29.8.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 206/1

1)

la contaminación atmosférica está presente sobre todo en las aglomeraciones urbanas y, por consiguiente, las ciudades deben tener gran interés en adoptar una posición sobre la Estrategia temática sobre la contaminación atmosférica presentada por la Comisión;

2)

lo mismo vale para la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre calidad del aire ambiente y una atmósfera más limpia en Europa, y en particular sobre todo porque en dicho documento se propone una revisión de las normas de medición y evaluación de las partículas finas;

3)

en razón de su experiencia, las ciudades pueden contribuir considerablemente a mejorar la viabilidad y, con ello, a garantizar el éxito de la política sobre contaminación atmosférica;

1.1

coincide con la Comisión en que, pese a los progresos alcanzados, a los que se hace referencia en la Estrategia temática, hay que seguir reduciendo la contaminación atmosférica causada por sustancias gaseosas o sólidas que son perjudiciales tanto para la salud como para el medio ambiente, y que –dado que la política sobre contaminación atmosférica tiene una dimensión tanto local como transfronteriza– este objetivo sólo podrá lograrse mediante esfuerzos combinados de todos los actores a escala local, regional, nacional y europea; recuerda que los entes locales persiguen el objetivo, para ellos prioritario, de la salud de sus ciudadanos mediante medidas urbanísticas (separación de superficies industriales y de vivienda, medidas de encauzamiento y descongestión del tráfico, creación de espacios abiertos y verdes en las zonas residenciales, consideración de las condiciones microclimáticas para una mejor aireación de las zonas residenciales);

1.2

acoge con satisfacción el documento de la Comisión «Estrategia temática sobre la contaminación atmosférica», así como la Propuesta de Directiva publicada simultáneamente, porque permitirá un debate estratégico y una actualización de los objetivos, teniendo en cuenta los más recientes descubrimientos científicos;

1.3

señala que también son necesarias adaptaciones desde el punto de vista de las ciudades, sobre todo para mejorar la viabilidad de las medidas en pro de la calidad del aire en el nivel local;

1.4

recuerda que las ciudades deben establecer en su territorio un equilibrio entre las más diversas funciones y que de ahí se derivarán también necesariamente limitaciones para alcanzar determinados objetivos sectoriales;

1.5

pide, por consiguiente, encarecidamente que la legislación europea prevea la posibilidad de soluciones flexibles; considera que a la hora de adoptar medidas se debería dar a los entes regionales y locales la oportunidad de conceder prioridad a las zonas en las que muchas personas están expuestas (por ejemplo, barrios residenciales) a una concentración demasiado alta de contaminación atmosférica;

1.6

señala expresamente que también en el ámbito de la contaminación atmosférica es absolutamente necesario dar prioridad a evitar las emisiones y que, por tanto, la lucha contra las inmisiones nunca puede ser más que una solución de emergencia; observa al respecto que

2.1.1

considera que la Estrategia temática es útil como documento de referencia para la elaboración de políticas en el ámbito de la contaminación atmosférica y pide que, con vistas a la realización de los objetivos y a la adopción de un planteamiento pragmático, las técnicas de modelización no se apliquen exclusivamente «basándose en los nuevos descubrimientos científicos» y «en la plena aplicación de las posibilidades tecnológicas», sino también basándose en suposiciones sobre la viabilidad en la práctica de las normas en un entorno urbano;

2.1.2

pide, por consiguiente, que los esfuerzos de la investigación en el marco del programa marco de investigación se centren en las posibilidades y limitaciones de una política activa sobre contaminación atmosférica en el contexto local y territorial (por ejemplo, mediante estudios de caso y estudios de viabilidad) y, por ello, pide a la Comisión que complete el documento con esta dimensión;

2.1.3

lamenta que hasta la fecha, a su juicio, la Comisión no haya contado en la medida suficiente con la participación de representantes de las asociaciones de los entes regionales y locales, no obstante su indudable condición de actores principales de la política sobre contaminación atmosférica, en la elaboración de la Estrategia temática, y considera absolutamente necesario prever su participación, entre otros, en el marco del diálogo estructurado de la Comisión con las asociaciones de los entes locales y regionales;

2.1.4

considera que, cuando menos, existe el riesgo de que la argumentación de la Estrategia temática se vea demasiado determinada por la orientación de la política sobre contaminación atmosférica hacia la lucha contra las inmisiones y, por consiguiente, pide a la Comisión que actualice la Estrategia temática para evitar un aumento de la contaminación y conceda prioridad a las políticas de prevención y no a las de eliminación de las inmisiones;

2.1.5

toma nota de que la inclusión de otras políticas especializadas –algo que en principio cabe valorar positivamente– se menciona en parte sólo como declaración de intenciones y, por consiguiente, pide también en este ámbito más explicaciones y compromisos;

2.1.6

considera necesario, por las razones señaladas, que se actualice la Estrategia temática, sobre todo para completarla y ampliarla por lo que respecta a los aspectos siguientes:

Pide también que la Estrategia temática se revise desde el punto de vista de la ayuda financiera que debería otorgarse a los entes territoriales, que son determinantes para la aplicación de la política de prevención y lucha contra la contaminación atmosférica;

2.1.7

recomienda a la Comisión y a los Estados miembros que adopten una política más activa para promover la calefacción urbana y la cogeneración de calor y electricidad. Esto contribuiría además a prevenir la contaminación atmosférica causada por la incineración de la biomasa en pequeñas calderas de combustión doméstica. La supresión de trabas nacionales a la calefacción urbana, como, por ejemplo, las que se derivan de la legislación relativa a la competencia, es esencial en el contexto de los esfuerzos para mejorar la calidad del aire al nivel local. Los sistemas de calefacción de nuevas viviendas y lugares de trabajo deberían determinarse durante la etapa de planificación de la ocupación del suelo. El nivel local es en general el más idóneo para ello;

2.2.1

observa que la actualización de la legislación europea propuesta por la Comisión se ajusta a las condiciones y exigencias de la política práctica sobre contaminación atmosférica y, por consiguiente, pide a los grupos que participan en las consultas en el nivel nacional y europeo que hagan suya esta valoración y que, en este contexto, asuman sobre todo la responsabilidad que les corresponde en las decisiones sobre la flexibilización y, por tanto, en el refuerzo de las cuestiones prácticas;

2.2.2

valora positivamente en particular que se introduzcan disposiciones que permitan tener en cuenta las circunstancias locales y pide al Parlamento Europeo y al Consejo que, aun en caso de que sean objeto de dictámenes desfavorables, mantengan

2.2.3

propone, por tanto, que en la Directiva se incluya la posibilidad jurídica de que, cuando se den circunstancias excepcionales (por ejemplo, topografía) que hagan prácticamente imposible el cumplimiento de las disposiciones a largo plazo o permanentemente y se haya demostrado que todas las medidas relativas a la reducción de las inmisiones se han adoptado, puedan adoptarse disposiciones especiales para estas zonas del tipo de los acuerdos tripartitos (esto es, acuerdos suscritos por la UE, el Estado miembro en cuestión y uno y varios entes, a fin de llevar a cabo medidas políticas de integración en determinadas circunstancias locales);

2.2.4

justifica esta propuesta para evitar, por un lado, la inseguridad jurídica para los entes territoriales y, por otro, para que en determinadas circunstancias sea posible un acuerdo de estas características a fin de lograr una reducción viable de los contaminantes y, para reforzar esta propuesta, recuerda que una parte de los representantes de los medios científicos y de las autoridades competentes parte de la base de que los valores objetivo no podrán alcanzarse por muy grandes que sean los esfuerzos que se lleven a cabo en la práctica;

2.2.5

observa que, por lo que respecta a las partículas finas, en la Directiva se examinan en total tres valores límite y un objetivo de reducción. La Comisión ha completado las normas de calidad del aire para las partículas finas (PM10) vigentes hasta la fecha con una nueva norma que se centra en las partículas más finas (PM2,5), basándose en los resultados epidemiológicos (estudios en el marco del programa CAFE de la UE, Organización Mundial de la Salud, la práctica en los Estados Unidos y Japón), que demuestran que las partículas más finas son más peligrosas porque penetran hasta las ramificaciones más delgadas de los pulmones y que una exposición permanente y relativamente alta a las PM2,5 es más peligrosa para la salud que los picos de contaminación ocasionales;

2.2.6

toma nota, por tanto, de que, de conformidad con la propuesta de Directiva, a los valores límite de PM10 (la media anual de PM10, como parámetro de la concentración media, no podrá superar los 40 μg/m3 dentro de una zona y el valor medio diario de PM10 de 50 μg/m3 no podrá superarse más de 35 veces por año civil) deberán añadirse otras normas relativas a las PM2,5 (mantenimiento de un tope de concentración de PM2,5 igual a 25 μg/m3, que deberá respetarse como media anual y un objetivo no vinculante de reducción de las concentraciones de fondo urbano medias anuales de PM2,5 en un 20 %, el cual deberá respetarse en 2020 como fecha más tardía) y señala, por consiguiente, que por lo que respecta a las partículas finas existen en total tres valores límite y un objetivo de reducción;

2.2.7

expresa su temor de que esta coexistencia de disposiciones de política sobre contaminación atmosférica dé lugar a muchos problemas jurídicos y prácticos en el ámbito de la reducción de las partículas finas, y pide que, habida cuenta de la fuerza persuasiva de los descubrimientos científicos sobre los efectos de las partículas más finas que se citan en la Estrategia temática, la medición y el control de la contaminación atmosférica por partículas finas se establezca exclusivamente en función de las PM2,5 y se fijen un valor límite y un objetivo de reducción realistas;

2.2.8

señala, por lo demás, en este contexto que los valores para las PM10 y las PM2,5 están en estrecha correlación (en la medida en que un método de medida sustituye ampliamente al otro) y que, por consiguiente, también conviene utilizar sólo un método de medida; lo más razonable es optar por objetivos de calidad del aire para las PM2,5, más relevantes para la política sobre contaminación atmosférica. Habrá que tener en cuenta la revisión de la Directiva 2004/107/CE, para que los metales que contempla se midan en PM2,5;

2.2.9

justifica el paso a una normativa basada en las PM2,5, teniendo en cuenta el objetivo de reducción de las partículas más finas, también desde el punto de vista de los requisitos sanitarios y las prácticas urbanísticas en las ciudades, con los argumentos siguientes:

2.2.10

pide, en caso de que se mantengan los objetivos de calidad para las PM10, que, teniendo en cuenta estos puntos de vista, se renuncie a los valores límite diarios y se elabore una normativa que ponga en primer plano de la política sobre contaminación atmosférica la lucha contra las emisiones tanto a nivel local como en todo el territorio;

2.2.11

considera adecuado que, tal como se recoge en la propuesta, la delimitación de las zonas con arreglo al artículo 4 sea llevada a cabo por los Estados miembros. La división no debe ser demasiado detallada, sino más bien de carácter general; en este contexto, pide que se garantice la comparabilidad de los resultados de medición en la UE haciendo que las estaciones de medición se ajusten a criterios uniformes (en caso necesario, en las estaciones de medición existentes se podrían ponderar los resultados de medición para compensar los efectos de las especificidades meramente locales). Convendría establecer prescripciones para el reparto geográfico y numérico de las estaciones de medición según criterios uniformes, tanto al nivel nacional como local;

2.2.12

expresa en este contexto su preocupación ante el hecho de que las medidas que únicamente se refieren a la cercanía de los puntos característicos de medición, como, por ejemplo, los desvíos del tráfico, aumenten la contaminación en otros barrios y, en el peor de los casos, que se contrarresten los esfuerzos de las administraciones municipales para reducir los accidentes de tráfico, la contaminación acústica y la contaminación atmosférica en las zonas residenciales mediante limitaciones del tráfico. En las medidas previstas en la Directiva contra la contaminación atmosférica se debería conceder prioridad a la reducción del número de personas expuestas;

2.2.13

pide que se apoye financieramente a los Estados miembro cuyos entes territoriales padecen más problemas de contaminación atmosférica;

2.2.14

observa con preocupación que las valoraciones de los científicos relativas al tipo de política sobre contaminación atmosférica que tiene más probabilidades de éxito e implica menos costes son aún contradictorias, y, por consiguiente, pide que se hagan los esfuerzos indispensables para profundizar la investigación sobre la evaluación de los efectos y las consecuencias de los distintos tipos de medidas de aplicación concretas;

2.2.15

pide encarecidamente que con carácter inmediato se prevea la participación de expertos de las asociaciones que representan los intereses de los entes regionales y locales en la elaboración de la política sobre contaminación atmosférica.

29.8.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 206/5

1.1

lamenta que en los últimos años ha tenido lugar un considerable deterioro del medio marino y de los ecosistemas que engloba, dado que la acción humana y la explotación excesiva están pasando una elevada factura a nuestro medio marino;

1.2

señala que en el Sexto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente se solicita a la Comisión Europea que elabore una estrategia temática para la protección y conservación del medio marino, con el claro objetivo de fomentar y lograr la utilización sostenible y la conservación de los ecosistemas marinos;

1.3

espera con interés la presentación del Libro Verde sobre el desarrollo de una nueva política marítima, previsto para el primer semestre de 2006, que deberá tener en cuenta la importancia económica, social y medioambiental que revisten las cuestiones marítimas en Europa;

1.4

señala que la estrategia temática constituye un avance positivo y satisfactorio con vistas al reconocimiento del valor de la protección y conservación del medio marino y de la diversidad de sus ecosistemas;

1.5

considera que la estrategia constituye el pilar medioambiental imprescindible de la nueva política marítima de la UE;

1.6

subraya que el medio marino, al igual que su protección y conservación, tiene una repercusión considerable en la economía regional y local y que los entes regionales y locales deben participar en la aplicación de los objetivos que se han establecido en la estrategia.

2.1

tiene presente que el medio marino es indispensable para la sostenibilidad de la vida y la rica diversidad biológica que engloba;

2.2

es consciente del deterioro del medio ambiente marino de Europa, que se debe, sobre todo, a factores derivados de la intervención humana como, entre otros, la contaminación de los mares y el impacto de la pesca comercial insostenible;

2.3

destaca la importancia de fomentar un planteamiento sostenible del uso de los recursos marinos existentes, en beneficio de las generaciones presentes y futuras;

2.4

es consciente de que, si no se adoptan medidas correctoras adecuadas con la mayor celeridad, existe un enorme riesgo de que se produzcan modificaciones probablemente irreversibles de los ecosistemas marinos europeos;

2.5

destaca la necesidad de que se adopten medias urgentes para detener e invertir el proceso de deterioro;

2.6

señala que este enfoque se justifica por consideraciones tanto puramente medioambientales como económicas y sociales.

