COMISIÓN EUROPEA
Bruselas, 26.1.2017
COM(2017) 46 final
PROYECTO DE PRESUPUESTO RECTIFICATIVO n.º 1
AL PRESUPUESTO GENERAL DE 2017
que acompaña a la propuesta de movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para prestar asistencia al Reino Unido, Chipre y Portugal
Vistos:
–el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 314, leído en relación con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, y en particular su artículo 106 bis,
–el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, y en particular su artículo 41,
–el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2017, aprobado el 1 de diciembre de 2016,
La Comisión Europea presenta al Parlamento Europeo y al Consejo el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 1 del presupuesto de 2017.
CAMBIOS EN EL ESTADO DE INGRESOS Y DE GASTOS POR SECCIÓN
Los cambios en el estado de ingresos y de gastos por sección están disponibles en EUR-Lex (
http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm
). Se adjunta a título informativo, como anexo presupuestario, la versión inglesa de los cambios efectuados en dicho estado de ingresos y de gastos.
ÍNDICE
1.
INTRODUCCIÓN
2.
Movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea
2.1Reino Unido — Inundaciones de 2016
2.2Chipre - Sequía e incendios en 2016
2.3Portugal — Incendios en Madeira en 2016
3.
Financiación
4.
Conclusión
1.INTRODUCCIÓN
El proyecto de presupuesto rectificativo (PPR) n.º 1 para el ejercicio 2017 incluye la movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) por un importe de 71 524 810 EUR en créditos de compromiso y de pago. La movilización responde a las inundaciones ocurridas en el Reino Unido, a la sequía y los incendios en Chipre y a los incendios en Portugal.
2.Movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea
En septiembre de 2016, la Comisión recibió la solicitud de ayuda financiera completa del FSUE en relación con las inundaciones en el Reino Unido, tras la solicitud incompleta presentada inicialmente en febrero de 2016. Durante el mes de septiembre de 2016, la Comisión también recibió dos solicitudes de ayuda financiera del FSUE en relación con la sequía y los incendios ocurridos en Chipre, así como en relación con los incendios en Portugal.
Los servicios de la Comisión han realizado un examen detallado de la solicitud conforme a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 2012/2002 por el que se crea el FSUE (en lo sucesivo, «el Reglamento»), y en particular sus artículos 2, 3 y 4.
A continuación, se resumen los elementos más importantes de las evaluaciones.
2.1Reino Unido — Inundaciones de 2016
1)Durante los meses de diciembre de 2015 y enero de 2016, lluvias abundantes y un fuerte viento dieron lugar a inundaciones y originaron daños y destrucción de infraestructuras públicas y privadas, en viviendas y en la agricultura. Se vieron afectadas un total de 11 regiones del Reino Unido. Los sucesos incluyeron una serie de fuertes tormentas como la tormenta Desmond de los días 5 y 6 de diciembre y la tormenta Eva del 24 de diciembre.
2)La inundación es de origen natural y, por lo tanto, entra dentro del principal ámbito de aplicación del FSUE.
3)La solicitud del Reino Unido se recibió inicialmente el 26 de febrero de 2016, dentro del plazo de 12 semanas tras los primeros daños registrados el 5 de diciembre de 2016. En su solicitud, las autoridades del Reino Unido subrayaron que la evaluación de los daños estaba incompleta y que los datos solo tenían un carácter provisional. El expediente de solicitud final solo se completó el 22 de septiembre de 2016, después de que la Comisión hubiese escrito formalmente a las autoridades del Reino Unido y fijara un plazo que concluía a finales de septiembre de 2016.
4)El Reino Unido no solicitó el pago de anticipo alguno.
5)Las autoridades del Reino Unido estimaron el daño directo total causado por la catástrofe en 2 300 millones EUR. En su último escrito de 22 de septiembre se actualizó esta cifra a 2 412,042 millones EUR. Este importe representa el 73 % del umbral de intervención del FSUE de 3 312,242 millones EUR para las «catástrofes graves» aplicable al Reino Unido en 2106 (es decir, 3 000 millones EUR a precios de 2011).
