterior. El artículo 19 de la Carta de Derechos Fundamentales prohíbe expresamente las expulsiones colectivas y garantiza que nadie podrá ser devuelto, expulsado o extraditado a un Estado en el que corra un grave riesgo de ser sometido a la pena de muerte, a tortura o a otras penas o tratos inhumanos o degradantes – el principio de no devolución (non-refoulement) (artículos 4 y 19 de la Carta).

1.8

Una política integrada europea en materia de inmigración irregular basada en la solidaridad: El CESE considera que, para garantizar el respeto de los derechos fundamentales, se debe mejorar la solidaridad de la UE con los Estados miembros, que, debido a su posición geográfica, tienen que atender a numerosas personas que llegan a través de procedimientos irregulares y que son víctimas de las redes de la delincuencia del tráfico ilegal y el contrabando. Las fronteras de la UE, incluidas las fronteras marítimas de los Estados miembros de la UE ribereños del Mediterráneo, son las fronteras de todos los Estados miembros de la UE, y como tales es responsabilidad de todos garantizar activamente su protección, de acuerdo con los Tratados. No es solamente una cuestión de solidaridad sino de que todos los Estados miembros de la UE asuman sus responsabilidades mediante mecanismos de reparto de la carga que entraña la inmigración irregular. Por consiguiente, es asimismo preciso mostrar solidaridad con y prestar apoyo a los Estados miembros situados en las fronteras exteriores de la Unión mediante el desarrollo de mecanismos de reparto que posibiliten el reasentamiento de los solicitantes de asilo en la UE. El CESE apoya decididamente la aplicación de una Clave de Reparto de la UE, según se expone en el Informe del Parlamento Europeo sobre una mayor solidaridad en la UE en el ámbito del asilo (2012/2032 INI).

1.9

Acuerdos de cooperación con terceros países: Los Diálogos sobre Migración y Movilidad de la UE con los terceros países deben tener como objetivo principal facilitar que la migración se produzca de manera legal y ordenada, garantizar el derecho internacional de asilo, reducir la inmigración irregular y luchar contra las redes criminales de la trata de seres humanos. Muchas veces la cooperación con terceros países es esencial como condición previa para una gestión eficaz de los procedimientos de repatriación de los inmigrantes. Dicha cooperación debe reforzarse para lograr mejores resultados. Al mismo tiempo, debe prestarse asistencia a ciertos países de tránsito con el fin de que puedan gestionar mejor sus fronteras y también desarrollar la capacidad de otorgar protección a los que lo necesitan.

1.10

Agencia Europea de Fronteras Exteriores (Frontex): Frontex debería seguir transformándose en una verdadera Agencia Europea de Fronteras Exteriores, con mayores responsabilidades para la coordinación de la acción conjunta de la UE en relación con las fronteras exteriores de los Estados miembros. A este respecto debería incidirse más en la idea de crear «equipos de agentes de la guardia de fronteras», tal como se señala en el Informe del Parlamento Europeo sobre Frontex (A7-0278/2011). Asimismo, su labor debe ampliarse para que la Agencia se dedique más activamente a la prevención. Está claro que, si se pretende que este organismo desempeñe un papel más eficaz, se necesitan más recursos, no menos. El despliegue de operaciones conjuntas coordinadas por la Agencia (y sus repercusiones sobre derechos fundamentales y garantías administrativas previstas en el Código de Fronteras) debe ser objeto de un control democrático por parte del Parlamento y la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA).

1.11

EASO: La Oficina Europea de Apoyo al Asilo ha entrado en funciones recientemente. Por lo tanto, cabe esperar que asuma rápidamente sus cometidos con plena capacidad, especialmente en lo que respecta a su papel en la búsqueda de soluciones sostenibles y a su actuación proactiva en materia de solidaridad en la UE, en consonancia con las obligaciones expuestas en el Reglamento por el que se crea la Oficina. La Oficina deberá contar con capacidad para identificar de forma clara las diferencias que se producen en las prácticas de asilo de los Estados miembros, así como las diferencias legislativas, y proponer los cambios necesarios.

