14.9.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 246/3

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Vista su Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección I — Parlamento Europeo,

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Vistos el artículo 94, el artículo 98, apartado 3, y el anexo V de su Reglamento,

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Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0135/2016),

A.

Considerando que, en su certificación de las cuentas definitivas para el ejercicio 2014, el contable del Parlamento ofreció garantías razonables de que las cuentas reflejan fielmente la situación financiera del Parlamento en todos sus aspectos significativos y declaró que no se ha puesto en su conocimiento ninguna cuestión que requiera una reserva;

B.

Considerando que, mediante su auditoría, el Tribunal de Cuentas concluyó que la auditoría no detectó ninguna insuficiencia significativa en los sistemas e informes anuales de actividad seleccionados de las instituciones y organismos;

C.

Considerando que, de acuerdo con el procedimiento habitual, se remitió un cuestionario a la administración del Parlamento y las respuestas recibidas fueron debatidas por la Comisión de Control Presupuestario en presencia del Vicepresidente responsable del presupuesto, del Secretario General y del auditor interno;

D.

Considerando que siempre hay posibilidad de mejora en términos de calidad, eficiencia y eficacia en la gestión de las finanzas públicas, y que es necesario un control para garantizar que el liderazgo político y la administración del Parlamento respondan ante los ciudadanos de la Unión;

1.

Observa que los créditos definitivos del Parlamento para 2014 ascendieron a 1 755 631 742 EUR, es decir, el 20,13 % de la rúbrica 5 del marco financiero plurianual (MFP) previsto para los gastos administrativos totales de las instituciones de la Unión en 2014, lo que supone un incremento del 0,3 % con respecto al presupuesto de 2013 (1 750 463 939 EUR);

2.

Observa que los ingresos totales contabilizados a 31 de diciembre de 2014 ascendieron a 174 436 852 EUR (2013: 158 117 371 EUR), incluidos 26 979 032 EUR en ingresos afectados (2013: 25 991 783 EUR);

3.

Recuerda que cuatro capítulos representaron, en 2014, el 72 % del total de compromisos: el capítulo 10 (Miembros de la institución), el capítulo 12 (Funcionarios y agentes temporales), el capítulo 20 (Bienes inmuebles y gastos accesorios), y el capítulo 42 (Gastos ligados a la asistencia parlamentaria);

4.

Toma nota de las cifras sobre cuya base se cerraron las cuentas del Parlamento correspondientes al ejercicio 2014, a saber:

5.

Observa que se transfirió un total de 71 500 000 EUR procedentes de las rúbricas de créditos provisionales o de otras fuentes con el fin de ayudar a financiar los cánones enfitéuticos del edificio Konrad Adenauer en Luxemburgo así como su ampliación y modernización; observa que esto representa el 4 % de los créditos definitivos para el ejercicio 2014;

6.

Recuerda que el Tribunal de Cuentas lleva a cabo una evaluación específica de los gastos administrativos y otros gastos como un conjunto único de políticas para todas las instituciones de la Unión, incluido el Parlamento Europeo, y que en general la evidencia de auditoría indica que los gastos de administración no están afectados por un nivel significativo de error; toma nota de que la verificación de las operaciones refleja que el nivel estimado de error presente en la rúbrica 5 del MFP relativa a la administración es de un 0,5 % (frente a un 1 % en 2013);

7.

Recuerda que la auditoría examinó una muestra de 129 operaciones de pago, incluidos 92 pagos de salarios, pensiones, indemnizaciones y otros costes de personal, 14 pagos de contratos relativos a inmuebles y 23 pagos relativos a otros gastos (energía, comunicaciones, tecnología de la información, etc.); subraya que, de las 129 operaciones auditadas, 20 se vieron afectadas por errores (lo que equivale a un 15,5 %); observa que, para los 12 errores cuantificables, el nivel estimado de error es del 0,5 %;

8.

Hace hincapié en la recomendación del Tribunal de Cuentas de que el Parlamento refuerce sus controles de los costes reembolsados por los partidos políticos europeos a sus organizaciones afiliadas, desarrolle normas adecuadas para los partidos políticos europeos en materia de contratación pública y supervise su aplicación mediante unos controles adecuados y unas orientaciones más precisas; insiste en que haya plena transparencia en lo que respecta a los gastos de los partidos políticos europeos y en que en el futuro la comisión competente examine y debata en detalle la información correspondiente en el contexto del procedimiento ordinario de aprobación de la gestión;

9.

Toma nota de que, en la reunión de la comisión competente con el auditor interno celebrada el 25 de enero de 2016, este último presentó su informe anual firmado el 16 de julio de 2015 y explicó que, en 2014, había realizado los siguientes trabajos de auditoría sobre la administración del Parlamento:

10.

Hace hincapié en que, en su auditoría del procedimiento de concesión de subvenciones, el auditor interno concluyó que hay un margen significativo para mejorar determinados procedimientos de gestión y de control y aportar así más garantías de que el programa de subvenciones alcance sus objetivos:

11.

Toma nota de que a finales de 2014, tras unos avances sustanciales, solo seguían incompletas cuatro acciones de las 452 acciones del marco de control interno acordadas inicialmente; pide al auditor interno que mantenga informada a la Comisión de Control Presupuestario sobre los avances logrados en relación con las mencionadas acciones pendientes;

12.

Toma nota de las respuestas escritas a la Resolución sobre la aprobación de la gestión de 2013 (1), facilitadas a su Comisión de Control Presupuestario el 15 de octubre de 2015; acoge con satisfacción la presentación a cargo del Secretario General sobre las diferentes preguntas y solicitudes formuladas por el Parlamento en dicha Resolución y el intercambio de puntos de vista con los diputados que se celebró a continuación;

13.

Toma nota de que existe una incoherencia entre las fechas de presentación del proyecto de informe de aprobación de la gestión del Parlamento y la posibilidad de presentar preguntas adicionales al Secretario General;

14.

Toma nota de la respuesta del Secretario General sobre la accesibilidad de la aplicación ePetition a los miembros y al público en general; pide al Secretario General que comunique al Parlamento los resultados de la consulta al Servicio Jurídico y que haga una evaluación del coste desde el punto de vista técnico y presupuestario de la ampliación de la accesibilidad a la aplicación;

15.

Recuerda que los comedores deben ofrecer un servicio de restauración rápido a los diputados y al personal; manifiesta su preocupación por la falta de espacio en los comedores en los períodos de máxima afluencia, en particular en Estrasburgo durante las semanas en que se celebran los períodos parciales de sesiones; celebra que se haya habilitado un nuevo espacio al aire libre, que servirá para resolver parcialmente esta situación cuando las condiciones meteorológicas lo permitan; pide a la administración que siga mejorando el comedor de Estrasburgo mediante un mejor aprovechamiento de todo el espacio disponible;

16.

Observa que el Parlamento comenzó a aplicar contratos de «precios fijos» para los servicios de restauración; señala que los medios presupuestarios requeridos para los servicios de restauración eran bastante limitados, ya que solo representaban el 0,23 % del presupuesto anual; confía en que los precios en los puestos de restauración del Parlamento permanecerán estables tras los reiterados y considerables aumentos de los precios de los menús ofrecidos;

17.

