Ponente:	Konstantinos DIAMANTOUROS
Coponente:	Javier DOZ ORRIT

Decisión de la Asamblea	23.3.2023
Base jurídica	Artículo 52, apartado 2, del Reglamento interno
	Dictamen de iniciativa
Sección competente	unión económica y monetaria y Cohesión Económica y Social
Aprobado en sección	5.10.2023
Aprobado en el pleno	25.10.2023
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones)	185/1/1

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) observa que, según las últimas previsiones económicas de verano, la Comisión Europea ha rebajado las previsiones de crecimiento al 0,8 %, lo que apunta a unas perspectivas económicas cada vez más complicadas.

1.2.

En este contexto, el CESE considera que la política monetaria en los próximos meses debe procurar un equilibrio adecuado entre la necesidad de seguir reduciendo la inflación y la necesidad de evitar un estancamiento prolongado del crecimiento y contribuir a los planes de reducción de la deuda pública.

1.3.

Habida cuenta de la inflación persistente, el CESE considera que los interlocutores sociales y los Gobiernos deben negociar y acordar pactos de renta nacionales, que han de ir acompañados de medidas específicas de apoyo a los segmentos vulnerables de la población, para reducir la inflación sin socavar la inversión y el crecimiento.

1.4.

El CESE apoya la propuesta de la Comisión Europea, incluida en el paquete legislativo sobre la reforma del marco de gobernanza económica de la UE, que tiene por objeto crear vías nacionales diferenciadas para garantizar la sostenibilidad de las haciendas públicas mediante planes presupuestarios y estructurales basados en compromisos negociados entre las autoridades europeas y nacionales. No obstante lo anterior, el CESE considera que la apropiación nacional de dichos compromisos exige una mayor implicación de los parlamentos nacionales y los entes locales y regionales, así como la participación de los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil en los procesos formales de consulta.

1.5.

El CESE valora positivamente la resiliencia de que ha hecho gala el sistema bancario de la zona del euro tras las recientes turbulencias financieras en los Estados Unidos y Credit Suisse. En este contexto, el Mecanismo Único de Supervisión, en su calidad de supervisor único, ha desempeñado un papel de vital importancia. Al mismo tiempo, al CESE le preocupa que el mismo no supervise en la actualidad en torno al 18 % de los activos bancarios de la zona del euro.

1.6.

Ante el deterioro de la competitividad mundial de la UE, el CESE acoge con satisfacción el Plan Industrial del Pacto Verde, con el que se pretende agilizar el procedimiento de concesión de permisos a proyectos que empleen un determinado conjunto de tecnologías cruciales para la transición ecológica. Si bien constituye un paso en la dirección correcta, el CESE considera que el procedimiento abreviado no debe limitarse únicamente a tecnologías específicas (lo que implica escoger ganadores de manera indirecta), sino que debe abarcar todos los sectores de la economía.

1.7.

En cuanto a la flexibilización de las normas sobre ayudas estatales, el CESE reconoce su necesidad política a corto plazo con vistas a mantener las inversiones industriales estratégicas en la UE, pero está convencido de que representa una amenaza para el mercado interior. En consecuencia, lamenta que la Comisión Europea no haya propuesto en su última revisión intermedia del marco financiero plurianual la creación de un Fondo para la Soberanía Europea.

2.   Contexto general

2.1.

La economía de la UE ha demostrado ser resiliente: creció más de los esperado en 2022 (un 3,5 %) y según todas las previsiones evitará la recesión en 2023. No obstante, según las previsiones económicas de verano, las perspectivas económicas de la UE se están deteriorando, ya que se prevé que el crecimiento disminuya del 1 % al 0,8 %. Al mismo tiempo, se espera que la inflación de la zona del euro sea ligeramente inferior en 2023 (5,6 % en lugar de 5,8 %) y ligeramente superior en 2024 (2,9 % en lugar de 2,8 %). Según la Comisión Europea, el desempleo en la zona del euro ha descendido a un mínimo histórico y se ha situado en el 6,4 % en julio de 2023.

