A.

Considerando que el concepto de «medios de comunicación libres e independientes» es un elemento esencial del derecho fundamental a la libertad de expresión, establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y consagrado posteriormente en la Carta Europea de Derechos Fundamentales y el Acuerdo de Asociación de Cotonú,

B.

Considerando que en foros mundiales como la Federación Internacional de Periodistas, la Asociación Mundial de Periódicos, el Comité de Protección de los Periodistas, Reporteros sin Fronteras y Freedom House se ha reconocido unánimemente que la libertad y la independencia de los medios de comunicación es vital para el correcto funcionamiento de una democracia en la que se respeten las libertades básicas y de una sociedad en la que se conceda a la derechos de las personas su verdadero valor,

C.

Considerando que acontecimientos recientes demuestran que se ha producido un retroceso generalizado en lo que se refiere a la libertad de expresión en los medios de comunicación, como reflejan los informes de organizaciones independientes, y ello tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo,

D.

Considerando que los regímenes autoritarios no sólo coartan la libertad de los medios de comunicación con objeto de reprimir a la oposición, obstaculizando así el correcto funcionamiento de una democracia, sino que además ponen en peligro los procesos electorales y el correcto funcionamiento de una sociedad con medidas que restringen los derechos de la oposición o de las minorías para promocionar su mensaje de manera libre y transparente,

E.

Considerando que también se ha constatado una recurrencia generalizada de actos delictivos en la sociedad, incluidas las zonas más prósperas del mundo, actos que sofocan cualquier tipo de periodismo de investigación, llegándose incluso al asesinato de personas que trabajan en los medios de comunicación y que intentan sacar a la luz las citadas actividades,

F.

Considerando que diversas organizaciones independientes han constatado un empeoramiento de la situación por lo que respecta a la libertad y la independencia de los medios de comunicación tanto en la UE como en los países ACP,

G.

Considerando que la posición global de algunos países de la UE en las clasificaciones sobre la libertad y la independencia de los medios de comunicación ha sufrido un retroceso, en algunos casos considerable,

H.

Considerando que hay algunos países ACP en los que la libertad y la independencia de los medios de comunicación están muy limitadas o incluso no existen; considerando que también se felicita a algunos países ACP como por ejemplo Haití, Guyana y Papúa Nueva Guinea por los progresos que han realizado en la mejora de la libertad de los medios de comunicación,

I.

Considerando la responsabilidad de los periodistas, proporcional a su influencia, de no provocar el odio, en particular el odio racial,

J.

Considerando el desarrollo de las nuevas tecnologías relacionadas con Internet y la telefonía móvil, que multiplican las posibilidades de expresión,

1.

Lamenta que la libertad y la independencia de los medios de comunicación estén empeorando en el mundo, donde los regímenes autoritarios reprimen a las fuerzas opositoras cometiendo graves violaciones de los derechos humanos de los que son víctimas periodistas, trabajadores del sector o usuarios de Internet, y llegando incluso a la detención ilegal o al asesinato, que violan los artículos 19 y 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

2.

Denuncia las consecuencias negativas que se derivan de la propiedad concentrada de medios de comunicación en unas pocas multinacionales, sobre todo en lo tocante a la reducción del pluralismo, el condicionamiento de la libertad para informar y estar informado, las restricciones impuestas a la actividad periodística y la aparición de nuevas formas, explícitas e implícitas, de censura;

3.

Exhorta a los Gobiernos que hayan detenido a periodistas que han desempeñado sus funciones legítimas a que los liberen de inmediato;

4.

Pide a la Comisión, al grupo de países ACP y a los Estados miembros de la UE que condenen firmemente todas las formas de vulneración de la libertad de expresión y de la libertad de prensa en sus países miembros y asociados;

5.

Condena los actos delictivos que con frecuencia quedan impunes, muchos de ellos obra de grupos delictivos organizados u ordenados por el poder político que acosan, hieren e incluso en ocasiones asesinan a periodistas por las investigaciones de éstos sobre sus actividades;

6.

Deplora que dichos periodistas hayan tenido que limitar, modificar o cesar sus actividades, o bien vivir encerrados por haber abordado temas religiosos;

7.

Considera inaceptable que los dignatarios religiosos pronuncien condenas (fatuas) contra periodistas, lo que compromete sus actividades, limita su libertad de expresión y pone en peligro su vida;

8.

Lamenta que no exista ningún instrumento eficaz para garantizar el respeto de los derechos fundamentales en la aplicación de los acuerdos comerciales y de cooperación a nivel internacional;

9.

Destaca que la libertad y la independencia de los medios de comunicación son elementos esenciales para el correcto funcionamiento de una sociedad democrática, desde la celebración de elecciones libres y justas hasta la libertad de expresión pluralista de todos los individuos;

10.

Reconoce que los miembros de los medios de comunicación tienen la responsabilidad moral de facilitar al público información de calidad y deberían servir al bien común; no obstante, los Gobiernos, empresas y organizaciones criminales no deberían intentar censurar los medios de comunicación;

11.

Reconoce que es necesario proteger los nuevos medios de comunicación basados en Internet, que forman parte de los medios libres e independientes, así como los medios tradicionales de la radio, la televisión y la prensa;

12.

Pide que en los acuerdos internacionales se haga una referencia más explícita a la libertad y la independencia de los medios de comunicación a fin de garantizar que se aplique la condicionalidad adecuada cuando se limite dicha libertad;

13.

Manifiesta su preocupación por el retroceso en materia de libertad de prensa en algunos países ACP; felicita, por el contrario, a Papúa Nueva Guinea, Guyana, Ghana, Tanzania, Yibuti y Lesotho por ser un buen ejemplo de lo que puede conseguirse en los países ACP pese a la existencia de unas condiciones difíciles; declara que diez países ACP se encuentran situados en los 50 primeros puestos de la clasificación de 2009, pero que más de un Estado miembro de la UE ha quedado fuera de esos puestos;

14.

Expresa su preocupación por las cortapisas a la libertad de los medios de comunicación tanto en los países candidatos a la adhesión a la UE como en los países candidatos a la adhesión al Acuerdo de Cotonú, y pide que esta adhesión se condicione al respeto de los derechos humanos y, de manera explícita, al respeto de la libertad de expresión en prensa y demás medios de comunicación;

15.

Lamenta que los medios de comunicación se encuentren con excesiva frecuencia demasiado supeditados a intereses económicos o políticos o al Estado, lo que limita el pluralismo de opinión;

16.

Pide que se promuevan códigos éticos y estatutos que protejan la independencia editorial de los periodistas y contribuyan al desarrollo de normas profesionales y los obliguen a ejercer su independencia de forma responsable dentro de los límites establecidos en el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en el seno de las organizaciones representativas de periodistas;

17.

Pide la creación de una línea presupuestaria independiente dentro del presupuesto de ayuda al desarrollo de la Comisión Europea para aumentar la construcción de capacidades y mejorar la formación de los periodistas, en especial en los países ACP;

18.

Felicita a la Comisión Europea por sus iniciativas en el ámbito de la libertad y la independencia de los medios de comunicación, y le pide que siga promoviendo la libertad de expresión en el periodismo a través de sus programas, como el Premio Lorenzo Natali y el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos;

19.

Encarga a sus Copresidentes que examinen la posibilidad de apoyar mediante un premio de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE la lucha por la libertad de prensa en sus Estados miembros y que presenten un informe al respecto en la próxima reunión de la Asamblea;

20.

Alaba el trabajo realizado por organizaciones profesionales como la FIJ, la EFJ, la FAJ, la IPI o la WAN, así como por ONG como Reporteros sin Fronteras, Freedom House, el Comité de Protección de los Periodistas y el Programa Internacional de la UNESCO para el Desarrollo de la Comunicación, con objeto de concienciar sobre las violaciones de la libertad de prensa en el mundo, y pide que se respalde su trabajo y que se difunda lo más ampliamente posible;

21.

Se felicita de la iniciativa de la UE y la UA de respaldar la Red y el Portal Panafricanos de los Medios de Comunicación;

22.

Pide a los Estados miembros de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE que sigan controlando la libertad y la independencia de los medios de comunicación en sus propios Estados miembros, así como en sus relaciones institucionales a nivel regional e internacional;

23.

Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente Resolución a las Instituciones ACP y las Instituciones de la UE.

A.

Considerando fundamental que se impulse la investigación, el desarrollo y la transferencia de tecnologías de bajas emisiones de CO2 en los países ACP y en la UE a fin de detener el recalentamiento de la Tierra (tras limitarlo inicialmente a niveles que no superen en más de 1,5 °C las temperaturas de la era preindustrial), que se creen economías basadas, entre otras, en la producción de energías limpias, de permitir la adaptación de todos a las tendencias negativas del cambio climático, así como de permitir que todos luchen de forma eficaz contra el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación generalizada existente a escala planetaria,

B.

Considerando que el principio de «responsabilidad común pero diferenciada» para el cambio climático debería tomarse en consideración en el ámbito de la transferencia de tecnologías de bajas emisiones de CO2 a los países ACP,

C.

Considerando que las transferencias de tecnología deben servir para completar y reforzar la totalidad de los esfuerzos desplegados a escala mundial, incluidas las medidas de mitigación y desarrollo y adaptación de capacidades, en el contexto de la lucha contra el cambio climático,

D.

Considerando que los países ACP figuran entre los países que menos han contribuido al cambio climático, pero que más sufren sus efectos adversos; considerando que la limitación del consumo de energía en los países industrializados y en los países emergentes, junto con el pronto desarrollo y transferencia de tecnologías de bajas emisiones de CO2 contribuirá a mitigar las negativas consecuencias del calentamiento de la Tierra que sufren estos países,

E.

Considerando que la mayor parte de la cooperación tecnológica sigue teniendo lugar a nivel nacional y no internacional, y que tan solo un 2 % de las patentes conjuntas son compartidas entre empresas e instituciones de países desarrollados y en desarrollo.

