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Document 52015DC0199

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Tercer informe de situación sobre la aplicación por Georgia del Plan de Acción para la Liberalización de Visados

COM/2015/0199 final

Bruselas, 8.5.2015

COM(2015) 199 final

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO

Tercer informe de situación sobre la aplicación por Georgia del Plan de Acción para la Liberalización de Visados

{SWD(2015) 103 final}


1. INTRODUCCIÓN

La Unión Europea puso en marcha un diálogo sobre la liberalización del régimen de visados con Georgia en junio de 2012. En febrero de 2013, la Comisión Europea presentó al Gobierno de Georgia un Plan de Acción para la Liberalización de Visados (PALV), que recoge los criterios de referencia que Georgia debe cumplir para que los ciudadanos de Georgia que sean titulares de pasaportes biométricos puedan entrar en el espacio Schengen para estancias de corta duración sin necesidad de visado.

En noviembre de 2013, la Comisión adoptó su primer informe de situación sobre la aplicación por parte de Georgia del PALV 1 , y formuló varias recomendaciones para la finalización de la aplicación de la primera fase (legislativa y de planificación) de los criterios de referencia del PALV. En octubre de 2014, la Comisión adoptó su segundo informe de situación 2 , en el que se concluía que Georgia cumplía los criterios de la primera fase del PALV y estaba lista para que se evaluara si estaba cumpliendo los de la segunda. En sus conclusiones de 17 de noviembre de 2014, el Consejo se mostró de acuerdo con la evaluación de la Comisión.

En diciembre de 2014, Georgia presentó un informe actualizado sobre los progresos realizados. Las misiones de evaluación bajo la égida de la Comisión sobre los cuatro bloques del PALV tuvieron lugar entre diciembre de 2014 y marzo de 2015; en ellas participaron expertos de los Estados miembros de la UE, asistidos por la Comisión, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y la Delegación de la UE en Georgia.

Este es el primer informe de situación sobre la aplicación de la segunda fase del PALV. Presenta los progresos realizados hasta el momento, establece cómo se han abordado los criterios de referencia de la segunda fase y recomienda las medidas que Georgia debe adoptar para aplicar el resto de los criterios de referencia de la segunda fase de manera eficaz y sostenible.

El presente informe va acompañado de un documento de trabajo de los servicios de la Comisión 3 que examina con mayor detalle la trayectoria descrita. En el anexo del documento de trabajo, tal como exige la metodología del PALV, la Comisión aporta información, basada en análisis fácticos y estadísticas, relativa a las repercusiones previstas de la futura liberalización del régimen de visados en la migración y la seguridad. Los datos y la información disponibles muestran las posibles tendencias principales en materia de migración y seguridad, demostrando que la UE es un destino atractivo para los migrantes de Georgia, lo que plantea posibles problemas de seguridad que deben ser objeto de seguimiento.

2. EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES A LOS CUATRO BLOQUES DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA LIBERALIZACIÓN DE VISADOS

2.1. Bloque 1: Seguridad de los documentos, incluida la biometría

La Agencia de Desarrollo de Servicio Público (ADSP) ejerce las funciones de un registro civil, expide documentos de identidad y lleva a cabo los procedimientos relativos a la ciudadanía. Se trata de una autoridad bien gestionada y con una dirección competente, con funciones y responsabilidades claramente definidas. El proceso de selección es bueno, así como el enfoque adoptado para garantizar que el personal reciba la formación necesaria, incluida una formación continua, para llevar a cabo sus funciones de manera eficaz y eficiente.

El sistema de solicitud y expedición de Georgia es eficiente y seguro, y garantiza la separación de funciones entre quienes reciben las solicitudes, quienes toman las decisiones y quienes expiden los documentos. La instauración, en el territorio nacional y en el extranjero, de pasaportes biométricos conformes con las exigencias de la Organización de Aviación Civil Internacional ha sido un éxito.

El criterio de referencia relativo a la seguridad de los documentos se considera cumplido.

2.2. Bloque 2: Gestión integrada de las fronteras, gestión de la migración y la política de asilo

2.2.1.    Gestión integrada de las fronteras

Los avances generales en cuanto al desarrollo del marco jurídico en los últimos 10 años, junto con la aplicación efectiva de la legislación, han logrado que la gestión integrada de las fronteras de Georgia se armonice con las normas europeas. Las autoridades de Georgia muestran un claro compromiso para seguir desarrollando la seguridad de las fronteras nacionales. La estrategia de gestión integrada de las fronteras se ha actualizado y existe una comprensión común en cuanto a la mejora de la gestión de las fronteras entre todas las partes implicadas. El plan de acción aplica esta estrategia a través de acciones, responsabilidades y plazos concretos.