2.2.

En su reunión de septiembre, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) decidió subir los tipos de interés en un 0,25 % y con ello fijar el tipo básico de las operaciones principales de financiación en el 4,5 %, y explicó que considera que los tipos de interés actuales están en el nivel adecuado para reducir la inflación hasta un nivel cercano al objetivo oficial del 2 %. Aunque la inflación se encuentra en una senda claramente descendente (del 9,2 % en diciembre de 2022 al 6,1 % en mayo de 2023 en la zona del euro), la inflación de los precios de los alimentos se sigue situando en niveles muy elevados: 13,6 % en mayo (16 % en diciembre de 2022).

2.3.

Se ha seguido experimentando una disminución de los precios de la energía en toda Europa, impulsada en gran medida por una fuerte caída de los precios del gas en el mercado bursátil de futuros de gas natural del mecanismo de transferencia de títulos. A modo de comparación, los precios del gas cotizan actualmente en torno a 35 EUR por MWh, mientras que en agosto de 2022 superaban los 300 EUR por MWh.

2.4.

La crisis energética de 2022 ha suscitado llamamientos en favor de una reforma de las normas relativas al mercado interior de la electricidad. El 14 de marzo, la Comisión Europea publicó propuestas destinadas a reducir la dependencia de las facturas de electricidad con respecto de los precios de los combustibles fósiles mediante la creación de un mecanismo amortiguador entre los mercados a corto plazo y las facturas de electricidad que abonan los consumidores. Según la Comisión, dichas propuestas se materializarán incentivando los contratos a más largo plazo —en particular contratos de compra—, estabilizando los precios de la electricidad, reduciendo los ingresos excesivos de los productores de energía, exigiendo al efecto la celebración de contratos bidireccionales por diferencia para nuevas inversiones en generación hipocarbónica cuando sea necesario recurrir a financiación pública y mejorando los mercados a plazo de la electricidad.

2.5.

El 1 de febrero de 2023, la Comisión Europea también publicó un Plan Industrial del Pacto Verde (1) destinado a impulsar la competitividad industrial, que ha sufrido una erosión considerable en los últimos años como consecuencia de los elevados precios de la energía, la importante carga normativa y los mecanismos de subvención a ambas orillas del Atlántico, y atraer cadenas de valor cruciales para la transición ecológica. El Plan Industrial del Pacto Verde se basa en cuatro pilares: pretende acelerar los procedimientos de concesión de permisos para tecnologías limpias y materias primas fundamentales, mejorar el acceso a la financiación flexibilizando las normas sobre ayudas estatales, impulsar las capacidades industriales ecológicas y promover cadenas de suministro resilientes.

2.6.

El 26 de abril de 2023 la Comisión Europea publicó la tan esperada propuesta de reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (2). Las nuevas normas propuestas aspiran a lograr un equilibrio entre una mayor implicación de los Gobiernos en la consecución de situaciones de sostenibilidad presupuestaria a través de planes nacionales específicos de política presupuestaria estructurales a medio plazo de cuatro años de duración (que pueden prorrogarse por un máximo de tres años de común acuerdo entre un Estado miembro y la Comisión Europea con el fin de garantizar una reducción más progresiva de la deuda), por un lado, y la creación de un régimen de ejecución más creíble, fundamental para mantener la credibilidad del euro, por el otro.

2.7.

Además, en los últimos meses se han producido importantes turbulencias en el sector bancario con el colapso en marzo de 2023 del Silicon Valley Bank en California (Estados Unidos). Desde entonces, otros dos bancos regionales han quebrado en ese país: el Signature Bank y el First Republic Bank. Las turbulencias financieras también han llegado a Europa, que ha sido escenario del hundimiento de Credit Suisse, una importante entidad financiera. Se ha conseguido gestionar ambas crisis, lo que pone de manifiesto la importancia de actuar con rapidez para contener el riesgo de contagio y la pérdida de confianza de los inversores y depositantes cuando se producen crisis bancarias. En su calidad de autoridad de supervisión única de la mayor parte de las entidades de crédito «significativas» de la zona del euro, el BCE ha desempeñado un papel clave al respecto.