6)Puesto que el daño directo total se mantuvo por debajo del umbral para catástrofes graves sobre la base del cual activar el Fondo de Solidaridad, la solicitud se presentó y examinó sobre la base de los criterios para «catástrofes regionales», tal como se establece en el artículo 2, apartado 3, del Reglamento, que define como «catástrofe regional» toda catástrofe natural que produzca, en una región de nivel NUTS 2 de un Estado admisible, daños directos estimados en más del 1,5 % del PIB de esa región. La solicitud del Reino Unido se refiere a varias regiones únicas de nivel NUTS 2 (véase la nota a pie de página anterior). Los daños directos señalados, de 2 412,042 millones EUR, representan el 5,77 % del PIB medio ponderado de las regiones afectadas por la catástrofe (41 784 millones EUR sobre la base de las cifras de 2014) y superan el umbral del 1,5 % fijado en el artículo 2, apartado 3, del Reglamento. La solicitud del Reino Unido puede optar, por tanto, a una contribución del Fondo de Solidaridad.
7)En cuanto al impacto y las consecuencias de la catástrofe, 16 143 casas quedaron inundadas y alrededor de 3 600 familias tuvieron que buscar un alojamiento alternativo. El Reino Unido también informó de que 4 985 empresas habían quedado inundadas. Durante el período, 1 700 militares fueron movilizados para apoyar los trabajos de rescate y recuperación, llegando a alrededor de 700 sobre el terreno en un momento dado. En previsión de las inundaciones, se difundieron avisos y, cuando fue necesario, algunas personas fueron evacuadas de sus hogares. En la medida de lo posible, se mantuvieron las protecciones contra las inundaciones y se establecieron más de 5 km de protecciones temporales contra las inundaciones. Se desplegaron previamente 43 equipos de bombeo adicionales en las zonas afectadas y se retiró todo aquello que bloqueaba los cursos de agua con el fin de reducir al mínimo los daños. La catástrofe tuvo un claro impacto en el sector turístico (por ejemplo, cancelaciones de estancias hoteleras, menor número de turistas) y más concretamente afectó al 35 % de las empresas turísticas ubicadas en las zonas afectadas del norte de Inglaterra. Las explotaciones agrícolas también sufrieron una pérdida de producción. Entre las consecuencias cabe mencionar los daños o pérdidas en las cosechas y los productos almacenados, la imposibilidad de acceso a las tierras de cultivo, el coste del desplazamiento de animales y las operaciones de limpieza. El impacto más significativo, sin embargo, se produjo en las infraestructuras de transporte. Puentes esenciales quedaron dañados o destruidos. Por ejemplo, los daños causados al viaducto de Lamington, cerca de Lockerbie, han supuesto que la West Coast Mainline, eje fundamental de la red ferroviaria entre Inglaterra y Escocia quedara fuera de servicio.
8)Las autoridades del Reino Unido cifraron el coste de las operaciones de emergencia y recuperación de primera necesidad subvencionables en virtud del artículo 3, apartado 2, del Reglamento, en 408,232 millones EUR, desglosados por tipos de operación. La mayor parte de estas operaciones (por encima de los 338 millones EUR) se refieren al sector de los transportes. El segundo componente más importante tiene que ver con la protección de las infraestructuras de prevención por un valor superior a 32 millones EUR.
9)Las regiones afectadas son consideradas admisibles como «regiones menos desarrolladas», «regiones en transición» y «regiones más desarrolladas» en virtud de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (EIE) (2014-2020). Las autoridades británicas declararon que su dotación con cargo al Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural se ha utilizado para ayudar a los agricultores en sus tareas de recuperación sobre la base de las solicitudes que se iban presentando y se han transferido 12,5 millones EUR a la restauración del potencial de producción agrícola dañado por las catástrofes y desastres naturales y la implantación de medidas preventivas adecuadas.