Observa que los nuevos contratos para las actividades de restauración en Bruselas celebrados en 2015 ya no prevén la exclusividad de un único proveedor de servicios de restauración; confía en que la gestión de los puntos más pequeños de restauración previstos en Bruselas se lleve a cabo de forma que incluya a pymes y promueva la diversidad entre los proveedores de servicios de restauración, a fin de garantizar un servicio de calidad a un precio asequible;

18.

Observa con preocupación que el aumento del nivel de los precios ha dado lugar a una tarificación desfavorable injustificada, sobre todo para los asistentes, los becarios y los visitantes; subraya que dichos aumentos implican que los precios aplicados en el Parlamento en la actualidad son prácticamente equivalentes a los que se aplican en los restaurantes y bares de los alrededores; observa con preocupación asimismo que, mientras que el precio ha aumentado, la calidad de la comida ha disminuido significativamente;

19.

Considera que las numerosas semanas de circunscripción y en que se celebran los períodos parciales de sesiones representan períodos en los que no se aprovechan plenamente las instalaciones de comedores y cafeterías; propone que los acuerdos con los proveedores de servicios de restauración contemplen la opción de emplear al personal de dichas instalaciones en otros lugares durante las semanas en que no todos los comedores y cafeterías estén abiertos;

20.

Pide a la administración que estudie y proponga un sistema de precios que combine las nuevas normas con la posibilidad de descuentos para becarios a fin de ofrecerles menús a un precio asequible;

21.

Lamenta que la administración no esté en condiciones de facilitar datos sobre el número variable de comidas servidas durante los distintos días y semanas de actividad parlamentaria; se pregunta cómo es posible ejercer un control sobre los proveedores contractuales si no se dispone de informaciones básicas como estas; pide a la administración que facilite a la comisión parlamentaria competente el contrato de servicios de restauración que entró en vigor el 26 de septiembre de 2015 y presente los detalles relativos a las comidas servidas;

22.

Subraya que, en el Informe del Tribunal de Cuentas adoptado el 11 de julio de 2014, se afirma que los ahorros potenciales que supondría para el presupuesto de la Unión la centralización de las actividades del Parlamento ascenderían aproximadamente a 114 millones EUR al año; reitera su llamamiento al Parlamento y al Consejo para que, con el fin de generar ahorros a largo plazo, aborden la necesidad de elaborar una hoja de ruta para el establecimiento de una sede única, como ha señalado el Parlamento en varias Resoluciones anteriores;

23.

Reconoce la calidad del intercambio de puntos de vista entre el vicepresidente encargado del presupuesto, el secretario general y la Comisión de Control Presupuestario, celebrado en presencia del miembro del Tribunal de Cuentas y del auditor interno el 4 de febrero de 2016; agradece al secretario general su disponibilidad y pide tener más a menudo la ocasión de tratar con él en la Comisión de Control Presupuestario las cuestiones que afectan al presupuesto del Parlamento;

24.

Toma nota de la firma del acuerdo de cooperación con el Comité Económico y Social Europeo (CESE) y el Comité de las Regiones, el 5 de febrero de 2014; pide que se establezcan disposiciones concretas y detalladas de funcionamiento de los servicios compartidos por las tres instituciones; insiste en que el desarrollo del acuerdo tiene que tener un carácter equilibrado y beneficiar a las tres instituciones en condiciones de igualdad; pide que en la revisión intermedia del acuerdo se haga una evaluación por cada institución del impacto del acuerdo desde el punto de vista de los recursos humanos, las sinergias, el valor añadido y los contenidos, así como una valoración detallada de los ahorros y/o del aumento del gasto presupuestario derivados del mismo, con una atención especial a los capítulos de personal; pide que se le siga informando del seguimiento del acuerdo;

25.

Recuerda que en el marco de dicho acuerdo se transferirá al Parlamento un máximo de 80 funcionarios procedentes del CESE y del Comité de las Regiones (procedentes del servicio de traducción y asistentes) que trabajarán para el nuevo Servicio de Estudios Parlamentarios del Parlamento Europeo (EPRS); considera que esta transferencia debiera permitir que aumente la productividad interna en el Parlamento consagrándose menos medios presupuestarios a la externalización de estudios o evaluaciones; toma nota con preocupación de que hasta la fecha ya se han transferido 25 funcionarios del CESE y 24 del Comité de las Regiones al EPRS en su mayor parte en edad muy cercana a la jubilación lo que implica un importante ahorro en los capítulos de personal de estas dos instituciones a costa de incrementar considerablemente el presupuesto del Parlamento a corto plazo (salarios) y a medio y largo plazo (pensiones);

26.

Acoge con satisfacción la publicación del nombre de los proveedores de servicios en la página de inicio de los diputados al Parlamento Europeo, junto a los datos relativos a los asistentes parlamentarios acreditados (APAs) y a los asistentes locales contratados por el diputado;

27.

Lamenta la transferencia de responsabilidades de la administración a los gabinetes de los diputados; pide que se realice una revisión por parte de la administración y acerca de ella a fin de comprobar qué obligaciones (por ejemplo, la responsabilidad a la hora de asegurar al personal en prácticas) pueden devolverse a la administración;

28.

Insiste en la necesidad de hacer más transparente y asequible el trabajo de los órganos decisorios internos del Parlamento, especialmente de la Mesa; pide que se publiquen en internet y se transmitan a los diputados a tiempo y de manera sistemática los órdenes del día y las actas de las reuniones;

29.

Señala que la carga administrativa a la que hacen frente los gabinetes de los diputados ha aumentado también de manera más general y pide una racionalización de los formularios que han de utilizarse para procedimientos parlamentarios internos, como la contratación de nuevos asistentes;

30.

Toma nota de que, tras unos retrasos considerables, se han adoptado unas normas internas sobre la denuncia de irregularidades, que están en vigor desde enero de 2016; manifiesta su preocupación por la falta de protección de los denunciantes y pide al Parlamento que vele por que se garantice el pleno respeto de sus derechos; pide a la Mesa que amplíe el alcance de las normas internas sobre la denuncia de irregularidades a los APAs y pide la aplicación de legislación nacional equivalente a los asistentes locales;

31.

Pide aclaraciones sobre la manera en que se desarrolla la colaboración oficial y oficiosa con la OLAF sobre las cuentas de los diputados; hace referencia a la revelación de informaciones a terceros, al menos en un caso; ve en ello una violación de la independencia del mandato de los diputados;

32.

Observa que resultó difícil diferenciar plenamente las actividades políticas del Presidente de su preparación como cabeza de lista su partido en las elecciones europeas de 2014 y que también resultó difícil la diferenciación en relación con otros cabezas de lista; considera que no se estableció una distinción inequívoca entre ambos papeles; reclama una clara separación de las funciones de los cargos oficiales y las candidaturas para las campañas electorales europeas; deplora la utilización siquiera indirecta del personal del Parlamento a la hora de ayudar a preparar la campaña y pide que no se vuelva a producir en el futuro; deplora, en conexión con lo anterior, que el Presidente transformase el perfil de Twitter de la Presidencia del Parlamento Europeo en su perfil personal y lo utilizase en campaña;

33.

