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La orden de detención europea es una decisión judicial emitida por una autoridad judicial de un Estado miembro de la Unión Europea (UE) para la detención y entrega por parte de otro Estado miembro de la UE de una persona buscada para proceder a su enjuiciamiento penal o para ejecutar una pena de encarcelamiento.
Se trata de una herramienta que ha reforzado la cooperación entre las autoridades judiciales de los Estados miembros y se basa en el principio del reconocimiento mutuo de decisiones en materia penal.
La orden de detención europea se basa en una Decisión Marco adoptada por el Consejo el 13 de junio del 2002 y modificada en 2009.
Diversas directivas de la UE sobre derechos procesales adoptadas entre 2010 y 2016 garantizan que las personas objeto de una orden de detención europea:
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