10)Por lo que se refiere a la aplicación de la legislación de la Unión sobre prevención y gestión del riesgo de catástrofes, actualmente no existe ningún procedimiento de infracción en curso. Los reglamentos en materia de mapas de riesgo de inundaciones (2009) aplican la Directiva relativa a la evaluación y la gestión de los riesgos de inundación. La Directiva establece un marco de amplio alcance para reducir los riesgos de daños causados por inundaciones a escala comunitaria y permite que los Estados miembros apliquen sus planes y evaluaciones de riesgo de inundación existentes para cumplir los requisitos de la Directiva. La Agencia de Medio Ambiente y otras autoridades de gestión de riesgo han utilizado, en la medida de lo posible, los mapas globales y los planes existentes en materia de riesgos de inundación. Estos se complementarán mediante planes de gestión del riesgo de inundación que agrupan por primera vez medidas para abordar todas las fuentes de posibles inundaciones locales en Inglaterra.
11)En el momento de presentar la solicitud, el Reino Unido no era objeto de procedimientos de infracción en relación con la legislación de la Unión relativa a la naturaleza de la catástrofe.
12)Las autoridades británicas confirmaron que no existe ninguna cobertura de seguros para los costes subvencionables.
2.2Chipre - Sequía e incendios en 2016
1)Durante el período comprendido entre octubre de 2015 y junio de 2016, la isla de Chipre registró escasísimas precipitaciones en combinación con temperaturas extremadamente altas, lo que condujo a una grave sequía con importantes pérdidas de cosechas e incendios de vegetación y bosques, escasez de agua para la agricultura y para la población, y los consiguientes problemas en los sistemas de suministro de agua. En junio de 2016, la situación se agravó debido a dos grandes incendios incontrolados iniciados en los días 18 y 19 de junio y quemaron una superficie de más de 2 600 hectáreas de bosques estatales.
2)La sequía y los fuegos son de origen natural y, por lo tanto, entran dentro del principal ámbito de aplicación del FSUE.
3)La solicitud de Chipre se recibió el 5 de septiembre de 2016, dentro del plazo de 12 semanas tras los primeros daños registrados el 14 de junio de 2016, cuando se tomaron las primeras medidas contra la sequía. A raíz de una petición de la Comisión, el 21 de octubre de 2016 se presentó información adicional demostrando la exactitud de dicha fecha. Por tanto, la solicitud se recibió dentro del plazo establecido por el Reglamento.
4)En su solicitud, Chipre solicitó el pago de un anticipo de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 bis del Reglamento. El 17 de noviembre de 2016, la Comisión adoptó la Decisión de Ejecución C(2016) 7572 por la que se concedía un anticipo por valor 729 876 EUR, es decir, un 10 % de la contribución financiera prevista del Fondo, que desembolsó a continuación íntegramente a Chipre.
5)Las autoridades chipriotas estimaron el daño directo total causado por la catástrofe en 180,803 millones EUR. Dicho importe representa el 1,78 % de la RNB de Chipre y excede el umbral de intervención del Fondo de Solidaridad para catástrofes graves de 100,412 millones EUR aplicable a Chipre en 2016 (es decir, el 0,6 % de la RNB basada en datos de 2014). Como el daño directo total calculado supera el umbral para las «catástrofes graves», la catástrofe puede considerarse como «catástrofe grave de carácter natural».
6)En cuanto al impacto y las consecuencias de la catástrofe, la escasez de agua provocó graves daños en la agricultura, los hogares y el medio ambiente. Afectó a un total de 374 aldeas. Gran parte de los distritos de Famagusta, Nicosia y Larnaca sufrieron un 100 % de daños en los cultivos de secano (como cebada, trigo y otros cultivos forrajeros no regados). El flujo de entrada de agua a los depósitos de agua se redujo drásticamente, en particular el embalse de Kouris, la principal fuente de riego y de estaciones de tratamiento de aguas, sufrió un importante descenso en su nivel de agua. Sobre la base de los datos históricos desde el año 1901, el nivel de precipitaciones entre octubre de 2015 y junio de 2016 fue el sexto más bajo en 104 años y el cuarto más bajo de los últimos 50 años. Además del impacto de la seguía ya citada, a mediados de junio de 2016, una ola de calor provocó dos grandes incendios forestales en Chipre. El primero, en Argaka, quemó una superficie de 763 hectáreas del bosque estatal de Pafos. El segundo, en Solea, quemó 1 879 hectáreas, la mayoría de las cuales en el bosque estatal de Adelfoi.