Encarga al EPRS que lleve a cabo un análisis comparativo del marco jurídico que rige la compatibilidad de las actividades de los candidatos que participan en campañas electorales en otras organizaciones internacionales y en los Estados miembros (elecciones a primer ministro, secretario general, canciller, etc.);

34.

Toma nota de que, durante el período comprendido entre el 22 de enero y el 18 de abril, la mayoría de las misiones internacionales llevadas a cabo por el Presidente guardaron relación con representaciones gubernamentales y oficiales vinculadas a partidos y organizaciones socialistas; solicita información complementaria a este respecto;

35.

Solicita información complementaria acerca de las razones por las que las campañas de todos los cabezas de lista, si fue el caso, contaron con el acompañamiento en la campaña electoral de funcionarios y otros miembros del personal estatutario que no se encontraban de permiso; acoge con satisfacción la información complementaria facilitada por el presidente y solicita el mismo nivel de transparencia al resto de los candidatos;

36.

Recuerda que las dietas para gastos generales se destinan a financiar los gastos en el Estado miembro en que han sido elegidos los diputados, tales como el alquiler de un despacho, equipos, suministros, documentación u organización logística de eventos; toma nota de que un sistema general de control de las dietas durante el mandato parlamentario de los diputados representaría entre 40 y 75 nuevos puestos administrativos, lo que contravendría el plan de reducción de personal;

37.

Apoya una transparencia total por lo que se refiere a las dietas para gastos generales a fin de que los ciudadanos europeos puedan tener un mejor conocimiento de los gastos generales de los diputados al Parlamento Europeo; insta a la Mesa a que revise la lista de los gastos que pueden cubrirse con cargo a las dietas para gastos generales;

38.

Reitera su llamamiento en favor de una mayor transparencia en lo que se refiere a las dietas para gastos generales de los diputados; pide a la Mesa que trabaje en la elaboración de normas más precisas de rendición de cuentas en relación con los gastos autorizados comprendidos en dichas dietas, sin que ello conlleve un gasto y una carga administrativa adicionales para los diputados;

39.

Recuerda a la Mesa la urgente necesidad de llevar a cabo una auditoría de las dietas para gastos generales;

40.

Se felicita por una mejor adecuación entre las subvenciones otorgadas por el Parlamento a los grupos de visitantes y los gastos en que realmente se incurre a este respecto; manifiesta su profunda preocupación, no obstante, por que esta sea la única acción crítica detectada por el auditor interno del Parlamento;

41.

Expresa su preocupación por el hecho de que la financiación para los grupos de visitantes correspondientes a 2014 siga pagándose en su mayor parte en efectivo: los 24 593 928,16 EUR de gastos de 2013 se abonaron en un 73,14 % en efectivo, y en un 26,86 % por transferencia bancaria, mientras que los 22 281 749,46 EUR de gastos de 2014 se abonaron en un 71,15 % en efectivo y en un 28,85 % mediante transferencia bancaria;

42.

Toma nota de la conclusión del Tribunal de Cuentas, en su revisión de conjunto de la gestión financiera del presupuesto de la Unión, cuando califica «de alto riesgo» la práctica de reembolsar los gastos de los grupos de visitantes en efectivo; pide, por consiguiente, que se limiten en la medida de lo posible los pagos en efectivo al reembolsar los gastos de los grupos de visitantes; destaca el elevado riesgo para la reputación del Parlamento y el importante riesgo para la seguridad que suponen los pagos en efectivo a los grupos de visitantes; reconoce los problemas prácticos y pide que se evalúen métodos alternativos y eficientes de realizar pagos antes de adoptar una nueva reglamentación relativa a la recepción de grupos de visitantes;

43.

Acoge con satisfacción que la Comisión haya iniciado un procedimiento de consulta pública sobre la revisión del vigente registro de transparencia de la Comisión y el Parlamento y su extensión al Consejo; pide que inmediatamente después de la consulta pública se cree un grupo de trabajo interinstitucional que elabore propuestas relativas a la revisión del registro, el código de conducta que lo acompaña, y su funcionamiento;

44.

Pide además un informe de la administración del Parlamento sobre los antiguos directivos, consejeros delegados, directores y miembros del consejo de administración de las ONG europeas pertinentes que son actualmente diputados al Parlamento;

45.

Pide un informe de la administración del Parlamento en el que se exponga el uso de los locales del Parlamento por parte de los grupos de interés y otras organizaciones exteriores; pide a la Mesa que examine la compatibilidad de estos eventos con las labores parlamentarias al tiempo que se garantiza que el Parlamento sigue siendo una institución abierta al intercambio con la sociedad civil y el debate público;

46.

Recuerda que los diputados están obligados a informar inmediatamente a la administración de cualquier cambio en sus declaraciones de intereses; lamenta que las biografías y las declaraciones de intereses de los diputados elegidos en 2014 se publicasen en el sitio web del Parlamento muy tarde;

47.

Insta al Parlamento a adoptar normas a fin de divulgar como una «huella legislativa» todas las contribuciones recibidas de representantes de los grupos de interés relativas a los proyectos de políticas, leyes y enmiendas;

48.

Pide a la Mesa que facilite los medios técnicos para que los diputados que así lo deseen publiquen en su página web oficial sus agendas y, en particular, sus reuniones con los grupos de interés;

49.

Toma nota de que los gastos de las delegaciones, asambleas parlamentarias mixtas, delegaciones ad hoc y misiones de observación de elecciones fuera de la Unión se redujeron en 2014, pasando de 5 794 360 EUR en 2013 a 1 351 212 EUR en 2014, teniendo en cuenta las observaciones formuladas por el Parlamento en su citada Resolución sobre la aprobación de la gestión para el ejercicio 2013 y debido a la reducción de las misiones con motivo del período de transición de una legislatura a la siguiente, lo que provocó, de hecho, la suspensión de los viajes de delegaciones durante algunos meses; critica, no obstante, el hecho de que algunas de las misiones del Parlamento fueran excesivamente costosas, especialmente cuando se trataba de destinos lejanos; espera que estos gastos se justifiquen y se reduzcan aún más en un futuro próximo y pide la publicación de los datos relativos a los costes de todas las misiones en el informe anual de actividades;

50.

Considera oportuno valorar la posibilidad de reducir el número de viajes de delegaciones utilizando herramientas informáticas como las videoconferencias;

51.

Pide que se desarrollen y se llenen de contenido los sitios web de las delegaciones interparlamentarias urgentemente; considera igualmente fundamental que, en la medida en que el presupuesto lo permita, las reuniones públicas de las delegaciones se retransmitan en directo por webstreaming, al igual que las de las comisiones parlamentarias;

52.