F.

Considerando que los países desarrollados se comprometieron en Copenhague en diciembre de 2009 a poner a disposición «una financiación adaptada, nueva y adicional, calculable y adecuada» por un importe de 30 000 millones de dólares para el periodo inicial de 2010 a 2012, y de 100 000 millones de dólares para 2020, (7) con miras a apoyar acciones de mitigación, adaptación, de transferencia y desarrollo tecnológicos y de creación de capacidades; considerando que la Unión Europea se ha comprometido a proporcionar 7 200 millones del citado montante de 30 000 millones relativo al periodo 2010-2012,

G.

Considerando que la biomasa es la principal fuente de energía renovable en los países menos desarrollados, pero que su uso extensivo y escasamente controlado no es una fórmula sostenible y tiene una serie de efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana,

H.

Considerando que, al mismo tiempo, tan solo se explota una pequeña parte del gran potencial de energías renovables de África (8),

I.

Considerando que la mayoría de los plaguicidas que venden las empresas de los países más ricos a los países ACP y su utilización intensiva y no regulada tienen diversos efectos negativos en el medio ambiente y la salud humana; considerando que el intercambio tecnológico en el sector de la química debería permitir que los productores agrícolas de los países ACP adquieran a bajo coste productos tan respetuosos del medio ambiente como sea posible,

J.

Considerando que la exportación masiva de desechos de todo tipo de los países desarrollados y más ricos a los países ACP constituye una grave amenaza para el equilibrio ecológico de estos últimos, que además no se benefician de tecnologías adaptadas y de alto rendimiento para el tratamiento, reacondicionamiento y reciclaje de dichos desechos, que van desde los más banales a los más tóxicos,

K.

Considerando que la extensión de la explotación de energías renovables descentralizadas en los países ACP puede reducir la pobreza, en la medida en que mejora el acceso a los suministros, con lo que ofrece mejores posibilidades para el desarrollo rural y la conservación de los bosques y conlleva ventajas directas para la salud de las personas y las oportunidades de empleo; considerando que en la actualidad, solo un 0,2 % de la Ayuda Oficial al Desarrollo (ODA) se destina a objetivos de inversión en energías renovables descentralizadas,

L.

Considerando que deberían eliminarse todos los obstáculos políticos, institucionales, financieros, comerciales y de información y de capacitación que puedan entorpecer la transferencia de tecnologías de bajas emisiones de CO2 a los países ACP,

M.

Considerando que la falta de tecnologías y de innovación en los países ACP se aborda en muchos casos como si se tratara de un problema de mercado, en lugar de verla como una señal de la necesidad de optimizar la cooperación internacional en materia de desarrollo tecnológico,

N.

Considerando que también debería reconocerse el importante papel que desempeñan las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de difusión tecnológica,

1.

Subraya que el impulso a la investigación y la innovación en los países ACP y de la UE, la difusión y la transferencia de las tecnologías adecuadas y el conocimiento tecnológico en los países ACP son elementos clave de una respuesta internacional efectiva de cara al desafío del cambio climático;

2.

Lamenta que si bien el desarrollo y la transferencia de tecnologías para la mitigación y la adaptación al cambio climático fueron uno de los capítulos básicos del Plan de Acción de Bali y un punto fundamental en las negociaciones de Copenhague sobre el cambio climático de 2009, la COP 15 no ha establecido ningún mecanismo para el desarrollo, la transferencia y la cooperación en materia de tecnologías verdes;

3.

Considera que para ser fecundo, un acuerdo internacional en materia de protección climática debe incluir sólidas normas y disposiciones institucionales sobre el desarrollo y la libre transferencia de tecnologías y propiciar así la inversión pública y privada en este campo; hace a este respecto un llamamiento a la COP 16 para que adopte ya algunas decisiones concretas sobre la creación de capacidades técnicas y el desarrollo y la transferencia de tecnología, sobre la base de los resultados del proceso de la CMNUCC en este ámbito;

4.

Subraya que el Mecanismo Tecnológico propuesto durante la COP 15 de Copenhague debería ser objeto de un desarrollo ulterior en el marco de futuras iniciativas internacionales de protección climática; hace un llamamiento a los negociadores para que velen por que en el marco del Fondo de Copenhague contra el Cambio Climático, se destinen suficientes recursos específicamente al desarrollo y a la transferencia de tecnología y se garantice así la efectiva aplicación del Mecanismo Tecnológico;

5.

Señala que para que tengan éxito el desarrollo y la transferencia tecnológica, así como los proyectos de construcción de capacidades en los países ACP, primero deberían identificarse las necesidades, experiencias, obstáculos y oportunidades endógenas de desarrollo nacional; recalca que los enfoques que se adopten deberían adaptarse a las condiciones concretas del país y permitir una mayor responsabilización de estas actividades por parte del país interesado;

6.

Manifiesta que es necesario tomar en consideración las condiciones especiales de la frágil economía de los países menos desarrollados y aquellos con renta media y altamente endeudados, así como la vulnerabilidad, la distancia y las pocas oportunidades de lograr economías de escala que tienen los pequeños Estados ACP insulares en desarrollo;

7.

Hace un llamamiento a los países desarrollados para que apoyen el desarrollo y refuerzo de las capacidades y conocimientos institucionales, científicos, tecnológicos y humanos en los países ACP, a similitud del Programa de Ciencias y Tecnología ACP, a fin de ayudarles a incorporar, adoptar y desarrollar las apropiadas tecnologías de bajas emisiones de CO2;

8.

Señala que las ayudas a las capacidades siguen estando fragmentadas y dependen de características nacionales, como la intensidad de la mano de obra y la descentralización de los servicios; destaca que la construcción de capacidades para el desarrollo y transferencia de tecnologías en los países ACP debe considerarse un objetivo prioritario y no una medida para mejorar los resultados de proyectos a corto plazo; resalta que se trata de un proceso a largo plazo, que exige un enfoque sistemático, conocer las circunstancias específicas de los países y los sectores y establecer vínculos entre el desarrollo institucional, organizativo y humano; subraya igualmente que la construcción de capacidades debería fomentar la demanda de desarrollo y transferencia de tecnologías entre los países ACP;

9.

Declara que es necesario trabajar para crear programas de formación destinados a mejorar las capacidades endógenas para el desarrollo, gestión, operación y mantenimiento de proyectos tecnológicos; señala, no obstante, que es urgente hacer frente a las causas que provocan la salida de personal cualificado de algunos países ACP, a saber, los bajos sueldos y las malas condiciones de trabajo;

10.

Considera que se debería adoptar un enfoque claro y mucho más ambicioso para el desarrollo de las tecnologías de bajas emisiones de CO2 para facilitar e impulsar de esta manera su difusión y poner fin a la dependencia de las energías fósiles; destaca la necesidad de reforzar las capacidades de las instituciones públicas nacionales y regionales ya existentes para que contribuyan a este enfoque;

11.

Encarece a los países desarrollados que apoyen decididamente las actividades de investigación y desarrollo en los países ACP, con el objeto de que actores públicos y privados de países en desarrollo puedan participar por cuenta propia y con autonomía en el creciente mercado mundial de tecnologías de bajas emisiones de CO2; insta a la creación de instituciones nacionales que trabajen en sistemas innovadores que permitan el desarrollo endógeno de tecnologías; señala que estas iniciativas deberían establecer lazos entre los ámbitos técnico y social, de modo que los proyectos sean responsabilidad local y estén impulsados por la demanda; subraya que deberían tenerse en cuenta igualmente las cuestiones relacionadas con los derechos de propiedad;

12.

Recalca la necesidad de sacar partido del potencial innovador de las empresas y los servicios públicos de la UE en energías y tecnologías renovables, incluidas las tecnologías de eficiencia energética y las TIC avanzadas, para promover, por medio de acuerdos comerciales, un cambio gradual hacia una economía con bajas emisiones de carbono en todo el mundo, garantizando así nuevas oportunidades de exportar productos procedentes de la UE y conocimientos técnicos en este ámbito a los países en desarrollo, o de transferirles, en su caso, estos conocimientos;

13.

Considera que la diversificación de las fuentes de energía, de las vías de suministro y de las infraestructuras y la interconexión de las redes de petróleo y de gas y las redes inteligentes son factores clave para la seguridad y sostenibilidad a largo plazo del abastecimiento energético tanto a la UE como a países ACP; reitera que estas orientaciones políticas contribuyen a favorecer el desarrollo de nuevas tecnologías en el ámbito de la energía y a crear empleo en la UE y en países ACP;

14.

Reitera la importancia de aumentar las inyecciones de capital en la investigación conjunta de la UE y los países ACP para construir y modernizar las infraestructuras energéticas tanto en la UE como en estos países, en particular por medio de asociaciones público-privadas y empresas conjuntas, o asociaciones público-privadas, cuando así convenga, a fin de estimular el comercio de energía que beneficie a ambas partes o, en su caso, la transferencia de tecnologías y el fomento de la diversificación de la combinación de energías de los países ACP;

15.

Pide a los países ACP que elaboren y apliquen planes estratégicos nacionales de innovación en materia climática con arreglo a sus propias necesidades y planteamientos y teniendo en cuenta los positives efectos que conllevan en los terrenos de la salud, la educación y el empleo;

16.

Pide a la Unión Europea que apoye las soluciones innovadoras y los proyectos en curso en los países ACP;

17.

Pide a la Unión Europea y a sus Estados miembros que presionen y obliguen, a través de su legislación, a las empresas europeas presentes en los países ACP a desempeñar un papel modélico en materia de desarrollo sostenible, bajas emisiones de CO2, respeto del medio ambiente y no contaminación del suelo y el agua, a fin de que puedan participar de este modo en un intercambio de tecnologías y conocimientos ejemplar;

18.

