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La demandante alega a este respecto que, con su Decisión, la parte demandada infringió el artículo 17 del Reglamento de procedimiento [Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea], en virtud del cual las facultades de la Comisión en materia de recuperación de ayudas están sometidas a un plazo de prescripción de diez años. La demandante sostiene que se ha superado ese plazo de prescripción.

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La demandante alega a este respecto que la parte demandada calificó erróneamente de ayudas nuevas las compensaciones por obligaciones de servicio público (OSP) concedidas a Adriatica. A juicio de la demandante, la financiación de las obligaciones de servicio público a cargo de Adriatica forma parte de un régimen de ayudas que fue creado en 1936 y las sucesivas modificaciones de ese régimen no han alterado su naturaleza efectiva convirtiéndolo en un régimen nuevo.

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Asimismo, y según la demandante, la parte demandada calificó erróneamente de ayuda incompatible con el mercado interior las compensaciones por OSP concedidas a Adriatica respecto del período comprendido entre enero de 1992 y julio de 1994 en relación con la conexión Bríndisi/Corfú/Igumenitsa/Patras. La demandada sostiene que la incompatibilidad de la ayuda concedida a Adriatica se deriva de la participación de esta, durante ese período, en un acuerdo para la fijación de precios aplicables a los vehículos comerciales en la línea Bríndisi/Corfú/Igumenitsa/Patras.

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La demandante estima en relación con el segundo motivo que la parte demandada incumplió el deber de motivación que le impone el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, y el artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. A juicio de la demandante, la Decisión impugnada incurre en un defecto de motivación de tal índole que impide al Tribunal General llevar a cabo su control de legalidad.

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La demandante invoca igualmente la vulneración del principio de proporcionalidad.

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La demandante alega a este respecto que, en su conjunto, el procedimiento que culminó con la adopción de la Decisión impugnada tuvo una duración excesiva y que, por tanto, se vulneraron los principios de seguridad jurídica y de buena administración. Asimismo, afirma que la duración del procedimiento hizo que la demandante confiara en que las medidas referidas a ella no pudieran calificarse de ayudas nuevas e incompatibles. La demandante sostiene, en consecuencia, que la demandada no podía ordenar la recuperación de las ayudas, ya que ello vulneraría un principio general del Derecho de la Unión.