(1)

El Reglamento (UE) 2015/1588 del Consejo (2) faculta a la Comisión para declarar, mediante reglamentos, que determinadas categorías específicas de ayudas a empresas dedicadas a diferentes sectores, como las ayudas en favor de la protección del medio ambiente, son compatibles con el mercado interior y no están sujetas a la obligación de notificación establecida en el artículo 108, apartado 3, del Tratado (en lo sucesivo, «obligación de notificación»). No obstante, el Reglamento (UE) 2015/1588 no cubre, entre otras, las ayudas para apoyar al transporte por ferrocarril y por vías navegables o el transporte multimodal según se define en el Reglamento (UE) n.o 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (3). Dichos sectores son cada vez más importantes a escala de la Unión en el contexto del Pacto Verde Europeo y de la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente establecida por la Comisión en sus comunicaciones de 11 de diciembre de 2019 y de 9 de diciembre de 2020, respectivamente.

(2)

De conformidad con el artículo 93 del Tratado, se consideran compatibles con los Tratados las ayudas en el sector del transporte por ferrocarril, vías navegables interiores y multimodal que respondan a las necesidades de coordinación de los transportes o que correspondan al reembolso de determinadas obligaciones inherentes a la noción de servicio público.

(3)

La Comisión ha aplicado el artículo 93, el artículo 107, apartado 1, y el artículo 108 del Tratado en numerosas decisiones relativas a determinadas categorías de ayudas estatales a empresas dedicadas a los sectores del transporte por ferrocarril, vías navegables interiores e intermodal, y ha elaborado directrices para evaluar determinadas categorías de ayudas estatales que se considera que responden a las necesidades de coordinación de los transportes. Según la experiencia de la Comisión, esas ayudas no dan lugar a falseamientos significativos de la competencia si se conceden siguiendo procedimientos abiertos, transparentes y no discriminatorios y pueden establecerse condiciones claras de compatibilidad sobre la base de la experiencia adquirida.

(4)

Por consiguiente, con el fin de simplificar la administración en los casos en que el falseamiento de la competencia se limite al mínimo, la Comisión debe estar facultada para declarar, mediante reglamentos, que las ayudas a la coordinación de los transportes o el reembolso de determinadas obligaciones inherentes a la noción de servicio público a que se refiere el artículo 93 del Tratado son compatibles con el mercado interior y no están sujetas a la obligación de notificación.

(5)

Las ayudas estatales que representan el reembolso de obligaciones de servicio público en relación con los servicios públicos de transporte de viajeros ya están cubiertas por el Reglamento (CE) n.o 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), incluso cuando un Estado miembro decida aplicar dicho Reglamento al transporte público de viajeros por vías navegables interiores y por vías marítimas nacionales. Por consiguiente, las compensaciones por servicio público relativas al transporte público de viajeros deben quedar excluidas del ámbito de aplicación del presente Reglamento.

(6)

Al adoptar reglamentos por los que se declare no sujetas a la obligación de notificación con arreglo al presente Reglamento a determinadas categorías de ayudas, la Comisión debe especificar el objeto de la ayuda, las categorías de beneficiarios, los umbrales que limitan la ayuda, las condiciones que rigen la acumulación de ayudas y las condiciones de control, y debe establecer cualquier otra condición detallada para garantizar la compatibilidad con el mercado interior de las ayudas cubiertas por el presente Reglamento.

(7)

Es importante que todas las partes puedan comprobar si una ayuda se ha concedido respetando las normas aplicables. Por consiguiente, la transparencia de las ayudas estatales es fundamental para la correcta aplicación de las normas del Tratado y lleva a un mejor cumplimiento, mayor rendimiento de cuentas, revisión interpares y, en última instancia, a un gasto público más eficaz. Por esta razón, se debe exigir a cada Estado miembro que facilite resúmenes de la información relativa a las ayudas que haya ejecutado, que estén cubiertas por un reglamento adoptado con arreglo al presente Reglamento. A fin de garantizar la transparencia de las medidas adoptadas por cada Estado miembro, la Comisión debe publicar dichos resúmenes.

(8)

De conformidad con el artículo 108, apartado 1, del Tratado, la Comisión debe examinar permanentemente, junto con los Estados miembros, todos los regímenes de ayudas existentes en ellos. A tal fin, y para garantizar el mayor grado posible de transparencia y un control adecuado, cada Estado miembro debe registrar y compilar información sobre la aplicación de los reglamentos adoptados con arreglo al presente Reglamento. Al menos una vez al año, cada Estado miembro debe además presentar a la Comisión un informe sobre la aplicación de dichos reglamentos. La Comisión debe hacer accesibles dichos informes a todos los demás Estados miembros.

(9)

Antes de adoptar reglamentos con arreglo al presente Reglamento, la Comisión debe permitir a todas las personas y organizaciones interesadas presentar sus observaciones, con el fin de recabar información que sea lo más completa y representativa posible. Para ello, la Comisión debe publicar proyectos de dichos reglamentos.

(10)

Debe consultarse al Comité consultivo de ayudas estatales creado por el Reglamento (UE) 2015/1588 al mismo tiempo que se hace público un proyecto de reglamento con arreglo al presente Reglamento. No obstante, en aras de la transparencia, dicho proyecto de reglamento también debe hacerse público al mismo tiempo en el sitio web de la Comisión.

(11)

El control de la concesión de ayudas entraña una serie de consideraciones de hecho, jurídicas y económicas de una gran complejidad y diversidad en un entorno en constante evolución. La Comisión debe, por tanto, revisar de forma periódica las categorías de ayudas que no deben estar sujetas a la obligación de notificación. A tal fin, debe presentar un informe de evaluación sobre la aplicación del presente Reglamento al Parlamento Europeo y al Consejo cada cinco años.