Pide a los países ACP que sancionen a las empresas europeas presentes en su territorio que no actúen de acuerdo con los principios mencionados y que no participen por ello en un intercambio de tecnologías y conocimientos ejemplar;

19.

Subraya la importancia de una cooperación mutua beneficiosa entre las empresas, los organismos del sector público y las instituciones de investigación de los países desarrollados y sus equivalentes en los países ACP, y alienta la constitución de cooperaciones tecnológicas entre ellos; aboga por fomentar el conocimiento de los acuerdos de cooperación ya existentes en el ámbito de las transferencias de tecnología y por la creación de un registro en el que se consignen las acciones que se llevan a cabo y de un banco de datos internacional de concesiones y buenas prácticas;

20.

Pide que se intensifique la cooperación con instituciones intergubernamentales e internacionales; recalca que habría que promover la cooperación a nivel local, incluso con organizaciones no gubernamentales y comunitarias;

21.

Destaca la necesidad de crear un Centro y una Red de Tecnologías Climáticas con el objetivo de impulsar la cooperación internacional sobre tecnologías clave, proporcionar asistencia técnica y formación y fomentar el desarrollo compartido de capacidades; subraya que las nuevas arquitecturas mundiales para la transferencia de tecnologías destinadas a luchar contra el cambio climático deberían ser menos onerosas y burocráticas;

22.

Observa la importancia de la cooperación Sur/Sur, que podría conducir a una mayor autonomía tecnológica y evitar así peligros en el terreno de los derechos de propiedad intelectual; alienta a los países ACP a que constituyan las adecuadas plataformas/redes de instituciones de investigación nacionales para el desarrollo de tecnologías relativas al cambio climático a fin de que puedan compartir recursos y costes de I&D;

23.

Urge a la UE y a los Gobiernos de los países ACP que continúen promoviendo la investigación sobre el cambio climático en sus universidades, que incrementen la financiación destinada a la misma y que optimicen los lazos entre las universidades a fin de encontrar soluciones comunes para los problemas que se plantean (desarrollo de las tecnologías de ahorro de agua y de reutilización del agua);

24.

Pide que se fomenten las asociaciones público-privadas en materia de investigación, desarrollo y despliegue tecnológico, y se creen proyectos de capital compartido por empresas de países de la UE y del ACP; encarece asimismo a la UE y a sus Estados miembros que faciliten apoyo financiero y técnico a la inversión en desarrollo y transferencia tecnológicos en los países ACP, ofreciendo de este modo alicientes para la cooperación entre empresas;

25.

Pide la plena participación de las ONG locales en los procesos de difusión de las tecnologías y la construcción de capacidades; reitera la importancia que tienen los conocimientos de las ONG sobre los entornos locales para el éxito de la implantación de las nuevas tecnologías;

26.

Señala que en los países ACP existe un gran número de comunidades aisladas e islas, por lo que la promoción de la producción local de energía debería ser prioritaria;

27.

Destaca la necesidad de prestar particular atención al desarrollo y a la transferencia de tecnologías energéticas y respetuosas con el medio ambiente; considera que la Ayuda Oficial al Desarrollo (ODA) debería dedicar mayor atención al desarrollo de tecnologías de eficiencia energética y de vectores de energías renovables de gestión descentralizada en los países ACP, ya que contribuirían a reducir la pobreza y a incrementar las oportunidades de empleo; reitera que la apuesta por la energía nuclear no garantiza un desarrollo de bajas emisiones de CO2; destaca que las tecnologías deberían ser eficientes y económicamente viables, y que su adopción requiere un enfoque integral con diversos enfoques de sostenibilidad, incluidos los aspectos sanitarios, medioambientales, tecnológicos, económicos, socioculturales e institucionales;

28.

Subraya que los Acuerdos de Asociación Económica (AAE) deberían influir imperativamente sobre la divulgación de tecnologías y la mejora de la capacidad de innovación de los países en las regiones ACP, como se describe en el proyecto de texto sobre una acción reforzada en el ámbito de la puesta a punto y transferencia de tecnologías;

29.

Hace hincapié en que los países ACP deberían beneficiarse más del Mecanismo de Desarrollo Limpio, que deberá modificarse en el período posterior a la Conferencia de Copenhague;

30.

Subraya la necesidad de concentrarse específicamente en las posibilidades de la tecnología para la mitigación y adaptación al cambio climático en los países ACP;

31.

Resalta la necesidad de realizar un seguimiento y evaluación periódicos del desarrollo y transferencia de tecnologías, así como de las actividades de los proyectos de construcción de capacidades; pide que se elaboren informes periódicos sobre la situación, oportunidades y necesidades de nuevas mejoras a fin de enmarcar las recomendaciones derivadas de los resultados de las evaluaciones; subraya la importancia de compartir las lecciones aprendidas;

32.

Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente Resolución al Consejo de Ministros UE-ACP, al Parlamento Europeo, a la Comisión Europea, a la Unión Africana y a la secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

A.

Considerando que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) (11) calcula que el número de personas desnutridas en el mundo disminuyó globalmente en 2010 a 925 millones de personas en comparación con los mil millones de 2009,

B.

Considerando que el impacto de las diferentes crisis (energética, alimentaria, financiera y económica) en los países ACP conlleva un desafío adicional en la lucha contra la pobreza y podría poner en peligro la consecución de los ODM,

C.

Considerando la necesidad de medidas estimulantes para que los inversores refuercen su implicación en los proyectos que tengan un impacto local positivo en el plan económico, social y medioambiental,

D.

Considerando la necesidad de poner en marcha, en el marco de los Acuerdos de Asociación Económica (AAE), medidas de apoyo para las reformas fiscales a fin de compensar la pérdida de ingresos aduaneros debido a la supresión de los derechos de aduana en el marco de la liberalización de los intercambios,

E.

Considerando que, a lo largo de los últimos años, la pobreza extrema se ha reducido ligeramente y que, debido al aumento de la población, se ha registrado un incremento real que se cifra en 27 millones más de personas que viven en una situación de pobreza extrema en el África subsahariana (12),

F.

Considerando que todavía se niega a demasiados niños, especialmente a los más pobres y los más marginados, el derecho a la educación (más de cien millones, de los cuales el 52 % eran niñas, quedaron sin escolarizar en 2008) y que los niños de África que están actualmente sin escolarizar nunca han tenido acceso a la educación formal (13), y considerando que el 80 % de las personas con discapacidad del mundo vive en países en desarrollo, y que más del 98 % de los niños con discapacidad de esos países no recibe educación a jornada completa,

G.

Considerando que las desiguales oportunidades por razones de género, origen étnico, renta, lengua o discapacidades constituyen un obstáculo de primer orden para acceder a la educación universal, y sin registrar información sobre la inclusión de estos grupos es difícil medir el progreso conseguido; y que no se ha alcanzado el objetivo consistente en suprimir las disparidades en materia de género,

H.

Considerando que la eliminación de la pobreza también exige una participación democrática y pasa por una modificación de las estructuras económicas a fin de garantizar a todas las mujeres la igualdad de oportunidades y el acceso a los recursos y los servicios públicos,

I.

Considerando que, aunque se hayan realizado progresos importantes hacia el logro de algunos de los ODM, los tres relativos a la sanidad, y en particular el relativo a la mortalidad materna, son los que más distan de haberse cumplido,

J.

Considerando que la tasa mundial de mortalidad de los niños menores de cinco años se ha reducido, pasando de 90 muertes por 1 000 nacimientos en 1990 a 65 en 2008, gracias a una mejor cobertura rutinaria de inmunización y a la posibilidad de una segunda oportunidad de inmunización, si bien el grado de reducción de la mortalidad de los niños menores de cinco años no permite todavía alcanzar el ODM para 2015, especialmente en el África subsahariana (14), y que las tasas de mortalidad de los niños menores de cinco años entre los niños con discapacidad es del 80 % incluso en los países en los que la mortalidad de los niños menores de cinco años ha descendido por debajo del 20 % (15),

K.

Considerando que globalmente el número de niños menores de cinco años con un peso inferior al normal para su edad disminuyó del 31 % al 26 % entre 1990 y 2008, y que la mayor parte de los países que no están progresando, o lo hacen de forma insuficiente, en la consecución de los ODM 1 se encuentran en el África subsahariana y el Sur de Asia (16),

L.

Considerando que sigue sin mejorarse la salud materna, registrándose una reducción mundial del índice de mortalidad materna del 1 % al año, frente a la reducción del 5,5 % anual que es la necesaria para lograr el ODM de reducción de la mortalidad infantil para 2015 (17), y considerando asimismo que un gran número de mujeres padecen lesiones, infecciones, enfermedades o adquieren una discapacidad como consecuencia de las complicaciones derivadas del embarazo o del parto,

M.

Considerando que la mayoría de los afectados por el virus del sida viven en el África subsahariana y que se trata en su mayor parte de mujeres, y considerando asimismo que la mitad de las mujeres embarazadas seropositivas del mundo está protegida contra el riesgo de transmisión maternofilial del sida gracias a regímenes antirretrovirales,

N.

Considerando que el sector de la educación, por medio de programas educativos durante toda la vida escolar, es una vía decisiva para prevenir el sida, la malaria, la tuberculosis y las enfermedades tropicales desatendidas y para reducir el estigma asociado,

O.

Considerando que las Naciones Unidas calculan que hay que contratar a más de 10 millones de profesores en todo el mundo para alcanzar el objetivo acordado internacionalmente de conseguir la educación primaria universal para 2015 (18),

P.

Considerando que la malaria sigue siendo una amenaza importante para casi la mitad de la población mundial y que el 90 % de las muertes por malaria se produce en el África subsahariana, mayormente entre los niños menores de cinco años, y considerando asimismo que la malaria también puede tener otras graves consecuencias para la salud, tales como anemia, falta de peso al nacer, nacimiento prematuro, mortalidad infantil y mortalidad materna, y que se ha demostrado que los mosquiteros impregnados de insecticida reducen la mortalidad infantil en aproximadamente un 20 % (19),

Q.

