1)

¿Autorizan los artículos 1, apartado 1, 6, apartado 1, letra a), y 24, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 2014/41/CE (1) una normativa de un Estado miembro que permite, sin que se emita una orden de investigación europea, la participación de una persona que reside en otro Estado miembro, por medio de videoconferencia, en el desarrollo de un procedimiento judicial, en su condición de acusado, cuando en esa fase de tramitación del procedimiento judicial no tiene lugar la audiencia de la persona acusada, es decir, no hay obtención de pruebas, a condición de que el responsable del procedimiento del Estado miembro en el que se está enjuiciando el asunto tenga la posibilidad de cerciorarse a través de medios técnicos de la identidad de la persona que se encuentra en el otro Estado miembro y de que se garanticen los derechos de la defensa de esa persona y la asistencia por un intérprete?

2)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial, ¿podría el consentimiento de la persona que debe ser oída constituir un criterio, o un requisito previo independiente o complementario, para la participación por medio de videoconferencia de la persona que debe ser oída en el desarrollo de ese procedimiento judicial en el cual no se obtienen pruebas, si el responsable del procedimiento del Estado miembro en el que se está enjuiciando el asunto tiene la posibilidad de cerciorarse a través de medios técnicos de la identidad de la persona que se encuentra en el otro Estado miembro y si se garantizan los derechos de la defensa de esa persona y la asistencia por un intérprete?