3.1

indica que el medio marino no coincide con las actuales fronteras geopolíticas;

3.2

es consciente de que la mejora de la protección del medio marino en la Unión Europea afronta obstáculos institucionales a nivel mundial, comunitario y nacional, y de que los mecanismos de ejecución existentes suelen ser endebles e inadecuados;

3.3

reconoce que, para sacar provecho de los avances registrados con las instituciones, políticas y convenios vigentes y poder seguir avanzando, debe desarrollarse un cuadro panorámico claro del medio marino y de las políticas correspondientes;

3.4

subraya la importancia de desarrollar una sólida política comunitaria sobre la regulación del ámbito marítimo que también permita garantizar el uso sostenible de los recursos marinos existentes, intensificando los esfuerzos para fomentar la protección del medio marino.

4.1

señala que, para lograr una actuación acertada, es necesaria una información de alta calidad;

4.2

es consciente de que los actuales programas de control y evaluación en el ámbito europeo no son programas integrados ni completos, y de que hay importantes lagunas de información en cuanto al estado del medio marino en Europa;

4.3

apoya la petición de nuevo enfoque en materia de control y evaluación del medio marino, destinado a alcanzar un mayor grado de armonización, una difusión y un uso de los datos disponibles más amplios, así como un intercambio de la información disponible a nivel nacional de forma que se incremente la eficacia.

5.1

reconoce que, para impedir de manera eficaz nuevas pérdidas de diversidad biológica y el deterioro del medio marino y lograr su recuperación, es necesario un enfoque político integrado de protección y recuperación del medio marino;

5.2

considera que este enfoque político integrado sólo resultará acertado si tiene en cuenta todos los intereses existentes y establece objetivos claros.

6.1

señala con satisfacción que el objetivo declarado de la estrategia consiste en proteger y recuperar los mares y océanos de Europa y en velar por la viabilidad ecológica de las actividades humanas;

6.2

afirma que las generaciones presentes y futuras tienen derecho a la diversidad biológica y al dinamismo de un medio marino seguro, limpio, sano y productivo;

6.3

es consciente de que se trata de un objetivo ambicioso, que no será fácil de alcanzar en la práctica y cuyos resultados sólo podrán apreciarse a largo plazo;

6.4

confirma que esta estrategia sólo puede lograr los objetivos fijados si participan todas las partes interesadas;

6.5

a la vez que señala que los principios y objetivos deben determinarse a nivel supranacional, apoya la intención, acorde con el principio de subsidiariedad, de que la planificación y ejecución propiamente dichas de los programas sea competencia de las regiones marinas, con el fin de tener en cuenta sus condiciones, necesidades y problemas específicos;

6.6

manifiesta su preocupación, no obstante, por que en determinados casos, especialmente cuando una región marina limita con un número considerable de terceros países, la ejecución efectiva de los programas puede verse obstaculizada por la falta de coordinación y compromiso entre las partes interesadas.

7.1

se muestra de acuerdo en que deben incrementarse las medidas si Europa quiere proteger y conservar su medio marino;

7.2

apoya el marco de cooperación reforzada establecido en la estrategia, que tiene por objeto garantizar un elevado nivel de protección del medio marino de Europa mediante una mayor base de conocimientos, acciones integradas y rentables, así como sistemas de control y evaluación eficaces;

7.3

acoge con satisfacción la adopción de un enfoque flexible, basado en el principio de subsidiariedad, que tiene un alcance ambicioso sin constituir un instrumento demasiado preceptivo, de forma que permite tener en cuenta la situación de regiones concretas.

8.1

defiende que, a la vista de los datos actuales sobre el rápido deterioro del medio marino europeo, urge adoptar medidas para garantizar que el objetivo perseguido de alcanzar un buen estado ecológico del medio marino en Europa se realiza mucho antes de la fecha límite de 2021;

8.2

considera que, con la necesaria buena voluntad, el buen estado ecológico puede ser una realidad en un plazo de tiempo mucho más corto;

8.3

apoya la idea de establecer regiones y subregiones marinas para garantizar la aplicación práctica de las medidas políticas;

8.4

no obstante, considera que el mar Negro, una importante región marina limítrofe con dos países adherentes (Rumanía y Bulgaria) y Turquía, con la que se han iniciado las negociaciones de adhesión, debería incluirse en la estrategia desde el principio;

8.5

considera que las diferentes islas y territorios que forman parte del área geográfica de la Unión Europea pero que están localizadas fuera de las regiones y subregiones marinas establecidas también deberían incluirse en el ámbito de esta política;

8.6

indica que, para realizar con éxito los objetivos previstos, los Estados miembros y las distintas regiones deberán cooperar estrechamente entre sí y con la Comisión Europea;

8.7

señala que, cuando los problemas detectados por los Estados miembros o las regiones entren dentro del ámbito de competencias comunitarias, la Comisión no sólo debería ser informada y consultada, sino que debería intervenir de la manera más significativa en el proceso, ya que coordina la aplicación de las medidas políticas;

8.8

considera que no es suficiente que un Estado miembro proporcione información y pruebas a la Comisión para avalar su opinión de que un problema concreto no puede resolverse mediante medidas nacionales;

8.9

recomienda que, en estos casos, la Comisión Europea asuma la iniciativa de llevar a cabo los programas de evaluación, supervisión y aplicación necesarios para abordar el problema de que se trate. La Comisión también debe aclarar cuáles son las consecuencias si un Estado miembro no adopta las medidas ni alcanza los objetivos establecidos y, en consecuencia, no recibe la aprobación de la Comisión;

8.10

asimismo, considera esencial que la Comisión desempeñe un papel auxiliar en la supervisión de la aplicación efectiva y que, llegado el caso, intervenga para coordinar y facilitar la puesta en práctica conjunta entre los diferentes niveles y agentes dentro de la región marina afectada;

8.11

pide a la Comisión Europea que las estrategias que elaboren los Estados miembros tengan en cuenta la presencia en sus regiones marinas de otras comunidades biológicas, tales como las comunidades algales y las tortugas marinas;

8.12

pide a la Comisión Europea que se contemple como impacto en el medio marino la introducción de organismos modificados genéticamente, con consecuencias ambientales actualmente difíciles de prever;

8.13

pide a los Estados miembros que cumplan al pie de la letra los requisitos establecidos en el artículo 4 de la Directiva cuando lleven a cabo la evaluación y establezcan los objetivos ambientales y el programa de supervisión;

8.14

considera que, a este respecto, los entes regionales y locales de las distintas regiones marinas deberían participar directamente en la elaboración de tales evaluaciones, objetivos y programas de supervisión;

8.15

expresa sus dudas sobre los plazos impuestos en el artículo 4 de la Directiva, especialmente respecto del programa de medidas que debe adoptarse;

8.16

consciente de que sólo pueden obtenerse resultados adecuados realmente a largo plazo, apoya la idea de un proceso de aplicación iterativo y evolutivo, que tenga en cuenta los nuevos datos recopilados en los programas de supervisión, las nuevas situaciones y el impacto de las medidas adoptadas. De este modo, en caso necesario, puede adoptarse inmediatamente un remedio a corto o medio plazo para paliar los efectos negativos sobre el estado del medio marino.

8.17

señala que, aunque los costes sociales y económicos pueden ser considerables a corto y medio plazo, se prevé que las ventajas ambientales, sociales y económicas a largo plazo los compensarán en gran medida;

8.18

no obstante, estima que no debe considerarse que estas cargas a corto y medio plazo son responsabilidad exclusiva de los niveles de gobierno nacional o regional o, lo que sería aún más grave, que tienen que ser soportadas por comunidades o personas a título individual.

9.1

es consciente de la necesidad cada vez mayor de un enfoque global que permita alcanzar un equilibrio adecuado entre los intereses económicos y ambientales existentes, que suelen contraponerse;

9.2

tiene presente la importancia que se concede al desarrollo de una nueva política marítima de la UE, especialmente a la luz de los ambiciosos objetivos de la Estrategia de Lisboa y la Estrategia de Gotemburgo;

9.3

señala que el asunto del marco de gobernanza global que permita regular los usos y la actividad de los usuarios de los océanos y los mares se abordará en el Libro Verde sobre la nueva política marítima de la UE. Es importante que la Comisión se asegure de que las cuestiones medioambientales se aborden en la política marítima europea y procure que el marco general de gobernanza relativo a los usuarios y usos de los mares y océanos sea regulado de manera satisfactoria;

9.4

señala, asimismo, que la estrategia se ha elaborado de forma que apoye y aproveche las medidas e iniciativas actuales que, aunque no han sido elaboradas específicamente para proteger el medio marino, contribuyen en cierto modo a tal fin;

9.5

considera positivo el desarrollo de una estrategia marco global, que debería constituir el pilar medioambiental de la futura política marítima de la UE;

9.6

indica que, por lo que se refiere a la protección del medio marino, esta estrategia también permitirá a la Unión Europea y los Estados miembros cumplir las obligaciones y compromisos derivados de diversos acuerdos internacionales vigentes.

9.7

pide a la Comisión Europea que las estrategias marinas que elaboren los Estados miembros recojan necesariamente en sus programas de medidas, aspectos relativos a la gestión de las zonas costeras, teniendo en cuenta que la mayoría de los impactos sobre el medio marino tienen su origen en aquéllas;

10.1

recomienda que la fecha límite para alcanzar un buen estado ecológico del medio marino en Europa sea, como muy tarde, el año 2018;

10.2

recomienda también que los plazos para la elaboración y aplicación del programa de medidas sean 2013 y 2015 respectivamente;

10.3

pide a la Comisión Europea que incluya el Mar Negro dentro de las regiones marinas;

10.4

espera que la Comisión defina unos criterios sobre el «buen estado ecológico» que sean ambiciosos, claros, coherentes y comparables y que den lugar a un nivel igualmente elevado y simultáneo de «buen estado ecológico» en toda la UE;

10.5

considera esencial que las medidas de aplicación se supervisen de forma continua y que los resultados y datos obtenidos se publiquen periódicamente;

10.6

pide a la Comisión Europea que supervise la aplicación práctica de la política en las distintas regiones marinas y que desempeñe el papel de un verdadero coordinador e intermediario, de forma que actúe como mediador entre los diferentes agentes de dichas regiones;

10.7

desea que la Comisión Europea presente informes de evaluación sobre la aplicación de la estrategia y el impacto de la Directiva de forma periódica, con ejemplos de las mejores prácticas;

10.8

espera que todos los informes de la Comisión Europea se remitan al Comité de las Regiones, al igual que al Parlamento Europeo y al Consejo;

10.9

espera, además, que todas las observaciones que formule y las respuestas al respecto también se incluyan en los informes de la Comisión Europea;

10.10

está convencido de que, con una difusión adecuada de la información, se logrará la participación y el respaldo activos de la opinión pública;

10.11

piensa que los costes a corto y medio plazo pueden repercutir en el bienestar socioeconómico de las comunidades o personas y que ello, a su vez, podría influir en el grado de compromiso y apoyo de la población, que es imprescindible; por lo tanto, insta a crear a nivel europeo programas de asistencia que ayuden a las personas y comunidades afectadas directamente a mitigar cualquier efecto negativo;

10.12

pide a todos los agentes políticos, incluidos los Estados miembros, la Comisión Europea y el sector privado, que adopten un plan a largo plazo con el fin de apoyar un incremento significativo de los fondos destinados a la investigación sobre el medio marino, asegurando una financiación suficiente para la investigación del medio marino;

10.13

considera que los entes regionales y locales, que constituyen el nivel más cercano a los ciudadanos, pueden alcanzar resultados considerables a la hora de facilitar información y recabar el apoyo de la opinión pública;

10.14

a este respecto, propone desempeñar un papel significativo como colaborador de la Comisión Europea y los Estados miembros, y recomienda una campaña de información a largo plazo financiada por la UE en la que participen los entes regionales y locales.

29.8.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 206/9

1)

Que las catástrofes naturales, incendios forestales, inundaciones y sequías suponen un riesgo creciente para la vida humana en sí misma, afectan profundamente al desarrollo equilibrado de las regiones, ponen en peligro sus recursos económicos, su patrimonio natural y cultural, provocan el desplazamiento de personas, debilitan las actividades económicas y la propia calidad de vida de las poblaciones de las regiones afectadas;

2)

Que las catástrofes naturales no conocen fronteras y, por tanto, la cooperación entre las zonas expuestas a riesgos comunes se hace imprescindible;

3)

Que las consecuencias del cambio climático como la desertización, erosión y salinización afectan a todos los Estados miembros, aunque en diferentes grados, y que la Unión Europea debe considerar la reducción de las catástrofes naturales como un elemento fundamental del desarrollo sostenible;

4)

Que el principio de cohesión económica, social y territorial debe estar presente en las diferentes fases de planificación, programación y ejecución de las políticas comunitarias, para la prevención y gestión de catástrofes naturales y la paliación de sus consecuencias en las regiones y ciudades afectadas de la Unión;

5)

Que se deben adoptar medidas de protección frente a las catástrofes naturales en todas las políticas comunitarias relacionadas, especialmente en las que afectan al mundo rural y el medio ambiente, las infraestructuras y la política de investigación y desarrollo;

6)

Que el Fondo de Solidaridad de la UE ha resultado insuficiente en casos de catástrofes naturales, y que esta situación se ha visto agravada por la falta de coordinación entre los mecanismos existentes en los ámbitos nacional y regional de los diferentes Estados miembros,

1.

constata con preocupación el significativo aumento en número, gravedad e intensidad de las catástrofes naturales acaecidas en los últimos años en las regiones de la Unión Europea;

2.

se congratula del interés que el Parlamento Europeo ha mostrado ante las catástrofes naturales;

3.

advierte de la importancia de otros tipos de catástrofes naturales como terremotos, maremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, y otros fenómenos geológicos, y de los fenómenos asociados al cambio climático y al calentamiento global que dan lugar a la elevación del nivel del mar en nuestras costas y desaparición de playas, inundaciones de zonas habitadas, pérdidas de infraestructuras y equipamientos; asimismo, señala los peligros que suponen las condiciones extremas provocadas por la nieve y el frío intenso;

4.

señala que las regiones y municipios, como entes más cercanos al ciudadano, son los primeros afectados e implicados en caso de catástrofe, y que su participación plena en la elaboración, aplicación y control de las políticas y actuaciones frente a las catástrofes naturales es esencial; considera, por consiguiente, que todos los países de la UE deben velar por que las regiones y municipios dispongan de medios racionales y eficaces, tanto jurídicos y materiales como económicos, que les permitan llevar a cabo esta tarea;

5.

recuerda que la acción comunitaria debe complementar las de los entes nacionales, regionales y locales, e insta a la Comisión a que reoriente las acciones comunitarias hacia los distintos niveles de gobierno;

6.

considera imprescindible que los principios de solidaridad, cooperación, coordinación y asistencia entre los Estados, las regiones y las entidades locales de la Unión sean efectivos en toda su extensión, para prevenir y evitar las catástrofes naturales, así como para paliar y remediar sus efectos;

7.

subraya la necesidad de un compromiso firme tanto de las administraciones públicas como de los ciudadanos para reducir las circunstancias que causan las catástrofes o agravan sus consecuencias y efectos;

8.