Considerando que la prevalencia de la tuberculosis, es decir, el número de casos de tuberculosis por cien mil habitantes, ha descendido a escala mundial, pero que es improbable que se cumpla el objetivo consistente en reducir a la mitad la prevalencia y el índice de mortalidad para 2015,

R.

Considerando que hay más de 650 millones de personas con discapacidad en todo el mundo, de las cuales el 80 % vive en países en desarrollo en su mayoría por debajo del umbral de la pobreza,

S.

Considerando que los Estados ACP todavía se enfrentan a numerosos desafíos medioambientales relacionados con la contaminación, el cambio climático y la deforestación, que pueden influir negativamente en el suministro de productos agrícolas locales,

T.

Considerando que el mundo va en camino de suministrar agua potable de fuentes mejoradas y que otros 207 millones de africanos utilizan ya fuentes seguras de agua potable, la cobertura mejorada de agua potable en el África subsahariana todavía es menor que en otras regiones y el progreso en cobertura sanitaria ha sido mínimo en algunos países, ya que alrededor del 95 % de las personas más pobres de esos países practica la defecación al aire libre, (20)

U.

Considerando que el África subsahariana sigue registrando el nivel de prevalencia más elevado en materia de chabolismo, si bien se ha reducido la población de los núcleos de chabolismo a escala mundial,

V.

Considerando que en todo el mundo 215 millones de niños están obligados a trabajar, y que 115 millones son víctimas de lo que la OIT define como las peores formas de trabajo (21),

W.

Considerando que, según UNICEF, el término «trabajo infantil» se refiere a cualquier forma de trabajo llevado a cabo por niños menores de 18 años que sea peligroso o interfiera con la educación de los niños o sea peligroso para la salud de los niños o su estado físico, mental, espiritual, moral o desarrollo social,

X.

Considerando que, pese a haberse avanzado en la consecución del octavo ODM, la cooperación mundial en favor del desarrollo ha sufrido retrocesos significativos, que obstaculizarán la satisfactoria consecución de los ODM,

Y.

Considerando que los ODM no se conseguirán si no van acompañados de sentido de responsabilidad, democracia, seguridad, desarrollo, derechos humanos e igualdad de género,

Z.

Considerando que, si todos los donantes cumpliesen el objetivo del 0,7 % de la Ayuda Oficial al Desarrollo para 2015, la cifra se elevaría a más de 300 mil millones de dólares USD al año para desarrollo,

AA.

Considerando que la falta de paz y seguridad, así como de democracia y estabilidad política, a menudo impide a los países pobres alcanzar todo su potencial de desarrollo,

AB.

Considerando que la propiedad de la tierra genera incentivos para las personas, las familias y las comunidades a favor de la determinación de su propio desarrollo y de la seguridad alimentaria a escala local,

1.

Recuerda que los compromisos internacionales asumidos en relación con los ODM requieren que los países industrializados cumplan lo acordado y destinen el 0,7 % de su PIB a la Ayuda Oficial al Desarrollo para 2015; recuerda asimismo que la UE todavía tiene pendiente la ejecución de aproximadamente 20 000 millones de euros de su compromiso de gasto en los ODM;

2.

Acoge con satisfacción la cumbre de las Naciones Unidas en Nueva York por considerarla un signo claro de que todos los países continúan comprometidos con que los objetivos se consigan para 2015 incluso en el difícil entorno internacional actual;

3.

recuerda que se han hecho muchos progresos en la consecución de los ODM; pide por ello, de una parte, que se publiquen los buenos resultados de forma regular y, de otra, que la UE y los países ACP hagan públicos los calendarios plurianuales para cumplir los objetivos de los ODM durante los próximos 5 años;

4.

Pide a los donantes internacionales que proporcionen resultados significativos orientados a una financiación adicional, transparente y cuantificable para ayudar a las naciones pobres a combatir la pobreza, lograr los ODM y luchar contra los efectos del cambio climático y la crisis económica;

5.

Pide a los países ACP que refuercen y movilicen de forma adecuada sus recursos nacionales a fin de conseguir mejor los ODM;

6.

Hace hincapié en la necesidad de introducir fuentes de financiación alternativas e innovadoras para el desarrollo a fin de poder cumplir los compromisos de los ODM;

7.

Pide a la UE y a los países ACP que aconsejen a las Naciones Unidas que establezcan una comisión intergubernamental sobre cuestiones fiscales internacionales;

8.

Pide al G20 que tome medidas duras en relación con los paraísos fiscales y la evasión de impuestos, y que promueva una mayor transparencia y un sistema de información país por país para permitir que los países en desarrollo mantengan sus propios recursos para su desarrollo;

9.

Pide a todos los donantes internacionales que continúen mejorando la coordinación de los donantes y la división del trabajo, y que liberen toda su ayuda, previa consulta con los países asociados;

10.

Insta a la UE y a los países ACP que elaboren estrategias eficaces para la cancelación de la deuda en los países ACP, sobre todo como apoyo a los ODM en materia de educación y sanidad, señalando que las deudas extranjeras de los países del Tercer Mundo y sus mecanismos (por ejemplo, el servicio de deuda), representan una enorme limitación permanente para su desarrollo;

11.

Hace hincapié en que, a fin de conseguir los ODM, es necesario salvaguardar y reforzar los servicios públicos como elemento indispensable para solucionar problemas como la salud y la pobreza;

12.

Insta a todos los Estados miembros de la UE a adoptar medidas para abaratar las remesas;

13.

Señala que, aunque la ayuda puede servir de impulso para los países en desarrollo, no es suficiente para garantizar un desarrollo sostenible y duradero; por tanto, pide la formación eficaz de asociaciones entre los sectores público y privado, una mayor responsabilización de los países de desarrollo con respecto a sus proyectos para la consecución de los ODM, y que los Gobiernos establezcan las condiciones que permitan al sector privado innovar, invertir y crear puestos de trabajo;

14.

Reitera el importante papel que desempeña el comercio como motor de crecimiento y desarrollo y su contribución para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio; enfatiza la necesidad de resistir a las tendencias de proteccionismo;

15.

Pide a la UE que tome medidas concretas contra la pobreza adoptando una política coherente que englobe los ámbitos del comercio y la cooperación al desarrollo así como sus políticas comunes de agricultura y pesca para evitar impactos negativos directos o indirectos en el desarrollo económico sostenible de los países ACP;

16.

Considera que las estrategias de desarrollo económico local tienen el potencial para transformar el desarrollo sostenible nacional e intrarregional de los países en desarrollo con el fin de crear mercados regionales y nacionales teniendo en cuenta las necesidades reales de las poblaciones locales;

17.

Pide a la UE y a los países ACP que garanticen un progreso decisivo en los objetivos de los ODM más retrasados, entre otros los ODM 3, 4, 5, 6 y 8;

18.

Recuerda que una buena gestión fiscal y la lucha contra la corrupción permitirán crear un entorno propicio para las inversiones;

19.

Acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión Europea de ejecutar mil millones de euros para los ODM, como expresó el Presidente de la Comisión Europea en la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas sobre los ODM celebrada en Nueva York, para recompensar a países que están actuando bien y para ayudar a aquellos que van más por detrás;

20.

Insta a los países ACP a emprender acciones concretas para garantizar el logro de los objetivos en materia de salud materna; pide, por ello, a los países en desarrollo que gasten al menos el 15 % de sus presupuestos nacionales en atención sanitaria, para reforzar sus sistemas de atención sanitaria y agilizar la educación de comadronas y enfermeras para el trabajo sobre el terreno;

21.

Invita a la UE y a los países ACP a encontrar estrategias eficaces de protección social, que privilegien la mutualización de los riesgos y los sistemas de prepago, a fin de evitar la retribución directa del paciente a quienes prestan los cuidados primarios, que con frecuencia disuaden a los pobres de recurrir a sus servicios;

22.

Acoge con satisfacción la Estrategia global para la sanidad de mujeres y niños con promesas de más de 40 mil millones de dólares USD durante los próximos cinco años, lanzada en la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas sobre los ODM;

23.

Pide a la UE y a los países ACP que fomenten el libre acceso global a la sanidad y ofrezcan, mejoren y refuercen la atención sanitaria de buena calidad, los cuidados prenatales, la oferta de personal sanitario cualificado para los partos y el acceso a los cuidados obstétricos de urgencia;

24.

Pide un enfoque sanitario integral y holístico para todos que cubra el acceso a los medicamentos, los servicios médicos y el agua limpia, condiciones de salubridad y nutrición; subraya que dicho enfoque complejo podría tener un impacto mayor y estimulante para progresar en los ODM relacionados con la sanidad;

25.

Hace hincapié en que los sistemas de formación de trabajadores sanitarios en África son insuficientes, donde dos tercios de los países africanos tienen solo una escuela de formación médica y algunos no tienen ninguna; por tanto, insta a los países ACP a que incluyan en sus estrategias programas específicos destinados a proporcionar formación para trabajadores sanitarios a fin de permitir la contratación de personal cualificado en hospitales y estructuras de asistencia sanitaria;

26.

Expresa su preocupación por el hecho de que la contratación de personal sanitario cualificado por los países industrializados constituya uno de los factores agravantes de los frágiles sistemas sanitarios de los países en desarrollo;

27.

Pide que se presté más atención al aumento de las enfermedades no transmisibles, las enfermedades tropicales desatendidas y aquellas que surgen de la violencia, los traumatismos y los accidentes mediante el fortalecimiento de los sistemas sanitarios en los países ACP;

28.

Pide a la UE y a los países ACP que sigan esforzándose por erradicar la transmisión maternofilial del sida; reitera que la mejor manera de cumplir es facilitar cuidados prenatales y asistencia sanitaria infantil y materna a nivel local;

29.

