(1)

La transición a una economía hipocarbónica, más sostenible, eficiente en el uso de los recursos y circular, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es fundamental para garantizar la competitividad a largo plazo de la economía de la Unión. En 2016, la Unión celebró el Acuerdo de París (2). En su artículo 2, apartado 1, letra c), el Acuerdo de París fija el objetivo de reforzar la respuesta al cambio climático, entre otras cosas compatibilizando los flujos financieros con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero.

(2)

Reconociendo este reto, la Comisión presentó el Pacto Verde Europeo (3) en diciembre de 2019. El Pacto Verde Europeo constituye una nueva estrategia de crecimiento destinada a transformar la Unión en una sociedad equitativa y próspera, con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, en la que no habrá emisiones netas de gases de efecto invernadero a partir de 2050 y el crecimiento económico estará disociado del uso de los recursos. Este objetivo requiere que se envíen señales claras a los inversores con respecto a sus inversiones, para evitar los activos obsoletos y promover las finanzas sostenibles.

(3)

En marzo de 2018, la Comisión publicó su Plan de Acción «Financiar el crecimiento sostenible» (4), por el que se establece una estrategia ambiciosa y global relativa a las finanzas sostenibles. Uno de los objetivos fijados en el Plan de Acción es reorientar los flujos de capital hacia inversiones sostenibles, a fin de lograr un crecimiento sostenible e inclusivo. La evaluación de impacto en la que se basan las iniciativas legislativas posteriores publicadas en mayo de 2018 (5) demostró la necesidad de aclarar que las empresas de servicios de inversión deben tener en cuenta los factores de sostenibilidad dentro de sus obligaciones para con los clientes y posibles clientes. Por consiguiente, las empresas de servicios de inversión deben considerar no solo todos los riesgos financieros pertinentes de forma permanente, sino también todos los riesgos de sostenibilidad pertinentes a que se refiere el Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo (6) que, de materializarse, puedan surtir un efecto material negativo real o posible sobre el valor de una inversión. El Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión (7) no hace referencia explícita a los riesgos de sostenibilidad. Por ese motivo y para garantizar que los procedimientos internos y las disposiciones organizativas se observen y apliquen correctamente, es preciso aclarar que los procesos, sistemas y controles internos de las empresas de servicios de inversión deben reflejar los riesgos de sostenibilidad, y que se requieren capacidad y conocimientos técnicos para analizar dichos riesgos.

(4)

A fin de mantener un alto nivel de protección de los inversores, las empresas de servicios de inversión, al identificar los tipos de conflictos de intereses cuya existencia pueda menoscabar los intereses de un cliente o posible cliente, deben incluir aquellos tipos de conflictos de intereses que se deriven de la integración de las preferencias de sostenibilidad del cliente. En el caso de los clientes existentes, para los que ya se haya realizado una evaluación de idoneidad, las empresas de servicios de inversión deben tener la posibilidad de determinar sus preferencias individuales de sostenibilidad con ocasión de la siguiente actualización periódica de dicha evaluación.

(5)

Las empresas de servicios de inversión que prestan servicios de asesoramiento en materia de inversión y gestión de carteras deben poder recomendar a sus clientes y posibles clientes instrumentos financieros idóneos y, por tanto, han de poder plantear preguntas que les permitan definir las preferencias de sostenibilidad individuales del cliente. De acuerdo con la obligación de la empresa de servicios de inversión de actuar en el mejor interés de sus clientes, las recomendaciones a los clientes y posibles clientes deben reflejar tanto los objetivos financieros como las posibles preferencias de sostenibilidad que aquellos manifiesten. Por consiguiente, es necesario aclarar que las empresas de servicios de inversión deben implantar mecanismos adecuados para garantizar que la inclusión de los factores de sostenibilidad en el proceso de asesoramiento y la gestión de carteras no dé lugar a prácticas abusivas de venta o a la presentación falsa de instrumentos financieros o estrategias, haciendo creer que respetan las preferencias de sostenibilidad cuando no es así. A fin de evitar tales prácticas o declaraciones falsas, las empresas de servicios de inversión que prestan asesoramiento en materia de inversión deben primero evaluar los otros objetivos de inversión, el horizonte temporal y las circunstancias individuales del cliente o posible cliente, antes de preguntar a este por sus posibles preferencias de sostenibilidad.

(6)

Hasta la fecha se han desarrollado instrumentos financieros con diversos grados de ambición en materia de sostenibilidad. Para que los clientes o posibles clientes puedan entender esos grados diferentes de sostenibilidad y tomar decisiones de inversión informadas en lo que a la sostenibilidad se refiere, las empresas de servicios de inversión que prestan servicios de asesoramiento en materia de inversión y de gestión de carteras deben explicar la distinción entre, por un lado, los instrumentos financieros que persiguen, total o parcialmente, una inversión sostenible en actividades económicas que pueden considerarse medioambientalmente sostenibles con arreglo al Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo (8), las inversiones sostenibles definidas en el artículo 2, punto 17, del Reglamento (UE) 2019/2088 y los instrumentos financieros que tienen en cuenta las principales incidencias adversas en los factores de sostenibilidad y pueden considerarse aptos para ser recomendados por cumplir las preferencias individuales de sostenibilidad de los clientes, y, por otro lado, los demás instrumentos financieros, que no reúnen esas características específicas y que no deben considerarse aptos para ser recomendados a los clientes o posibles clientes que tengan preferencias individuales de sostenibilidad.

(7)

Es necesario responder a las preocupaciones acerca del «blanqueo ecológico», es decir, concretamente, la práctica tendente a obtener una ventaja competitiva desleal recomendando un instrumento financiero que se presenta como respetuoso con el medio ambiente o sostenible, cuando, de hecho, no cumple las normas básicas en materia medioambiental o en relación con otros aspectos relacionados con la sostenibilidad. A fin de prevenir la venta abusiva y el blanqueo ecológico, las empresas de servicios de inversión deben abstenerse de recomendar o decidir negociar instrumentos financieros como instrumentos que se atienen a las preferencias individuales de sostenibilidad cuando no se ajusten a tales preferencias. Las empresas de servicios de inversión deben explicar a sus clientes o posibles clientes los motivos por los que se abstienen y guardar constancia de dichos motivos.

(8)

Es necesario aclarar que las empresas de servicios de inversión pueden seguir recomendando los instrumentos financieros que no puedan considerarse aptos para responder a las preferencias individuales de sostenibilidad, siempre que no los presenten como acordes con dichas preferencias. A fin de permitir que se formulen nuevas recomendaciones a los clientes o posibles clientes, cuando los instrumentos financieros no respondan a las preferencias de sostenibilidad de un cliente, este ha de tener la posibilidad de adaptar la información sobre esas preferencias. Con objeto de evitar la venta abusiva y el blanqueo ecológico, las empresas de servicios de inversión deben guardar constancia de la decisión del cliente junto con su justificación de la adaptación.

(9)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento Delegado (UE) 2017/565 en consecuencia.

(10)

Las autoridades competentes y las empresas de servicios de inversión deben disponer de tiempo suficiente para adaptarse a los nuevos requisitos contenidos en el presente Reglamento. Por consiguiente, debe aplazarse su aplicación.