apoya la petición del Parlamento Europeo de elaborar una estrategia europea de lucha contra las catástrofes naturales (incendios, inundaciones y sequía), con referencia a los distintos instrumentos financieros para su aplicación, asegurando la asignación de fondos comunitarios al ámbito de la protección civil y prestando una atención particular a las regiones aisladas, de baja densidad demográfica y ultraperiféricas, así como aquellas que por razones estructurales innatas sufran con especial relevancia estos procesos;

9.

pide a las instituciones comunitarias que valoren la conveniencia de incluir en dicha estrategia los terremotos y sus fenómenos asociados, así como las erupciones volcánicas por su capacidad para producir consecuencias catastróficas;

10.

insta a que esta estrategia aborde las catástrofes naturales con un enfoque integral que incluya medidas preventivas (de análisis y corrección de riegos), medidas de planificación y actuación (organización funcional, movilización de recursos, etc.) y medidas de rehabilitación y seguimiento;

11.

pone de manifiesto la importancia de que dicha estrategia incluya en todas sus fases medidas de información, formación, y sensibilización a los ciudadanos, sobre los riesgos de catástrofes y los planes de actuación, prestando especial atención a la población infantil y juvenil, y a otros sectores especialmente vulnerables en caso de emergencia, como personas mayores y de movilidad reducida;

12.

destaca el importante papel de los medios de comunicación para la creación de una opinión pública correctamente informada y capaz de actuar como un elemento eficaz en la prevención y en la reducción de los daños ocasionados por las catástrofes;

13.

recomienda concentrar esfuerzos para la puesta en marcha de los sistemas de información necesarios para mejorar la previsión, seguimiento y evaluación de todas las catástrofes naturales, mediante la utilización de nuevas tecnologías; apoya, en particular, las indicaciones del Parlamento Europeo de impulsar el sistema GALILEO y ampliar el ámbito de acción del Observatorio Global para la Seguridad y el Medio Ambiente a todas las catástrofes naturales;

14.

considera que el VII Programa Marco de Investigación y Desarrollo debe intensificar la investigación para la prevención de catástrofes mediante la financiación de acciones encaminadas al desarrollo de modelos predictivos, así como a la mejora de los sistemas de alerta temprana;

15.

recomienda que en los planes nacionales y regionales de desarrollo rural se dé prioridad a aquellas medidas dirigidas a evitar las causas de las catástrofes (lucha contra la erosión, repoblación forestal con especies adecuadas, obras hidráulicas, limpieza y vigilancia de los bosques, acciones agroambientales de ahorro de agua, entre otras);

16.

recuerda que con el fin de disminuir la frecuencia e importancia de los incendios, la labor de la Unión Europea debe centrarse en combatir las causas de los incendios, estableciendo medidas adecuadas de prevención y de vigilancia de los bosques, e insta a la Comisión a velar por la correcta aplicación de la normativa comunitaria existente en esta materia;

17.

lamenta que las medidas de prevención de incendios del programa «Forest Focus» no estén integradas en los ejes prioritarios del nuevo programa «Life Plus»;

18.

pone de manifiesto el agravamiento de una sequía cuya intensidad y duración se ha ido extendiendo a numerosas regiones de la Unión, que han visto reducidos de forma drástica en periodos recientes sus recursos hídricos, con los graves efectos sociales, medioambientales y económicos que ello conlleva;

19.

se congratula de la iniciativa presentada por varios Estados miembros en el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la UE sobre la gestión de riesgos relacionados con el fenómeno de la sequía, e insta a la Comisión Europea a adoptar las medidas necesarias para mejorar el nivel de protección contra las sequías y reducir el riesgo potencial para los ciudadanos, la economía y el medio ambiente;

20.

recomienda la creación de un Observatorio Europeo de la Sequía y Desertificación, integrado en las actividades del VII Programa Marco de Investigación y Desarrollo, y la adopción de medidas de sensibilización sobre un uso sostenible del agua;

21.

considera que, dada la gravedad e intensidad de las catástrofes naturales acaecidas en los últimos años, es esencial adoptar más medidas en materia de ordenación del territorio y conceder más importancia a la ausencia de acciones territoriales integrales en entornos rurales;

22.

acoge favorablemente la propuesta de Directiva relativa a la evaluación y gestión de inundaciones; y advierte que no deben olvidarse las importantes inundaciones que se producen en las cuencas mediterráneas, asociadas a fenómenos de torrencialidad y de riadas; al mismo tiempo, debe reconocerse que la situación al respecto en otros países de la UE es completamente diferente y requiere soluciones adaptadas;

23.

solicita que se garantice una buena coordinación entre las directivas vigentes y futuras relativas a la gestión de los recursos naturales o a fenómenos naturales teniendo en cuenta las características específicas de cada país;

24.

pide que se refuerce el mecanismo de protección civil comunitario y, en ese sentido, apoya la propuesta del Parlamento Europeo a favor de potenciar el Centro de Control e Información del mecanismo comunitario, y recomienda la elaboración de modelos compatibles de actuación o lucha ante cada tipo de catástrofe, que permitan una mejor coordinación de los mecanismos nacionales y regionales de gestión de catástrofes;

25.

considera que se debe valorar la existencia de una Fuerza Europea de Protección Civil y llama la atención sobre la conveniencia de que los Estados miembros busquen fórmulas para garantizar la adecuada interoperabilidad de fuerzas civiles y militares, recomendando la integración de las unidades militares de emergencia en el sistema comunitario de protección civil;

26.

acoge favorablemente, en líneas generales, la propuesta relativa al nuevo Fondo de Solidaridad, la inclusión de las crisis graves resultantes de catástrofes industriales y tecnológicas, las amenazas para la salud pública y los actos terroristas, aunque solicita a la Comisión que reconsidere el umbral equivalente a 1 000 millones de euros o 0,5 % de la RNB, asegure la suficiente flexibilidad, transparencia y simplicidad de procedimientos, y atienda las necesidades específicas de la zona afectada y la dimensión regional de ciertos fenómenos naturales;

27.

pide la inclusión expresa de la sequía como ámbito temático elegible del Fondo de Solidaridad, teniendo en cuenta que se trata de un problema estructural duradero, de difícil adecuación a los plazos de registro establecidos, y con graves repercusiones en el desarrollo social y económico de las regiones afectadas; solicita igualmente que el Fondo mantenga su apoyo a crisis locales excepcionales;

28.

señala que los Fondos Estructurales constituyen una herramienta esencial en la financiación de medidas preventivas y de gestión ante las catástrofes; considera fundamental, en este sentido, que se corrija la insuficiente sinergia entre los Fondos Estructurales y el Fondo de Solidaridad, mediante la puesta en práctica del enfoque teórico «de la reconstrucción al desarrollo», que conlleva la participación de los entes locales y regionales en el marco de la gobernanza de las catástrofes naturales;

29.

solicita que en la próxima programación financiera 2007-2013 se asegure la necesaria flexibilidad y redistribución de los recursos entre fondos, así como la posible reutilización de los recursos liberados por la regla N+2 de los Fondos Estructurales, con el fin de que las regiones puedan incrementar, si lo consideran conveniente, los recursos disponibles en caso de catástrofes;

30.

reitera que una verdadera estrategia contra las catástrofes en agricultura no puede limitarse a medidas de choque, y, por tanto, deberán tener en cuenta acciones de formación, información y prevención, utilizando para su financiación el programa «Forest Focus», la Política de Desarrollo Rural o el Fondo Social Europeo, así como la creación de un seguro público financiado por la Unión Europea;

31.

considera que la Iniciativa INTERREG se ha mostrado muy eficaz en el intercambio de buenas prácticas sobre prevención de catástrofes naturales y se refiere, en este sentido, a los ejemplos que figuran en el anexo; y se congratula del incremento del presupuesto destinado a la Cooperación territorial, adoptado en virtud del acuerdo sobre el nuevo marco financiero para el período 2007-2013;

32.

señala que la constitución de las Agrupaciones Europeas de Cooperación Transfronteriza como entidades dotadas de personalidad jurídica puede mejorar la puesta en práctica de acciones en materia de protección civil;

33.

apoya al Parlamento Europeo en su demanda de utilización de las ayudas de estado o los préstamos del Banco Europeo de Inversiones ante las catástrofes naturales;

34.

pide a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo y al Consejo que tengan en cuenta las opiniones de las autoridades locales y regionales a la hora de planificar cualquier tipo de iniciativa relacionada con la lucha contra las catástrofes naturales, asegurando un proceso previo de consulta eficaz con los responsables directos de la gestión de catástrofes.

29.8.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 206/17

1.1

recuerda en primer lugar el hecho de que un 78 % de la población de la Unión Europea reside en las ciudades, en las aglomeraciones urbanas o en las zonas urbanas. Más del 60 % de la población vive en zonas urbanas de más de 50 000 habitantes. En las zonas urbanas se concentran grandes potenciales, pero también dificultades complejas;

1.2

recuerda, en este contexto, el punto de vista expuesto por la CE en el «Tercer Informe sobre la cohesión económica y social: Una nueva asociación para la cohesión, la convergencia, la competitividad y la cooperación» (2), consistente en llevar a un primer plano las cuestiones relativas a las ciudades mediante su plena inclusión en los programas regionales;

1.3

señala la importancia decisiva de una dimensión urbana en todas las políticas comunitarias, y no sólo en la política de cohesión de la UE: Sólo si son visibles y experimentables de manera concreta sus efectos positivos para las ciudades logrará la UE obtener (nuevamente) cierto grado de aceptación política, que es indispensable para el desarrollo con éxito de nuestro proyecto común;

1.4

apoya la iniciativa del Parlamento Europeo, presentada con el Informe sobre «La dimensión urbana en el contexto de la ampliación» (3), para que se refuerce la dimensión urbana de todas las políticas comunitarias y en las políticas de los Estados miembros, así como las solicitudes que contiene dicho Informe;

1.5

destaca la contribución decisiva que prestan las ciudades en la aplicación de la Estrategia de Lisboa revisada en 2005. No obstante, el crecimiento no es un fin en sí mismo, sino más bien un medio para aumentar el empleo, la cohesión social y la sostenibilidad medioambiental. Al contribuir así a la preservación del modelo social europeo, garantiza la calidad de vida de los ciudadanos de Europa. El empleo es la cuestión más importante para los ciudadanos de la UE. Con el nuevo énfasis en el crecimiento económico y el aumento de la productividad no deberían perderse de vista las restantes dimensiones de la Estrategia de Lisboa;

1.6

pone de relieve que las ciudades siempre han sido laboratorios para todo tipo de evolución: La mayoría de los progresos sociales y tecnológicos se iniciaron en las ciudades. Esta transformación estructural característica de las ciudades conlleva a la vez oportunidades y riesgos: tanto para los individuos como para la sociedad en su conjunto. Las ciudades han aprendido a convivir con esta transformación estructural, a reaccionar ante ella. También están habituadas a compensar las deficiencias del mercado – originadas en parte por la transformación estructural. Precisamente porque para lograr los objetivos de Lisboa en muchos sectores es necesario adecuar las estructuras a los nuevos desafíos, las ciudades desempeñan a este respecto un papel central;

1.7

observa, no obstante, de manera crítica que, debido al «planteamiento de arriba abajo» en el desarrollo y la aplicación de la Estrategia de Lisboa, no se ha contado con la gran mayoría de las ciudades europeas en la elaboración de los programas nacionales de reforma. Se contó con ellas parcialmente de manera formal, pero no material. Un estudio revela que, en general, se contó más con las ciudades cuando en el Estado miembro correspondiente existía un Ministerio explícitamente responsable de las ciudades (como, por ejemplo, en los Países Bajos), o cuando se trataba de ciudades que a la vez eran regiones (como Berlín, Hamburgo, Viena, etc.). Esta falta de participación del nivel urbano tiene como consecuencia el desaprovechamiento parcial del potencial de las ciudades y de su gran capacidad de crear sinergias de cooperación entre los actores públicos y privados y los agentes sociales. A este mismo resultado llega esencialmente un estudio realizado por el CDR sobre «La contribución de las regiones y ciudades a la aplicación de la asociación de Lisboa para el crecimiento y el empleo: Una encuesta sobre la participación de las regiones y ciudades en la preparación de los programas nacionales de reforma del proceso de Lisboa» (4), según el cual sólo un 17 % de las ciudades y regiones está satisfechas de su participación en la elaboración de los programas nacionales de reforma;

1.8

señala que se tendió a contar más con las ciudades en la elaboración de los marcos estratégicos nacionales de referencia (MENR) de conformidad con los artículos 25 y 26 de la Propuesta de Reglamento relativa a los Fondos Estructurales (5). Sin embargo, la toma en consideración explícita de la dimensión urbana en los MENR y los programas operativos de ellos derivados sigue sin ser habitual;

1.9

observa de manera crítica que en la actual propuesta de directrices estratégicas comunitarias de la cohesión 2007-2013 (6) se sigue ignorando ampliamente la dimensión urbana de la política de cohesión. La dimensión urbana sólo se aborda en el marco de las «especificidades territoriales». Esta carencia también se evidenció en los resultados del proceso de consulta sobre las directrices estratégicas de la cohesión 2007–2013: Reiteradas veces se pidió que se pusiera más de relieve el papel decisivo que desempeñan las ciudades para el crecimiento y el empleo. Del mismo modo, las directrices también deberían reconocer formalmente el papel vital de las ciudades. Sin una reglamentación comunitaria clara que establezca de manera vinculante la participación de las ciudades, existe el peligro de que en el período 2007-2013 no se refuerce, sino que se debilite la dimensión urbana de la política de cohesión;

1.10

acoge, por lo tanto, favorablemente la iniciativa tomada por la Comisión Europea con la presentación del documento de trabajo «La política de cohesión y las ciudades: contribución urbana al crecimiento y al empleo en las regiones» (7) de tener en cuenta estas críticas y seguir reforzando la dimensión urbana en la futura política de cohesión. En este documento se ilustra magníficamente la importancia central de las ciudades para el desarrollo de Europa, los Estados miembros y las regiones. Se pone claramente de relieve la contribución decisiva que pueden prestar las ciudades al crecimiento y al empleo, a la cohesión social y a un desarrollo sostenible;

1.11

valora especialmente el hecho de que la Comisión Europea presente en el documento la dimensión urbana en toda su complejidad. Este planteamiento holístico es un punto fuerte decisivo del documento que, en todo caso, debe mantenerse. La complejidad demostrada con ejemplos y datos concretos sólo puede tomarse en consideración mediante un planteamiento integrador de todas las políticas. La dimensión urbana no puede limitarse a la política de cohesión, sino que deberá considerarse explícitamente en todas las políticas comunitarias;

1.12

señala en particular que, en el documento, la contribución de las ciudades se ha desglosado en 50 líneas de acción concretas, que ahora se ponen a disposición de las ciudades como directrices de acción para la futura adopción de medidas concretas;

1.13

apoya el proceso de consulta iniciado por la Comisión sobre el documento de trabajo, así como su intención de incluir los resultados más importantes de este proceso en la versión final de las directrices estratégicas de la cohesión y de publicar el documento de trabajo revisado en forma de «Comunicación»;

1.14

colabora en el refuerzo de la dimensión urbana mediante la organización del Foro de las Ciudades, que se celebrará el 26 de abril de 2006, conjuntamente con la Comisión Europea y la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo.