1.12

Prevenir y combatir el tráfico ilícito de personas: El CESE subraya también que hay que realizar todos los esfuerzos posibles para luchar enérgicamente contra la delincuencia organizada. No hay que escatimar recursos en la búsqueda y el enjuiciamiento de los «facilitadores» del tráfico de personas. En este sentido, es esencial que se solicite la ayuda de los gobiernos de terceros países.

1.13

Financiación: El CESE señala que la cuestión de controlar y gestionar los flujos migratorios en su conjunto es un asunto que incumbe a la UE, hecho que también debe reflejarse en la distribución de la carga financiera de los diferentes mecanismos que se necesitan para aplicar unas políticas efectivas. El Comité ha respaldado la propuesta de la Comisión para que el Fondo Asilo y Migración y el Fondo de Seguridad Interior se gestionen con más flexibilidad a partir de 2014.

2.1

La política común de inmigración debe adoptar un enfoque global que tenga en cuenta diversos aspectos como: la situación demográfica y de los mercados de trabajo; el respeto a los derechos humanos, la igualdad de trato y la no discriminación; la legislación de admisión de nuevos inmigrantes; la situación de los inmigrantes en situación irregular, la acogida y protección de los solicitantes de asilo; la lucha contra las redes criminales del tráfico ilegal de personas; la colaboración con los países terceros; la solidaridad europea; y la política social y la integración.

2.2

Durante los últimos años se han producido acontecimientos, declaraciones y decisiones políticas que el Comité observa con gran preocupación, pues una vieja y conocida enfermedad de los europeos se está extendiendo entre nosotros: la xenofobia y el nacionalismo excluyente. Las minorías y los inmigrantes son víctimas de descalificaciones, insultos y políticas agresivas y discriminatorias.

2.3

El tema de la inmigración irregular es especialmente grave y complejo, como se desprende de los cuadros que se incluyen en anexo al final de este documento; constituye un problema que atañe en su conjunto a la UE y así debe considerarse. Los inmigrantes irregulares que atraviesan las fronteras del Sur invariablemente buscan establecerse en otros países de la UE.

2.4

Como consecuencia de que en el espacio Schengen no existen las fronteras interiores, el problema de la inmigración irregular tiene repercusiones para Europa en su conjunto y debe afrontarse con una política europea común.

2.5

El Comité ha examinado la cuestión de la inmigración irregular en su totalidad y ha adoptado diversas posiciones al respecto en una serie de dictámenes que han sido aprobados por muy amplia mayoría.

2.6

Dichos dictámenes analizan las causas de la inmigración irregular en los países de la UE, a la vez que señalan la ausencia de una política integral de la UE en materia de migración irregular y la lentitud de los avances para que la UE disponga de una política común de inmigración y de asilo y una legislación que tenga un alto grado de armonización. También hacen referencia a las consecuencias del problema y proponen una serie de soluciones.

2.7

Miles de inmigrantes económicos irregulares entran en la UE cruzando fronteras marítimas, lo que implica que la cuestión de la inmigración irregular por mar, que según Frontex se centra principalmente en la zona euromediterránea, debe tratarse de modo separado.

2.8

El objetivo principal de este dictamen es examinar el fenómeno de la inmigración irregular por vía marítima, haciendo referencia también a algunas de las principales cuestiones relacionadas con el fenómeno de la inmigración irregular en general, con el fin de buscar soluciones integrales que conduzcan a una política de inmigración que sea efectiva, pero también humana y viable.

3.1.1

Los inmigrantes irregulares deben ser tratados en todo momento respetando plenamente los derechos humanos, desde el momento de su salvamento o detención hasta que obtienen el estatuto de protección o se produce su repatriación al país de origen. La inmigración irregular por vía marítima desemboca a menudo en la pérdida de vidas humanas. En este contexto, el CESE hace hincapié en la importancia de respetar en todo momento los derechos humanos fundamentales. El CESE ha propuesto que la Agencia de los Derechos Fundamentales vigile también las actuaciones de control de fronteras y las operaciones de Frontex. El Comité respalda las actividades del Foro consultivo de Frontex y pone de manifiesto su interés de colaboración.

