Lucha contra el fraude

La lucha contra el fraude y la corrupción se basa en el artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que insta al Parlamento Europeo y al Consejo a adoptar las medidas necesarias para luchar contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión Europea (UE).

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) se creó en 1999 en virtud de la Decisión 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Comisión y sus facultades y competencias se definen en el Reglamento (UE, Euratom) n.^o 883/2013.

Los objetivos principales de la OLAF son:

• proteger los intereses financieros mediante la investigación del fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal;
• detectar e investigar faltas graves del personal de la UE, que pudieran dar lugar diligencias disciplinarias o penales;
• proporcionar asistencia a la Fiscalía Europea; y
• apoyar a las instituciones de la UE y gobiernos nacionales en el desarrollo y la ejecución de la legislación y políticas antifraude.

En el ejercicio de sus competencias, la OLAF lleva a cabo investigaciones (administrativas) externas en los Estados miembros de la UE e investigaciones internas dentro de las instituciones, órganos y organismos de la UE, y recomienda acciones (en caso necesario) a las instituciones de la UE y los gobiernos nacionales afectados. Como resultado de la labor de investigación de la OLAF, los importes gastados indebidamente se devuelven progresivamente al presupuesto de la UE, los delincuentes son procesados ante los tribunales nacionales y se establecen salvaguardias contra el fraude en toda Europa.

De conformidad con la tercera parte, título V, capítulos 4 y 5 del TFUE, que abordan la cooperación policial y judicial en materia penal, Eurojust y Europol tienen competencia para apoyar a los Estados miembros de la UE en la lucha contra el fraude y la corrupción prestando apoyo complementario a las autoridades nacionales durante las investigaciones penales transnacionales.

En 2017, de conformidad con el procedimiento de cooperación reforzada, veintidós de los veintisiete Estados miembros de la UE establecieron un ministerio fiscal independiente y descentralizado de la UE. La Fiscalía Europea, creada en virtud del Reglamento (UE) 2017/1939, tiene la competencia de investigar, procesar y llevar a juicio los delitos contra los intereses financieros de la UE.

Desde 2019, entraron en vigor las normas comunes de la UE introducidas por la Directiva (UE) 2017/1371 a fin de combatir los delitos que afectan al presupuesto de la UE y para proteger mejor los intereses financieros de la UE mediante la armonización de las definiciones, las sanciones y los plazos de prescripción de determinados delitos que afectan dichos intereses.

En el marco del presupuesto a largo plazo de la UE (marco financiero plurianual) del período 2021-2027, se dispondrá de una asignación de 181 millones EUR para respaldar la lucha de los Estados miembros de la UE contra el fraude, la corrupción y otras irregularidades que afectan al presupuesto de la UE.