1.15

acoge positivamente que la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se crea el Fondo de Cohesión permita a este Fondo financiar transportes urbanos ecológicos;

2.1

felicita a la Comisión Europea por las explicaciones detalladas y precisas sobre los siguientes asuntos: el desarrollo urbano sostenible en la política regional europea, el papel de las ciudades: por qué las ciudades son importantes, ciudades atractivas, apoyo de la innovación, iniciativas empresariales y economía basada en el conocimiento, más y mejor empleo, diferencias entre las ciudades, gobernanza y financiación de la renovación urbana;

2.2

valora positivamente que en las líneas de acción se pida a los Estados miembros que adopten medidas para apoyar a las ciudades;

2.3

pide que se introduzca una cuarta prioridad en las directrices estratégicas comunitarias, centrada en las ciudades y regiones urbanas, cuyo objetivo sea crear comunidades seguras, cohesivas y sostenibles (desde el punto de vista económico, social, medioambiental y comercial) incluso en las zonas urbanas más pobres;

2.4

señala las distintas situaciones de las ciudades, en particular en función de sus dimensiones, de su situación geográfica, como, por ejemplo, las zonas periféricas, del correspondiente reparto de competencias a nivel nacional y del hecho de que se trate de ciudades de los antiguos o de los nuevos Estados miembros. Además, propone considerar el criterio especialmente importante de observar cómo se manifiestan las diferencias entre las ciudades de los distintos Estados miembros, determinadas por los niveles de urbanización y la economía de estos países;

2.5

comparte el punto de vista de la Comisión consistente en que el refuerzo general de la competencia de acción de las ciudades es un requisito para el éxito de su desarrollo, contribuyendo así significativamente al desarrollo regional. Con este fin, debería dotarse a las ciudades de sistemas e instrumentos que les permitan reaccionar ante las transformaciones económicas y sociales, así como con una masa crítica de recursos financieros que podrían recibir mediante subvenciones globales y la subdelegación de las correspondientes funciones gestoras, tal como se prevé en el nuevo Reglamento del FEDER (artículos 36, 41 y 42);

2.6

subraya que, para hacer realidad la Estrategia de Lisboa y conseguir un fuerte incremento del crecimiento y la productividad, es esencial reconocer la importancia de las ciudades y zonas urbanas para su realización, ya que cuentan con una masa crítica de población, centros de excelencia de educación superior e investigación, y la capacidad de aplicar los descubrimientos a escala industrial. Por este motivo, aboga por una dimensión urbana de la política de cohesión que reconozca el potencial de las ciudades como motores de la innovación y la economía del conocimiento;

2.7

señala, sobre todo en relación con la mejora de las condiciones del entorno empresarial y para la innovación, que las ciudades sólo podrán desempeñar estas importantes funciones de liderazgo si disponen de la dotación de recursos financieros necesaria para ello. Esto es aplicable, por supuesto, a todos los ámbitos de acción mencionados;

2.8

destaca la importancia de un procedimiento coordinado y que tome en consideración las realidades de las «regiones funcionales» para lograr mejoras sostenibles mediante las líneas de acción citadas. Sólo mediante la colaboración entre socios más allá de las fronteras administrativas existen posibilidades de solución y oportunidades para aprovechar las potencialidades. Esta cooperación no siempre sencilla en la práctica debería fomentarse mediante incentivos especiales por las políticas comunitarias, como la promoción de proyectos de desarrollo estratégico de gran amplitud. Goza de especial importancia la creación de nuevas redes de cooperación entre áreas metropolitanas y regiones urbanas, así como la potenciación de las que ya existen. Especial mención merece la cooperación desarrollada en el período actual a través de la Iniciativa Interreg III, cooperación que se articulará en el período 2007-2013 a través del Objetivo Cooperación Territorial;

2.9

destaca el importante papel de las ciudades en la lucha contra el cambio climático, tanto por el tamaño de la población como por su capacidad para generar cambios a gran escala, por ejemplo en los transportes públicos o la innovación en el uso de energía en los edificios. Por este motivo, propone que se incluya en los programas de los Fondos Estructurales un requisito medioambiental;

2.10

señala la importancia de la rehabilitación y el desarrollo urbanístico de las zonas industriales abandonadas y los espacios públicos, como contribución a la renovación de las ciudades que han crecido desordenadamente y a la reducción de la urbanización excesiva. Para ello, las ciudades necesitan el apoyo de los niveles nacional y europeo De este modo, las áreas metropolitanas y regiones urbanas requieren para enfrentarse a sus problemas específicos el apoyo financiero comunitario a través de la creación de programas ad hoc para la revitalización de zonas urbanas en declive y la potenciación de iniciativas que continúen la labor emprendida por URBAN;

2.11

es consciente de la importancia de una política de la diversidad que abarque todos los ámbitos de la administración pública. Este es un requisito indispensable para aprovechar plenamente el potencial específico de las personas procedentes de la inmigración, que actualmente con frecuencia siguen constituyendo un recurso desaprovechado;

2.12

señala en particular la importancia de los servicios de interés general para incrementar la eficiencia de los sistemas urbanos y aumentar el atractivo de las ciudades. Para ello deberá prestarse especial atención –como expresión del principio de subsidiariedad– al derecho de libre elección por parte de los entes regionales y locales de la forma de prestación de los servicios de interés (económico) general. Solicita que en adelante el marco jurídico europeo en este ámbito permanezca abierto a la posibilidad de la producción propia y de confiarla directamente a empresas internas. Es necesaria una mayor flexibilidad para las ciudades y regiones en la legislación sobre las ayudas y la contratación pública;

2.13

recomienda que en todos los ámbitos de acción se tomen especialmente en consideración las necesidades de las mujeres, los jóvenes, las personas mayores y todas las personas con necesidades especiales;

2.14

considera necesario velar por que las ciudades estén más adaptadas a las mujeres, respaldando la actividad empresarial de éstas y adoptando medidas que las impulsen y ayuden a ser líderes y gestoras en las empresas y el sector público de las ciudades a través de servicios adecuados de proximidad y bienestar;

2.15

sugiere que se añada al documento una sección específica sobre la cuestión de la salud. Aunque este asunto se aborda en los tres temas principales –accesibilidad y movilidad, acceso a los servicios e instituciones, y medio ambiente natural y físico–, debido a su importancia debería sin embargo tomarse en consideración en líneas de acción explícitas;

2.16

destaca la especial importancia de garantizar ofertas amplias y eficaces de guarderías infantiles con horarios adecuados a las necesidades. Esta oferta permitirá trabajar a los padres, creará una base importante para la educación posterior de los niños, contribuirá en gran medida a la integración de distintas culturas y a la integración de los niños con necesidades especiales;

2.17

señala de manera crítica en lo que se refiere a las directrices en el ámbito de «acciones para las PYME y la pequeña empresa» que la simplificación del acceso a la financiación mediante la asunción de riesgos debería practicarse de manera muy restrictiva y sólo debería realizarse aplicando criterios estrictos. Subraya que es necesario aumentar las ayudas para las microempresas;

2.18

señala que la formación y la política educativa en toda su extensión –incluido el «aprendizaje permanente» –no sólo debería considerarse por sus repercusiones sobre el crecimiento y el empleo, sino también desde los puntos de vista de una comunidad socialmente responsable y solidaria que otorga prioridad ante todo a la participación de todos los ciudadanos en los procesos de la sociedad en su conjunto, y no sólo en los procesos económicos;

2.19

está convencido de que, con el aumento del número de personas mayores, ámbitos como la asistencia y los cuidados, al igual que los «servicios sociales», adquirirán mayor importancia. Estas transformaciones en la pirámide de edades plantean grandes retos de futuro para las ciudades, pero también representan oportunidades para el crecimiento y el empleo, como, por ejemplo, en las profesiones del sector asistencial;

2.20

destaca que la existencia de un importante número de inmigrantes en las áreas metropolitanas y regiones urbanas europeas supone un importante reto para éstas, pero también constituye un nuevo recurso donde estas entidades deben buscar nuevas oportunidades de crecimiento. Desde las diversas administraciones públicas deberá impulsarse el aprovechamiento de estas oportunidades;

2.21

destaca la creciente importancia – sobre todo para las ciudades – de la economía social como mercado laboral en crecimiento, junto con el primer sector (privado) y el segundo sector (público). Solicita que se tome explícitamente en consideración la necesidad de fomentar las oportunidades de mercado de las empresas de la economía social (del «tercer sector») en las directrices, como, por ejemplo, en el acceso a los créditos o mediante garantías del Estado;

2.22

subraya en particular que, para el desarrollo futuro de la UE en su conjunto, reviste especial importancia la creación de puestos de trabajo sostenibles y la lucha contra el desempleo. Sólo partiendo de la base de lograr éxitos apreciables en este ámbito puede lograrse (nuevamente) la aceptación de la UE por la población. Las ciudades, como centro de la transformación estructural, se ven afectadas en especial medida por la problemática del desempleo;

2.23

pide que la política del mercado laboral de los Estados miembros tome en mayor consideración las necesidades de las regiones urbanas y que se desarrollen programas adecuados a este efecto, conjuntamente con las cuencas de empleo funcionales de las ciudades. Para ello pueden servir de base pactos, acuerdos y convenios institucionales para la adopción de políticas relativas al mercado laboral nacionales, regionales y locales, como muestran los pactos territoriales en favor del empleo. Mediante estos pactos se reforzará a nivel de las ciudades la vinculación de las políticas económica, regional y del mercado de trabajo, que deberían seguir desarrollándose y apoyándose con recursos de la UE;

2.24

suscribe el punto de vista de la Comisión Europea de que el elevado número de extranjeros que viven en las ciudades significa una oportunidad, y de que, para ser competitivas, las ciudades necesitan atraer y respaldar a personas con competencias muy diversas, y con frecuencia los inmigrantes colman importantes lagunas. Por este motivo, respalda la recomendación presentada por la Comisión Europea en su reciente Informe sobre el funcionamiento de las disposiciones transitorias relativas a la libre circulación de personas, por la que insta a los Estados miembros a examinar cuidadosamente si es necesario prolongar estas restricciones, a la luz de la situación del mercado laboral y los datos aportados en dicho Informe;

2.25

señala de manera crítica que la calidad de los puestos de trabajo creados reviste una importancia decisiva. Los aumentos del empleo se han producido últimamente en su mayoría por el aumento del empleo a tiempo parcial y nuevas formas de ocupación. En algunos sectores se hunde la calidad del empleo ofertado o no se oferta ningún puesto de trabajo con arreglo a las normas legales vigentes. De esta multitud de formas de empleo que no garantizan la estabilidad económica del trabajador surgen nuevas fracturas sociales. Se pide al sector privado y a las empresas que proporcionen puestos de trabajo que permitan un empleo sostenible. La flexibilización del mercado laboral en detrimento de la seguridad laboral y social no es un proyecto sostenible y, por tanto, las distintas administraciones públicas deberán velar para que esto no ocurra;

2.26

pone de relieve que evitar la exclusión social y los problemas de ella resultantes – desde la creación de guetos hasta la delincuencia – es una condición fundamental para la calidad de vida urbana. Las administraciones públicas deberán prestar especial atención a aquellos colectivos que sufran un mayor riesgo de exclusión social. Especial mención merece el caso de los inmigrantes;

2.27

destaca que la incorporación de las iniciativas comunitarias como, en particular, Urban y Equal a los programas operativos nacionales y regionales no debe suponer una reducción del alcance innovador de los programas e iniciativas de la UE. Al contrario, es conveniente fomentar el carácter innovador de las iniciativas urbanas en la nueva política de cohesión y promover la interconexión de ideas y la transmisión de su aplicabilidad.

2.28

a tal fin, solicita a la Comisión que las iniciativas en el ámbito urbano, en ejecución de las orientaciones de la UE y en consideración de su carácter emblemático y transferible que conviene mantener también en la próxima programación, sean comparables entre sí y que la eficacia de las intervenciones sea mensurable en términos cualitativos y cuantitativos.

3.1

pide a la Comisión Europea que tome en consideración la dimensión urbana en todas las políticas comunitarias. Para ello es necesario un planteamiento que identifique, analice y tenga en cuenta los problemas concretos de la realidad urbana, y que evalúe las repercusiones de las políticas comunitarias sobre las ciudades. Para garantizar que así sea, parece indispensable la implicación de los responsables institucionales de las ciudades en todas las fases del desarrollo de las políticas y los programas, así como en su aplicación y evaluación;

3.2

señala la necesidad de una mejor coordinación de la dimensión urbana entre todos los servicios de la Comisión Europea, en particular entre la DG Regio, la DG de Medio Ambiente, la DG de Transportes, la DG de Empleo y la DG de Salud Pública. En todos los programas de la UE deberá prestarse una mayor atención a la dimensión urbana – en los aspectos financiero y territorial;

3.3

destaca asimismo la necesidad de una mayor coordinación entre la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo para, de esta manera, lograr una agenda más clara para las acciones de la UE destinadas a las ciudades;

3.4

recomienda a la Comisión Europea que refuerce el «Grupo de trabajo interservicios» con la inclusión de expertos de las ciudades y la creación de una «task force» interservicios – siguiendo el modelo del Grupo de trabajo interservicios sobre «vivienda urbana» del Parlamento Europeo. También se recomienda la creación de foros para el diálogo regular con las ciudades sobre las políticas comunitarias que afectan a estas últimas, como ya se hace en el ámbito del medio ambiente;

3.5

pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que anuncien un «diálogo territorial» – similar al diálogo social y civil –, que permita a los distintos entes regionales y urbanos y a sus asociaciones nacionales y europeas presentar sus posiciones en la preparación, negociación y decisión de las políticas y medidas que afectan a las ciudades y a las regiones, y, de este modo, participar en su elaboración. El diálogo con las asociaciones de colectividades territoriales (8) iniciado por la Comisión Europea en 2003 con la participación del Comité de las Regiones constituye tan sólo un primer paso en este sentido;

3.6

se pronuncia a favor de la organización por el Consejo y los Estados miembros de un encuentro de alto nivel antes de cada cumbre de primavera. En este encuentro deberían participar, además de los protagonistas del «diálogo territorial», en particular la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Comité de las Regiones y redes de ciudades. Sugiere asimismo la celebración de reuniones anuales de los ministros de los Estados miembros responsables de la política urbana, que deberían ir precedidas de una reunión con los representantes de las redes de ciudades y de las asociaciones nacionales y europeas de municipios, como el Consejo de Municipios y Regiones de Europa. En estas reuniones, el Grupo de trabajo interservicios de la Comisión Europea debería informar regularmente de la situación de sus trabajos;

3.7

pide a los Gobiernos de los Estados miembros que tomen en mayor consideración la dimensión urbana en las políticas nacionales. Deberá garantizarse, en particular, que se dote a las ciudades de los recursos financieros necesarios para el desempeño de sus cometidos. Además, debería profundizarse el diálogo con las ciudades y sus asociaciones y celebrarse de manera estable como una consulta formal;

3.8

señala la importancia central de la investigación y el desarrollo para lograr los objetivos de Lisboa. Solicita, por este motivo, que el importante papel de las ciudades en la política de investigación se refleje en el «Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea de Acciones de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración» en forma de «mainstreaming urbano». Hasta ahora la dimensión urbana sólo se ha tomado en consideración decididamente en los asuntos de medio ambiente y transportes. En cambio, la consideración de los aspectos de investigación urbanos es necesaria en todos los ámbitos y programas específicos. En este sentido, es importante apoyar de manera reforzada con medidas apropiadas la vinculación de las ciudades con sus universidades y centros de investigación. Ello permitirá crear sinergias para el desarrollo urbano y mejorar la valoración por parte de la opinión pública de la investigación y el desarrollo. Una de estas medidas podría ser, por ejemplo, un concurso europeo denominado «Ciudad europea de la ciencia».