2.8.

Por último, cabe señalar que, según datos de Eurostat, la UE pasó de registrar un superávit comercial de más de 200 000 millones EUR en 2020 a un déficit de 432 000 millones EUR en 2022 debido a cambios reseñables en las balanzas comerciales a escala mundial y, en particular, a un fuerte aumento del valor de las importaciones de energía (3). La balanza comercial de la UE mejoró posteriormente, impulsada principalmente por la significativa disminución de los precios de la energía, y alcanzó un déficit de tan solo 2 000 millones EUR en el primer trimestre de 2023 (4). Sin embargo, es necesario hacer una profunda reflexión sobre la forma de reforzar los factores más sólidos y sostenibles de la productividad y la competitividad de la economía europea.

3.   Observaciones generales

3.1.

El CESE acoge con satisfacción las perspectivas económicas más positivas. Entre 2021 y2022, la Unión experimentó una doble perturbación vinculada a la guerra no provocada de Rusia contra Ucrania y a una grave crisis energética. Durante este período, la UE y los Gobiernos nacionales han movilizado una cantidad inédita de recursos para ayudar a las empresas y a los consumidores a hacer frente a los elevados precios de la energía. Las perspectivas económicas más positivas muestran que el apoyo sin precedentes que han prestado los Gobiernos ha logrado proteger la economía europea de una importante recesión y a los hogares en situación de vulnerabilidad de las cuantías excesivamente elevadas de las facturas.

3.2.

El BCE ha tomado medidas decisivas para reducir la inflación subyacente: subidas de los tipos de interés y reducción de la oferta monetaria. Aunque la inflación se encuentra ahora en una senda descendente, sigue siendo elevada y erosiona el poder adquisitivo real de la población. Al mismo tiempo, datos recientes indican que la zona del euro ha entrado en una recesión técnica. En opinión del Comité, la política monetaria en los próximos meses debe procurar un equilibrio adecuado entre la necesidad de seguir reduciendo la inflación y la de evitar un estancamiento prolongado del crecimiento y contribuir a los planes de reducción de la deuda pública. En este contexto, el CESE considera que los interlocutores sociales y los Gobiernos deben negociar y acordar pactos de renta nacionales, que han de ir acompañados de medidas específicas de apoyo a los segmentos vulnerables de la población, para reducir la inflación sin socavar la inversión y el crecimiento. Ello adquiere especial relevancia si se incluyen en la ecuación los datos publicados recientemente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que muestran que los salarios reales medios disminuyeron en un 3,8 % en 2022 (5). Estas medidas deben combinarse con esfuerzos por impulsar la productividad de la UE, que permanece en niveles bajos.

3.3.

Al mismo tiempo, el CESE apoya la declaración de la presidenta del BCE, en la que afirma que los Gobiernos deben revocar progresivamente las medidas de apoyo y volver paulatinamente a situaciones de sostenibilidad presupuestaria. Sin embargo, considera que deben mantenerse en vigor medidas específicas, tanto para mantener los niveles de inversión —incluido un uso más eficiente y rápido de todos los fondos europeos— como para ayudar a los hogares de renta baja a hacer frente a los efectos de la inflación, pues son los más expuestos a ellos.

3.4.

En torno al 70 % de la financiación empresarial procede de entidades de crédito, con mercados de capitales en gran medida subdesarrollados y un sector de las pymes sólido, por lo que estas entidades se erigirán en la fuente de gran parte, si no de la mayoría, de la financiación ecológica y digital en Europa. Ante las ingentes necesidades de inversión de Europa en las próximas décadas, el CESE considera fundamental seguir trabajando para completar la unión de los mercados capitales. Mientras tanto, en una economía tan dependiente de la financiación bancaria, la titulización debe desempeñar un papel más importante para conectar la economía real con los mercados de capitales y liberar los balances de las entidades de créditos, de modo que puedan aumentar los importes de dinero prestado.