Recuerda que el nuevo Servicio de Estudios para los Diputados empezó a proporcionar un instrumento de estudio específico para los diputados a través de publicaciones informativas en todos los ámbitos políticos de importancia; señala que en su primer año completo de actividad el servicio de estudios generó más de 450 publicaciones, respondió a 1 675 solicitudes de estudio presentadas por los diputados y tramitó 745 peticiones similares procedentes de otros clientes del Parlamento; señala que este instrumento permite el acceso a una gran cantidad de información útil que debería reducir considerablemente el recurso a expertos externos, lo que supondría un ahorro considerable; pide que las publicaciones informativas de todos los ámbitos políticos de importancia se traduzcan a las lenguas oficiales de los Estados miembros;

53.

Pide que se definan de manera más clara las funciones de los distintos sectores del servicio (servicio de estudios, evaluación de impacto) y que estos ámbitos de responsabilidad se comuniquen a los diputados;

54.

Pide que la Unidad de Evaluación de Impacto Ex Ante mejore su visibilidad, a través del correo electrónico, en lo que se refiere a los excelentes servicios que proporciona a los miembros de comisión y a los ponentes, así como a sus métodos de trabajo y a sus normas de intervención; alienta la celebración de sesiones de formación para los asesores y los asistentes de los diputados; pide una mejora sustancial de los recursos de personal disponibles en este ámbito, ya que ello contribuirá de manera significativa a que el Parlamento pueda participar en pie de igualdad en el proceso de toma de decisiones;

55.

Celebra que hasta la fecha no haya habido ninguna queja relativa a evaluaciones de impacto parciales, y pide en este sentido a la Unidad que siga garantizando la neutralidad;

56.

Insta a la DG EPRS a que haga una diferenciación mayor entre sus publicaciones y las posiciones oficiales del Parlamento para evitar confusiones en el público y los medios de comunicación; acoge con satisfacción la introducción de la cláusula de exención de responsabilidad en todas las publicaciones; pide a la DG EPRS que la haga más visible y que no figure solo en la última página, así como que introduzca nuevos elementos para distinguir fácilmente las posiciones adoptadas oficialmente por el Parlamento;

57.

Observa que VoteWatch recibió dos subvenciones (149 172 EUR en 2012 y 350 000 EUR en 2013) para la cofinanciación de proyectos específicos relacionados con las elecciones europeas; solicita una evaluación del valor añadido de esos proyectos;

58.

Expresa su preocupación por la falta de resultados reales de las actividades de comunicación del Parlamento, teniendo en cuenta la tasa de participación cada vez más baja en las elecciones europeas y la falta general de conocimiento en la sociedad sobre el papel del Parlamento y sus actividades;

59.

Critica la presentación de datos estadísticos sobre las explicaciones de voto, intervenciones en el Pleno, preguntas parlamentarias, enmiendas y propuestas de resolución, preguntas escritas dirigidas al Presidente del Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad en el sitio web del Parlamento, pues parecen destinados a demostrar que los diputados al Parlamento son supuestamente «activos» en plataformas como MEPRanking; pide al Parlamento que deje de proporcionar los números en bruto en forma estadística y que tenga en cuenta criterios más apropiados para considerar a un diputado «activo»;

60.

Toma nota de que la DG COMM es extremadamente firme en reclamar una reducción de los gastos y un mayor énfasis en la eficiencia; pide que se haga más hincapié en un despliegue de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que sea más efectivo que costoso; toma nota de que, a pesar de las grandes sumas invertidas en el sitio web del Parlamento, sigue siendo complejo y de navegación difícil y no ofrece la visibilidad deseada; recomienda una revisión de la estrategia de mercadotecnia; hace hincapié en que una página web transparente y accesible es fundamental para la participación ciudadana;

61.

Pide un nuevo y eficiente motor de búsqueda en la web del Parlamento, que ofrezca tanto una marcada optimización del motor de búsqueda como una página de resultados del motor de búsqueda totalmente integrada, junto con un esfuerzo sostenido por facilitar el acceso al sitio mejorando el reconocimiento de palabras clave; recomienda una intensa cooperación interinstitucional para conectar todas las bases de datos de los sitios web de las instituciones de la Unión; observa que esto garantizará una mayor transparencia de las actividades de la Unión para todos los ciudadanos;

62.

Manifiesta su decepción al saber que las obras del edificio Eastman, donde se albergará la Casa de la Historia Europea, han seguido acumulando retrasos; pide un plan/una promoción de las comunicaciones y proyectos de sitio web/un plan de mercadotecnia que detalle la forma en que la Casa de la Historia Europea alcanzará el nivel de impacto deseado;

63.

Recuerda que las obras deberían haber concluido a finales de 2014; espera que el presupuesto total acordado inicialmente para la construcción del proyecto se respete, a pesar de los retrasos, y que la primera exposición se inaugure a finales de 2016;

64.

Aboga por una estricta separación con respecto al contenido de la información facilitada en el Parlamentarium ya existente; advierte de nuevo del riesgo de unos costes consiguientes excesivamente elevados, que no sean en modo alguno proporcionales a la realización de la instalación;

65.

Acoge con satisfacción el hecho de que el Parlamentarium sea una de las atracciones turísticas más visitadas de Bruselas y de que recibiera 340 500 visitantes en 2014 (337 000 en 2013); destaca la importancia de comunicar estas cifras y los beneficios que conllevan a las autoridades belgas;

66.

Expresa su preocupación por el hecho de que el importe de la línea presupuestaria para el Centro de Visitantes del Parlamento Europeo aumentase un 24 % con respecto al año anterior en comparación con el incremento de visitantes que solo fue del 1 %;

67.

Recomienda que el Estado miembro en el que esté ubicado el Parlamentarium financie parcialmente su instalación y sus gastos de funcionamiento;

68.

Observa que los gastos relacionados con el Premio LUX de cine en 2014 ascendieron a 391 506 EUR, una cantidad significativamente inferior a la de años anteriores (448 000 EUR en 2013, y 434 421 EUR en 2012), y cubrieron la selección oficial y la competición, incluidos el subtitulado en las 24 lenguas oficiales de la Unión y las copias para su proyección en los 28 Estados miembros, así como la ceremonia de entrega de premios; recuerda que la publicidad y promoción del Premio LUX de Cine, así como del Premio Sájarov y los derechos de la mujer, tienen como objetivo ilustrar el compromiso del Parlamento con valores consensuales como los derechos humanos y la solidaridad, así como su compromiso con la diversidad cultural y lingüística; lamenta que todavía no estén disponibles los resultados de una encuesta sobre el grado de conocimiento y el impacto del Premio LUX, solicitada en la resolución de aprobación de la gestión de 2013; pide que los resultados de este estudio estén disponibles para el público a mediados de mayo de 2016 y que se proceda a una presentación oficial de sus resultados a la Comisión de Control Presupuestario y la Comisión de Cultura y Educación;

69.