El número de irregularidades fronterizas es escaso y las infracciones de tráfico transfronterizas son limitadas en comparación con el volumen de tráfico. Los controles en los pasos fronterizos terrestres, marítimos y aéreos están organizados de manera armonizada. La cooperación entre la policía de patrullaje y la agencia tributaria es ejemplar. Las instalaciones en los pasos fronterizos para controlar el flujo de tráfico son modernas y prácticas.

El criterio de referencia relativo a la gestión integrada de las fronteras se considera cumplido.

2.2.2.    Gestión de la migración

La Ley sobre el estatuto jurídico de los extranjeros y apátridas está funcionando bien y se han adoptado todas las disposiciones legislativas necesarias. La estrategia de migración de Georgia y el plan de acción para 2013-2015 son sus principales medidas para gestionar la migración. La implantación de las actividades avanza por buen camino. La Comisión nacional sobre cuestiones de migración, un órgano consultivo del Gobierno, coordina eficazmente las actividades y funciones de los ministerios, organismos públicos, organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales pertinentes sobre cuestiones de migración. La capacidad y la gestión de los recursos humanos de la administración georgiana son, por lo general, suficientes y eficaces. Se ha logrado un buen nivel de formación del personal en todos los ámbitos y ministerios pertinentes. Los procedimientos de readmisión y el sistema electrónico de gestión de casos de readmisión están establecidos y funcionan bien.

La aplicación de las partes de la Ley sobre el estatuto jurídico de los extranjeros y apátridas relativas al internamiento y el retorno se ha aplazado hasta el 1 de julio de 2015. Las autoridades han adoptado todas las herramientas y mecanismos necesarios. Es preciso efectuar un análisis a fondo para identificar las lagunas y las cuestiones jurídicas que deben abordarse.

El criterio de referencia relativo a la gestión de la migración se considera casi cumplido. Se recomienda que las autoridades georgianas:

Amplíen el concepto de análisis de riesgos establecido en el Ministerio del Interior, para incluir todos los ámbitos pertinentes de la política de migración, incluida la política de asilo, la política de migración legal y las cuestiones de integración y reintegración.

Sitúen las actividades de reintegración bajo una única estructura de gestión, de forma que se gestionen de forma estratégica con directrices políticas claras. Las autoridades deberán seguir aportando a los centros de movilidad recursos humanos y financiación sostenible, y aumentar su capacidad en línea con los resultados del análisis de riesgos. Debe crearse un sistema analítico de información para estimar el número total de nacionales georgianos que regresan a Georgia (voluntariamente, debido a una expulsión o mediante readmisión).

Intensificar las campañas de información a todos los niveles, incluidos el local y el regional, sobre los derechos y las obligaciones de los ciudadanos de Georgia en un futuro régimen de exención de visados.

2.2.3.    Política de asilo

Georgia ha adoptado un sólido marco legislativo del asilo en un plazo relativamente corto. La Ley sobre refugiados y protección humanitaria establece el marco institucional necesario y los correspondientes procedimientos y principios legales, y se ajusta en gran medida a las normas internacionales y europeas. La Ley se aplica, en general, de forma satisfactoria. La calidad del procedimiento para determinar la condición de refugiado es más que suficiente.

Se ha introducido una tarjeta de identidad temporal, que se concede a todos los solicitantes de asilo desde el 15 de noviembre de 2014. Se ha creado una unidad de información sobre el país de origen (IPO), que funciona bien. Se ha avanzado considerablemente en la integración de los ciudadanos extranjeros, por ejemplo, garantizándoles la igualdad de trato con los nacionales georgianos en la atención sanitaria y el empleo.

El criterio de referencia relativo al asilo se considera parcialmente cumplido, con buenas perspectivas de mejora. Se recomienda que las autoridades georgianas:

Prosigan el desarrollo de los procedimientos para la expedición de visados por motivos humanitarios.

Creen un sistema para supervisar la calidad de la toma de decisiones sobre las solicitudes de asilo, sobre la base de indicadores de calidad claros.

Desarrollen una estrategia para gestionar el retraso acumulado de casos y un sistema de planificación de emergencia en caso de afluencia repentina. Deberán ponerse a disposición suficientes recursos humanos y financieros.