7)Las autoridades chipriotas cifraron el coste de las operaciones de emergencia y recuperación de primera necesidad subvencionables en virtud del artículo 3, apartado 2, del Reglamento, en 49 millones EUR, desglosados por tipos de operación. La mayor parte de estas operaciones (por encima de los 46,082 millones EUR) se refiere al coste de la intervención de los servicios de emergencia contra los incendios incontrolados. El segundo componente más importante se refiere a la restauración inmediata de las zonas naturales afectadas para evitar efectos inmediatos a causa de la erosión del suelo por un importe de 2 484 millones EUR.
8)La región afectada se considera una «región más desarrollada» con arreglo a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (2014-2020). Las autoridades chipriotas no han manifestado a la Comisión su intención de reasignar los fondos de los programas del Fondo EIE a medidas de recuperación.
9)Por lo que se refiere a la aplicación de la legislación de la Unión sobre prevención y gestión del riesgo de catástrofes, actualmente no existe ningún procedimiento de infracción en curso. La legislación pertinente de la Unión en relación con los incendios forestales la constituye la Decisión 1313/2013/UE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativa a un mecanismo de protección civil de la Unión y, en este sentido, son especialmente pertinentes las disposiciones del artículo 6 (gestión de riesgos). Para ajustarse al Derecho de la Unión, se elaboró una cartografía de los riesgos de incendio para Chipre en el marco del Acuerdo de Colaboración n°: 21283-2003-10 SOSC ISP CY entre el Centro Común de Investigación (CCI) de la Comisión Europea y el Departamento de Bosques de la República de Chipre. La gestión de los riesgos de catástrofe de la sequía en la agricultura en virtud del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo prevé el establecimiento y la movilización de un instrumento de estabilización de las rentas en virtud de la política agrícola común. Chipre declara que no tiene intención de utilizar el instrumento de estabilización.
10)En el momento de presentar la solicitud, Chipre no era objeto de procedimientos de infracción en relación con la legislación de la Unión relacionada con la naturaleza de la catástrofe.
11)Las autoridades chipriotas confirmaron que no hay ninguna cobertura de seguros para los costes subvencionables.
2.3Portugal — Incendios en Madeira en 2016
1)Entre el 8 y el 13 de agosto de 2016, la isla portuguesa de Madeira sufrió importantes incendios incontrolados que asolaron una superficie de 6 000 hectáreas. Los incendios fueron provocados por las altas temperaturas, los vientos muy fuertes y una humedad extremadamente baja. Provocaron la destrucción de infraestructuras públicas básicas, edificios públicos, viviendas privadas, empresas y tierras agrícolas.
2)Los fuegos son de origen natural y, por lo tanto, entran dentro del principal ámbito de aplicación del FSUE.
3)La solicitud de Portugal se recibió el 21 de septiembre de 2016, en el plazo de 12 semanas tras los primeros daños registrados el 8 de agosto de 2016. Por tanto, la solicitud se recibió en el plazo establecido por el Reglamento.
4)En su solicitud, Portugal solicitó el pago de un anticipo de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 bis del Reglamento. El 9 de noviembre de 2016, la Comisión adoptó la Decisión de Ejecución C(2016) 7572 por la que se concedía un anticipo por valor 392 500 EUR, es decir, un 10 % de la contribución financiera prevista del Fondo, que desembolsó a continuación íntegramente a Portugal.
5)Las autoridades portuguesas estimaron el daño directo total causado por la catástrofe en 157 millones EUR. Este importe representa el 15 % del umbral de intervención del FSUE para catástrofes graves de 1 026,714 millones EUR aplicable a Portugal en 2106 (0,6 % de los 171 119 millones EUR a precios de 2014).