Toma nota de que en 2014 fueron contratados 309 funcionarios y agentes temporales para la Secretaría General, y 8 agentes temporales para los grupos políticos; toma nota de que, a 31 de diciembre de 2014, el Parlamento empleaba un total de 6 040 funcionarios y agentes temporales (5 295 en la Secretaría General y 745 en los grupos políticos); destaca que en 2013 esas cifras eran respectivamente: 6 105 (total), 5 308 (Secretaría General) y 797 (grupos políticos);

70.

Pide unos requisitos de cualificación más claros para el personal, en particular en funciones sensibles como, por ejemplo, en las secretarías de comisión o en la Unidad de Evaluación de Impacto Ex Ante; solicita la revisión de los requisitos específicos con respecto a la neutralidad ideológica y política del personal; pide que se presenten al Parlamento criterios de selección de personal;

71.

Señala que en 2014 el Parlamento contrató en calidad de agentes contractuales a 114 antiguos agentes interinos contratados para las sesiones plenarias de Estrasburgo; hace hincapié en que la sentencia dictada por un tribunal francés en relación con estos contratados no puede justificar la decisión de contratarlos como personal estatutario;

72.

Subraya que, en el contexto de la revisión del Estatuto de los funcionarios de 2014 y del MFP actual, a 1 de enero de 2014 se habían suprimido de la plantilla de personal 67 puestos (66 permanentes y 1 temporal) a fin de lograr la reducción del 5 % del número de puestos durante el período comprendido entre 2013 y 2017, excluidos los grupos políticos;

73.

Señala que con el aumento del horario laboral semanal de 37,5 a 40 horas en el marco de la modificación del Estatuto de los funcionarios se gana el equivalente a 350 puestos de trabajo y que esto compensa en la práctica los recortes de personal en un 5 % durante varios años acordados en el marco de la reforma del Estatuto; pide al Parlamento que presente un informe transparente con indicaciones anuales sobre la reducción prevista de puestos de trabajo, y que en los cálculos relativos a dicho informe tenga en cuenta el aumento del tiempo de trabajo;

74.

Observa que la proporción de funcionarias sigue siendo muy elevada y ha aumentado hasta el 59,2 % a finales de 2014 frente al 58,8 % de finales de 2013; está preocupado por la falta de paridad en la administración, en la que las mujeres representan solo el 30 % de los jefes de unidad, el 34 % de los directores y el 18,2 % de los directores generales; solicita la puesta en marcha de un plan de igualdad de oportunidades, especialmente en lo que se refiere a los puestos de dirección, con el fin de solucionar cuanto antes este desequilibrio; recuerda que 1 de los 8 directores y 9 de los 31 jefes de unidad contratados en 2014 son mujeres; opina que el procedimiento de contratación debería ser equilibrado; reitera su llamamiento en cuanto a la necesidad de una representación más equilibrada de las mujeres en los puestos de dirección;

75.

Lamenta que el Parlamento todavía no haya publicado información con carácter anual de los altos funcionarios que han abandonado la administración del Parlamento, así como una lista de los casos de posibles conflictos de intereses que se han abordado, tal y exige el artículo 16, apartado 4 del Estatuto;

76.

Toma nota de que a finales de 2014 trabajaban en el Parlamento 1 686 APAs (frente a 1 763 en 2013) y de que 4 453 asistentes locales tenían un contrato de trabajo con diputados;

77.

Manifiesta su preocupación por que el número de asistentes locales empleados por diputado varíe considerablemente, y oscilara, en 2014, entre 0 y 46 (entre 0 y 43 en 2013); destaca que 91 diputados han contratado a más de 10 asistentes locales en 2014 (frente a los 84 diputados de 2013);

78.

Acoge con satisfacción el hecho de que el 26 de octubre de 2015 la Mesa aprobara una nueva serie de normas para la gestión de las dietas de asistencia parlamentaria, endureciendo los requisitos para el reembolso de los contratos de asistente local, a saber, reservando al menos el 25 % de la dieta de asistencia parlamentaria para cubrir los gastos de los APA;

79.

Toma nota de que a finales de 2014 los asistentes parlamentarios acreditados representaban el 26,7 % del personal del Parlamento; recuerda que los contratos de unos 1 700 asistentes parlamentarios acreditados empleados durante la séptima legislatura vencieron en julio de 2014 y que, para garantizar la asistencia a los diputados durante la octava legislatura, antes de finales de 2014 se diseñó una gran operación llevada a cabo por la Dirección General de Personal para contratar a 1 686 APA;

80.

Insiste en que las dietas de estancia por el desplazamiento a Estrasburgo de los asistentes parlamentarios acreditados son como mínimo un 21 % inferiores a las del resto del personal estatutario; deplora que la Mesa no atendiese la solicitud expresada por el Parlamento en el apartado 74 de su Resolución de 29 de abril de 2015; pide de nuevo a la Mesa que adopte las medidas necesarias para acabar con esta desigualad, y que equipare las dietas de los asistentes a las del resto del personal estatutario;

81.

Deplora que la Mesa no haya dado seguimiento alguno del apartado 71 de la Resolución del Parlamento de 29 de abril de 2015; pide a la Mesa que tome con urgencia las medidas necesarias para que el Comité consultivo para la prevención del acoso laboral de los asistentes parlamentarios acreditados tenga una composición equilibrada e incluya al menos a dos representantes de los asistentes parlamentarios;

82.

Toma nota con satisfacción de las medidas adoptadas para organizar la gestión de los contratos de los APA al inicio de la octava legislatura y, en especial, del buen funcionamiento de la aplicación APA People; considera, sin embargo, que hubiera sido necesario reforzar con más personal de la administración algunos de los servicios implicados en el procedimiento de contratación de los asistentes parlamentarios para hacerlo más rápido y eficiente; subraya que los medios personales y técnicos puestos a disposición no fueron suficientes para evitar el retraso en la firma de los contratos de algunos asistentes, e incluso algunas rupturas de contrato, así como retrasos en los cálculos de las dietas y otras asignaciones y, en consecuencia, en el pago de los salarios; reconoce, no obstante, que el procedimiento ha mejorado ostensiblemente con respecto a 2009, y considera que el Parlamento tiene que seguir trabajando para aumentar la rapidez y la fluidez del procedimiento de contratación;

83.

Pide al Secretario General y a la Mesa que estudien y den soluciones a los problemas en relación con los APA, como puede ser el caso de los retrasos en la firma de los contratos al inicio de la legislatura, la ruptura de contratos, las consecuencias del adelanto de las fechas de las elecciones europeas en los plazos mínimos de cotización exigidos, etc., y que asocien a los representantes de los APA en la búsqueda de estas soluciones;

84.

Toma nota de los avances realizados para adaptar los cursos de formación a las necesidades específicas de los APA; considera, sin embargo, que es fundamental seguir avanzando en esa vía, especialmente en las formaciones específicas, los horarios adaptados y los cursos intensivos de idiomas, que sólo se organizan en períodos en que la mayor parte de los asistentes parlamentarios acreditados tienen que tomar sus vacaciones anuales; pide que se tengan también en cuenta las circunstancias particulares de los asistentes parlamentarios acreditados en los horarios de organización de las actividades para mejorar el bienestar en el trabajo (mindfulness), conferencias al mediodía, etc.;

85.