3.9

El Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico debería consolidar a las ciudades como plataformas de intercambio de información y conocimiento, velar por un reparto de recursos y políticas en materia de innovación que responda a las necesidades de la sociedad en general y de los ciudadanos en particular y garantizar el apoyo a la investigación trasnacional en materia de desarrollo urbano;

3.10

destaca la importancia de la subsidiariedad y de la participación de los niveles subnacionales en la programación y aplicación de la política de cohesión. La descentralización en la gestión de los Fondos Estructurales no debe conducir a la centralización de la política de cohesión a nivel de los Estados miembros;

3.11

pide a la Comisión Europea que tenga en cuenta el principio de proporcionalidad en la aplicación de los dispositivos de gestión y control de las actuaciones desarrolladas por las ciudades;

3.12

solicita una mayor y más transparente participación de las autoridades locales en la preparación, elaboración y puesta en marcha de los Planes Nacionales de Reforma, así como que los Estados miembros incluyan en sus Informes anuales a la Comisión Europea un capítulo específico que recoja las medidas de ejecución a nivel local de dichos programas;

3.13

se felicita de que se tome en consideración la dimensión urbana en las propuestas de la Comisión de reglamentos relativos a los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión 2007 –2013;

3.14

pide que se potencie la dimensión urbana en las directrices estratégicas de la cohesión para el período 2007 –2013. La Comisión Europea deberá garantizar la inclusión efectiva de la dimensión urbana, quizás estableciendo claramente la dimensión urbana en los informes de aplicación de los Estados miembros y en el Informe anual de la Comisión Europea previstos en los artículos 27 y 28 de la propuesta de Reglamento relativa al conjunto de los Fondos Estructurales (9);

3.15

destaca el papel fundamental de las acciones prospectivas y estratégicas frente a los problemas de desempleo puestas en marcha desde los gobiernos municipales, a través principalmente de propuestas para la generación de puestos alternativos de trabajo en los llamados «nuevos yacimientos de empleo». Por este motivo, recomienda que no sólo se tome en consideración la dimensión urbana a la hora de plantear y desarrollar programas de empleo, sino que se dote a las ciudades de las competencias, instrumentos de gestión y las asignaciones presupuestarias necesarias;

3.16

acoge con satisfacción las iniciativas conjuntas JEREMIE, JASPERS y JESSICA de la Comisión Europea y del Grupo EIP. El acceso en pie de igualdad para todos los niveles estatales a estos sistemas de financiación constituyen un requisito fundamental para su éxito;

3.17

recomienda la elaboración, la actualización sistemática y la difusión de datos y análisis que ilustren la compleja realidad de las ciudades y permitan valorar mejor la situación en las ciudades. Apoya, en particular, iniciativas como ESPON o Auditoría Urbana;

3.18

apoya el desarrollo de redes entre las ciudades para el intercambio de experiencias y mejores prácticas. Para ello deberían tomarse como base redes existentes como URBACT con el proyecto piloto «European Urban Knowledge Network», los puntos esenciales de la cooperación urbana interregional, Eurocities, etc. En este sentido también deben tenerse en cuenta iniciativas de asociaciones nacionales y europeas que representen los intereses de las ciudades;

3.19

pide a la Comisión Europea que inste a los Estados miembros que se benefician del Fondo de Cohesión a consagrar una parte significativa de la ayuda recibida a proyectos de transportes urbanos sostenibles.

29.8.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 206/23

1.1.1

acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión Europea dirigida a hacer operativo el «tercer pilar» de su estrategia, basado en el diálogo entre las sociedades civiles y dirigido a Turquía, Croacia y los demás países candidatos a la adhesión a la Unión Europea;

1.1.2

reconoce, en particular, la necesidad de que las instituciones europeas presten atención a los ciudadanos de los países candidatos, que en el pasado han sido relegados a un segundo plano respecto a las decisiones, consecuencias y oportunidades relacionadas con las anteriores adhesiones, con lo que la integración se percibía a menudo como un proceso más bien «impuesto» que «compartido»;

1.1.3

considera, remitiéndose a la resolución del Consejo, de 3 de octubre de 2005, en la que se subraya la necesidad de contar con la aprobación de los ciudadanos para el proceso de adhesión, que la información sobre las consecuencias de la ampliación de la Comunidad no debe limitarse a los ciudadanos de los países candidatos, sino que también debe incluir a los agentes de la sociedad civil de los Estados miembros. La capacidad de acogida de la Comunidad como criterio decisivo para la adhesión se mide también por el grado de aceptación de los ciudadanos de la Unión respecto de las futuras ampliaciones;

1.1.4

aprueba la decisión de la Comisión de integrar a los entes regionales y locales en el diálogo político que se desarrollará con todos los países candidatos durante el proceso de adhesión a la Unión; se considera, por tanto, un interlocutor privilegiado en relación con el tercer pilar de la estrategia de la Comisión, en la medida en que está llamado a contribuir directamente al diálogo entre las sociedades civiles; pide, en consecuencia, poder participar directamente en las futuras actividades de la Comisión en el ámbito del diálogo entre las sociedades civiles y, en particular, en las actividades de información y comunicación;

1.1.5

pone de manifiesto el desequilibrio de la Comunicación de la Comisión Europea, que dedica la práctica totalidad de su documento a Turquía; considera que hubiera sido más útil elaborar una comunicación sobre el tercer pilar de carácter más horizontal, es decir, válida para todos los países candidatos a la adhesión, y no sólo Turquía y Croacia;

1.1.6

señala, en particular, la disparidad del enfoque financiero previsto en la Comunicación que, pese a ser provisional, establece un marco de referencia mínimo para las actividades dedicadas a Turquía, y ningún tipo de marco para las actividades dedicadas a Croacia;

1.1.7

considera necesario dejar a los países miembros de la Unión Europea la libertad de elegir las modalidades de planificación de una política de comunicación e integración de los ciudadanos de los países candidatos residentes en su territorio nacional. Sin embargo, considera que sería más acorde con el papel de la Comisión Europea preparar un enfoque común sobre las razones, el significado y el potencial del proceso de integración europea. Este enfoque debería ser válido para los países candidatos a la adhesión actuales y futuros y ponerse en práctica gracias a un plan de comunicación dirigido a los ciudadanos de todos los países candidatos y articulado en torno a los entes regionales y locales;

1.1.8

subraya, a este respecto, la necesidad de encomendar, con una financiación adecuada, a una «red europea de sociedades civiles» activa entre las sociedades civiles de los países candidatos y las escuelas y universidades de estos países, la tarea de informar a los ciudadanos de los países candidatos sobre la historia, las instituciones, las razones y las perspectivas del proceso de integración europea y, en particular, el significado de la ciudadanía europea que se sumará a la ciudadanía nacional, una vez concluido el proceso de adhesión;

1.1.9

sugiere, asimismo, prever e institucionalizar encuentros entre los representantes elegidos de la Unión Europea a nivel regional y local y sus homólogos de todos los países candidatos, una práctica que aún no se ha establecido ni para Croacia ni para los países de los Balcanes occidentales que son posibles candidatos, de conformidad con los primeros modelos de Acuerdos de Asociación y Estabilización (AEA);

1.2.1

reitera su convicción de que sería útil crear un comité consultivo mixto con los entes locales turcos, pero toma nota con preocupación de que las autoridades nacionales turcas aún no han realizado los trámites necesarios para la creación efectiva de este comité con el CDR;

1.2.2

toma nota de la propuesta de la Comisión de hacer participar a las ONG en el proceso de integración de los ciudadanos turcos en los países miembros de la Unión, pero subraya que, para facilitar este proceso, es imprescindible adoptar un enfoque descentralizado en el que participen los entes locales;

1.2.3

destaca la utilidad de que la Comisión publique un informe anual especial sobre el respeto de los derechos de las minorías en Turquía y considera oportuno asignar una cuota fija de las dotaciones financieras de preadhesión a las ONG y las asociaciones de representantes locales que se dedican a la protección de los derechos de las minorías y al uso de las lenguas minoritarias y regionales;

1.2.4

acoge favorablemente el enfoque de la Comisión dirigido a apoyar a las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres e igualdad de oportunidades y destaca la necesidad de promover y controlar la participación efectiva y activa de las mujeres en la vida política local;

1.2.5

acoge favorablemente la participación de estudiantes turcos en los programas comunitarios Jean Monnet, pero considera imprescindible descentralizar y ampliar este enfoque –por ejemplo, gracias a las nuevas tecnologías– con el fin de que también puedan participar, por una parte, las universidades periféricas, y, por otra, los estudiantes que terminan sus estudios preuniversitarios;

1.2.6

celebra el desarrollo de los intercambios interculturales que pueden convertirse en un elemento central del diálogo con la UE y alienta a la Comisión Europea, y en particular a su delegación en Ankara, a que adopte un enfoque descentralizado que tenga debidamente en cuenta las organizaciones no gubernamentales periféricas y procedentes de regiones turcas en las que se hablan lenguas minoritarias que la Comisión debería contribuir a proteger, en particular, mediante los programas comunitarios Cultura y Media;

1.2.7

considera necesario, al igual que la Comisión, fomentar el diálogo entre las comunidades y asociaciones religiosas y espera ser debidamente informado al respecto mediante las futuras comunicaciones relativas al diálogo entre las sociedades civiles;

1.2.8

considera útil participar activamente en la promoción de debates públicos en línea, así como en las actividades telemáticas que organizará la Comisión en el sitio web que facilitará información sobre Turquía.

1.3.1

lamenta la formulación del Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA) con Croacia, que no prevé la creación de un comité consultivo mixto entre el CDR y los entes regionales y locales croatas y llama la atención de la Comisión sobre la necesidad de apoyar su solicitud para evitar que este tipo de errores se repita con otros posibles países candidatos de la región de los Balcanes occidentales;

1.3.2

observa una mayor participación de Croacia en los programas comunitarios y espera que se refuerce el instrumento de los hermanamientos entre ciudades croatas y europeas, gracias al Programa «Ciudadanos por Europa», y entre condados croatas y regiones europeas, especialmente las del Objetivo 1 de los países miembros que accedieron a la Unión en 2004, basándose, asimismo, en el Programa Leonardo da Vinci;

1.3.3

señala a la Comisión la necesidad de dedicar especial atención a la promoción, en la sociedad civil croata, del respeto de las lenguas minoritarias y del bilingüismo, así como de los derechos de las minorías;

1.3.4

celebra el enfoque de la Comisión Europea consistente en integrar, en sus proyectos de financiación de los programas de televisión destinados a informar al público sobre la Unión, programas realizados por medios de comunicación regionales y locales europeos; en este contexto, y para garantizar su éxito, destaca la importancia de emplear las lenguas regionales o de las minorías nacionales;

1.3.5

considera indispensable que entre las nuevas actividades que se desarrollen con la participación activa de la sociedad civil croata, se fomente la cooperación transfronteriza, especialmente mediante la promoción de las eurorregiones y del diálogo interreligioso;

1.3.6

toma nota de la voluntad del Gobierno croata de elaborar una estrategia nacional para el desarrollo de la sociedad civil y de crear un consejo para el desarrollo de la sociedad civil dirigido a garantizar la necesaria transparencia a la hora de evaluar el reparto de los fondos nacionales asignados a las actividades de la sociedad civil croata.

2.1.1

considera oportuno que, a partir de 2006, la Comisión elabore cada año un documento exhaustivo sobre el estado del diálogo entre las sociedades civiles, que sea más equilibrado y respetuoso de las diferentes realidades de todos los países candidatos e incluya un informe específico sobre el diálogo entre las comunidades y asociaciones de carácter religioso;

2.1.2

pide que se adjunte periódicamente a las futuras comunicaciones sobre el diálogo entre las sociedades civiles un cuadro financiero específico para cada país candidato, que presente la financiación anual de las actividades dirigidas a desarrollar el diálogo entre las sociedades civiles;

2.1.3

propone a la Comisión que se estudie la posibilidad de crear una «red europea de la sociedad civil» en la que participen los ciudadanos de los países candidatos y de la Unión Europea a través de las escuelas y universidades y que tendría por objeto el conocimiento recíproco de la historia, las culturas y el proceso de integración europea, en el respeto de la diversidad cultural, nacional, regional y local de la UE;

2.1.4

subraya que el diálogo debería centrarse en los aspectos positivos de la integración europea;

2.1.5

pide a la Comisión que emplee la red Circom y las televisiones privadas existentes en las regiones y ciudades europeas y en los países candidatos para realizar programas de televisión dirigidos al público en los que se fomente el diálogo entre las sociedades civiles de la UE y los países candidatos; pide, además, a la Comisión que promueva la participación en los trabajos de sus plenos de periodistas de la prensa nacional, regional y local turca y croata, incluida la prensa de las minorías;

2.1.6

considera que se debe prestar especial atención al respeto de la igualdad de oportunidades y al papel de las asociaciones femeninas, por lo que propone a la Comisión que dé prioridad a los proyectos presentados por ONG en este ámbito, es decir, proyectos dirigidos a promover la igualdad de oportunidades y a desarrollar la participación de las mujeres en las actividades sociales y políticas. En este contexto, pide a la Comisión Europea que elabore unos programas específicos para los países candidatos destinados a combatir los fenómenos de discriminación directa o indirecta, tanto en la vida económica, social y política como en los sectores de la educación y los medios de comunicación;

2.1.7

llama la atención sobre el hecho de que Croacia está actualmente excluida del programa de acción comunitario de apoyo a los organismos que trabajan en el ámbito de la ciudadanía europea activa (participación cívica).