Insta a la UE a mejorar el acceso de las personas pobres a medicamentos asequibles mostrando flexibilidad en la aplicación del acuerdo sobre TRIPS (aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio) en sus relaciones comerciales con los países en desarrollo,

30.

Insta a los Gobiernos y a los países donantes a que, con miras a una mejor consecución de los ODM en materia de salud, refuercen los sistemas de asistencia sanitaria, especialmente sus elementos constitutivos, incluidos la prestación de servicios, los productos médicos, las vacunas y las tecnologías, el personal sanitario, la financiación de la sanidad, los sistemas de información sanitaria y el liderazgo y la gobernanza, y a que garanticen la accesibilidad de estos sistemas para las personas con discapacidad;

31.

Pide a la UE y a los países ACP que inviertan en protección social sensible, que cubra los regímenes de seguridad social y sanitaria;

32.

Hace hincapié en que el primer objetivo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio consagra el derecho a disfrutar de un nivel de vida adecuado, reconociendo la protección especial a las personas con discapacidad;

33.

Subraya la necesidad de desarrollar y poner en práctica las políticas nacionales apropiadas para la supervivencia infantil, con la inclusión de medidas preventivas, vacunas y tratamiento médico y la mejora de la nutrición, el agua potable y los saneamientos; pide, por ello, que se fomenten campañas integradas que incluyan, por ejemplo, la distribución de mosquiteras y campañas de vacunación (especialmente contra el sarampión), con el fin de reducir la mortalidad infantil;

34.

Pide a la UE y a los países ACP que impulsen las políticas educativas y centren su atención no solo en el número de alumnos matriculados, sino también en la calidad de la educación a través de la formación de profesores, al tiempo que se esfuerzan por proporcionar educación global a los niños con discapacidad, de los cuales tan solo un 10 % tiene acceso a la escolarización en los países con bajos ingresos en la actualidad;

35.

Hace hincapié en el papel central que debería desempeñar la educación en las políticas nacionales de los países ACP mediante la combinación de políticas efectivas e inversiones nacionales sostenidas en educación; a este respecto insiste en adoptar un enfoque holístico para la educación, que debería verse como un sistema complejo que incluye varios participantes, estructuras y relaciones y que se centra en:

36.

Acoge con satisfacción el compromiso adoptado por las Naciones Unidas en su Documento de resultados en materia de derechos humanos y protección social;

37.

Subraya que la UE y los Estados miembros de la ACP deberían reforzar sus compromisos para avanzar en la igualdad de género, luchar contra la violencia de género y fomentar la capacitación de la mujer como prioridades clave para conseguir todos los objetivos ODM;

38.

Recuerda que la responsabilidad mutua de los países desarrollados y en desarrollo para cumplir los ODM para 2015 depende del fortalecimiento de los marcos para la responsabilidad, la gobernanza y la transparencia;

39.

Subraya la necesidad de intentar alcanzar los ODM a través de un enfoque holístico, ya que todos los ODM están interconectados y se refuerzan mutuamente;

40.

Insiste en que el respeto y la promoción y protección de los derechos humanos es una parte integral del trabajo efectivo hacia la consecución de los ODM;

41.

Pide la aplicación de «pactos de desarrollo» a escala local que impliquen compromisos públicos por parte de las autoridades locales para los objetivos de desarrollo definidos por las comunidades locales y garanticen que las autoridades locales sean las responsables del gasto de los fondos;

42.

Hace hincapié en que unos trabajadores formados y cualificados son esenciales para fomentar el desarrollo económico, la competitividad y el crecimiento;

43.

Insta a la UE y a los países ACP a poner en marcha programas de formación jurídica y fiscal del personal de la administración fiscal; y subraya la necesidad de llevar a cabo un esfuerzo particular con los países que no siempre se benefician de la ayuda a largo plazo en materia de fiscalidad;

44.

Hace hincapié en que la lucha por la eliminación de la explotación infantil y el trabajo infantil debe ser una prioridad para la UE y los países ACP; por tanto pide a la UE y los países ACP que centren sus esfuerzos en la erradicación del trabajo infantil;

45.

Pide a la UE y a los países ACP que utilicen lo más eficazmente posible la financiación europea para realizar los ODM seleccionando más minuciosamente los sectores centrales en los Documentos de Estrategia nacionales y en los Programas Indicativos Nacionales y para facilitar el acceso a las medidas que acompañan los AAE; insta, en este contexto, a la Comisión a garantizar que su propuesta para reasignar mil millones de la financiación del FED beneficie principalmente a los países más retrasados en el marco de la revisión intermedia de 2010 de los programas ACP; pide a la UE que integre la discapacidad en todos los trabajos de cooperación internacional, de conformidad con su obligación en virtud del artículo 32 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad;

46.

Pide a la UE y a los países ACP que utilicen políticas comerciales justas, equilibradas y reguladas; en este contexto subraya la importancia del aspecto de los derechos humanos en todos los acuerdos comerciales;

47.

Pide a la UE y a los países ACP que incrementen la inversión en la agricultura y en la seguridad alimentaria hasta niveles que garanticen que nadie padece hambre, prestando especial atención a las necesidades alimentarias urgentes, a la mejora de las infraestructuras en las regiones rurales, a la agricultura a pequeña escala y a los programas de protección social, siendo el objetivo garantizar la continuidad de la seguridad alimentaria;

48.

Expresa su profunda preocupación ante la actual adquisición de tierras agrícolas (en particular en África) por parte de inversores extranjeros con respaldo gubernamental que, si no se gestiona adecuadamente, amenaza con socavar la seguridad alimentaria local y acarrear consecuencias graves y trascendentales en los países en desarrollo; insta a la ACP, las NU y la UE a hacer frente seriamente a los impactos negativos de la adquisición de tierras agrícolas;

49.

Insta a la UE y a los países ACP a asegurarse de que las reformas de la PAC, la conclusión de los AAE y la revisión intermedia del Fondo Europeo de Desarrollo se llevan a cabo de forma coherente y coordinada;

50.

Pide a la UE y a los países ACP que fomenten la propiedad de la tierra como instrumento para reducir la pobreza y garantizar la seguridad alimentaria, reforzando los derechos de propiedad y facilitando el acceso de los agricultores, las PYME y las comunidades locales al crédito; hace hincapié en la notable importancia de las nuevas inversiones en la mejora de las capacidades de los agricultores pequeños, las tecnologías de gestión del agua más eficientes y la restauración de los nutrientes del suelo;

51.

Pide a la UE y a los países ACP que reconozcan el derecho a los alimentos;

52.

Pide a la UE y a los países ACP que promuevan la producción local y el consumo local;

53.

Pide a la UE y a los países ACP que aumenten las oportunidades para los autónomos y las pequeñas empresas, y en este contexto que promuevan y faciliten el acceso a microcréditos;

54.

Señala que el desarrollo industrial tiene un enorme potencial de transformación para las economías nacionales y, al contrario que las exportaciones agrícolas o la extracción de recursos naturales, que repercuten sobre las economías, es más probable que ofrezca un alcance mayor para el crecimiento de la productividad a largo plazo; por tanto pide a los países ACP que aborden esta cuestión mediante el diseño y la aplicación de políticas relacionadas con la industrialización con un enfoque especial en la especialización de la fabricación y la creación de capacidad comercial;

55.

A fin de mejorar el rendimiento comercial de los países ACP, insta a los gobiernos y los países donantes a aumentar la inversión y mejorar el respaldo para la creación de capacidad, calidad, competitividad y conformidad con los estándares de productos impuestos por los importadores de las empresas ACP; esto debería implicar el fortalecimiento de la productividad, los servicios de ampliación de la tecnología, la formación, la creación de consorcios de exportación y el desarrollo de grupos;

56.

Reitera la importancia del principio de efectividad de la ayuda establecido en la Declaración de París y en el Programa de Acción de Accra;

57.

Pide a los parlamentos ACP que hagan un balance del progreso en su dimensión parlamentaria para la cooperación internacional y que evalúen la implicación parlamentaria en el respaldo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio; anima a todos los parlamentos a que, cuando examinen los proyectos de presupuesto y las facturas, evalúen su impacto en el cumplimiento de los ODM;

58.

Pide a la comunidad internacional que promueva y apoye la democracia, la paz, el Estado de derecho y una administración no corrupta en los países en desarrollo;

59.

Pide a la UE y a los países ACP que aborden las causas básicas subyacentes de la inequidad abordando las discriminaciones, las normas y las prácticas sociales, capacitando a las comunidades con el desarrollo de conocimientos y capacidades, reforzando los sistemas de responsabilidad y ayudando a las organizaciones de la sociedad civil;

60.

Pide a la Unión Europea y a los países ACP que presten especial atención a los derechos de las minorías, y que respeten los derechos humanos y promuevan la no discriminación;

61.

Pide a los Estados miembros de la UE que hagan un seguimiento del Plan de acción en doce puntos que hizo público la Comisión Europea en abril de 2010 (22) y pide a la Comisión Europea que proporcione anualmente un estado de la cuestión del progreso de la UE en relación con la consecución de los ODM para 2015;

62.

Acoge con satisfacción el compromiso adoptado por las Naciones Unidas para organizar un acto especial en 2013 para revisar los esfuerzos hechos para lograr los ODM;

63.

Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente Resolución al Consejo de Ministros ACP-UE, al Parlamento Europeo, a la Comisión Europea, a la Presidencia del Consejo de la UE y a la Unión Africana.

A.

Considerando la definición de 1996 de la FAO de que «existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida sana y activa»,

B.

Considerando el Libro Verde de la Comisión Europea titulado «Política de desarrollo de la UE en apoyo del crecimiento integrador y el desarrollo sostenible: mejorar el impacto de la política de desarrollo de la UE» (COM)(2010)629), que fue publicado el 10 de noviembre de 2010 y entre cuyos objetivos figura «cómo lograr resultados duraderos en materia de agricultura y seguridad alimentaria»,

C.