Toma nota del informe de evaluación del Estatuto de los asistentes realizado por el Parlamento y presentado en julio de 2015; deplora que el informe se limite prácticamente a evaluar los resultados de la aplicación APA-People y a señalar algunos de los problemas con los que la administración se ha encontrado en la puesta en práctica del Estatuto y en las normas internas de aplicación; manifiesta su descontento y completo desacuerdo con algunos juicios de valor emitidos en la segunda parte del informe; opina por consiguiente que la evaluación realizada no cumple sus objetivos más que en el caso de la aplicación APA-People; en consecuencia, pide al Parlamento que realice una evaluación global y exhaustiva del Estatuto y de las normas de aplicación antes de que finalice este año; esta evaluación comprenderá también todos aquellos aspectos de carácter jurídico que planteen dificultades, de modo que se puedan poner las bases para mejorar, adaptar y reformar las distintas normas en un futuro próximo; pide igualmente que se asocie a los representantes oficiales de los APA a este proceso, sobre todo teniendo en cuenta el papel tan positivo que han desempeñado en la primera revisión;

86.

Solicita, en aras de la transparencia, que el informe anual del Parlamento refleje las actividades organizadas y financiadas por el Comité de Personal a cargo del presupuesto de la institución, especificando los tipos de actividades, los gastos efectuados y la observancia de la buena gestión financiera;

87.

Solicita los resultados de la evaluación de la herramienta de contratación de APA: APA People, que se puso en marcha al comienzo de la actual legislatura;

88.

Hace hincapié en que la nueva estrategia inmobiliaria a medio plazo exigirá esfuerzos para encontrar espacios adicionales a fin de satisfacer las necesidades del Parlamento en un determinado perímetro cerca de los edificios principales; hace hincapié en que la planificación plurianual para obras de renovación debe basarse en previsiones realistas y detalladas tanto por lo que respecta a sus parámetros financieros como a los plazos; recuerda que el Parlamento posee el 81 % de toda la superficie que ocupa y que el presupuesto debe protegerse frente a los costes de renovación de edificios que van envejeciendo, en lo que será un gran desafío para el Parlamento en los próximos años;

89.

Toma nota de que el Parlamento ocupa en sus tres lugares de trabajo una superficie total de 1,1 millones de m2; considera que reviste la máxima importancia el establecimiento de unas medidas adecuadas para garantizar la sostenibilidad de los edificios del Parlamento ante el aumento de los costes de mantenimiento;

90.

Insiste en la máxima prudencia antes de comprometerse en nuevas adquisiciones o arrendamientos y en la necesidad de supervisar y adaptar regularmente el plan estratégico de ocupación; considera que los conceptos en el marco de ejecución estratégica también deben brindar al Parlamento la oportunidad de reducir la necesidad de nuevos edificios ya que incita a la organización a centrarse más en los resultados y el equilibrio entre la vida laboral y personal; señala que las tecnologías y prácticas habitualmente disponibles, como el teletrabajo, también podrían contribuir a una utilización más eficaz del tiempo y a un Parlamento más respetuoso con el medio ambiente;

91.

Toma nota de que, desde junio de 2014, unos 1 000 funcionarios de las Direcciones Generales IPOL, EXPO y EPRS se trasladaron al edificio Square de Meeûs; recuerda que este traslado constituyó la primera etapa clave en el proceso de poner más espacio a disposición de los diputados en los principales edificios del Parlamento; desea que se le informe de los siguientes pasos del Parlamento con un calendario preciso en el que se indique cuándo se pondrán a disposición despachos adicionales;

92.

Pide a la administración que adopte medidas para la adecuación de instalaciones en los principales edificios del Parlamento para el personal que trabaja en la Square de Meeûs, como, por ejemplo, una sala de consulta de documentos de acceso restringido para los diputados;

93.

Lamenta que todavía no fuera posible alcanzar un acuerdo de cooperación entre el Parlamento y la Comisión sobre la gestión conjunta de las Casas de Europa; insta a ambas instituciones a que alcancen un acuerdo mutuamente aceptable en el que se establezca un marco para la adquisición o el alquiler de edificios y a que simplifiquen los procedimientos administrativos y financieros para la gestión diaria de las Casas de Europa; pide a la jerarquía política que intervenga, en caso necesario;

94.

Considera que se tenía que haber realizado hace tiempo una renovación del edificio Paul-Henri Spaak, incluidas una ampliación del edificio y una ampliación de las salas de seminarios para los visitantes y de los espacios de oficinas para los diputados al Parlamento; apoya la planificación de la administración, pero subraya que debe llevarse a cabo sobre la base del número de diputados actual y no sobre la base de su número en una posible, y poco realista, ampliación de la Unión;

95.

Pide una planificación y unas previsiones concretas de los costes de las obras de renovación; insta a una mayor transparencia y a la participación individual de los diputados en las decisiones que tienen una incidencia decisiva en los aspectos administrativos y financieros de la institución; considera insuficientes la información facilitada y los acuerdos previos celebrados a nivel de la Conferencia de Presidentes y de la Mesa; solicita que se distribuyan a todos los diputados todos los documentos estratégicos relativos a la organización y el desarrollo futuro del Parlamento;

96.

Manifiesta su preocupación ante la propuesta de internalizar el servicio de transporte y por los consiguientes costes adicionales, que supondrán un incremento de más del 50 % en 2017 con respecto a 2016;

97.

Observa que el número medio de horas semanales que los intérprete de la plantilla de personal pasaron en sus cabinas en 2014 prestando servicios de interpretación fue de 10,7 horas/semana; señala, no obstante, que el tiempo de cabina representa solo una parte del trabajo de los intérpretes, que también consiste en la preparación de las reuniones, el aprendizaje de idiomas y su mantenimiento, las horas de disponibilidad, la formación sobre una materia específica y otros tipos de formación especializada; pide al Secretario General que facilite indicadores que midan todas las actividades realizadas por los intérpretes; lamenta las diferencias en cuanto a la media anual de horas semanales de prestación de servicios de interpretación por parte de los intérpretes, que oscilan entre 6 y 16 horas por semana, lo que conlleva una carga de trabajo desigual para los intérpretes; reconoce que 2014 fue un año atípico en lo que se refiere al volumen de la actividad parlamentaria debido a las elecciones;

98.

Observa con preocupación que el método de cálculo para las estadísticas no ha sido aclarado y pide a la administración que comunique mejor sus procesos a los representantes pertinentes de los intérpretes;

99.

Pide a la administración que excluya las vacaciones y las licencias por enfermedad del cálculo del número medio de horas pasadas por los intérpretes en la cabina;

100.