3.2.1

Los Estados miembros y los buques privados están obligados a rescatar a toda persona que se halle en situación de peligro en el mar, lo cual incluye a quienes hayan asumido deliberadamente los riesgos de tales situaciones, ya sean inmigrantes o los que organizan las redes de tráfico ilegal y contrabando. En muchas ocasiones, las redes de delincuentes que llevan a cabo estas actividades de tráfico y contrabando con personas que son solicitantes de asilo o inmigrantes irregulares someten a estas personas a grandes riesgos. Las agencias y las ONG han informado que en el Mediterráneo todos los años mueren miles de personas en estas circunstancias, y en algunas ocasiones estas personas no han recibido la ayuda y el rescate de los buques que transitaban en las proximidades.

3.3.1

Cuando el rescate se produce en aguas internacionales en el Mediterráneo, en los últimos años se han producido algunas controversias jurídicas y políticas que han puesto en riesgo innecesario la vida de muchas personas. El CESE hace hincapié en que el problema del desembarco debe regularse sobre la base del desembarco en el lugar seguro más cercano, a condición de que el país afectado se adhiera plenamente a todos los convenios internacionales en materia de derechos humanos y sea objeto de control por parte de las organizaciones de derechos humanos. En el caso de las misiones de Frontex, el Comité manifiesta su total desacuerdo con que los inmigrantes sean desembarcados siempre en el Estado miembro que acoja la misión de Frontex. Esta política da lugar, como poco, a dos problemas: (i) impone una presión migratoria aún mayor a los Estados miembros que ya soportan una fuerte presión, hasta el punto de que los Estados miembros que más necesitan la intervención de la Agencia no podrían hacerse cargo de acoger una misión de Frontex; (ii) también podría resultar perjudicial para las propias personas a las que se rescatase, en la medida en que se los conduciría hasta el Estado miembro que acogiera la misión de Frontex y no al lugar más adecuado en cada circunstancia (por lo general, el lugar seguro más cercano).

3.4.1

El CESE insta a que la UE siga dotándose de un sistema común de asilo que goce de un nivel elevado de armonización legislativa. El Reglamento de Dublín determina la responsabilidad de cada Estado miembro responsable de analizar las solicitudes de asilo. El Comité ya ha señalado que este sistema ocasiona numerosos problemas. Se debería preguntar al solicitante sobre el Estado miembro que desea que estudie su solicitud. El Comité propuso en el Dictamen sobre el Libro Verde (4) que «el solicitante de asilo tenga libertad para elegir el país al que dirige su solicitud y que, en esta perspectiva, se anime a los Estados miembros a aplicar la cláusula humanitaria prevista en el artículo 15.1 del Reglamento».

3.4.2

En el terreno de la cooperación entre Estados miembros se han puesto en marcha un conjunto de actividades que se realizan en el marco de Eurasil, un grupo de expertos nacionales que preside la Comisión. También se ha establecido un instrumento de solidaridad financiera, con la creación del Fondo Europeo para los Refugiados. A partir del año 2014, el Fondo de Inmigración y Asilo tendrá mayores recursos y también mayor flexibilidad para situaciones de emergencia.

3.4.3

Las demandas de protección de los solicitantes de asilo deben examinarse en el marco de la legislación europea en materia de asilo y de concesión de protección internacional. Aquellos que realmente necesitan protección deben recibirla.

3.4.4

El CESE reitera que el trato y las garantías que deben recibir los solicitantes de asilo en la frontera han de ser idénticos a los que reciben quienes presentan su solicitud en el territorio del Estado miembro.

3.4.5

El Comité solicita un mayor compromiso de la UE en la lucha contra las redes criminales que trafican con seres humanos, pero considera que algunas políticas de lucha contra la inmigración irregular están generando una grave crisis del asilo en Europa. El CESE ha propuesto en diversos dictámenes (5) que la lucha contra la inmigración ilegal no debe suponer nuevas dificultades para el asilo, y que los funcionarios encargados del control de las fronteras tengan una adecuada formación para garantizar el derecho de asilo.

3.4.6

El CESE respalda las propuestas realizadas por el ACNUR para la creación de equipos de expertos en materia de asilo que asistan en todas las operaciones de control de fronteras que se realizan en la UE.

3.4.7

Es muy importante tener en cuenta que más de miles de las personas que entran en la UE no solicitan asilo porque son inmigrantes económicos, y el motivo principal de su entrada en la UE es continuar hacia otros países de Europa antes que permanecer en el país por el que entran.