6)Puesto que el daño directo total era inferior al umbral para catástrofes graves que debe alcanzarse para activar el Fondo de Solidaridad, la solicitud se presentó y examinó sobre la base de los criterios para «catástrofes regionales», tal como se establece en el artículo 2, apartado 3, del Reglamento, que define como «catástrofe regional» toda catástrofe natural que produzca daños directos estimados en más del 1,5 % del PIB en una región de nivel NUTS 2 de un Estado admisible. Como la solicitud se refiere a la isla portuguesa de Madeira (PT30 Região Autónoma da Madeira), el umbral aplicado es del 1 % del PIB, ya que se trata de una región ultraperiférica en el sentido del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Los daños directos señalados por un importe de 1 157 millones EUR representan el 3,84 % del PIB de la región (4 085 millones EUR sobre la base de las cifras de 2014) por lo que superan el umbral del 1 % contemplado en el artículo 2, apartado 3, del Reglamento. La solicitud de Portugal puede, por lo tanto, optar a una contribución del Fondo de Solidaridad.
7)En cuanto al impacto y las consecuencias de la catástrofe, la capital, Funchal, y el municipio de Calheta se vieron seriamente afectados como consecuencia del fuerte impacto en la vida cotidiana de las poblaciones y en las propiedades, incluidos tres heridos. Las zonas quemadas abarcan 6 000 hectáreas, de las cuales 560 son zonas protegidas pertenecientes a la red «Natura 2000». La «Quinta do Monte», una famosa construcción histórica de propiedad estatal, también se vio afectada. Por otra parte, Portugal comunicó que se habían producido daños en 233 casas, de las cuales 154 quedaron completamente destruidas. Varias explotaciones agrícolas se vieron afectadas, 24 empresas y 5 hoteles, así como hospitales y escuelas locales quedaron dañados. Además, se vieron afectadas infraestructuras básicas tales como redes eléctricas que suministran electricidad a 400 abonados.
8)Las autoridades portuguesas cifraron el coste de las operaciones de emergencia y recuperación de primera necesidad subvencionables en virtud del artículo 3, apartado 2, del Reglamento, en 7,347 millones EUR, desglosados por tipos de operación. La mayor parte de estas operaciones (por encima de los 1,816 millones EUR) se refieren a los costes generados por el alojamiento provisional. El segundo componente más importante de los costes se refiere a las medidas de limpieza por un importe de 1,756 millones EUR.
9)La región afectada se considera una «región menos desarrollada» con arreglo a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (2014-2020). Las autoridades portuguesas han manifestado a la Comisión su intención de reasignar los fondos de los programas del Fondo EIE a medidas de recuperación.
10)Por lo que se refiere a la aplicación de la legislación de la Unión sobre prevención y gestión del riesgo de catástrofes, actualmente no existe ningún procedimiento de infracción en curso. La solicitud portuguesa incluye una descripción de las medidas de prevención existentes. Por ejemplo, en 2015, la Resolución n.º 56/2015 del Consejo de Ministros publicada en el Diario Oficial de la República Portuguesa n.º 147, de 30 de julio de 2015, aprobó el marco estratégico para la política climática, el programa nacional para el cambio climático y la estrategia nacional de adaptación al cambio climático, documentos estratégicos en consonancia con la legislación europea sobre prevención y gestión de riesgos relacionados con la naturaleza de los incendios forestales que causan catástrofes.
11)En el momento de presentar la solicitud, Portugal no era objeto de procedimientos de infracción en relación con la legislación de la Unión relacionada con la naturaleza de la catástrofe.
12)Las autoridades portuguesas confirmaron que no existe ninguna cobertura de seguros para los costes subvencionables, excepto un importe de 360 000 EUR ya notificado.
3.Financiación
La metodología para calcular la ayuda del Fondo de Solidaridad se definió en el informe anual 2002-2003 relativo al Fondo de Solidaridad y fue aceptada por el Consejo y el Parlamento Europeo.
Como la justificación esencial para la creación del Fondo fue la solidaridad, la Comisión considera que la ayuda del Fondo debe ser progresiva. Ello significa que, según prácticas anteriores, la parte de los daños que rebase el umbral para «catástrofes graves» sobre la base del cual activar el Fondo de Solidaridad (a saber, la cantidad inferior entre el 0,6 % de la RNB y 3 000 millones EUR a precios de 2011) debe dar lugar a un volumen de ayuda más importante que la parte de los daños sufridos hasta el umbral. El índice aplicado en el pasado para definir las asignaciones destinadas a catástrofes graves es del 2,5 % del total de los daños directos sufridos por debajo del umbral principal y del 6 % en el caso de que se sobrepase dicho umbral. Para las catástrofes regionales y las catástrofes aceptadas conforme al criterio de «país vecino», el tipo aplicable es del 2,5 %.