Considerando que la agricultura es el principal medio de subsistencia para el 80-90 % de la población en muchos países en desarrollo; considerando que el incremento de sus ingresos revitalizará las economías rurales, creará más puestos de trabajo para la gente pobre y aumentará la demanda de bienes y servicios producidos a nivel nacional,

D.

Considerando que el número de personas desnutridas en el mundo sigue superando los mil millones en 2010, a pesar de los actuales esfuerzos mundiales para reducir el hambre,

E.

Considerando que en 2008 se dispararon los precios de los alimentos, que el precio del petróleo alcanzó un máximo y que la crisis financiera, junto con el cambio climático, produjo un efecto devastador sobre las economías de los países ACP, sumidas en una crisis sistémica,

F.

Considerando que la especulación en las adquisiciones de alimentos y tierras para negocios agrícolas orientados a la exportación puede contribuir a la escasez y, con ello, a aumentar los precios, y que priva a millones de personas de un acceso apropiado a los alimentos,

G.

Considerando que, a pesar de la importancia constatada de la agricultura para los países ACP, los programas de cooperación para el desarrollo UE-ACP no han concedido suficiente prioridad al sector agrícola,

H.

Considerando que las prácticas agrícolas no sostenibles, incluida la deforestación incontrolada o el exceso de dependencia respecto de los plaguicidas, contribuyen directamente a la escasez de tierra cultivable de buena calidad para la producción de alimentos sanos,

I.

Considerando que los países ACP dependen de las exportaciones de artículos de consumo, que representan más del 50 % de sus ingresos en moneda extranjera, mientras que algunos pequeños Estados ACP insulares en desarrollo dependen de las importaciones para cerca del 80 % de sus necesidades alimentarias básicas, ya que no pueden aspirar a un grado razonable de autosuficiencia alimentaria,

J.

Considerando que las subvenciones a la exportación de productos agrícolas pueden dar lugar al dumping en los mercados de los países en desarrollo, con consecuencias graves para los pequeños productores locales,

K.

Considerando que el impacto del cambio climático, la degradación de la cubierta vegetal y la mayor frecuencia de catástrofes naturales probablemente incrementarán de forma significativa la inseguridad alimentaria, y tendrán un impacto importante sobre las vidas de las personas en el sector agrícola,

L.

Considerando que muchos países africanos arriendan tierras cultivables a inversores extranjeros, lo que, si no se aborda adecuadamente, amenaza con socavar la seguridad alimentaria local y tener consecuencias graves y duraderas,

M.

Considerando que las consecuencias del cambio climático y la deforestación que afectan a la agricultura, en especial la reducción del rendimiento de las cosechas por culpa de la reiterada escasez de agua, las sequías o, por el contrario, las inundaciones y los desprendimientos de tierras, producen graves efectos negativos para las actividades agrícolas en la UE y los países ACP,

N.

Considerando que el crecimiento de la producción agrícola, sobre todo en el sector de los cultivos familiares, puede reducir la inseguridad alimentaria y contribuir a rebajar los precios de los alimentos y a aumentar los ingresos de los productores,

O.

Considerando que el agua potable constituye un factor importante de la seguridad alimentaria y que los países ACP tienen difícil acceso a ella,

P.

Considerando que los animales salvajes, en forma de carne procedente de la caza, aportan gran parte de las proteínas en las dietas de muchos de los pueblos más pobres del mundo de manera no sostenible, lo que se traduce en zonas salvajes aparentemente intactas en cuanto a estructura, pero que en potencia son incapaces de que mantener su biodiversidad, y que por tanto solo constituyen una solución a corto plazo, creando nuevas amenazas a la cadena alimentaria,

Q.

Considerando que el 70 % de los 1 300 millones de personas que viven en la pobreza extrema son mujeres y que prácticamente en todas las regiones del mundo a las mujeres se les niegan las oportunidades necesarias para mejorar su situación económica y social, como por ejemplo el derecho a la propiedad o a la herencia y el acceso a la educación y al trabajo,

R.

Considerando que la lentificación de los flujos de inversión directa extranjera hacia el mundo en desarrollo a consecuencia de la recesión mundial dificulta directamente el acceso a los préstamos y los avales crediticios, incluidos los microcréditos, al tiempo que se suman a los obstáculos para la adquisición y uso de tierra cultivable, que resulta esencial para el desarrollo de la agricultura local y para garantizar la seguridad alimentaria a largo plazo,

S.

Considerando que según las estimaciones de la FAO, 7 millones de trabajadores agrícolas han muerto de VIH/SIDA desde 1985, y que se espera que la pandemia se cobre otros 16 millones de víctimas a lo largo de las próximas dos décadas en los 25 países africanos más afectados; considerando que el VIH/SIDA y otras pandemias afectan principalmente a la mano de obra productiva,

T.

Considerando que la inestabilidad política y la falta de paz y seguridad comprometen la capacidad de muchos países para proporcionar alimentos, y que además afectan negativamente la vida de las personas a largo plazo,

U.

Considerando que el mayor acceso a las tecnologías de la información modernas mejora las facultades de los agricultores y garantiza que estén mejor informados sobre prácticas agrícolas, precios y acceso a los factores de producción,

1.

Hace hincapié en la naturaleza esencial del derecho a los alimentos, que debería considerarse un derecho inalienable y universal; subraya el derecho de cada país o región a establecer un tipo de agricultura que cubra las necesidades alimentarias de su población; reafirma que el acceso a una alimentación suficiente y sana es un derecho humano básico y debe garantizarse a través de la acción común de los gobiernos, los organismos internacionales y las organizaciones de la sociedad civil; subraya que retener o negar este derecho debe considerarse como una violación de un derecho humano universal;

2.

Recuerda a la UE y a los países ACP que se han propuesto reducir a la mitad el porcentaje de la población que padece hambre para 2015; pide a la UE y a los países ACP que adopten las medidas adecuadas dentro del marco de los ODM a fin de cumplir tal compromiso;

3.

Solicita a la UE que conceda prioridad, tras haber consultado con los países ACP y dentro del marco de la OMC, al tema del impacto sobre los países ACP de la subvención europea a sus exportaciones agrícolas; destaca la necesidad de que los resultados de la Ronda de Doha en favor del desarrollo sean un éxito; subraya también que el mundo desarrollado debe reforzar su compromiso de reformar sus subvenciones agrícolas mediante un pacto comercial mundial; recuerda, a este respecto, que cualquier acuerdo debería tener en cuenta las regiones climáticas y, en consecuencia, las diversas formas de producción agrícola; subraya que los resultados de la Ronda de Doha deberían ofrecer a los países en desarrollo un incentivo para invertir en su agricultura y su producción de alimentos;

4.

Solicita a los países ACP que asignen a la agricultura familiar un porcentaje significativo de las inversiones en el sector con vistas a lograr la seguridad alimentaria;

5.

Considera esencial proporcionar nuevo ímpetu a la asociación ACP-UE negociando unos acuerdos de asociación justos y equilibrados que estén orientados hacia el crecimiento;

6.

Opina que, al objeto de garantizar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad, y para contribuir a combatir la pobreza, en las normas y acuerdos comerciales internacionales deberían tenerse en cuenta todos los derechos económicos y sociales, incluido el derecho a los alimentos;

7.

Lamenta que, en 2008, cinco años después de la Declaración de Maputo que fijó un objetivo global de dedicar a la agricultura el 10 % de los presupuestos nacionales de los Estados miembros de la UA, el 50 % de los países africanos hubieran dedicado a ese fin menos del 50 % de sus presupuestos nacionales.

8.

Destaca que los debates sobre la ejecución del 10o FED deberían tener más en cuenta las necesidades de la población en términos de producción agrícola con vistas a garantizar su seguridad alimentaria, así como a la mejora y la diversificación de la producción agrícola y a la creación de mayor valor añadido, con el fin de ayudar a los países ACP a salir del modelo de monocultivos para la exportación;

9.

Pide la ejecución del 10o FED para que incluya un programa de desarrollo específico para la seguridad alimentaria para cada uno de los países ACP, y que dicho programa contenga objetivos claros y ambiciosos, así como medidas concretas a aplicar dentro de límites de tiempo precisos, tras consultarlas con las organizaciones de agricultores y la sociedad civil;

10.

Solicita a la UE y a los países ACP que incorporen a su política de desarrollo las necesidades y limitaciones a corto plazo a que están sujetos los hombres y las mujeres que viven en zonas rurales, con el fin de garantizar, sobre todo, el éxito de los programas en materia de seguridad alimentaria;

11.

Subraya que la seguridad alimentaria debería estar integrada en las políticas de los países en desarrollo para mejorarla disponibilidad, el acceso y el consumo de alimentos mediante la creación de estrategias alimentarias encaminadas a aliviar la pobreza;

12.

Insta a la comunidad internacional para que ayude al Programa Mundial de Alimentos (PMA) a hacer frente a nuevos retos en la lucha contra el hambre debido al aumento de los precios de los alimentos y del petróleo, los cambios meteorológicos y las decrecientes existencias mundiales de alimentos;

13.

Solicita a la Comisión, a los Estados miembros de la UE y a los países ACP que cooperen estrechamente entre ellos para emprender acciones concretas a fin de atajar la especulación financiera en granos y alimentos;

14.

Pide el reconocimiento de la importancia de la investigación, los servicios de extensión agraria y los lazos entre agricultores para alcanzar los objetivos en materia de seguridad alimentaria;

15.

Señala que es necesario introducir mejores métodos de producción agrícola, incluidas las tecnologías de bajo coste, proporcionar investigación en la agricultura y fortalecer la relación productividad/eficiencia en los países ACP al fin de mejorar la sostenibilidad y paliar los efectos negativos de la inseguridad alimentaria;

16.