Reitera la importancia del multilingüismo para la legitimidad democrática de la institución; acoge con satisfacción el hecho de que, como consecuencia de la política de multilingüismo con utilización eficiente de los recursos aprobada por la Mesa en 2011 y de sucesivas reformas organizativas, se hayan realizado importantes ahorros en las líneas presupuestarias dedicadas a la interpretación; solicita que las condiciones de trabajo contengan salvaguardas concebidas para proteger tanto la calidad de la interpretación como la salud de los intérpretes, al tiempo que atienden también las necesidades derivadas de los nuevos modos de trabajo parlamentario y una utilización eficiente de los recursos; pide al Secretario General que prosiga sus esfuerzos en favor de una estrecha colaboración con los intérpretes;

101.

Insiste en que siguen siendo posibles aumentos de eficiencia en la prestación de servicios de interpretación, en especial aumentando la eficiencia de un servicio que se ve actualmente obstaculizado por normas que datan de 2005 y que ya no son compatibles con los actuales modelos de reuniones de la institución; solicita que se examine si pueden lograrse mejoras en la eficiencia también en las unidades de apoyo administrativo de la DG INTE;

102.

Solicita que se realice un examen para evaluar si está garantizada una dotación de intérpretes adecuada también durante los días dedicados a las actividades principales del Parlamento;

103.

Pide a la Dirección General de Interpretación y Conferencias que tome todas las medidas de gestión necesarias para mejorar las herramientas de TI y la asistencia técnica a los intérpretes para llevarlas al nivel de las de la Comisión, incrementar la productividad en términos de encargos de interpretación, realinear la carga de trabajo de interpretación de cada intérprete, y garantizar que estén presentes y disponibles intérpretes de plantilla durante los días dedicados a las actividades principales del Parlamento; pide, finalmente, que el Secretario General presente un nuevo concepto destinado a una utilización eficiente y rentable del personal, que debería basarse en un acuerdo con los intérpretes;

104.

Considera que una mejora de la prestación de servicios de interpretación, en particular con la Comisión dentro del marco de la cooperación institucional, contribuiría a garantizar la eficiencia del uso de estos servicios;

105.

Expresa su preocupación ante la dispersión de la responsabilidad en materia de organización de reuniones y gestión de conferencias entre diferentes direcciones generales,

106.

Acoge con satisfacción la aplicación efectiva por la agencia de viajes de las instrucciones de la DG FINS para buscar los mejores precios; anima, además, a la agencia de viajes a que intensifique la comparación e intente alcanzar acuerdos con las principales compañías aéreas para obtener una mayor flexibilidad y unos precios más económicos, al tiempo que asegura la posibilidad de introducir modificaciones o cancelaciones en los viajes; pide a la agencia de viajes que, en el momento de reservar, busque activamente billetes y ofertas menos caros y, en general, que ofrezca precios más competitivos teniendo en cuenta a todas las compañías aéreas; pide a la DG FINS que lleve a cabo un sondeo entre los usuarios sobre el nivel de satisfacción con el servicio de la agencia de viajes, a fin de determinar posibles ámbitos susceptibles de mejora;

107.

Toma nota de las dificultades de atender a solicitudes de preparativos de viaje para una institución del tamaño y las responsabilidades del Parlamento Europeo y con sus particularidades (flexibilidad, anulaciones de último minuto) inherentes a la naturaleza de su trabajo;

108.

Pide a la DG FINS que, en estrecha cooperación con la DG SAFE y la DG COMM, reevalúe los planes de contingencia para situaciones de emergencia con miras a abordar mejor las nuevas amenazas de seguridad, en particular para misiones entre los diferentes lugares de trabajo de la institución;

109.

Toma nota de que el fondo voluntario de pensiones aumentó su déficit actuarial estimado, calculado sobre la base de los activos del fondo, hasta 270,3 millones EUR a finales de 2014 (frente a los 207,9 millones EUR de 2013); destaca que esto provoca preocupación por el desembolso prematuro del capital del fondo;

110.

Señala que estos pasivos futuros previstos del fondo se reparten a lo largo de varios decenios; pide a la Mesa que estudie las posibilidades de mejorar la liquidez del fondo;

111.

Pide que los resultados de la evaluación externa solicitada por el Parlamento en su mencionada Resolución sobre la aprobación de la gestión para el ejercicio 2013 se presenten sin más demoras; señala al consejo de administración del fondo voluntario de pensiones como responsable de la magnitud del déficit del fondo; pide un concepto único para el fondo de pensiones privado a fin de reducir el pasivo de este fondo; pide a la Mesa que presente inmediatamente después de la recepción de la evaluación externa una propuesta de plan de acción global para hacer frente a las responsabilidades del Parlamento; estima necesario reducir las prestaciones de jubilación de los miembros del fondo;

112.

Pide a la Mesa que evalúe lo antes posible la situación actual del fondo de pensiones;

113.

Acoge con satisfacción las nuevas normas, más estrictas, aplicadas a asistentes locales y prestadores de servicios; observa que algunos puntos de las nuevas normas siguen siendo imprecisos y son una fuente de malas interpretaciones; pide una mayor clarificación de estos puntos, especialmente por lo que se refiere a las actividades paralelas de los asistentes locales y los prestadores de servicios; destaca que ambos grupos deben ser objeto de un control muy estricto;

114.

Acoge con satisfacción la creación del portal digital para los diputados e-Portal; considera que será un instrumento eficiente y eficaz para el examen de las finanzas, en línea con la política de abandono del papel perseguida por el Parlamento; pide a la DG FINS que promueva activamente su uso entre todos los diputados;

115.

Observa que la política de seguridad de la información del Parlamento requiere una estrategia de seguridad empresarial coordinada y armonizada;

116.

Pide que se refuercen los sistemas destinados a la seguridad de la información para proteger la información del acceso no autorizado, garantizando al mismo tiempo la comunicación, así como de la interrupción, modificación o destrucción no autorizadas con el fin de ofrecer integridad, confidencialidad y disponibilidad;

117.

Pide que se cree un sistema de alerta rápida de emergencia que permita a la DG ITEC en colaboración con la DG SAFE enviar mensajes con prontitud mediante SMS o correo electrónico a los diputados y miembros del personal que quieran formar parte de una lista de distribución que se utilice en situaciones de emergencia concretas relacionadas con la seguridad;

118.

Toma nota de que la auditoría externa de las TIC fue realizada por un tercero independiente, tal como se solicitó en la aprobación de la gestión de 2013; toma nota asimismo de que el objetivo de esta auditoría era evaluar las capacidades del Parlamento en materia de seguridad de las TIC y la exposición potencial de sus sistemas a los ciberataques, con vistas a desarrollar un plan de mejora de la seguridad de las TIC que incluya la propuesta de una hoja de ruta para mejorar el nivel de seguridad general del Parlamento; pide una regulación de la ciberseguridad que garantice que el Parlamento pueda proteger eficazmente sus sistemas de información y la protección y la seguridad de los diputados ante ciberataques;

119.

Expresa su preocupación por el hecho de que la evaluación de la organización, la madurez y las capacidades de la organización de la seguridad de las TIC del Parlamento, llevada a cabo con arreglo a la norma ISO 27002:2013 y las mejores prácticas internacionales, muestra un grado de madurez de la seguridad organizativa relativamente bajo;

120.