La cuantía de la ayuda del Fondo de Solidaridad no podrá sobrepasar el coste total estimado de las operaciones subvencionables mencionadas en los respectivos apartados (5) antes mencionados para el Reino Unido, Chipre y Portugal.
Al calcular el importe total de las ayudas del FSUE, se aplicó el 2,5 % en el caso del Reino Unido y Portugal puesto que el daño directo total se mantiene por debajo de sus respectivos umbrales para catástrofes graves. En el caso de Chipre, se aplicó el 2,5 % hasta el nivel del umbral para catástrofes graves y el 6 % se aplicará a la parte de los daños totales directos por encima de este umbral.
Por lo tanto, la Comisión propone, en consecuencia, aplicar los mismos porcentajes y conceder los importes de ayuda siguientes:
|
Catástrofe
|
Daño directo total
(millones EUR)
|
Umbral aplicado a catástrofes regionales
(millones EUR)
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Umbral aplicado a catástrofes graves
(millones EUR)
|
2,5 % del total de los daños directos hasta el umbral principal
(EUR)
|
6 % del total de los daños directos por encima del umbral principal
(EUR)
|
Importe total de la ayuda propuesta
(EUR)
|
|
Reino Unido — Inundaciones en 2016 (catástrofe regional)
|
2 412,042
|
626,764
|
n.a.
|
60 301 050
|
-
|
60 301 050
|
|
Chipre - Sequía e incendios en 2016 (catástrofe grave)
|
180,803
|
n.a.
|
101,412
|
2 535 300
|
4 763 460
|
7 298 760
|
|
Portugal — Incendios en Madeira en 2016 (catástrofe regional)
|
157,000
|
40,850
|
n.a.
|
3 925 000
|
-
|
3 925 000
|
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TOTAL
|
71 524 810
|
Esta es la primera propuesta de decisión de movilización del FSUE en 2017. El importe total disponible para la movilización del FSUE a principios de 2017 es de 1 115 121 612 y se trata de la suma de la asignación de 563 081 210 EUR de 2017 (es decir, 500 000 000 EUR a precios de 2011), de conformidad con el artículo 10, apartado 1, del marco financiero plurianual (MFP), y la asignación de 2016 por valor de 552 040 402 EUR (esto es, 500 000 000 EUR a precios de 2011) que no se ha gastado y se han prorrogado un año, de conformidad con el artículo 10, apartado 2, del Reglamento del MFP.
Puesto que el importe total de la ayuda propuesta está por debajo del importe total disponible para la movilización del FSUE en 2017, se ha cumplido el límite máximo previsto en el Reglamento del MFP.
4.Conclusión
La Comisión propone que se movilice el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea en favor de los tres casos relativos al Reino Unido, Chipre y Portugal antes expuestos y que se modifique el presupuesto de 2017 incrementando la partida presupuestaria 13 06 01 «Asistencia a los Estados miembros en caso de catástrofe grave de carácter natural que tenga repercusiones importantes en las condiciones de vida, el medio natural o la economía» por un importe de 71 524 810 EUR, tanto en créditos de compromiso como de pago.
Puesto que el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea es un instrumento especial, tal como se define en el Reglamento del MFP, los créditos correspondientes se consignarán en el presupuesto al margen de los techos correspondientes del MFP .
La Comisión confía en que el importe de los créditos de pago de 71 524 810 EUR podrán reasignarse dentro del presupuesto de 2017. No obstante, en esta fase inicial de la ejecución, la Comisión todavía no está en condiciones de identificar ninguna fuente precisa. Por lo tanto, la Comisión propone consignar, en el presente PPR, una reserva negativa de créditos de pago en el artículo 40 03 01 por un importe de 71 524 810 EUR.
De conformidad con el artículo 47 del Reglamento Financiero, la Comisión reducirá la reserva negativa lo antes posible mediante la transferencia de créditos de otras partidas presupuestarias de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 26 y 27 de ese mismo Reglamento.