Insta a la ACP y a los países de la UE para que controlen estrechamente las adquisiciones de tierra a gran escala que pudieran derivar en el «pricing out» (fijación de precios de mercado inalcanzables) para los agricultores locales y su capacidad para producir cultivos locales para alimentarse tanto ellos como las poblaciones locales;

17.

Hace hincapié en la enorme importancia de la cooperación UE-ACP con vistas a mejorar el conocimiento de los agricultores y sus capacidades; por tanto, pide que se suministren programas de formación con el fin de aumentar sus capacidades en materia de métodos de agricultura sostenible;

18.

Subraya la importancia de garantizar simientes de calidad para todos los productores;

19.

Pide a los países ACP que muestren su iniciativa mediante ambiciosos programas de política agrícola, como la iniciativa arroz de Malí;

20.

Solicita a los países ACP que concedan prioridad al sector agrícola en sus planes de desarrollo y los Documentos de Estrategia nacionales y regionales, concretamente por medio de una mayor inversión pública en infraestructuras rurales,

21.

Considera que la coherencia de las políticas en favor del desarrollo, en particular entre las políticas de comercio, desarrollo, agricultura y pesca, debe constituir el principio rector de la cooperación al desarrollo para hacer un mayor uso del artículo 12 del Acuerdo de Cotonú;

22.

Hace hincapié en la necesidad de que la UE y los países ACP diseñen un mecanismo adecuado y flexible, que se adapte a las situaciones de emergencia concretas que se deriven de catástrofes en el sector agrícola;

23.

Celebra la ayuda del mecanismo alimentario creado por la UE con un presupuesto de 1 000 millones de euros con el fin de prestar, de 2009 a 2011, un apoyo rápido, destinado al incremento de la capacidad y la oferta de producción local de alimentos, a más de cincuenta países prioritarios en todo el mundo que se enfrentan al alza de los precios de los alimentos;

24.

Pide a los Gobiernos ACP que garanticen que a las mujeres en zonas rurales se les concedan derechos iguales y completos a la tierra y otros recursos, incluso hasta el derecho a la herencia, y que se emprendan reformas administrativas y demás medidas necesarias para proporcionar a las mujeres idéntico acceso que los hombres al crédito, al capital, a los derechos laborales, a los documentos de identificación legal, a las tecnologías adecuadas y el acceso a los mercados y la información;

25.

Apunta que la Unión Europea en su conjunto, incluidos sus Estados miembros, sigue siendo el donante principal de ayuda al desarrollo, que representa el 56 % del total mundial, por valor de 49 mil millones de euros en 2009, lo que confirman los compromisos colectivos de los Gobiernos de la UE de situar en el 0,56 % y el 0,70 % en 2010 y 2015, respectivamente, la ayuda oficial para el desarrollo como porcentaje de la Renta Nacional Bruta;

26.

Pide a los Estados miembros de la UE y a la Comisión Europea que cumplan sus compromisos, en especial con relación a los Estados ACP menos desarrollados y los Estados ACP importadores netos de alimentos, al objeto de permitirles mitigar los efectos negativos que están padeciendo a raíz de los notables incrementos de los precios de los alimentos, que agravan cada vez en mayor medida sus problemas de balanza de pagos;

27.

Considera que la deuda exterior de los países pobres dificulta sus posibilidades de desarrollo y reduce su resistencia y capacidad para luchar eficazmente contra la pobreza y el hambre; por tanto, pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros ACP que continúen las negociaciones para conseguir la anulación de la deuda de los países altamente endeudados, algo que por ahora no está resuelto;

28.

Acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión Europea de ejecutar mil millones de euros para los ODM, como anunció el Presidente de la Comisión Europea en la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas sobre los ODM celebrada en Nueva York, para recompensar a países que están actuando bien y para ayudar a aquellos que van más por detrás, y al tiempo que resuelve las peculiaridades y necesidades de los países menos desarrollados, los pequeños Estados ACP insulares en desarrollo (SIDS) y los Estados ACP importadores netos de alimentos, para fijar criterios de elegibilidad objetivos y transparentes y garantizar que el acceso a tales recursos esté regido por la demanda; pide a la Comisión Europea que además contemple utilizar parte de los mil millones de euros comprometidos para los ODM para obtener recursos adicionales de entidades privadas que cubran la subvención para ejecutar los proyectos destinados a incrementar la producción de alimentos para mercados locales y regionales, así como para el desarrollo y la utilización de biotecnología con vistas a conseguir tales objetivos;

29.

Considera que también debe analizarse en mayor profundidad el impacto comercial de los biocombustibles de la próxima generación; por tanto, solicita a la Comisión Europea que apruebe y ejecute criterios de sostenibilidad transparentes con carácter urgente y que analice los posibles efectos perjudiciales de las subvenciones a los cultivos de biocombustibles;

30.

Respalda la creación, dentro del contexto de la cooperación regional ACP-UE, de un mecanismo adecuado para mitigar el cambio climático y de adaptación al mismo;

31.

Alienta una mejor coordinación, sobre todo a nivel nacional, pero también dentro de la comunidad de desarrollo internacional, de los esfuerzos realizados en el contexto de los programas agrícolas y el solapamiento de programas diseñados en países ACP, que constituyen una carga para los recursos humanos y financieros;

32.

Subraya la necesidad de la responsabilidad financiera, tanto en el plano nacional como internacional, de todos los programas agrícolas que dimanan de la ayuda europea, con el fin de garantizar una gestión correcta de los fondos asignados;

33.

Insta a los Gobiernos ACP a desarrollar una gestión más sostenible de los activos medioambientales, como la carne procedente de la caza, y solicita una mayor investigación de la producción de proteínas sostenibles en los países ACP, como medio para reducir la dependencia de fuentes rápidamente menguantes de proteínas de animales salvajes;

34.

Solicita a la UE y a los países ACP que hagan notable énfasis, durante las negociaciones presentes y futuras sobre el cambio climático, sobre la necesidad de aumentar la disponibilidad de elementos agrícolas como fertilizantes, semillas y otras herramientas, al objeto de ayudar a los agricultores a estimular la producción al tiempo que se promueve la gestión de los recursos hídricos, así como que presten especial atención a facilitar el apoyo necesario a las prácticas agrícolas respetuosas con el clima;

35.

Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente Resolución al Consejo de Ministros ACP-UE, al Presidente de la Comisión Europea, al Parlamento Europeo, a los Parlamentos nacionales de la ACP y los Estados miembros de la UE, a la Vicepresidenta de la Comisión Europea/Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a la Presidencia de la Comisión de la Unión Africana, al Parlamento panafricano y al Secretario General de las Naciones Unidas.

A.

Visto el tamaño de la región sahelo-sahariana y la severa naturaleza de su entorno,

B.

Considerando que su relieve se caracteriza por montañas y cuevas que sobresalen por encima de amplias zonas de dunas, arena y uadi,

C.

Considerando que Malí, Argelia, Mauritania, Níger, Libia y Chad son los principales países que limitan con la franja sahelo-sahariana,

D.

Considerando que, dada la inmensidad de este territorio escasamente poblado de cuatro millones de kilómetros cuadrados y la longitud de sus fronteras precariamente definidas, existe la necesidad de una coordinación eficaz en materia de información y actuación y de medios complejos para la detección, la protección y la prevención,

E.

Considerando que todas las partes interesadas internacionales, regionales y nacionales deberían movilizarse con el fin de intensificar la lucha contra el terrorismo y reforzar la seguridad en la región, incluso por medio de un diálogo estructurado,

F.

Considerando que el arco sahelo es un área fundamental entre el África subsahariano y Europa, y considerando que la situación en la franja sahelo-sahariana constituye, por tanto, un tema de seguridad clave tanto para África como para Europa,

G.

Considerando que la transformación de la franja sahelo-sahariana en una zona que se presta a actividades y modalidades de tráfico ilegales y peligrosas representa una amenaza para la seguridad mundial,

H.

Visto el subdesarrollo de las regiones áridas y su impacto sobre los jóvenes, que se ven privados de toda ocupación,

I.

Considerando que, en sus intentos de reclutamiento, los terroristas explotan el déficit de desarrollo, las condiciones de inseguridad, la privación social y las escasas expectativas de empleo de muchos jóvenes en la región carente de perspectivas, ofreciéndoles unos ingresos ilegales pero cuantiosos,

J.

Visto el impacto perjudicial del terrorismo y la delincuencia organizada sobre los Estados en la región y sus respectivas poblaciones locales,

K.

Vistas las graves repercusiones de la inseguridad sobre la economía de la región, en particular los sectores de la minería y el turismo, sobre su desarrollo y la creación de puestos de trabajo,

L.

Considerando que la región se ha convertido en una zona de tránsito y transacciones para los traficantes de droga, comerciantes de armas y contrabandistas de emigrantes ilegales hacia Europa,

M.

Visto el aumento de la inseguridad en esta región, causado por la facción de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), con sus secuestros y su aprehensión de rehenes, que ahora se utilizan como elementos de negociación,

N.

Vista la violación del espacio aéreo de los países vecinos por parte de los comerciantes de productos ilegales, incluida la cocaína,

O.

Vistos los ingentes recursos y posibilidades de que disponen los terroristas y los traficantes de drogas con respecto a los países amenazados,

P.

Considerando que una serie de países han expresado su voluntad de proporcionar asistencia para manejar esta situación a los Estados limítrofes con el Sahara,

Q.

Considerando que la inseguridad está dificultando la ejecución de proyectos de desarrollo y la labor de las ONG humanitarias,

R.

Vistas las tradiciones de tolerancia, solidaridad y respeto para los seres humanos seguidores del Islam, según se practica en la región,

S.

Vista la barbarie de la ejecución de ciudadanos inocentes,

T.