2.2.1

toma nota de la estimación realizada por la Comisión Europea relativa al esfuerzo financiero necesario para cubrir el coste de la programación en el ámbito del diálogo entre las sociedades civiles para 2006, correspondiente a 40 millones de euros; a este respecto, considera que sería útil efectuar una evaluación intermedia de la utilización de los fondos disponibles y que sería preferible adoptar un enfoque que tenga en cuenta las necesidades concretas, en vez de optar por la asignación de un porcentaje fijo, como se propone en la Comunicación de la Comisión, con excepción de un importe plurianual fijado con antelación, destinado a incentivar el trabajo de las ONG y de las asociaciones de representantes locales dedicadas a la protección de los derechos de las minorías y al uso de sus lenguas de origen;

2.2.2

pide a las autoridades turcas que realicen las gestiones necesarias para crear un comité consultivo mixto formado por representantes de entes locales turcos y del CDR;

2.2.3

alienta a la Comisión a financiar los programas Jean Monnet y la Acción Jean Monnet «Enseñanzas sobre la integración europea en la Universidad», incluso fuera de los grandes centros urbanos y de las principales universidades turcas; en este sentido, considera oportuno elaborar programas similares, también dirigidos a los estudiantes preuniversitarios;

2.2.4

recomienda, para fomentar la participación de las ONG de las zonas periféricas de Turquía, estrechar los vínculos con las asociaciones de representantes de entes locales y de los medios de comunicación regionales y locales;

2.2.5

anima a la Comisión Europea a intensificar sus llamamientos a las autoridades turcas para que las mujeres estén debidamente representadas en los órganos políticos locales; en este sentido, expresa el deseo de que se cree un premio europeo anual para recompensar el activismo en favor de las mujeres en la vida política local turca;

2.2.6

sugiere a la Comisión, para promover la práctica de los hermanamientos entre ciudades turcas y europeas, que anime a los miembros del CDR a que «adopten» cada año una serie de administraciones municipales y las hermanen con otras tantas administraciones locales europeas, por ejemplo con motivo de una Conferencia anual impulsada por la Comisión, con su colaboración;

2.2.7

pide a la Comisión Europea que le integre en las actividades telemáticas dirigidas a promover debates públicos en línea, en el marco de la realización y el lanzamiento del sitio web que informará sobre la ampliación y sobre las actividades realizadas en el ámbito del diálogo entre las sociedades civiles en Turquía.

2.3.1

pide a la Comisión Europea que prevea, desde el ejercicio de programación 2006, la financiación de las actividades relativas al diálogo entre las sociedades civiles, mediante una asignación específica procedente de la dotación anual disponible en el marco del programa de ayuda a la preadhesión;

2.3.2

reitera su interés por el diálogo con los entes regionales y locales croatas y pide que se prevea explícitamente en los AEA con los demás países de los Balcanes occidentales la creación de un comité consultivo mixto en el que él participe;

2.3.3

propone la creación de unos programas específicos de hermanamiento entre las administraciones públicas de los condados croatas y de las regiones europeas del Objetivo 1 (Objetivo de convergencia a partir de 2007), con el fin de intercambiar buenas prácticas en el ámbito de la utilización de los fondos comunitarios de preadhesión y, en particular, de prever una programación específica de hermanamientos regionales a través del programa de formación Leonardo da Vinci;

2.3.4

propone elaborar un programa de información para el conocimiento mutuo y la promoción del mensaje europeo a escala local, que también se redactará en las lenguas de las minorías nacionales, mediante la participación de los medios de comunicación regionales croatas, así como de representantes de las minorías nacionales;

2.3.5

pide a la Comisión Europea que defienda el trabajo de la sociedad civil que representa a las minorías nacionales en Croacia y que elabore un informe anual sobre el respeto de los derechos de las minorías nacionales, dedicando especial atención al uso del bilingüismo, cuando proceda, en las administraciones locales y regionales;

2.3.6

propone que Croacia pueda participar a partir de 2007 en el programa de acción comunitario de apoyo a los organismos que trabajan en el ámbito de la ciudadanía europea activa (participación cívica);

2.3.7

sugiere que la Comisión Europea pida que un representante de las sociedades civiles de la UE pueda participar, en calidad de observador, en el Consejo para el desarrollo de la sociedad civil creado por el Gobierno croata.

29.8.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 206/27

—

«Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones - Programa Común para la Integración - Marco para la integración de los nacionales de terceros países en la Unión Europea»

—

«Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones – Migración y desarrollo: orientaciones concretas»

—

«Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a procedimientos y normas comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países que se encuentren ilegalmente en su territorio»

1.1

acoge con satisfacción que la Comisión haya respondido a la invitación del Consejo Europeo de presentarle propuestas para establecer un marco europeo coherente para la integración de los nacionales de terceros países;

1.2

toma nota de que, en esta primera respuesta, la Comisión se ha centrado sobre todo en propuestas de medidas concretas destinadas a poner en práctica los principios básicos comunes, acompañadas de una serie de mecanismos de apoyo de la UE (nuevas posibilidades de propuestas de acción, tanto al nivel nacional como comunitario, nuevas maneras de garantizar la coherencia entre las acciones emprendidas por la UE y las realizadas en el nivel nacional);

1.3

reconoce que los cuadros que figuran en la Comunicación objeto de examen con ejemplos de mejores prácticas en el nivel nacional y en el nivel comunitario se inspiran no sólo en los principios básicos comunes para la integración (aprobados por el Consejo Europeo de noviembre de 2004), sino también en el documento Handbook on Integration (Manual sobre la integración), en las acciones preparatorias para la integración de los nacionales de terceros países (INTI) y en los preparativos para la creación de un Fondo Europeo para la Integración;

1.4

lamenta que el orden de las acciones presentadas por la Comisión no traduzca un orden de prioridades; éstas, a instancias de la Comisión, deberán establecerlas los propios Estados miembros;

1.5

acoge favorablemente la opinión de la Comisión de que la integración es un proceso bidireccional;

1.6

considera importante que se establezcan medidas para reforzar la capacidad de adaptación de la sociedad de acogida (en el sentido de fomentar la sensibilización intercultural y la transmisión de conocimientos, la aceptación de la inmigración) y se refuerce el papel de las organizaciones privadas en la gestión de la diversidad y la cooperación con los medios de comunicación (fomento de códigos facultativos de conducta);

1.7

valora positivamente que la integración se haga sobre la base del respeto de los valores fundamentales de la UE. A este respecto hay que destacar sobre todo el aspecto cívico de los programas de acogida;

1.8

celebra la atención que la Comunicación presta a la educación y subraya la necesidad de aplicar medidas e instrumentos específicos en el ámbito educativo para permitir la total integración de los inmigrantes en el sistema educativo del país de acogida, y de este modo, en el conjunto de la sociedad;

1.9

subraya que el empleo debe considerarse un componente esencial del proceso de integración. Son importantes sobre todo conceptos innovadores para prevenir la discriminación, e igualmente el reconocimiento de las cualificaciones y la experiencia profesional –mediante el establecimiento de procedimientos comunes en todos los países miembros en cuanto a dicho reconocimiento–, la participación de los interlocutores sociales en las medidas, el apoyo a las capacidades de formación de pequeñas empresas, organizaciones profesionales y sindicatos y medidas positivas para fomentar la contratación de los inmigrantes. Asimismo, recomienda que se fijen a escala comunitaria criterios uniformes, claros y no discriminatorios para la evaluación de los sistemas de educación de los distintos Estados miembros y la experiencia profesional de los ciudadanos de la UE;

1.10

destaca que la integración es un proceso bidireccional y dinámico de ajuste mutuo. Instrumentos importantes para ello son las iniciativas de bienvenida y las acciones de «padrinazgo» destinadas a promover la confianza;

1.11

subraya la importancia de sensibilizar tanto a los inmigrantes como a los residentes acerca de los valores fundamentales de la UE;

1.12

señala que el fomento del acceso al mercado laboral y a las oportunidades de formación, así como el reconocimiento de las cualificaciones y de la experiencia profesional son componentes esenciales para el proceso de integración;

1.13

acoge con satisfacción que se fomente el refuerzo de la capacidad de los prestadores de servicios para la interacción con los nacionales de terceros países (servicios de traducción, competencias interculturales, gestión de la diversidad y de la integración, programas de padrinazgo);

1.14

está de acuerdo en que sería preciso reforzar la interacción frecuente entre inmigrantes y nacionales, los foros compartidos, el diálogo intercultural, la educación relativa a los inmigrantes y sus culturas, así como unas condiciones de vida estimulantes en entornos urbanos;

1.15

destaca que la práctica de diversas culturas y religiones está garantizada por la Carta de los Derechos Fundamentales y debe quedar salvaguardada, a menos que dichas prácticas entren en conflicto con otros derechos europeos inviolables, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos o con la legislación nacional;

1.16

subraya la importancia de la participación de los inmigrantes en el proceso democrático y en la formulación de las políticas y medidas de integración, especialmente al nivel local;

1.17

celebra que la lista de las medidas sea extensa y se refiera a todos los aspectos esenciales de la integración. En este sentido puede ser un valioso punto de partida para armonizar las políticas de integración de los Estados miembros;

1.18

señala que ello requiere el establecimiento de objetivos claros. Estos deberán evaluarse mediante indicadores y mecanismos de evaluación, a fin de que puedan adaptarse las medidas, evaluarse los progresos en la integración y organizarse con más eficacia los flujos de información;

1.19

considera especialmente importantes la cooperación y el intercambio de información (puntos de contacto nacionales para la integración (CCNI), «Manual sobre la integración», sitio Internet sobre la integración);

2.1

destaca que, si bien la selección y el modo de desarrollar las medidas podrán basarse en el contexto de las situaciones y tradiciones de cada país, se considera que las propuestas son los componentes principales de todas las políticas de integración de los Estados miembros;

2.2

subraya que debe prestarse especial atención a las cuestiones de género y a la situación de los jóvenes inmigrantes y niños de familias de inmigrantes;

2.3

recomienda que un conocimiento básico del idioma, de la historia y de las instituciones de la sociedad de acogida se considere indispensable para la integración;

2.4

pide que se realicen esfuerzos para fomentar la educación destinada a preparar a los inmigrantes a participar con más éxito y de manera más activa en la sociedad, por ejemplo reflejando la diversidad en los planes educativos (principio educativo del «aprendizaje intercultural») y prestando especial apoyo a los jóvenes inmigrantes en la escuela. Además, debería destacarse la importancia de la formación preescolar y la necesidad de establecer proyectos para facilitar la transición de la escuela al trabajo, para lo cual deberían reclamarse programas adecuados en los Estados miembros;

2.5

subraya que, además de la necesidad de «combatir eficazmente la delincuencia entre los jóvenes inmigrantes», como afirma la Comisión, se debería promover en primer lugar una política eficaz de prevención e información;

2.6

subraya que debería promoverse el acceso de los inmigrantes a los bienes y servicios, tanto públicos como privados, sin discriminaciones, como un requisito esencial para una mejor integración;

2.7

destaca que la aceptación de otros modos de vida y de otro tipo de opiniones tiene un límite infranqueable: el respeto de los derechos humanos y la lucha contra todo tipo de discriminación, en especial la de género, amparada por las leyes de la UE e internacionales. Se debe dispensar una protección especial a las mujeres inmigrantes y garantizar su pleno acceso en condiciones de igualdad al empleo, la formación y la vida política de la sociedad democrática europea, al igual que proteger su libre determinación evitando matrimonios forzosos, combatiendo la violencia doméstica, garantizando sus derechos sexuales y reproductivos, prohibiendo prácticas vejatorias, como, por ejemplo, la ablación femenina, etc. Los derechos humanos no son negociables y la violación de estos derechos no puede justificarse invocando ninguna tradición y/o cultura; Por ello, deben diseñarse y articularse medidas específicas de información, prevención, apoyo y sensibilización con el objetivo de combatir toda práctica o costumbre discriminatoria y/o vejatoria, y avanzar así en la igualdad de acceso a las oportunidades, tanto para los hombres como para las mujeres inmigrantes;

2.8

destaca la tendencia a la falta de compromiso y la imprecisión en el análisis presentes en la Comunicación. Así, por ejemplo, llama la atención que en la Comunicación se dé preferencia a las «medidas flexibles» (como el diálogo, los foros, la transmisión de información, etc.), si bien la importancia de estas medidas no debe subestimarse. Medidas estructuralmente importantes para la integración, como la participación política de los inmigrantes, quedan al margen (principio 9);

2.9

pide una separación y un orden de prioridades claros en función de las responsabilidades políticas, jurídicas, estructurales e institucionales respectivas y de los actores de la sociedad de acogida, así como de la importancia de las medidas.. En este sentido, también los principios básicos comunes deberían desarrollarse más y reforzarse como instrumento;

2.10

recomienda que se adopten medidas para fomentar un enfoque coherente de la UE. Debería consolidarse el marco jurídico que regula la admisión y la estancia, incluidos los derechos y deberes;

2.11

toma nota de que en la Comunicación se hace hincapié en la importancia de las cuestiones de género. Por ello, la redacción del documento sometido a examen debería modificarse también teniendo en cuenta las cuestiones lingüísticas de género;

2.12

pide que en el marco jurídico que regula la admisión y la estancia cada instrumento de migración futuro tenga en cuenta las cuestiones de la igualdad de trato y de los derechos de los inmigrantes;

2.13

subraya que, sobre todo en el contexto de la participación, es importante la participación de los grupos de interés y la propuesta de creación de un Foro Europeo de la Integración de la UE, del que deben formar parte organismos de coordinación (consulta, formulación de recomendaciones, relación frecuente con los puntos de contacto nacionales para la integración). Debería invitarse a participar en este foro al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. El Foro Europeo de la Integración debería participar en la conferencia preparatoria de otros futuros manuales sobre la integración. Debe continuarse y desarrollarse el informe anual sobre migración e integración;

2.14

pone de manifiesto que muchas de las medidas prometidas (iniciativas de bienvenida, acciones de «padrinazgo», promoción del conocimiento en la sociedad de acogida, oferta de cursos, etc.) deberán ser llevadas a cabo por las autoridades locales. Por consiguiente, es indispensable que se les faciliten también los recursos necesarios. Lo mismo vale igualmente para el nivel regional (creación de los instrumentos de información, programas de acogida, programas culturales, etc.);

2.15

pide que se dote a los municipios y las regiones de los medios financieros apropiados para la aplicación de las medidas de integración;

2.16

propone la creación de una base de datos (por ejemplo, con información sobre el reconocimiento de las formaciones y las cualificaciones e información sobre las necesidades de los inmigrantes, etc.);

2.17

señala que los entes regionales y locales contribuyen en gran medida y de forma indispensable a la integración y que pueden aportar sus amplios conocimientos en la materia y sus experiencias prácticas. Por ello, deberían participar desde el comienzo y de un modo amplio en la elaboración de las estrategias y en todo el proceso;

2.18

pide medidas e incentivos para los inmigrantes que se basen también en los conceptos propuestos (por ejemplo, incentivos para la búsqueda de trabajo y la formación); destaca la necesidad de mejorar los métodos de cálculo del número de inmigrantes para, de este modo, poder ajustar y desarrollar adecuadamente las medidas de integración que decidan ponerse en práctica.