3.4.8

Las Asociaciones de Movilidad no deben implicar que los países socios asuman el coste íntegro de los procedimientos de asilo de las personas que transiten por su territorio. La UE debe dar muestras de su colaboración a través del Fondo de Asilo. Este fondo ayudará a crear mecanismos e infraestructuras que permitan un examen rápido y una toma de decisiones en plazos razonables en el marco de las garantías del derecho internacional.

3.4.9

El CESE insta a que la UE siga dotándose de un sistema común de asilo que goce de un nivel elevado de armonización legislativa. El examen de las solicitudes de asilo debe hacerse no solo en los países de entrada, sino también en los demás Estados miembros. Se debería preguntar al solicitante sobre el Estado miembro que desea que estudie su solicitud. El Comité propuso en el Dictamen sobre el Libro Verde (6) que «el solicitante de asilo tenga libertad para elegir el país al que dirige su solicitud y que, en esta perspectiva, se anime a los Estados miembros a aplicar la cláusula humanitaria prevista en el artículo 15.1 del Reglamento, reduciendo así el tiempo de espera para la revisión de las solicitudes y aligerando la carga burocrática a los países de entrada. El CESE es favorable a que la UE colabore con terceros países para que mejoren sus sistemas de asilo y los hagan conformes con las normas internacionales. En la dimensión exterior del asilo se ha avanzado en campos como el de la ayuda a terceros países con fuertes cargas de refugiados (cabe destacar los Programas de Protección Regional que se están implementando) o el de la reinstalación de refugiados en el territorio de la UE.

3.5.1

La repatriación de los inmigrantes que han entrado en la UE de forma irregular debe gestionarse con sumo cuidado. En este sentido, los acuerdos de retorno con terceros países son cruciales para garantizar que los derechos de los inmigrantes repatriados se respetan plenamente.

3.5.2

Por lo que respecta a los procedimientos de retorno, es necesario que las Asociaciones de Movilidad se planteen recurrir prioritariamente al retorno voluntario, acompañado de sistemas de apoyo (7). En caso de que se pongan en marcha procedimientos de retorno forzoso, hay que garantizar el pleno respeto de los derechos humanos de las personas implicadas y tener en cuenta las recomendaciones del Consejo de Europa (8).

3.5.3

El Comité reclama mayor transparencia sobre los centros de internamiento dentro y fuera de la UE, que el ACNUR sea informado de la situación de las personas internadas, y que estas puedan ser asistidas adecuadamente por las ONG. El CESE considera que las mujeres embarazadas y los menores deben ser objeto de una protección especial, y deben ser recluidas en centros adecuados, con el apoyo financiero de la UE.

3.6.1

El CESE señala que el problema es de escala europea y no solo de los países mediterráneos; dada la existencia del Acuerdo de Schengen, la inmigración en la zona del Mediterráneo debe afrontarse en el marco de un esfuerzo común europeo. No es solamente una cuestión de solidaridad mutua, sino de que todos los Estados miembros de la UE asuman sus responsabilidades, adoptando una política europea común que sea propuesta por la Comisión y aprobada por el Consejo y el Parlamento.

3.6.2

Las fronteras de la UE, incluidas las fronteras marítimas de los Estados miembros de la UE ribereños del Mediterráneo, son las fronteras del conjunto de los Estados miembros de la UE, y como tales es responsabilidad de todos garantizar activamente su protección.

3.6.3

A este respecto, todos los Estados miembros deben colaborar y participar en: (i) la asignación de recursos requeridos para el control eficaz de las fronteras y las operaciones de rescate en el mar; (ii) el examen de las solicitudes de asilo, en el marco de sus responsabilidades; (iii) en situaciones extraordinarias, en la aplicación de los procedimientos de repatriación y expulsión; (iv) el realojamiento dentro de la UE de los inmigrantes procedentes de los pequeños Estados miembros mediterráneos; (v) la lucha contra la delincuencia organizada y el tráfico ilícito de personas.