3.5.

El CESE coincide con la valoración del Tribunal de Cuentas Europeo, en la que se muestra que la legislación vigente aún no ha producido la recuperación prevista del mercado de titulización de la UE ni ha ayudado a los bancos a aumentar su capacidad de préstamo, lo que beneficiaría a las pymes entre otros agentes. Es necesario mejorar el mercado de titulización con controles y una supervisión eficaces, a fin de evitar el resurgimiento de los riesgos sistémicos. En la actualidad, el tamaño del mercado de titulización de Europa —junto con el del Reino Unido— equivale al 6 % del de los Estados Unidos y representa en torno al 1 % del PIB, frente al 18 % de los Estados Unidos.

3.6.

El 26 de abril, la Comisión Europea publicó el paquete legislativo sobre la reforma del marco de gobernanza económica de la UE y las normas presupuestarias que conforman el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El CESE reflejará su postura respecto de la propuesta de la Comisión Europea en el Dictamen «Nuevas normas de gobernanza económica preparadas para el futuro» (6), en cuyo proyecto valora positivamente la creación de vías nacionales diferenciadas para garantizar la sostenibilidad de las haciendas públicas mediante planes presupuestarios y estructurales basados en compromisos negociados entre las autoridades europeas y nacionales. El CESE considera que, como parte de una comprensión más democrática de la gobernanza económica de la UE, la apropiación nacional de dichos compromisos exige una mayor implicación de los parlamentos nacionales y los entes locales y regionales, así como la participación de los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil en los procesos formales de consulta, en línea con los puntos de vista expuestos en anteriores resoluciones y dictámenes del Comité (7). El CESE concede gran importancia al reciente Dictamen del BCE sobre la reforma de la gobernanza económica (8), en particular a los puntos de vista que expone sobre la capacidad presupuestaria permanente de la UE y la metodología del análisis de la sostenibilidad de la deuda (9), que conviene definir en consulta con los Estados miembros y con el apoyo de los mismos.

3.7.

El CESE también acoge con satisfacción que los responsables políticos de la Unión vuelvan a incluir la competitividad en su agenda. Incluso antes de la guerra en Ucrania y de la grave crisis energética, la Unión ya había perdido competitividad con respecto de sus principales competidores. Según los datos de la OCDE, en 2021 las inversiones extranjeras directas en la Unión disminuyeron en un 68 % en comparación con 2019, mientras que ese mismo año aumentaron en un 60 % en los Estados Unidos. El CESE señala que aumentar la inversión, incrementar la productividad y mejorar la competitividad de la Unión debe basarse en inversiones específicas, I+D, innovación y formación continua de los trabajadores. Esto adquiere especial importancia para las pymes de la UE, que generan el 70 % del empleo de la Unión y que se ven afectadas de manera desproporcionada por la burocracia, los elevados impuestos y las dificultades para acceder al capital.

3.8.

Si bien los precios de la energía han bajado de forma significativa, siguen siendo dos veces más elevados que los niveles anteriores a la COVID-19 y cuatro veces más altos que en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, la creciente carga normativa que soportan las empresas, combinada con el factor de atracción que generan las cuantiosas subvenciones de la Ley para la Reducción de la Inflación estadounidense, ponen en peligro la capacidad de la Unión para atraer las inversiones necesarias para la transición ecológica. Aunque el CESE expresa su desacuerdo con los elementos proteccionistas de dicha Ley, que excluyen a los fabricantes de la Unión y no se ajustan a la normativa de la OMC, reconoce que los incentivos específicos pueden desempeñar un papel importante para atraer e impulsar las inversiones.

3.9.

El Plan Industrial del Pacto Verde constituye un primer paso en la buena dirección (10): por medio de la Ley sobre la industria de cero emisiones netas intenta acelerar los procedimientos —a menudo muy largos— de los proyectos de inversión esenciales para la inversión ecológica, como las baterías, los paneles solares, los electrolizadores y la captura, almacenamiento y uso de carbono. Más concretamente, con esta Ley se introducen plazos para los procedimientos de concesión de permisos a proyectos de fabricación de cero emisiones netas en relación con su tamaño y estado.

3.10.

Si bien es cierto que se trata de un paso en la dirección correcta, el CESE señala que los proyectos de inversión en la Unión a menudo se enfrentan a largos retrasos debido a la incapacidad de las autoridades para aprobar las evaluaciones de impacto ambiental a tiempo y a los recursos judiciales que se sustancian contra proyectos de comunidades locales. Por ello, alberga dudas sobre si la propuesta de Ley sobre la industria de cero emisiones netas puede realmente acelerar las inversiones en Europa en un momento en el que las inversiones a ambas orillas del Atlántico están aumentando. Cabe señalar que, solo en 2022, las empresas anunciaron haber invertido en los Estados Unidos 73 000 millones USD solo en baterías. El CESE considera que la sociedad civil organizada puede desempeñar un papel a la hora de fomentar la aceptación social de las inversiones ecológicas, que constituye un requisito previo para el éxito de la transición ecológica, y que el procedimiento abreviado no debe limitarse únicamente a tecnologías específicas (lo que implica escoger ganadores de manera indirecta), sino que debe abarcar todos los sectores de la economía.

3.11.

Para poder ajustarse de algún modo a los incentivos financieros que proporciona la Ley para la Reducción de la Inflación y con el fin de promover los objetivos del Plan Industrial del Pacto Verde, la Comisión Europea ha flexibilizado las normas sobre ayudas estatales a través del marco temporal de crisis y transición, que aumenta los importes máximos de ayuda estatal que pueden concederse, e introduce por vez primera la posibilidad de invertir en activos fijos (CAPEX). Al mismo tiempo, la capacidad de los Estados miembros para conceder ayudas estatales varía considerablemente, por lo que la Comisión Europea les ha permitido hacer uso del MRR y de los Fondos EIE para promover proyectos en el marco de la Ley sobre la industria de cero emisiones netas.

3.12.

Si bien el CESE reconoce la necesidad a corto plazo de esta medida para evitar la pérdida de inversiones significativas en Europa, considera que, a largo plazo, la flexibilización de las normas sobre ayudas estatales representa una amenaza para la integridad del mercado único. Además, pese a acoger con satisfacción que la Comisión haya permitido a los Estados miembros hacer uso del MRR y de los Fondos EIE, señala que la mayoría de los Gobiernos ya han diseñado sus programas y pone en tela de juicio la medida en que los Estados miembros más pequeños podrán ofrecer incentivos suficientes a las empresas.

3.13.

En este contexto, el CESE lamenta que la última revisión intermedia del MFP no incluyera financiación para la creación de un Fondo para la Soberanía Europea destinado a promover las inversiones en la transición ecológica en el conjunto de la Unión y, al mismo tiempo, a crear unas condiciones de competencia equitativas y velar por el correcto funcionamiento del mercado único. Y, si bien el instrumento STEP (11) representa un avance, el CESE considera que es una respuesta inadecuada al reto al que se enfrenta la UE, que propone utilizar los recursos de otros fondos de la UE existentes. Esta propuesta ha aplazado la puesta en marcha del Fondo para la Soberanía Europea anunciado por la Comisión. En cualquier caso, el CESE pide una vez más a los Estados miembros que, al revisar sus planes de recuperación y resiliencia y añadir un capítulo de REPowerEU, garanticen un proceso de consulta significativo en el que participe la sociedad civil organizada.

3.14.