1.1

toma nota de que la Comunicación incluye medidas para mejorar el efecto de la migración en el desarrollo. La base la constituye la Comunicación de diciembre de 2002. La prioridad se centra en la migración Norte-Sur;

1.2

toma nota de que, además del efecto de la emigración en el desarrollo de los países de origen, es importante también estudiar los efectos de la cooperación al desarrollo en la emigración, ya que se encuentra en su base. Sólo ayudando a los países de origen de las migraciones a que puedan dotar de adecuadas oportunidades a sus ciudadanos podrán controlarse a largo plazo los flujos migratorios;

1.3

reconoce que la Comunicación hace gran hincapié en apoyar el retorno temporal y virtual, con el objetivo de que la transferencia de conocimientos y experiencias se aproveche en los países de origen para su desarrollo («circulación de cerebros» en lugar de «fuga de cerebros»);

1.4

acoge con satisfacción que se considere especialmente importante incluir la política de migración en la política de desarrollo, aprovechar el retorno de los emigrantes para el desarrollo, agilizar la transferencia de capitales y las remesas de fondos, cofinanciar proyectos basados en las remesas de fondos realizadas;

1.5

acoge favorablemente que la Comunicación apoye en general que se mantengan los contactos entre el país de origen y los emigrantes. (Eso se destaca también cada vez más en la política en materia de ciudadanía de distintos Estados miembros);

1.6

subraya que la consideración de los emigrantes como «puente» (bridgebuilders) con los países de origen constituye una perspectiva más sólida. Este planteamiento debería servir como argumento en favor del complemento de la formación en la lengua propia del país de acogida mediante una alfabetización adicional y clases en lengua materna;

1.7

observa que del debate sobre el Libro Verde sobre la inmigración legal se desprende claramente que en el futuro se dará prioridad al empleo temporal forzoso y la inmigración de trabajadores altamente cualificados;

2.1

considera que los flujos financieros sólo pueden contribuir a cumplir los objetivos de desarrollo. Son, no obstante, de carácter meramente privado y, por tanto, no pueden sustituir a la ayuda al desarrollo de nivel nacional. Debería tenerse en cuenta debidamente esta circunstancia;

2.2

subraya que las condiciones de las tasas y transferencias son poco satisfactorias. Se requieren medidas para reducir las tasas, aumentar la seguridad y agilizar el proceso de las transacciones. Estas medidas son realizables a corto plazo. No obstante, las repercusiones en el desarrollo deberían definirse como un objetivo a largo plazo;

2.3

propone que se adopten las medidas siguientes:

2.4

valora positivamente que se preste apoyo a los países en vías de desarrollo para localizar y entablar contacto con su diáspora. Las elites de la diáspora deberían utilizarse para crear bases de datos que puedan utilizarse para información de los gobiernos de los países de origen. En caso de necesidad podría invitarse a retornar a las elites. No obstante, debería quedar claro que el registro de la diáspora en bases de datos debe hacerse con carácter voluntario;

2.5

reconoce que la migración temporal incrementará el potencial de los países de origen. Sin embargo, esto no debería servir como marco general para los emigrantes estacionales;

2.6

señala que la migración de regreso al país de origen y el retorno temporal o virtual no son posibles conforme a la situación jurídica en vigor (Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración), puesto que los inmigrantes con derecho de estancia de duración indefinida pierden este estatus si dejan de residir durante un tiempo prolongado en el país de acogida. Por este motivo, acoge favorablemente la intención, anunciada en la Comunicación de la Comisión, de examinar cómo los ciudadanos de terceros países podrían mantener el derecho de estancia en el país de acogida cuando, en el marco de un programa de regreso, regresan temporalmente al propio país de origen;

2.7

propone el establecimiento de una normativa común que permita a las personas inmigrantes que cuenten con una autorización de estancia de duración indefinida o tengan derecho a la misma, viajar por el periodo de tiempo que consideren oportuno a sus países de origen sin que ello suponga la pérdida de su estatus de nacional de tercer país residente de larga duración o duración indefinida;

2.8

reconoce que la Comunicación objeto de examen refleja el debate creciente a escala internacional con respecto a si se considera que los inmigrantes son actores del desarrollo (remesas de fondos, transferencia de conocimientos, etc.). Desde esta perspectiva, la migración temporal es positiva, pero convendría examinar en primer término las medidas que prevean la libertad de retorno o de un sistema de incentivos.

2.9

pide, por consiguiente, que en este contexto se reflexione de nuevo sobre el significado de la transnacionalidad para la política de integración;

2.10

reconoce que la Comunicación parte de una perspectiva interesante que considera a los países de emigración como partes interesadas en la gestión de la migración. Sin embargo, estos aspectos positivos de la migración temporal y el retorno temporal exigirían un derecho de reingreso sin restricciones para los inmigrantes residentes de larga duración (algo diametralmente opuesto a la Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración, que prevé la suspensión automática del derecho de residencia ya adquirido en caso de ausencia del territorio de la UE);

2.11

acoge favorablemente que en la Comunicación se haga hincapié en la migración temporal forzosa, con tal de que sea voluntaria y se base en un sistema de incentivos. La migración temporal puede ser un instrumento muy útil en los países en desarrollo del Tercer Mundo.

2.12

estima que la inmigración temporal sólo puede funcionar de manera eficaz si a los inmigrantes se les permite volver a entrar en el país de acogida tras un regreso temporal a su país de origen. Por consiguiente, insta a los Estados miembros que actualmente prohíben las entradas múltiples a que reconsideren dicha prohibición;

2.13

reconoce que el empleo estacional presenta una ventaja a corto plazo para los afectados, ya que en un breve periodo les permite reunir fondos y adquirir experiencia profesional. No obstante, los afectados vuelven a sus países de origen sin esperanzas de mejorar su situación económica y social. A juicio del Comité de las Regiones, debería darse prioridad a una perspectiva más largo plazo;

2.14

acoge con satisfacción el apoyo a los programas de retorno. Sin embargo, estos no pueden funcionar hasta que no se impulse una política de desarrollo eficaz, en especial mediante el refuerzo de las intervenciones coordinadas de la cooperación descentralizada;

2.15

pide, por consiguiente, suficientes inversiones en medidas de formación e infraestructura, así como el control de los recursos in situ;

2.16

recomienda que respecto a la inmigración para trabajos estacionales, potencialmente más expuesta al riesgo de explotación, se adopten medidas adecuadas para evitar ese riesgo;

2.17

considera que las propuestas de la Comunicación contienen planteamientos encaminados a cumplir los objetivos y enfocados al futuro, pero sería preciso intentar solucionar las contradicciones arriba señaladas;

2.18

subraya que sería preciso velar por que no acaben imponiéndose los enfoques restrictivos en la UE;

2.19

subraya que no debe triunfar la hipótesis negativa de que se legitimen medidas generales para la repatriación obligatoria con el argumento de que se promueve el desarrollo, sin que haya un sistema de posibilidades de inmigración legal más amplio, abierto a todos los niveles de cualificación (véase la propuesta de Directiva sobre procedimientos y normas comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países que se encuentren ilegalmente en su territorio, COM(2005) 391 final);

2.20

señala que debe dotarse de vital importancia a la ayuda al desarrollo de los países origen de la emigración, impulsando mediante acuerdos y programas específicos la cooperación con ellos en todos los ámbitos;;

2.21

señala que los entes regionales y locales contribuyen en gran medida y de forma innegable a la integración y que pueden aportar sus amplios conocimientos en la materia y sus experiencias prácticas. Por ello, deberían participar desde el comienzo y de un modo amplio en la elaboración de las estrategias y en todo el proceso;

1.1

subraya que una política de retorno eficaz es un componente necesario de una política de emigración bien gestionada y digna de crédito;

1.2

señala que la Directiva garantiza un procedimiento equitativo y transparente;

1.3

observa que el principio del retorno voluntario (incentivos) debe realizarse estableciendo un procedimiento armonizado en dos etapas (decisión de retorno – emisión y ejecución de la orden de expulsión);

1.4

acoge con satisfacción que el establecimiento de una prohibición de reingreso válida en todo el territorio de la UE constituya también la base para crear un grupo de datos común (SIS II);

2.1

pide que los principios del Estado de Derecho y la exigencia de un «juicio justo» no se sacrifiquen a la xenofobia ni se basen en la pura rentabilidad económica;

2.2

subraya que en la introducción de un conjunto mínimo de garantías procesales deberá velarse especialmente por la exigencia de cumplir el principio de proporcionalidad de las medidas coercitivas. Dado que los emigrantes al regresar a su país pueden encontrarse a menudo con graves represalias, deberían adoptarse las medidas necesarias para la salvaguardia de los derechos humanos, dando prioridad absoluta a su protección frente a la ejecución del retorno;

2.3

lamenta que no se piense en normas de protección especiales para las mujeres, las adolescentes y los menores de edad, así como para personas discapacitadas;;

2.4

pide que también se ofrezca protección de la UE a las víctimas y testigos de la trata de seres humanos y otros actos criminales cometidos en relación con la migración;

2.5

destaca que los derechos humanos, tal como se establecen en el Derecho comunitario y, sobre todo, en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, deben constituir la base para las nuevas normas que se establezcan. Mediante una referencia expresa y vinculante a artículos concretos del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de la Carta deberá garantizarse su respeto en la aplicación de la Directiva por los Estados miembros. Las formulaciones imprecisas («debidamente», «de conformidad con») corren el riesgo de ser interpretadas de forma inadecuada con gran discrecionalidad;

2.6

pide que la mera estancia ilegal en el territorio de un Estado miembro no pueda valorarse como un indicio importante de la existencia de un riesgo de fuga. Ello constituiría un juicio previo ilícito, que estaría en contradicción con el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos (derecho a un procedimiento justo);

2.7

subraya la importancia de la protección de víctimas y testigos de la trata de seres humanos. Las víctimas y testigos de la trata de seres humanos no deben instrumentalizarse únicamente para los procesos penales. Por el contrario, antes de la repatriación debe tenerse en cuenta la situación del país en ese momento, para no contribuir a que se vean chantajeados y amenazados por los delincuentes;

2.8

pide que la frase «amenaza para el orden público o la seguridad pública» se interprete únicamente como infracciones contra intereses fundamentales de los Estados miembros que superen el límite de lo considerable y constituyan un motivo para dictar una prohibición de reingreso. A los comportamientos que sólo tengan una repercusión limitada para el interés general, como, por ejemplo, la estancia ilegal de personas sin cualificación, no debería imponérseles esta sanción;

2.9

recomienda que se preste asistencia jurídica gratuita a quienes no dispongan de recursos suficientes, aun cuando no se lleve a cabo una estimación de la necesidad. La necesidad de esta ayuda financiera no puede estimarse con seriedad previamente, una vez que se ha iniciado el procedimiento. De ahí que la falta efectiva de recursos suficientes deba constituir el fundamento principal para la prestación de asistencia jurídica gratuita;

2.10

pide que se cumpla el principio de proporcionalidad de las medidas coercitivas (internamiento temporal), ya que los inmigrantes al regresar a su país pueden encontrarse a menudo con graves represalias. Algunas personas tienden a adoptar comportamientos extremos. En este contexto es preciso no perder de vista los derechos humanos;

2.11

observa que los Estados miembros deben prestar una asistencia médica adecuada a las personas en régimen de internamiento temporal;

2.12

se pronuncia a favor de que el contenido de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989, se aplique en su totalidad. Hay que destacar en particular que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, a la protección de la intimidad, la protección contra el uso de la violencia, los malos tratos y el abandono, derecho a la asistencia sanitaria, derecho a la educación, la educación básica y la formación profesional, así como la protección de las minorías;

2.13

subraya que para el funcionamiento sistemático de la Directiva objeto de examen deberá garantizarse que los Estados miembros reconocen y permiten en su territorio las notificaciones de otros Estados miembros. Esto deberá garantizarse mediante la conclusión de acuerdos bilaterales o multilaterales que también habrán de tener en cuenta la asistencia administrativa necesaria;

2.14

se pronuncia a favor del establecimiento de un sistema central de IT para el almacenamiento de datos personales. Las autoridades responsables del cumplimiento de la normativa de cada Estado miembro deberían tener acceso a tal sistema y estar obligadas a transmitir los datos necesarios.

1.

Los Estados miembros almacenarán y actualizarán en un sistema central de IT puesto a su disposición por la UE los datos personales relevantes para los procedimientos relativos a los nacionales de terceros países que se encuentren ilegalmente en su territorio, que hayan sido devueltos a su país de origen, o vayan a serlo, por un Estado miembro.

2.

Las autoridades responsables del cumplimiento de la normativa de cada Estado miembro tendrán acceso a este sistema y estarán obligadas a transmitir los datos mencionados en el apartado 1.

29.8.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 206/40

1.1

toma nota de que Europa ha establecido, en el marco de la Estrategia de Lisboa, el aprendizaje permanente como base del desarrollo humano y profesional. La educación y la formación, no sólo con vistas a una carrera profesional, sino durante toda la vida activa, serán decisivas, a efectos de innovación tecnológica y competitividad, tanto para la creación de puestos de trabajo como para la preparación de las personas que los ocupan;

1.2

insiste en que el aprendizaje resulta más eficaz si se concibe y percibe como un proceso de investigación activa y no como una adquisición pasiva de conocimientos. En la actualidad las actividades de formación para adultos todavía resultan más eficaces si los cambios que de ella se derivan activan la capacidad y las competencias requeridas por la sociedad contemporánea a fin de gestionar de forma consciente su propio papel y futuro profesional como personas individuales y ciudadanos. Por lo tanto, la participación en actividades de formación adquiere valor en el momento en que una persona planea activamente su propio futuro profesional y de vida de modo que no solamente pueda crecer como persona, sino también contribuir al progreso de la sociedad;

1.3

subraya que las experiencias de educación, formación profesional y trabajo en un país distinto del propio representan un instrumento especialmente eficaz que induce al individuo a reflexionar sobre las estrategias y esquemas cognitivos propios; el tratar de abordar y adaptar las competencias propias en un contexto diferente perfecciona las estrategias de gestión de los recursos intelectuales individuales y valoriza y refuerza la propia autonomía y la capacidad de comunicación;

1.4

afirma que la experiencia educativa y profesional en otro país, siempre y cuando se prepare, oriente y apoye adecuadamente, adquiere un significado educativo cuya importancia va mucho más allá del coronamiento de la formación profesional individual y permite cubrir un ámbito mucho más amplio. Si por cultura entendemos no una serie de conocimientos, sino todo el conjunto de comportamientos, valores y nociones operativas de un determinado grupo de personas, no hay nada mejor que una experiencia en el extranjero para sentar las bases de la construcción de una verdadera cultura propia a la Unión Europea;

1.5

señala que un acercamiento intercultural a otras realidades presupone un talante de intercambio y empatía, y que el trabajo y la formación son los entornos ideales para confrontar las diferencias y reconocer la complejidad de cada cultura. En efecto, la importancia que se les atribuye, la diversidad y flexibilidad de formas de organización y de relaciones interpersonales, permiten superar prejuicios y generalizaciones;

1.6

considera que el mejorar la calidad de las experiencias de movilidad tendrá por efecto el que se creen las condiciones necesarias para que se reconozca plenamente el papel de los ciudadanos en la contribución al aumento del nivel de conocimientos y cualificaciones del país de origen y en la aportación al país de acogida de nuevos conocimientos, estímulos culturales, tradiciones y lenguas;