3.6.4

El realojamiento debe realizarse sobre la base de un sistema establecido de modo permanente. En este contexto, la Comisión debería presentar una propuesta legislativa para que se establezca un mecanismo de realojamiento permanente y efectivo en el seno de la UE, basado en una Clave de Reparto de la UE para la reubicación de los solicitantes de asilo, tal como se expone en el Informe del Parlamento Europeo sobre una mayor solidaridad en la UE en el ámbito del asilo (2012/2032 INI). Para garantizar el funcionamiento óptimo de este mecanismo, la propuesta legislativa debería tener en cuenta asimismo la experiencia práctica adquirida con el proyecto piloto Eurema para Malta (9).

3.7.1

La UE debe desplegar toda su influencia política y económica, especialmente ante los países que reciben ayudas financieras sustanciales, para que dichos países se comprometan a colaborar en cuestiones referentes a la inmigración. El Comité considera que las AM deben incluir los cuatro pilares del Enfoque Global: Facilitar y organizar la migración legal y la movilidad; prevenir y reducir la migración irregular y la trata de seres humanos; promover la protección internacional y potenciar la dimensión exterior de la política de asilo; y maximizar la repercusión en el desarrollo de la migración y la movilidad.

3.7.2

La solución de este problema debe ir más allá de las medidas policiales y basarse en medidas preventivas, que los terceros países deben tomar haciendo hincapié en desarrollar programas de cooperación en apoyo de la agricultura, la ganadería, las pymes, etc. La UE debe demostrar que tiene poder político para trabajar conjuntamente con los países con los que se supone que está cooperando y que reciben financiación considerable a cooperar en materia de seguridad, delincuencia organizada e inmigración irregular. El CESE saluda el reciente acuerdo con el Reino de Marruecos y la bienvenida a la iniciativa de establecer Asociaciones de Movilidad entre la UE y Túnez, Egipto y Libia. Sería necesario, sin embargo, llevar a cabo una evaluación independiente sobre la eficacia e impacto de las Asociaciones de Movilidad que están actualmente en funcionamiento. El CESE apoya la iniciativa de la Comisión de asegurar que las Asociaciones de Movilidad tengan un mecanismo eficiente de evaluación. Por otro lado, las Asociaciones de Movilidad, que son declaraciones políticas conjuntas legalmente no vinculantes para los Estados participantes, deberían transformase en acuerdos internacionales. El Comité considera que la UE y los Estados miembros deben suscribir nuevos acuerdos con otros países de la región. Debido a la especial relación de la UE con Turquía, las cuestiones migratorias deben ser reforzadas entre ambas partes, especialmente en lo relativo a la lucha contra las redes criminales.

3.7.3

Para garantizar un buen funcionamiento de los procedimientos administrativos y judiciales, también es sumamente importante que la UE solicite a los países de los que son nacionales los inmigrantes irregulares que procuren los documentos de viaje con prontitud.

3.7.4

Esta cuestión debe abordarse también en el marco del Diálogo Euromediterráneo, ya que un número considerable de las personas que entran irregularmente en la UE lo hacen a través de terceros países ribereños del Mediterráneo.

3.7.5

Debe prestarse asistencia a ciertos países de tránsito con el fin de que puedan gestionar mejor sus fronteras, establecer estructuras de asilo y desarrollar también la capacidad de otorgar por sí mismos protección a los que lo necesitan.

3.8.1

Frontex debería seguir transformándose en una verdadera Agencia Europea de Fronteras Exteriores, con mayores responsabilidades de coordinación y competencias en materia de prevención. Con esta finalidad, ha de ser reforzada con los medios financieros adecuados que le permitan prestar la asistencia requerida a los Estados miembros que están intentando hacer frente a los flujos de inmigración. Al mismo tiempo, deberá reforzarse el número de trabajadores en plantilla (especialmente policías de fronteras), así como los medios humanos y electrónicos de vigilancia y registro. A este respecto debería incidirse más en la idea de crear «equipos de agentes de la guardia de fronteras», tal como se señala en el Informe del Parlamento Europeo sobre Frontex (A7-0278/2011). Asimismo, debería empezar a considerarse seriamente el uso de las nuevas capacidades de que dispone Frontex (como la adquisición de equipos).

3.8.2

Debe reforzarse la red europea de patrullas EPN (European Patrols Network), que se encarga de la seguridad de las fronteras regionales, posibilitando la coordinación de los recursos nacionales y las intervenciones europeas, y reforzando la cooperación a nivel nacional y europeo.

