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El principal objetivo de la política de justicia de la Unión Europea (UE) es la creación de un espacio de justicia en toda la UE basado en la cooperación mutua, tanto en el ámbito del Derecho civil como en el penal, lo cual requiere generar confianza mutua entre los órganos jurisdiccionales y las administraciones nacionales de los Estados miembros de la UE y el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales.
En el ámbito del Derecho civil, la UE ha introducido una gran variedad de medidas con el objetivo de ofrecer a los ciudadanos una mayor seguridad jurídica y un acceso sencillo y efectivo a la justicia cuando estén implicados en problemas de carácter transfronterizo, como litigios, divorcios, etc.
En la UE, donde las personas y las mercancías pueden circular libremente, ha sido prioritario establecer un espacio europeo de justicia. A fin de abordar los desafíos planteados por la delincuencia, la Unión ha promulgado leyes que pretenden garantizar la protección de los derechos de las víctimas, los sospechosos y los detenidos en los asuntos transfronterizos (por ejemplo, en materia de asistencia judicial, de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en asuntos penales y de la orden de detención europea).
Tanto en el ámbito del Derecho civil como en el penal, se han tomado medidas para:
La Comisión Europea gestionará dos programas de financiación durante el período 2021-2027, a saber: