—

Visto el artículo 225 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Vistos los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

—

Visto el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (1),

—

Vista la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE (2),

—

Vista la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (3),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de febrero de 2020, titulada «Una Estrategia Europea de Datos» (COM(2020)0066),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de marzo de 2018, titulada: «Plan de acción en materia de tecnología financiera: por un sector financiero europeo más competitivo e innovador» (COM(2018)0109),

—

Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 6 de abril de 2016, titulada «Comunicación conjunta sobre la lucha contra las amenazas híbridas — Una respuesta de la Unión Europea» (JOIN(2016)0018),

—

Visto el «Libro Blanco sobre la inteligencia artificial — Un enfoque europeo orientado a la excelencia y la confianza» de la Comisión, de 19 de febrero de 2020 (COM(2020)0065),

—

Vista la respuesta del vicepresidente Dombrovskis, en nombre de la Comisión, a la pregunta E-001130/2017, de 10 de abril de 2017,

—

Visto el informe final de la DG Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales de la Comisión, de octubre de 2019, titulado «Governance for a DLT/Blockchain enabled European electronic Access Point (EEAP)» (Gobernanza para un Punto de Acceso Electrónico Europeo (PAEE) habilitado por tecnología de registro descentralizado y cadenas de bloques) (4),

—

Visto el Estudio de la Comisión relativo a la aplicación del Reglamento sobre las tasas de intercambio (5),

—

Vista la consulta pública de la Comisión, de 17 de febrero de 2020, sobre la revisión del marco regulador para las empresas de inversión y los operadores del mercado,

—

Visto el informe final del Foro de Alto Nivel sobre la Unión de los Mercados de Capitales de la Comisión, de 10 de junio de 2020, titulado «A New Vision for Europe’s Capital Markets» (Una nueva visión para los mercados de capitales europeos) (6),

—

Visto el informe final del Grupo de expertos de la Comisión encargado de evaluar los obstáculos reglamentarios a la innovación financiera: 30 recomendaciones sobre regulación, innovación y financiación, de 13 de diciembre de 2019,

—

Visto el documento de asesoramiento conjunto de las Autoridades Europeas de Supervisión presentado a la Comisión Europea el 10 de abril de 2019 en relación con la necesidad de introducir mejoras legislativas respecto a los requisitos de gestión de los riesgos de las TIC en el sector financiero de la Unión,

—

Visto el documento de asesoramiento conjunto de las Autoridades Europeas de Supervisión presentado a la Comisión el 10 de abril de 2019 en relación con los costes y beneficios del desarrollo de un marco coherente para la realización de pruebas en materia de ciberresiliencia dirigido a los principales participantes del mercado e infraestructuras del conjunto del sector financiero de la Unión,

—

Visto el informe conjunto de las Autoridades Europeas de Supervisión, titulado «FinTech: Regulatory sandboxes and innovation hubs» (Tecnología financiera: entornos de pruebas normativos y polos de innovación), de 7 de enero de 2019 (7),

—

Vistas las Directrices en materia de TIC y gestión de riesgos de seguridad, de 29 de noviembre de 2019, de la Autoridad Bancaria Europea,

—

Visto el informe de la Autoridad Bancaria Europea con recomendaciones a la Comisión en materia de criptoactivos de 9 de enero de 2019,

—

Visto el asesoramiento de la Autoridad Europea de Valores y Mercados para la Comisión en materia de oferta inicial de criptomonedas y criptoactivos, de 9 de enero de 2019,

—

Visto el documento de consulta de la Comisión sobre un marco de la Unión para los mercados de criptoactivos, de diciembre de 2019,

—

Vista su Resolución legislativa, de 27 de marzo de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los proveedores europeos de servicios de financiación participativa (PSFP) para empresas (8),

—

Vista su Resolución, de 3 de octubre de 2018, sobre las tecnologías de registros distribuidos y las cadenas de bloques: fomentar la confianza con la desintermediación (9),

—

Vista su Resolución, de 17 de mayo de 2017, sobre la tecnología financiera: la influencia de la tecnología en el futuro del sector financiero (10),

—

Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2017, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas de Derecho civil sobre robótica (11),

—

Visto el estudio solicitado por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, titulado «Crypto-assets: Key developments, regulatory concerns and responses» (Criptoactivos: principales avances, cuestiones reglamentarias y respuestas), de abril de 2020,

—

Visto el estudio solicitado por la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo, titulado «Consumer Protection Aspects of Financial Services» (Aspectos de los servicios financieros relativos a la protección de los consumidores), de febrero de 2014,

—

Visto el informe del Banco Central Europeo sobre las consecuencias de la digitalización de los pagos al por menor para la función catalizadora del Eurosistema, de julio de 2019,

—

Visto el discurso de Benoît Cœuré titulado «FinTech for the People» (Tecnología financiera para las personas), de 31 de enero de 2019,

—

Visto el discurso de Yves Mersch titulado «Lending and payment systems in upheaval: the FinTech challenge» (Convulsión en los sistemas de préstamo y de pago: el reto de la tecnología financiera), de 26 de febrero de 2019, en la 3.a Conferencia anual sobre tecnología financiera e innovación digital,

—

Visto el informe del Consejo de Estabilidad Financiera titulado «Decentralized financial technologies: Report on financial stability, regulatory and governance implications» (Tecnologías financieras descentralizadas: informe sobre la estabilidad financiera y las repercusiones sobre la regulación y la gobernanza), de 6 de junio de 2019,

—

Visto el informe del Consejo de Estabilidad Financiera sobre la tecnología financiera y la estructura del mercado en los servicios financieros, la evolución del mercado y las posibles consecuencias para la estabilidad financiera, de 14 de febrero de 2019,

—

Visto el informe del Consejo de Estabilidad Financiera titulado «Crypto-assets: Report to the G-20 on work by the FSB and standard-setting bodies» (Criptoactivos: informe al G-20 sobre la labor del Consejo de Estabilidad Financiera y los organismos de normalización), de 16 de julio de 2018,

—

Visto el informe del Consejo de Estabilidad Financiera sobre las repercusiones de la tecnología financiera para la estabilidad financiera y las cuestiones de supervisión y regulación que merecen la atención de las autoridades, de 27 de junio de 2017,

—

Visto el documento de consulta del Consejo de Estabilidad Financiera, titulado «Addressing the regulatory, supervisory and oversight challenges raised by “global stablecoin” arrangements» (Hacer frente a los desafíos reglamentarios, de supervisión y de vigilancia que plantean los acuerdos sobre monedas estables mundiales), de 14 de abril de 2020,

—

Vista la investigación sobre los efectos de las monedas estables mundiales, por parte del grupo de trabajo del G-7 sobre monedas estables, de octubre de 2019,

—

Visto el documento «Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers» (Directrices para un enfoque basado en el riesgo respecto de los activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales) del Grupo de Acción Financiera Internacional, de junio de 2019,

—

Vistas las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, actualizadas en junio de 2019, en particular la recomendación n.o 16, sobre las transferencias electrónicas de fondos,

—

Visto el análisis del Banco de Pagos Internacionales titulado «Policy responses to FinTech: a cross-country overview» (Respuestas políticas a la tecnología financiera: visión por países), de enero de 2020,

—

Vista la intervención de Fernando Restoy titulada «Regulating FinTech: what is going on, and where are the challenges?» (Regulación de la tecnología financiera: ¿qué está pasando y dónde están los retos?), de 16 de octubre de 2019, en el XVI Diálogo Regional de Política en el sector bancario público y privado (ASBA-BID-FELABAN),

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Vistos los artículos 47 y 54 de su Reglamento interno,

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Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A9-0161/2020),

A.

Considerando que las finanzas digitales son un ámbito del sector financiero en constante evolución que merece una supervisión y una atención continuos, tanto por parte del sector como de la normativa;

B.

Considerando que el mercado interior de la Unión se caracteriza por libre competencia y busca crear la igualdad de condiciones mediante un marco regulador armonizado, el respeto de las normas internacionales y la convergencia y la cooperación en materia de supervisión; que, por tanto, la estrategia de la Unión sobre finanzas digitales debe basarse en estos mismos principios;

C.

Considerando que, al regular las empresas de tecnología financiera, es necesario un enfoque equilibrado entre el impulso a la innovación y la garantía de un elevado nivel de protección de los inversores y de estabilidad financiera;

D.

Considerando que el término «criptoactivo» se utiliza para hacer referencia a una amplia variedad de activos digitales, entre otros, las monedas virtuales y las fichas, pero que a veces se excluyen ciertas formas de monedas estables o determinadas criptofichas, como las criptofichas de inversión;

E.

Considerando que los dos componentes más habituales de los criptoactivos adoptados son: i) el carácter privado del derecho relativo al activo, crédito o derecho subyacentes y ii) el uso de criptografía y de tecnología de registro descentralizado o similar para respaldar los intercambios del activo y su valor inherente o percibido;

F.

Considerando que, en la actualidad, ningún banco central o autoridad pública de la Unión emite ni garantiza criptoactivos, y que estos pueden tener distintos usos, por ejemplo, como medios de intercambio, con fines de inversión y para acceder a bienes o servicios;

G.

Considerando que las monedas estables presentan características similares a los criptoactivos y no adoptan la forma de ninguna moneda específica sino que se basan en una serie de instrumentos con el fin de minimizar las fluctuaciones de su precio denominado en una moneda; que algunos criptoactivos, incluidas las monedas estables y sus tecnologías asociadas, tienen potencial para aumentar las eficiencias, la competencia y la transparencia, y para aportar importantes oportunidades y beneficios a la sociedad, ya que algunos de ellos pueden dar lugar a pagos más baratos y rápidos y ofrecer nuevas fuentes de financiación para las pequeñas y medianas empresas; que dicha serie de instrumentos destinada a minimizar las fluctuaciones de precios no ha sido probada en situaciones en las que se realiza un gran número de transacciones con monedas estables;

H.

Considerando que el debate público sobre el lanzamiento por privados de monedas estables puede estar relacionado con determinadas deficiencias en el panorama de pagos de la Unión;

I.

Considerando que las monedas estables podrían convertirse en un medio de pago de uso generalizado, lo que debería poner en marcha una acción normativa y de supervisión adecuada;

J.

Considerando que una moneda digital emitida por un banco central se basa en el concepto de un activo estable, tiene carácter soberano y, por tanto, es distinto de los criptoactivos; que el Banco Popular de China está probando una moneda digital emitida por un Banco Central, el DCEP (por sus siglas en inglés); que el potencial uso mundial del DCEP podría tener repercusiones en el comercio internacional y en la protección de los consumidores;

K.

Considerando que se están estudiando posibles iniciativas para la aplicación de monedas digitales emitidas por bancos centrales, tanto dentro de la Unión como a escala mundial;

L.

Considerando que las finanzas digitales tienen un importante elemento transfronterizo, que va más allá de la Unión y que, por lo tanto, la elaboración de normas y la cooperación internacionales, así como una supervisión eficiente y eficaz por parte de la Unión en este ámbito resultan fundamentales;

M.

Considerando que el desarrollo de instrumentos de finanzas digitales puede contar con un importante elemento de flujos de capital que atrae las inversiones transfronterizas; que, por consiguiente, las finanzas digitales pueden contribuir a la competitividad de la Unión en los mercados mundiales;

N.

Considerando que, según los datos de mercado (12), en junio de 2020 existían más de 5 600 criptoactivos en todo el mundo, con una capitalización total de mercado superior a los 260 000 millones de dólares estadounidenses (13), el 65 % de la cual la compone únicamente el bitcoin;

O.

Considerando que, según los datos de mercado, las monedas estables han alcanzado una capitalización total de mercado de 10 000 millones de euros en junio de 2020, desde los 1 500 millones de euros de enero de 2018, y que, pese a su alcance todavía limitado en comparación con otras criptomonedas, tienen potencial para lograr rápidamente una escala mundial y una amplia base de usuarios masivos, en especial si son adoptadas por las grandes empresas tecnológicas que aprovechan sus redes;

P.

Considerando que los expertos del Banco Central Europeo (BCE) observaron en su publicación de 2019 (14) que, a pesar de ser altamente especulativos, los criptoactivos no representan una amenaza inmediata para la estabilidad financiera; que tanto la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) (15) como la Autoridad Bancaria Europea (ABE) (16) comparten este punto de vista; que el Fondo Monetario Internacional (FMI) llegó a la misma conclusión en su informe sobre la estabilidad financiera mundial de 2018, al igual que el Consejo de Estabilidad Financiera (CEF) en su informe de julio de 2018, si bien este último considera que se debe proseguir el análisis habida cuenta de la rápida evolución de estos mercados;

Q.

Considerando que, como señalaba el informe de la ABE, las entidades financieras están acometiendo actualmente un número relativamente limitado de actividades relacionadas con los criptoactivos, pero que es probable que su interés crezca, en especial en el contexto del aumento del uso de soluciones basadas en la tecnología de registro descentralizado; que dichas actividades incluyen el mantenimiento u obtención de exposición a los criptoactivos, la suscripción de ofertas iniciales de criptomonedas (OIC) o la oferta de servicios en relación con los criptoactivos, como la prestación de servicios de intercambio o de custodia de monederos electrónicos; que las actuales normas prudenciales no son adecuadas para capturar la elevada volatilidad y los elevados riesgos de los criptoactivos;

R.

Considerando que estudios recientes sugieren que los criptoactivos se utilizan sobre todo como inversión especulativa, no como medio de pago para bienes o servicios ofrecidos por un comerciante legal; que las AES han puesto de relieve que los criptoactivos que no cumplen los requisitos de los instrumentos financieros dentro del ámbito de aplicación del Reglamento Financiero de la Unión plantean riesgos específicos, en particular, para la protección de los inversores y los consumidores, y para la integridad del mercado; que los criptoactivos pueden incrementar el riesgo de blanqueo de capitales, prácticas fraudulentas, evasión fiscal y ataques externos;

S.

Considerando que la adopción de nuevas tecnologías puede contribuir significativamente a que las empresas de servicios financieros cumplan sus actuales obligaciones en materia de supervisión y conformidad;

T.

Considerando que, dentro de la gama de criptoactivos que cumplen las condiciones de instrumentos financieros con arreglo al Derecho de la Unión, su clasificación como tales depende de que las autoridades nacionales competentes apliquen a escala nacional el Derecho de la Unión, lo que crea discrepancias en el enfoque regulador y de supervisión, y perjudica así a la coherencia y las condiciones de competencia equitativas en la Unión; que dicha clasificación e integración en el marco legislativo de la Unión no es fácil, ya que los distintos criptoactivos tienen características diferentes, que pueden cambiar con el tiempo;

U.

Considerando que las OIC podrían ofrecer una fuente alternativa de financiación para compañías y empresas emergentes innovadoras en la fase temprana de su desarrollo, pero que también exponen a los inversores a un alto riesgo de pérdidas por su naturaleza altamente especulativa y su vulnerabilidad frente al fraude; que el Informe Económico Anual del Banco de Pagos Internacionales para 2018 constató que, al menos el 22,5 % de las OIC habían resultado ser estafas piramidales fraudulentas;

V.

Considerando que los criptoactivos tienen potencial para reducir los costes de las transacciones de modo seguro en un mundo con cada vez más vigilancia digital, si se someten a un sistema reglamentario estricto, apto para su uso y basado en el riesgo;

W.

Considerando que las finanzas digitales pueden contribuir de varias maneras a contrarrestar los efectos económicos del brote de COVID-19 y sus consecuencias para los ciudadanos, las pymes y otras empresas, y los servicios financieros; que el brote de COVID-19 ha demostrado, en distinto grado en los Estados miembros, el potencial que ofrecen las finanzas digitales, tanto para los consumidores como para la economía;

X.

Considerando que las grandes empresas tecnológicas y las plataformas digitales mundiales ofrecen cada vez más servicios financieros; que estos grandes operadores del sector digital aprovechan ventajas competitivas como las economías de escala, unas enormes redes transfronterizas de usuarios, un fácil acceso a la financiación y la capacidad de recopilar grandes cantidades de datos facilitados por los usuarios mediante tecnologías de tratamiento de datos como el «análisis de macrodatos», que generan un inmenso valor añadido de distintos modos; que la presencia de las grandes empresas tecnológicas en los mercados de tecnología financiera tiene potencial para perjudicar la competencia leal y la innovación;

Y.

Considerando que las actividades fraudulentas descubiertas recientemente en el sector de la tecnología financiera ponen de manifiesto la necesidad de una perspectiva holística de los riesgos para la protección de consumidores e inversores en relación con los fallos en la información financiera, el fraude y los procedimientos de insolvencia;

Z.

Considerando que el porcentaje de pagos no basados en el efectivo ha aumentado significativamente en los últimos años; que un marco mejorado para las transacciones sin efectivo no debe socavar la capacidad de utilizar el efectivo como medio de pago;

AA.

Considerando que el sector financiero es el principal usuario de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el mundo, y representa una quinta parte del gasto total en TIC;

AB.

Considerando que la aplicación de nuevas tecnologías en el sector financiero puede acarrear nuevos riesgos que es conveniente regular y vigilar a fin de garantizar la estabilidad financiera, la integridad del mercado interior y la protección de los consumidores;

AC.

Considerando que el mayor uso de la inteligencia artificial en los servicios financieros comportará la necesidad de una mayor resiliencia operativa, de una supervisión adecuada y de la protección de los datos de los consumidores tal como prevé la legislación de la Unión;

AD.

Considerando que los nuevos problemas operativos, en especial los riesgos relativos a las TIC y a la seguridad, pueden generar riesgos sistémicos para el sector financiero; que estos nuevos riesgos deben abordarse mediante las medidas adecuadas, tal como señaló la Junta Europea de Riesgo Sistémico (17);

AE.

Considerando que el vigente código normativo de la Unión para los servicios financieros adopta un enfoque fragmentario de la cuestión de las disposiciones relativas al riesgo operativo;

AF.

Considerando que los riesgos relativos a las TIC y a la seguridad a que se enfrenta el sector financiero, junto a su nivel de integración en el ámbito de la Unión, justifican acciones concretas y más avanzadas que se basen en la Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión (18), pero vayan más allá;

AG.

Considerando que la ciberresiliencia es parte integrante del trabajo sobre la resiliencia operativa de las entidades financieras que llevan a cabo las autoridades a escala mundial;

AH.

Considerando que un mercado financiero de la Unión que funcione bien, sea sostenible y resiliente debe tener una alta eficiencia en la asignación de capital y riesgo y la inclusión financiera más amplia de ciudadanos dentro de los servicios financieros;

AI.

Considerando que el uso de los servicios de computación en la nube puede ofrecer importantes ventajas en cuanto a resiliencia y eficiencia operativas para los proveedores de servicios financieros, en comparación con soluciones preexistentes y presenciales, pero que añade desafíos relativos a la seguridad de datos y procesos, la continuidad del negocio en caso de interrupciones y la vulnerabilidad general en relación con los ciberdelitos;

AJ.

Considerando que hacen falta condiciones de competencia equitativas entre las empresas de servicios financieros y las empresas tecnológicas, para garantizar que todas compiten en igualdad de condiciones, de acuerdo con el principio de aplicar las mismas normas a las mismas actividades y a los mismos riesgos;

AK.

Considerando que la introducción de los servicios financieros digitales no debería dar lugar a un arbitraje regulador, a una menor protección de los consumidores, a una seguridad reducida ni a riesgos en la estabilidad financiera;

AL.

Considerando que muchas grandes entidades financieras de la Unión encargan sus servicios de computación en la nube a proveedores de terceros países;

AM.

Considerando que el Comité Europeo de Protección de Datos juega un papel esencial para ayudar a las empresas a comprender sus obligaciones de cumplimiento en virtud del Reglamento general de protección de datos;

AN.

Considerando que los criptoactivos no tienen, normalmente, una entidad originadora conocida ni crean una deuda financiera con respecto a un activo subyacente, al contrario que las monedas estables, las criptofichas de inversión y las criptofichas respaldadas con bienes, todas ellas con una originadora conocida;

AO.

Considerando que, si bien las criptofichas emitidas por emprendedores en forma de créditos sobre un flujo de caja, un crédito sobre capital social o un crédito sobre un futuro producto o servicio se pueden clasificar de distintas formas, su clasificación en el Derecho de la Unión debe aportar previsibilidad reglamentaria y homogeneidad en los mercados europeos; que una normativa tecnológicamente pertinente y funcional de las criptofichas debe tener en cuenta potenciales diseños híbridos y ofrecer definiciones que maximicen la protección de consumidores e inversores, aumenten la seguridad jurídica y aprovechen el enorme potencial de estos instrumentos para la financiación de proyectos empresariales de riesgo; que la función económica subyacente de las criptofichas es un importante indicador para su clasificación;

AP.

Considerando que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) adoptó una definición amplia de moneda virtual y recomendó que, en el ámbito de las obligaciones de lucha contra el blanqueo de capitales y contra la financiación del terrorismo, se incluya a todas aquellas personas físicas o jurídicas que realicen actividades como el intercambio entre criptoactivos, la transferencia de criptoactivos y la participación en servicios financieros relacionados con las ofertas iniciales de criptomonedas, y la prestación de dichos servicios;

AQ.

Considerando que el blanqueo de capitales es un peligro esencial que debe evitarse en el ámbito de las finanzas digitales; que, a pesar de que las finanzas digitales puedan mejorar la inclusión financiera, debe seguir existiendo un régimen exhaustivo de obligación de conocimiento del cliente (KYC) y respeto de las obligaciones de lucha contra el blanqueo de capitales, tal como prevé el Derecho de la Unión; que, aunque pueden utilizarse las criptomonedas para actividades ilegales, su estatus reglamentario como medios de pago, en lugar de medios de intercambio, puede mejorar el seguimiento y la prevención de los delitos financieros;

AR.

Considerando que el aumento de la conectividad, el internet de las cosas y la interacción entre seres humanos y máquinas pueden crear mejores experiencias de servicios financieros, pero que también entrañan nuevos riesgos relacionados con la privacidad y la protección de los datos personales, la calidad de la interacción, la gestión de los riesgos operativos y los desafíos en materia de ciberseguridad;

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