3.9.1

La Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) deberá contar con capacidad para identificar de forma clara las diferencias que se producen en las prácticas de asilo de los Estados miembros, así como las diferencias legislativas, y proponer los cambios necesarios. Ha de tener también competencia para elaborar directrices comunes sobre la interpretación y aplicación de los distintos aspectos procesales y sustanciales del acervo de la UE en materia de asilo tal como proponía la Comisión en el Libro Verde.

3.9.2

Esta Oficina podría convertirse en un importante centro de intercambio de buenas prácticas, así como de desarrollo de actividades formativas sobre asilo, en especial para la guarda de fronteras. También podrá ser un centro de seguimiento y análisis de resultados de las nuevas medidas que la UE vaya desarrollando en materia de asilo. Igualmente, puede ser el lugar desde el que se establezcan y gestionen los equipos comunes de expertos en asilo.

3.9.3

La EASO deberá hacer un trabajo en red, colaborar con Eurasil y mantener estrechos vínculos con el ACNUR y con las ONG especializadas.

3.9.4

La Oficina ha entrado en funciones recientemente. Cabe esperar que asuma sin demora sus cometidos con plena capacidad, especialmente en lo que respecta a su papel en la búsqueda de soluciones sostenibles y en garantizar el reparto de la carga entre los Estados miembros, como se describe en el Reglamento por el que se crea la Oficina. Al mismo tiempo, debe mantener una actitud proactiva sobre la solidaridad en la UE, en consonancia con las obligaciones descritas en dicho Reglamento.

3.10.1

La inmigración irregular por mar es peligrosa y pone en peligro vidas humanas. Miles de personas han perdido la vida cruzando el Mediterráneo en embarcaciones no aptas para la navegación por mar. Estas peligrosas travesías son organizadas por redes criminales que hacinan a cientos de personas –entre ellas, mujeres y niños– sin la infraestructura ni los suministros adecuados (ni siquiera salvavidas), en embarcaciones que en su gran mayoría no están en condiciones de navegar. La Resolución adoptada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (Resolución 1872/2012), titulada «Vidas perdidas en el Mediterráneo: ¿Quién es el responsable?», describe de manera muy detallada el papel de los traficantes de personas en la organización de travesías peligrosas en el Mediterráneo, y debe tenerse en cuenta para comprender la gravedad del asunto.

3.10.2

Es preciso que los Estados miembros establezcan procedimientos y sanciones penales muy graves para los traficantes de seres humanos, con penas que lleven incluso a la cadena perpetua. Las personas explotadas por los traficantes deben tener siempre la consideración de víctimas inocentes.

3.10.3

El tráfico ilícito de personas incita a la criminalidad, ya que las redes de tráfico ilegal son las responsables de la organización de estos viajes y exigen una cuota per cápita, a menudo de forma violenta e inhumana. El CESE subraya que la UE debería colaborar con los países de origen y de tránsito con el fin de desmantelar los circuitos criminales implicados. Subraya asimismo que la UE debe intervenir con la mayor contundencia para evitar que las redes de tráfico ilícito actúen y pongan en peligro las vidas humanas.

3.10.4

La UE deberá considerar la posibilidad de alcanzar acuerdos con terceros países para el establecimiento de centros de acogida de inmigrantes, así como proporcionar apoyo financiero para la creación y el funcionamiento de estos centros. Los centros que se creen en dichos países podrían funcionar en conjunción con otros lugares de acogida para la identificación y la asistencia. La OIM, el ACNUR, la Agencia de Derechos Fundamentales y las ONG especializadas deberán seguir de cerca el funcionamiento de estos centros.

3.10.5

Asimismo, la UE debe emprender campañas de información en las que se disuada a los potenciales inmigrantes irregulares de entrar ilegalmente en la UE informándoles de los peligros y las dificultades que entraña la inmigración ilegal. Es preciso hacer que los potenciales inmigrantes irregulares sean conscientes de las dificultades que tendrán para encontrar empleo en Europa si entran indocumentados.