En cuanto a la Ley Europea de Materias Primas Fundamentales (12), el CESE acoge con satisfacción la intención de simplificar el proceso de concesión de permisos a determinadas materias primas en la UE con el fin de poder explotar las reservas disponibles a escala nacional de manera más eficiente y evitar la dependencia excesiva de determinados terceros países. Además, apoya firmemente el impulso para diversificar las cadenas de suministro mediante la celebración de acuerdos comerciales con socios fiables. Se espera que el 85 % del crecimiento mundial proceda de fuera de la UE en la próxima década, por lo que es importante reforzar el comercio con los socios mundiales y encontrar nuevos mercados de exportación de bienes europeos, lo que, a su vez, ofrecerá a los Gobiernos nuevas oportunidades de inversión nacional para impulsar la productividad y el gasto social y educativo. Tanto el trabajo efectivo en el seno de la OMC como la tan esperada celebración del acuerdo UE-Mercosur podrían arrojar beneficios a este respecto.

3.15.

Además de las propuestas legislativas para impulsar la competitividad, la presidenta de la Comisión Europea también ha anunciado su intención de reducir en un 25 % la carga de notificación que soportan las empresas y de introducir un control de la competitividad de todas las nuevas propuestas. Se trata de un avance positivo que debe ir seguido de acciones concretas para ayudar a las empresas a hacer frente a la proliferación de la información medioambiental, social y de gobernanza a la que se enfrentarán en los próximos años debido a la legislación relativa a la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (13), la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (14), la taxonomía (15) y el trabajo forzoso (16), por una parte, y garantizar que las futuras propuestas legislativas tengan más en cuenta el impacto en la competitividad de la UE, sin olvidar la mejora de las condiciones de los trabajadores en consonancia con el pilar europeo de derechos sociales, por otra.

3.16.

Por lo que se refiere a la reforma del mercado interior de la electricidad, el CESE acoge favorablemente la propuesta y subraya la necesidad de crear un marco que pueda garantizar precios asequibles y previsibles, aunque sigue sin estar claro si la propuesta será capaz de mitigar realmente el riesgo de que se mantengan los precios elevados en el futuro.

3.17.

Por último, al CESE le preocupa que el BCE no supervise en torno al 18 % de los activos bancarios europeos. Esta falta de transparencia y de armonización en la ejecución de la supervisión en toda la UE puede generar incertidumbre entre los inversores y contagiar al resto del sector financiero. El CESE apoya la reciente iniciativa integral de la Comisión de completar el marco de gestión de crisis bancarias y garantía de depósitos, ya que el avance de la unión bancaria es un paso esencial para reforzar el mercado único en interés de la ciudadanía y las empresas.

---

(1)  COM(2023) 62 final.

(2)  COM(2023) 242 final.

(3)   Highest ever EU trade deficit recorded in 2022, Eurostat.

(4)   EU trade balance deficit returns almost to zero, Eurostat.

(5)  Media de los países de la OCDE. Véase https://www.oecd.org/newsroom/oecd-job-markets-remain-tight-though-inflation-is-hitting-real-wages.htm.

(6)  Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la coordinación eficaz de las políticas económicas y a la supervisión presupuestaria multilateral y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo [COM(2023) 240 final — 2023/0138 (COD)], la Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo [COM(2023) 241 final — 2023/0137 (CNS)] y la Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2011/85/UE del Consejo sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros [COM(2023) 242 final — 2023/0136 (NLE)] (DO C, C/2023/880, 8.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/880/oj).

(7)   DO C 323 de 26.8.2022, p. 1 y DO C 228 de 29.6.2023, p. 1.

(8)   DO C 290 de 18.8.2023, p. 17.

(9)  La sigla original (en inglés) es DSA, que equivale a Debt sustainability analysis.

(10)  El CESE también está elaborando dos dictámenes específicos sobre este tema: «Plan Industrial del Pacto Verde» (DO C 349 de 29.9.2023, p 179) y «La política industrial como instrumento para reducir las dependencias e impulsar un mercado de productos ecológicos en la UE en las industrias de gran consumo de recursos y energía», pendiente de publicación.

(11)  Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (europa.eu).

(12)   DO C 220 de 9.6.2021, p. 118.

(13)   DO L 322 de 16.12.2022, p. 15.

(14)  COM(2022) 71 final.

(15)   DO L 198 de 22.6.2020, p. 13.

(16)  COM(2022) 453 final.