—

A este respecto, se alega que los actos impugnados, a pesar de que su nomen iuris pueda hacer presumir lo contrario, son sustancialmente vinculantes para las autoridades aduanera italianas y producen efectos jurídicos directos que vulneran los intereses y los derechos personales y efectivos de la demandante, modificando su situación jurídica, habida cuenta de (1) la naturaleza de «Recursos propios de la Unión» de los derechos de aduana y de las subsiguientes obligaciones de los Estados miembros, a los que únicamente compete la recaudación de tales derechos, (2) la naturaleza de la OLAF, de órgano de investigación administrativa que sustituye a la Comisión Europea en las investigaciones externas, (3) el papel de la Comisión Europea, en cuanto institución con funciones ejecutivas a efectos de la aplicación del Código Aduanero de la Unión Europea.

—

En este contexto jurídico, negar la impugnabilidad directa con arreglo al artículo 263 TFUE de los actos de la OLAF recurridos por la demandante implicaría negar su derecho fundamental al ejercicio efectivo del recurso y, en consecuencia, la infracción del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del artículo 13 CEDU.

—

A este respecto, se alega que el Informe Final OF/2013/0086/B1 — THOR (2015) 40189 no contiene algunos de los elementos fundamentales de carácter imperativo previstos por el legislador en el Reglamento (UE, EURATOM) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, (1) de lo que resulta su radical ilegalidad y su absoluta ineficacia probatoria.

—

Se aduce que el acto impugnado adolece de los siguientes vicios de legalidad: la omisión de las indicaciones relativas a las garantías procedimentales, a las personas interesadas en la investigación, a la audición de los representantes legales de la demandante y a la necesaria calificación jurídica previa; la exclusión inmotivada y contradictoria de responsabilidad de las autoridades competentes; el incumplimiento por parte de la OLAF de la obligación de llevar a cabo sus investigaciones de modo objetivo e imparcial y respetando el principio de presunción de inocencia y la existencia de indicaciones erróneas en el Informe Final a causa de una instrucción deficiente.

—

Como consecuencia de las ilegalidades expuestas, la recomendación remitida por la Dirección General de la OLAF a la Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Repubblica italiana a efectos de que adopte las medidas necesarias para la recaudación de los derechos de aduana de la demandante carece de todo fundamento jurídico y, por tanto, es ilegal.