3.10.6

En los países de salida es preciso prestar apoyo, tanto moral como económico, a las organizaciones cuya labor reside en informar a la opinión pública de dichos países sobre las cuestiones mencionadas, con el fin de disuadir a los potenciales inmigrantes de emprender viajes peligrosos.

3.10.7

El CESE llama asimismo la atención sobre la necesidad de abordar las causas profundas del problema, que tienen que ver con el nivel de vida en los países de origen. En este sentido, es necesario poner en marcha programas específicos. Este tema debe ser íntegramente objeto de debate en el contexto de la Conferencia Euromediterránea.

3.11.1

Es preciso garantizar la financiación tanto para prevenir como para contener la inmigración irregular. Con respecto a la planificación de los centros de detención, debe hacerse una distinción entre los inmigrantes ilegales y los inmigrantes que solicitan asilo. Asimismo, se debe dar alojamiento a los menores y grupos vulnerables en centros separados, tal como ya se prevé, en un plazo de quince días. El coste diario de un inmigrante irregular, de acuerdo con un estudio italiano facilitado por Frontex, es de 48 euros por término medio. Teniendo en cuenta que, según datos de Frontex (10), cada año llegan unos 100 000 inmigrantes, multiplicando este número por 365 días, el coste total asciende a 1 752 millones por cada año que pasa.

3.11.2

El CESE saluda los esfuerzos de la Comisión Europea para simplificar los instrumentos financieros mediante la creación de dos Fondos, uno sobre Asilo y Migración (11), y el otro sobre Seguridad Interior (12), que están acompañados por un reglamento horizontal, con un conjunto de normas comunes sobre programación, información, gestión financiera, control y evaluación (13). El CESE apoya la propuesta de la Comisión de establecer un importe básico y otro de naturaleza variable o flexible a la hora de distribuir los recursos financieros entre los Estados miembros. En cuanto al importe flexible, el CESE considera esencial que cada Estado miembro elabore su programa anual vinculado con las prioridades de la UE e incluyendo la cooperación con otros Estados miembros. El Comité respalda que, a partir del año 2014, el Fondo de Inmigración y Asilo tenga mayores recursos, y también mayor flexibilidad, para situaciones de emergencia.

3.11.3

Con los cambios previstos se superarán los problemas actuales, pues los programas de la UE para la gestión de la inmigración y la creación de centros de detención son de carácter anual. También son de base anual su financiación y sus medidas. Sin embargo, resulta casi imposible finalizar las instalaciones de acogida y alojamiento partiendo de una periodicidad anual. Por esta razón, es imperativo que estos programas se organicen sobre una base más flexible.

3.11.4

Con respecto a los terceros países que constituyen etapas intermedias entre el destino final y el país de salida inicial, debe garantizarse también allí la financiación necesaria para la creación de los correspondientes centros de acogida y residencia.

Teniendo en cuenta el ejemplo económico anterior, hay que garantizar asimismo, con cargo al presupuesto de la UE, la financiación y el refuerzo de los medios de vigilancia y disuasión (barcos patrulla, guardacostas, helicópteros) y hay que velar por que Frontex y EASO cuenten con unos presupuestos anuales adecuados a fin de poder ejercer sus funciones con plena capacidad. Debe garantizarse también la financiación a los países de entrada para luchar eficazmente contra las redes criminales implicadas y proporcionar unas condiciones adecuadas a los inmigrantes que llegan.

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25.4.2002, sobre la «Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo relativa a un método abierto de coordinación de la política comunitaria en materia de inmigración» (ponente: Sr. Pariza Castaños), DO C 221 de 17.9.2002;

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29.1.2004, sobre la «Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se crea una Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores» (ponente general: Sr. Pariza Castaños), DO C 108 de 30.4.2004;

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27.10.2004, sobre la «Propuesta de Decisión del Consejo por la que se modifica la Decisión no 2002/463/CE por la que se adopta un programa de acción relativo a la cooperación administrativa en los ámbitos de las fronteras exteriores, visados, asilo e inmigración (programa ARGO)» (ponente: Sr. Pariza Castaños), DO C 120 de 20.5.2005, y

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12.3.2008, sobre el «Libro verde sobre el futuro sistema europeo común de asilo» (ponente: Sra. Le Nouail-Marlière), DO C 204 de 9.8.2008.