1.7

acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión, pues, según la argumentación aquí expuesta, contribuye a aumentar el nivel general de calidad de la formación europea proponiendo un modelo que, basándose en el reconocimiento de que lo importante es el individuo, garantiza el mejor aprovechamiento de las oportunidades de formación para la persona interesada y repercusiones positivas para la sociedad en general;

1.8

subraya que debería existir una correspondencia entre el valor que atribuye una persona a su experiencia de intercambio y el que atribuyen los países de origen y de acogida a las experiencias individuales y a los programas de movilidad en su conjunto. Las directrices formuladas en este sentido en la Carta de calidad de la movilidad europea constituyen la condición previa para que los participantes vivan una experiencia positiva tanto en el país de acogida como en el de origen a su regreso. Los entes locales y regionales pueden asegurar el buen resultado de las experiencias de movilidad desempeñando un papel fundamental a la hora de gestionarlas y coordinarlas;

1.9

considera que sólo a nivel de los entes locales y regionales es posible garantizar una información correcta y generalizada e incentivar a las personas a que aprovechen la oportunidad de realizar una estancia en el extranjero con fines de aprendizaje, la incluyan en su propio proyecto de desarrollo profesional y midan los resultados de la experiencia vivida en términos de competencias adquiridas y aplicables al marco laboral del propio país de origen. Por lo tanto, los entes locales pueden asumir un papel muy importante estableciendo los niveles de calidad y eficacia de los programas de movilidad;

1.10

señala que los entes regionales y locales son los que mejor pueden aplicar medidas de sensibilización, dirigidas a la población en general y a los jóvenes en particular, mediante las que se expliquen las oportunidades que ofrece la movilidad desde el punto de vista del desarrollo cultural y profesional. En efecto, ésta permitiría superar no sólo los obstáculos económicos a la plena realización de la persona en el campo profesional, sino también las barreras culturales;

1.11

considera, además, que es necesario proporcionar a cada participante no sólo la adecuada preparación lingüística, pedagógica y práctica, sino también un apoyo orientativo con vistas a la elaboración de un proyecto propio de desarrollo cultural y profesional. Hoy más que nunca, los programas de movilidad laboral en Europa deberían adquirir un carácter sumamente personalizado y representar un recurso que se explote en el mundo laboral. A este fin, deberá facilitarse asistencia para que, al regresar de la estancia, las competencias adquiridas se adapten al contexto profesional, empleando los instrumentos existentes de reconocimiento y valoración de las competencias adquiridas (por ejemplo, el instrumento Europass movilidad);

1.12

afirma que, además de la función de coordinación y contacto con los organismos de los países de acogida destinada a velar por la calidad de la asistencia logística y de supervisión, también es fundamental la ayuda global en la supervisión y evaluación de las repercusiones de las experiencias de movilidad en su conjunto tanto en la población como en los sistemas educativos y productivos. En este sentido, resulta esencial la creación de sinergias en la que intervengan las empresas, los organismos de formación, los colegios y las universidades con el fin de que estos últimos valoren, en sus ámbitos respectivos, la educación formal e informal adquirida por los participantes;

1.13

insiste en que no conviene infravalorar el hecho de que en la aplicación de la Carta de calidad de la movilidad europea se prevé la realización de un intercambio de conocimientos y una confrontación entre los entes locales y los servicios especializados de los diferentes Estados miembros con el fin de establecer un modo de actuación de común acuerdo. El resultado de dichos procesos generará indudablemente proyectos creativos en los ámbitos más diversos, del desarrollo económico territorial a la formación e intercambio de trabajadores, tejiendo, de este modo, nuevas relaciones de confianza y colaboración como base de un reconocimiento recíproco.

29.8.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 206/44

1.1

reafirma que la fuerza de Europa reside en su diversidad y que el respeto de la diversidad cultural, lingüística, étnica y religiosa es uno de los principios fundamentales que cimientan el proceso de integración europea, cuyo objeto no es equilibrar las diferencias o crear identidades uniformes, sino favorecer una mayor cooperación y una mejor comprensión entre los pueblos de Europa;

1.2

constata la importancia que tiene actualmente el fenómeno migratorio en la Unión Europea. Las distintas administraciones públicas deben poner todos los medios a su alcance para que los inmigrantes puedan convertirse en fuente de intercambio entre culturas, así como para que se integren plenamente en nuestras sociedades;

1.3

constata que los efectos combinados de las sucesivas ampliaciones de la Unión Europea, de la mayor movilidad que da el mercado único, de antiguos y nuevos flujos migratorios, de los contactos cada vez mayores con el resto del mundo a través del comercio, la educación, el ocio y la globalización en general potencian las interacciones entre los ciudadanos en Europa;

1.4

se felicita por la iniciativa de la Comisión Europea de establecer el Año europeo del diálogo intercultural (2008) y aprueba su principal objetivo que estriba en sensibilizar a los ciudadanos europeos y a todos los que viven en la Unión Europea acerca de los valores culturales comunes europeos y la importancia de desarrollar una ciudadanía europea activa y abierta al mundo, respetuosa de toda diversidad y basada en los valores comunes de la Unión Europea. Un Año europeo consagrado al diálogo intercultural constituye una herramienta de sensibilización única para estimular la participación de los ciudadanos, y por «intercultural» se deberá entender un diálogo capaz de implicar a todos los ámbitos y componentes de la sociedad;

1.5

considera que los países candidatos deben estar estrechamente ligados al proyecto a través de otras iniciativas para fomentar el diálogo entre culturas y aboga por la complementariedad entre el Año europeo del diálogo intercultural y las iniciativas de fomento del diálogo intercultural desarrolladas con los países de la AELC, los países de los Balcanes Occidentales y los países socios de la política europea de vecindad;

1.6

destaca que los entes locales y regionales:

2.1

reitera que el principio básico que subyace al proceso de integración europea es el respeto y la promoción de la diversidad cultural. La diversidad cultural es una fuente de riqueza que ha de preservarse y cuyas virtudes deben ensalzarse como una de las principales características de la identidad europea. A este respecto, el diálogo intercultural constituye un instrumento clave para dar mejor a conocer la diversidad cultural;

2.2

destaca que el diálogo intercultural puede fomentar un mayor entendimiento, en particular por lo que respecta a la tradición cultural, las prácticas religiosas y la historia. Este diálogo puede servir asimismo para prevenir los riesgos asociados tanto a la indiferencia cultural y a los planteamientos reduccionistas como al avance del racismo y de las actitudes xenófobas que propician un comportamiento antisocial y violento. El CDR reitera la necesidad de intensificar la cooperación cultural para lograr que las diferencias culturales se conviertan en un instrumento para reforzar y unir a los pueblos en una Europa plurilingüe y multicultural;

2.3

subraya que el diálogo intercultural favorece, además, la reducción de la radicalización de ciertos grupos sociales;

2.4

insiste en que desea apoyar, en particular, una integración más eficaz de los inmigrantes;

2.5

subraya que el diálogo intercultural puede contribuir a inculcar valores fundamentales de la vida privada, social y cívica como son la solidaridad, la tolerancia, la democracia y la comprensión de la diversidad cultural. El diálogo intercultural puede fomentar la capacidad de comunicación entre los distintos grupos culturales y su participación en la sociedad ciudadana. Este diálogo es vital ante el aumento del racismo, la xenofobia y el enfrentamiento. El derecho a ser diferentes no debe conducir a diferencias de derecho;

2.6

señala que el diálogo intercultural puede contribuir a mitigar la exclusión social, el aislamiento y la marginación de los colectivos sociales desfavorecidos, con especial mención a los inmigrantes. La cultura y la participación en las actividades culturales pueden brindarles nuevas oportunidades para reforzar su identidad y autoestima, y ayudarles a alcanzar una nueva situación en la sociedad;

2.7

solicita un instrumento de apoyo permanente que facilite el diálogo intercultural y las actividades que se consideren oportunas en el ámbito de gobierno local para respaldar las diversas iniciativas ya en marcha y para reforzar el intercambio cultural entre los ciudadanos por medio de múltiples acciones relacionadas con la cultura, el deporte, la juventud, etc.;

2.8

preconiza que se valore más la integración horizontal de la cultura en todos los ámbitos políticos, en particular en la educación y en la política social y de empleo y en el deporte.

3.1

insta a la promoción de las lenguas menos extendidas y de las lenguas regionales en Europa, incluidos los idiomas de algunos de los Estados miembros más pequeños;

3.2

recalca que los entes locales y regionales, habida cuenta de su proximidad a la ciudadanía, ocupan una posición estratégica para dar respuesta a las necesidades y reivindicaciones concretas de los distintos grupos culturales de la UE y para movilizar de manera eficaz a las comunidades locales y regionales con el fin de promover un mayor diálogo intercultural;

3.3

solicita a los entes locales y regionales que se involucren ante todo en la celebración de este Año europeo y, en particular, que emprendan campañas informativas a escala local y regional. Dada su estrecha vinculación a las poblaciones locales a las que representa, el CDR también ocupa una posición única para asegurar el mayor acceso posible a las acciones, especialmente para que éstas lleguen a los grupos «desfavorecidos» y garantizar así que se extrae el máximo provecho de las oportunidades que se creen;

3.4

destaca que independientemente de lo que se realice por vía de la diplomacia internacional, es muy importante, puesto que tal vez sea bastante complicado, elaborar a nivel local y regional ciertos reglamentos y programas destinados a luchar contra la exclusión social y cultural;

3.5

resalta que la promoción eficaz del diálogo intercultural pasa por una cooperación a escala local y regional en la que participen las bases de los agentes interesados, en particular los interlocutores sociales, centros educativos y de formación, ONG y otras organizaciones juveniles, deportivas, culturales y religiosas;

3.6

destaca la creciente importancia del diálogo intercultural al nivel internacional;

3.7

subraya en este contexto la importancia de la Convención de la UNESCO sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, de 20 de octubre de 2005, que por vez primera se propone alcanzar un consenso en torno a una serie de orientaciones y conceptos sobre la diversidad cultural –por ejemplo, en relación con decisiones de política comercial– y que ha creado la base para un nuevo pilar mundial de la gobernanza en el ámbito cultural;

3.8

rinde homenaje también a la actividad de la Fundación Anna-Lindh sobre el diálogo euromediterráneo intercultural y espera que se haga participar a los entes regionales y locales en los trabajos de dicha fundación;

3.9

subraya la importante contribución que aportan los programas actuales para la cooperación entre las regiones y/o los municipios y el hermanamiento de ciudades con vistas a enriquecer la cooperación cultural entre pueblos y ciudades;

3.10

hace hincapié en que los entes locales y regionales pueden ayudar a promover el diálogo intercultural que se entable en coordinación con otros ámbitos políticos, como las estrategias en materia de educación, formación, empresa y empleo;

3.11

resalta que, junto a todas estas medidas de intercambio cultural, la Unión Europea se fundamenta sobre los elementos culturales comunes a todos los europeos, que provienen de sus propias tradiciones, y que forman, en su conjunto, lo que podría llamarse la «cultura europea».

4.1

solicita que los actos de este Año europeo se articulen de manera que aquellos elementos que se ensayen y prueben a lo largo de él puedan pasar a formar parte de un análisis pormenorizado encaminado a dotar a los entes locales y regionales de un instrumento de comunicación e intercambio;

4.2

solicita que el Año europeo intensifique la interacción e inicie un debate abierto a todos los ciudadanos de la UE para promover los valores y la idea de la integración europea. Además, señala que no basta con destacar ejemplos de éxito, y exige un concepto concluyente para la aplicación a medio plazo de modelos acertados para el intercambio;

4.3

pide a la Comisión Europea que tenga en cuenta las experiencias que se realicen durante el Año europeo, incluidas las que tengan lugar en el marco de los programas de acción sostenibles como el programa Cultura 2007, relativos, en particular, al diálogo intercultural;

4.4

solicita, en este contexto, que los Estados miembros integren en los trabajos legislativos de ciertos parlamentos nacionales y regionales la cuestión del diálogo cultural y de su programa, y más en particular la reglamentación relativa a la educación pública, la cultura y las iniciativas ciudadanas;

4.5

pide a la Comisión Europea que precise los contenidos de las acciones a nivel comunitario (acciones A y B) y que facilite información detallada sobre los instrumentos que pueden utilizarse;

4.6

señala que, en el desglose de los recursos incluidos en el anexo al proyecto de propuesta, se asigna una suma proporcionalmente elevada del presupuesto propuesto para el Año europeo en favor de las principales actividades emblemáticas a escala de la Unión (ocho acciones previstas – Acción B). El CDR pide que se preste más atención a aquellas acciones a pequeña escala –especialmente en los ámbitos local y regional– que tengan una repercusión y un efecto multiplicador perdurables en la población y que puedan aportar un significativo valor añadido a las acciones culturales de la UE. Hay un gran número de iniciativas locales creativas de carácter modesto que no pueden realizarse por falta de medios. El CDR, por lo tanto, recomienda que el Año europeo haga hincapié en las iniciativas locales de carácter modesto y pide que se les garantice una ayuda financiera adecuada;

4.7

solicita que se respalden las actividades de la red europea de migraciones, una plataforma de debate en toda la UE sobre las cuestiones relacionadas con la migración y la marginación de los colectivos de inmigrantes destinada a canalizar los malentendidos culturales y a informar como corresponde a los responsables políticos y a la opinión pública;

4.8

solicita que se fomente la acción de las redes sociales de las comunidades locales que ya representan factores muy importantes de mediación, motivación y canalización del diálogo intercultural;

4.9

destaca que la participación de los entes locales y regionales en los actos del Año europeo parece ser la garantía más eficaz para que esta iniciativa pueda llegar a la ciudadanía europea. Para que el Año europeo se salde con éxito resulta fundamental incorporar la dimensión local y regional;

4.10

insta a la Comisión Europea a que haga participar a los entes locales y regionales en la celebración de este Año europeo y, en particular, a emprender campañas informativas a escala local y regional;

4.11

solicita que se conceda una ayuda prioritaria a los programas que adopten un enfoque artístico global, en el que convivan las diferentes disciplinas artísticas (eventualmente vinculadas en el marco de una concepción de conjunto);

4.12

pide a la Comisión Europea que dote al Año europeo 2008 de un breve mensaje o de una idea clave concisa para que el eslogan «unidad en la diversidad» resulte más comprensible para todos los ciudadanos de Europa; pide igualmente que los proyectos que se centren en la identificación de las tradiciones culturales europeas comunes o que hayan demostrado en este sentido tener ideas de futuro sean objeto de una ayuda especial;

4.13

solicita que las medidas de integración intercultural desarrolladas por las distintas instituciones comunitarias en el marco del Año Intercultural sean evaluadas para verificar de qué modo han ayudado, mediante la vía de la cultura a la integración social de los inmigrantes, ayudando a que estos sean para Europa más una riqueza que un problema.