Considerando que los secuestros realizados para pedir rescate están conectados más frecuentemente a la delincuencia organizada que a las luchas ideológicas o religiosas,

U.

Considerando que la opción militar solamente puede resultar eficaz si está respaldada por una política de desarrollo sostenible en la región sahelo-sahariana,

V.

Considerando que los instrumentos internacionales antes mencionados constituyen una base para una mayor cooperación mundial, que se evidencia asimismo en los desarrollos referentes a las relaciones de la Unión Europea con terceros países,

W.

Considerando que el International Centre for Terrorism Studies ha documentado el incremento notable de ataques terroristas en África del Norte y África Occidental, que han aumentado en más del 500 % desde el 11 de septiembre de 2001 (32), matando a más de 1 500 personas e hiriendo a 6 000;

X.

Considerando que la región ha venido sufriendo una alarmante intensificación de los vínculos entre los traficantes de drogas en América Latina y en Estados de África Occidental/África del Norte, y considerando que estos últimos constituyen ahora una ruta de tránsito clave para los cargamentos de droga hacia Europa, que representan más del 25 % del consumo mundial de cocaína; subrayando que estas tendencias exigen un mayor compromiso por parte de la Unión Europea,

Y.

Considerando que en el Sahel existen vínculos crecientes entre cárteles de droga latinoamericanos, bien pertrechados y altamente organizados, y organizaciones terroristas, que procuran la implicación de la población local,

Z.

Considerando que la Estrategia Europea de Seguridad de 2003 afirmaba que el terrorismo «representa una creciente amenaza estratégica para toda Europa», y considerando que la región sahelo-sahariana es una de las prioridades de la UE en la lucha contra el terrorismo,

AA.

Considerando que resulta esencial cercenar las fuentes de financiación del tráfico ilegal y los secuestros y, a tal fin, adoptar cualquier medida posible para evitar el blanqueo de dinero,

1.

Honra la memoria de las víctimas del terrorismo; condena firmemente el terrorismo en todas sus modalidades y todas sus manifestaciones, y solicita la liberación incondicional de todos los rehenes;

2.

Lamenta profundamente el deterioro de la situación sahelo-sahariana, que ha costado muchas vidas y amenaza con socavar el progreso alcanzado durante los últimos años en la lucha contra el terrorismo en la región;

3.

Pide a las Naciones Unidas que elabore rápidamente una respuesta más coordinada sobre el Sahel, según propone la Declaración del Presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 10 de julio de 2009 (S/PRST/2009/20) con respecto a la lucha contra las actividades delictivas y las amenazas terroristas transfronterizas, en particular en la franja sahelo-sahariana, incluida la aplicación de la Estrategia Mundial contra el Terrorismo en la región;

4.

Subraya la importancia de prestar ayuda, apoyo y asistencia sicológica a las víctimas del terrorismo y a sus familias;

5.

Respalda la intensificación de la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo, aplaude la coordinación por algunos países, anima a todos los países en la región a que continúen aunando sus esfuerzos para combatir eficazmente el terrorismo y la delincuencia organizada, y espera que los intercambios de información no se vean obstaculizados por rivalidades regionales;

6.

Pide al Secretario General de las Naciones Unidas, al Presidente del Consejo de la UE y a la Presidencia de la Comisión de la Unión Africana que convoquen una cumbre de los Jefes de Estado de Argelia, Malí, Níger, Mauritania, Libia y Chad con vistas a establecer una estrategia común para luchar contra AQMI y garantizar el control conjunto sobre toda la franja sahelo-sahariana;

7.

Solicita a los Estados de la región sahelo-sahariana que junten sus recursos en materia de comunicación y espionaje al objeto de estar informados en tiempo real acerca de la posición de los grupos salafistas;

8.

Hace un llamamiento a la comunidad internacional para que apoye a los países en la región sahelo-sahariana mediante elementos eficaces de vigilancia aérea y terrestre y que, a tal efecto, les proporcionen el equipamiento militar y el apoyo técnico necesarios para luchar contra los terroristas;

9.

Insta a todos los Estados de la región sahelo-sahariana para que adopten todas las medidas necesarias para identificar a quienes trabajan en connivencia con AQMI y que los detengan;

10.

Reitera la necesidad de que la comunidad internacional y, en concreto, la Unión Europea y los Estados miembros ACP, sobre todo los miembros de la Comunidad de Estados del Sahel Sahariano (CEN-SAD), adopten un enfoque eficaz para combatir la violencia en la región sahelo-sahariana;

11.

Solicita a los Jefes de Estado afectados que creen un foro permanente para consultas sobre paz y seguridad en la región y que conviertan a ésta en un polo de estabilidad y desarrollo; además recomienda que se identifiquen claramente los vínculos entre seguridad y desarrollo al objeto de maximizar la eficacia de los programas emprendidos;

12.

Pide a las autoridades en los países colindantes que realicen campañas de concienciación entre las poblaciones locales a fin de implicarlas en la resolución del problema;

13.

Pide a la UE y a sus Estados miembros que movilicen todos los recursos disponibles para promover la seguridad y el desarrollo en la región sahelo-sahariana en colaboración con los países de la región, las Naciones Unidas y demás socios internacionales;

14.

Apoya las iniciativas de la CEDEAO y de sus socios internacionales para prevenir y combatir el tráfico de drogas y de seres humanos, así como la delincuencia organizada en la región, mediante el desarrollo de un plan de acción regional, principalmente por medio de la creación del puesto de Asesor especial en materia de drogas, tráfico de seres humanos y delincuencia para el Presidente de la Comisión CEDEAO;

15.

Hace hincapié en que deberían tomarse medidas eficaces para cercenar las fuentes de financiación de los terroristas y sus cómplices, y solicita a los Estados de la región que adopten las medidas propugnadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), es decir, la reforma de los sistemas de justicia penal, las leyes anticorrupción, un mejor control del comercio de armas ligeras y la congelación de las cuentas bancarias de los sospechosos;

16.

Acoge con satisfacción la presión internacional a los Estados que facilitan material y apoyo financiero a los grupos terroristas y se compromete a utilizar la presión política para frenar el crecimiento exponencial de la financiación de determinados grupos terroristas;

17.

Condena rotundamente a las empresas y organizaciones que, aun cuando técnicamente no infrinjan la ley, son generalmente conocidas por proporcionar apoyo a las organizaciones terroristas;

18.

Alienta el apoyo al Centro africano de estudio e investigación del terrorismo (ACSRT), encargado de facilitar la ejecución de las iniciativas contra el terrorismo de la Unión Africana (UA), en sus esfuerzos por desarrollar una base de datos confidencial que incluya los nombres de los presuntos terroristas y las tendencias de la actividad terrorista;

19.

Acoge con satisfacción el hecho de que la utilización de los fondos procedentes del «instrumento para la estabilidad» de la UE haya sido ampliada a la región sahelo-sahariana;

20.

Apoya el desarrollo de capacidades a través de un marco multilateral, como las Naciones Unidas;

21.

Propugna que todas las medidas adoptadas para luchar contra el terrorismo se ajusten a las convenciones y protocolos internacionales en materia de derechos humanos;

22.

Insiste en la necesidad de conciliar la lucha contra grupos terroristas con el desarrollo de la región;

23.

Pide a la Unión Europea, en el contexto de los Programas Indicativos Regionales (PIR) y los programas Indicativos Nacionales (PIN), que intensifique su actuación en apoyo de las poblaciones de la región, contribuyendo a facilitarles el acceso al agua y a la educación pública y a los servicios sanitarios, así como unas mejores infraestructuras para crear empresas y actividades comerciales en la región;

24.

Señala que las actividades de las organizaciones no gubernamentales contribuyen notablemente al desarrollo, la democracia y los derechos humanos, y que podría ser útil consultarlas con el fin de obtener información valiosa sobre la situación en el terreno; señala, además, que no debería permitirse que las medidas antiterroristas represivas constituyeran un obstáculo para los esfuerzos de tales organizaciones en los ámbitos del desarrollo, la democracia y los derechos humanos;

25.

Señala que el Sahel es una de las regiones más afectadas por el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, que tienen un efecto enorme sobre la agricultura, los agricultores y la vida de los pueblos locales, y que esa situación originará un aumento de la pobreza y las desigualdades;

26.

Insta a la Comisión Europea a apoyar medidas para invertir la desertización gradual de esta región, incluso a través del uso de la investigación y el conocimiento local en este campo;

27.

Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente Resolución al Consejo de Ministros ACP-UE, al Presidente del Consejo de la UE, a la Vicepresidenta de la Comisión Europea/Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), al Secretario General de las Naciones Unidas y a los Gobiernos de los países de la región sahelo-sahariana.

1.

Deplora los violentos enfrentamientos que se produjeron en algunas partes del país mientras se estaba a la espera del anuncio de los resultados provisionales, y que ocasionaron varios muertos;

2.

Lamenta que la obstaculización del correcto funcionamiento de la Comisión Electoral Independiente de Costa de Marfil impidió que hiciera públicos los resultados provisionales de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales dentro del plazo de tiempo estipulado en el Código Electoral;

3.

Insta a todas las partes afectadas a que hagan gala de la máxima moderación tras el anuncio de los resultados definitivos por el Consejo Constitucional de Costa de Marfil y que utilicen los pertinentes cauces legales para cualquier reclamación;

4.

Recuerda al Consejo Constitucional que todas las decisiones deberían adoptarse sobre una base objetiva, con un elevado sentido del deber y la responsabilidad respecto al pueblo de Costa de Marfil;

5.

Condena la decisión del Consejo Constitucional de invalidar los resultados provisionales publicados por la Comisión Electoral Independiente de Costa de Marfil, sin haber aplicado antes el procedimiento establecido por el Código Electoral;

6.

Rechaza reconocer los resultados anunciados por el Consejo Constitucional, ya que los considera contrarios a la voluntad expresada en las urnas por el pueblo de Costa de Marfil.