Pide que se lleven a cabo pruebas de resistencia periódicas de los sistemas de seguridad del Parlamento en el ámbito de las TIC;

121.

Toma nota de que en su reunión del 7 de septiembre de 2015 la Mesa aprobó una política de seguridad de los sistemas de TIC; destaca la urgencia de aplicar una política de seguridad mucho más sólida en materia de TIC en consonancia con la hoja de ruta del Parlamento para una estrategia general en materia de seguridad de la información;

122.

Toma nota de que la internalización de los servicios de seguridad se completó en Bruselas en diciembre de 2014 y en Estrasburgo el 1 de julio de 2015, tras la adopción de un concepto general de seguridad; hace hincapié en que, teniendo en cuenta el contexto actual en materia de seguridad, deben implantarse nuevas medidas de seguridad y una revisión urgente del concepto de seguridad general aprobado por la Mesa en 2011;

123.

Manifiesta su preocupación por los diferentes enfoques adoptados por las autoridades de Bruselas y Estrasburgo en relación con la seguridad de las instalaciones del Parlamento; considera indispensable trabajar en estrecha colaboración con las autoridades belgas, francesas y luxemburguesas a fin de reforzar el perímetro de seguridad en torno a los edificios del Parlamento;

124.

Pide un control eficaz de todo el personal de seguridad con vistas a garantizar su aptitud para el cumplimiento de sus funciones en términos tanto de fiabilidad como de nivel de competencia profesional;

125.

Insiste en que debe darse la máxima prioridad al refuerzo de la seguridad de los edificios del Parlamento y sus inmediaciones; considera necesario garantizar un equipo y unas condiciones de trabajo adecuados para el personal de seguridad, en vista de la actual situación en materia de seguridad;

126.

Pide que se revisen las medidas de seguridad de los edificios y un mayor control en la entrada a los aparcamientos del Parlamento mediante el reconocimiento automático de las placas de matrícula; pide que se instale un punto central de control externo para todos los proveedores externos que acceden a los edificios del Parlamento;

127.

Recuerda los incidentes consistentes en robos en despachos de diputados al Parlamento; pide a la DG INLO y a la DG SAFE que garanticen una mayor seguridad y más transparencia en lo relativo a contratistas y personal de mantenimiento con acceso a los despachos;

128.

Considera fundamental disponer de sólidos procedimientos vinculantes de examen antes de las contrataciones que regulen la salida del personal, unas estructuras de gestión apropiadas en materia de seguridad y una formación adecuada en gestión de crisis;

129.

Recuerda el incidente del 7 de octubre de 2014 en el que participaron manifestantes kurdos; pide que se lleve a cabo una evaluación exhaustiva y confidencial de los servicios de seguridad del Parlamento; acoge con satisfacción, como primer paso, la creación de un grupo de alto nivel, compuesto por representantes del Parlamento, la Comisión, el Consejo y el Estado belga, para reforzar la cooperación en el ámbito de la seguridad; pide que se refuerce la cooperación con los servicios de seguridad nacionales e internacionales;

130.

Insiste en la necesidad de un mayor grado de cooperación entre la DG SAFE y la DG ITEC para garantizar el nivel adecuado de protección de la información y la comunicación en el Parlamento;

131.

Observa que, a la hora de abordar hoy en día los desafíos en materia de seguridad y lucha antiterrorista, las instituciones y órganos de la Unión cuentan con recursos separados, normas diferentes y equipos diversos que no son compatibles entre sí; estima que esta situación no solo conlleva una gestión poco sólida de los recursos dentro las diferentes administraciones (el presupuesto anual destinado a los gastos relacionados con la seguridad para la Comisión y el Parlamento asciende aproximadamente a 40 millones EUR para cada institución; el Consejo cuenta con aproximadamente 15 millones y el Servicio Europeo de Acción Exterior con más de cinco millones solo para su sede en Bruselas), sino que además podría incrementar la vulnerabilidad de las instituciones de la Unión;

132.

Expresa su preocupación ante la actual situación en materia de seguridad, en la que una grave amenaza terrorista se extiende por Europa y más allá, particularmente desde los ataques coordinados ocurridos en Bruselas y París y el ataque frustrado en el tren Thalys; pide a todas las instituciones de la Unión que promuevan activamente la cooperación reforzada entre sí y también con las autoridades nacionales de los países en los que están implantadas, tienen oficinas o delegaciones o desarrollan su labor;

133.

Insta al Secretario General y a las respectivas autoridades administrativas de la Comisión, el Consejo, el SEAE y las comisiones parlamentarias que estudien las posibles bases de una política interinstitucional común de seguridad, incluyendo un plan de acción para desarrollar elementos comunes como los medios y metodologías en materia de evaluación del riesgo, la dotación de personal y los medios de protección de las autoridades políticas y los invitados VIP respectivos, los temarios y recursos de formación para el personal de seguridad, los equipos y tecnologías para el control del acceso, la ciberseguridad y la seguridad de las comunicaciones, así como la gestión especializada de los recursos, que deberían estar en sinergia con las autoridades competentes de los países que acogen las ubicaciones principales, las oficinas exteriores y las delegaciones de la Unión;

134.

Acoge con satisfacción las conclusiones positivas de la auditoría efectuada por el Tribunal de Cuentas Europeo en 2013 y 2014 en la que subraya que, de las catorce instituciones europeas controladas, era el Parlamento Europeo quien contaba con la estrategia más ambiciosa en materia de reducción de emisiones de dióxido de carbono;

135.

Llama la atención sobre el hecho de que las videoconferencias y el teletrabajo pueden contribuir a una utilización más eficaz del tiempo y a un Parlamento más respetuoso del medio ambiente y, a la vez, a una reducción de los gastos administrativos y de viaje;

136.

Pone de relieve la necesidad de aplicar el concepto de la contratación pública ecológica a todos los contratos y licitaciones; pide que se fijen objetivos vinculantes ambiciosos para los contratos verdes, en particular en los ámbitos de alimentación y restauración, los vehículos y el transporte, las instalaciones sanitarias e hidráulicas, el papel, la gestión de los residuos, los equipos informáticos y de impresión de imágenes, la iluminación, la limpieza y el mobiliario;

137.

Pide al Secretario General que diseñe un plan destinado a reducir el número de baúles disponibles para los desplazamientos parlamentarios; sugiere que se introduzca un sistema de «baúles a la carta» o un sistema de «baúles compartidos», reduciendo así sus costes en términos financieros y de la huella de carbono;

138.

Acoge con satisfacción medidas adicionales para contrarrestar las emisiones inevitables; pide al Parlamento que desarrolle políticas en materia de compensación del dióxido de carbono;

139.

Observa que en 2014 los créditos consignados en la línea presupuestaria 4 0 0 asignados a los grupos políticos y los diputados no inscritos se utilizaron como sigue:

140.

Observa que en 2014 los créditos consignados en la línea presupuestaria 4 0 2 se utilizaron como sigue (2):

141.

Observa que en 2014 los créditos consignados en la línea presupuestaria 4 0 3 se utilizaron como sigue (3):