Garanticen, en la legislación y en la práctica, la capacidad del Ministerio de Desplazados de los Territorios Ocupados, Alojamiento y Refugiados para adoptar decisiones motivadas sobre los casos de manera independiente y atendiendo estrictamente al mérito de cada uno de ellos. Den a los solicitantes rechazados o a sus representantes legales al menos un acceso mínimo a la información del Ministerio del Interior en la que se base el informe de seguridad negativo, de forma que pueda ser objeto de recurso judicial en el marco de un juicio justo.

Desarrollen un modelo de programa nacional de formación tanto para el personal nuevo como para el experimentado.

Establezcan una base de datos e información sobre el país de origen accesibles a todos los trabajadores sociales. Formen a los trabajadores sociales sobre los principios básicos de la IPO. Introduzcan una distinción clara entre la información sobre el país de origen y la información sobre políticas. Establezcan acuerdos de trabajo con las unidades de información sobre el país de origen de otros países.

Den los pasos oportunos para evaluar la forma en que podría acortarse el tiempo de tramitación en la fase de recurso y para introducir un plazo más razonable para la interposición de un recurso de apelación, puesto que el actual, de 10 días, es demasiado breve.

Establezcan para los procedimientos de recurso un sistema de asistencia jurídica gratuita financiada por el Estado que sea fácilmente accesible, independiente y de gran calidad.

Sigan trabajando para garantizar que los refugiados que deseen convertirse en nacionales georgianos puedan acceder al procedimiento de naturalización en la práctica.

Además de los progresos logrados, desarrollen una estrategia de integración local con un claro plan de acción por etapas. Proporcionen suficientes fondos públicos y un mecanismo de coordinación eficaz.

2.3. Bloque 3: Orden público y seguridad

2.3.1. Prevención y lucha contra la delincuencia organizada, el terrorismo y la corrupción

2.3.1.1. Prevención y lucha contra la delincuencia organizada

Las modificaciones legislativas, las reformas organizativas y las acciones encaminadas a reforzar la capacidad de las autoridades policiales y judiciales, así como la cooperación y coordinación entre ellas, han permitido una acción eficaz contra la delincuencia organizada. La legislación moderna sobre delincuencia organizada y blanqueo de dinero, incluida la incautación de los productos del delito, ha permitido hacer frente a los grupos de delincuencia organizada más importantes. El programa de sensibilización sobre la delincuencia organizada ha logrado que la opinión pública rechace esta delincuencia.

La coordinación entre las autoridades policiales y judiciales es buena y funciona bien. Esto se lleva a cabo mediante varios instrumentos, incluido, en particular, el Consejo de coordinación interservicios de la lucha contra la delincuencia organizada, que es un foro eficaz para el intercambio de información y responsabilidades. El Consejo garantiza asimismo que la estrategia nacional y el plan de acción para la lucha contra la delincuencia organizada se apliquen de forma adecuada. El sistema que ha creado Georgia para la recogida y análisis de la información sobre delincuencia permite evaluar cuidadosamente las amenazas.

El criterio de referencia relativo a la delincuencia organizada se considera cumplido.

2.3.1.2. Trata de seres humanos

Georgia ha realizado avances significativos en la lucha contra el tráfico de seres humanos. La normativa es exhaustiva y ya está instaurada la infraestructura para reunir a los principales actores y aportar fondos. Existe el compromiso de proporcionar formación continua para los profesionales y llevar a cabo un amplio programa de sensibilizar a la opinión pública a nivel nacional. Sin embargo, hay importantes deficiencias en lo que se refiere a la satisfacción de las necesidades de las víctimas vulnerables, en particular, los niños. La ausencia de un sistema de inspección de trabajo con competencias normativas limita el ámbito para abordar la trata de seres humanos con fines de trabajo forzoso. El pequeño, aunque creciente, número de casos es motivo de preocupación, al igual que la no aplicación de la legislación relativa a los usuarios de servicios a disposición de las víctimas de la trata de seres humanos.

El criterio de referencia relativo a la trata de seres humanos se considera parcialmente cumplido, con buenas perspectivas de mejora. Se recomienda que las autoridades georgianas:

Revisen los servicios prestados a las víctimas de la trata, en particular la organización y el funcionamiento de los centros de acogida existentes, a fin de garantizar que las necesidades de las personas con niños se cubran de forma adecuada.

Revisen la prestación de apoyo psicológico, médico y jurídico a fin de maximizar el acceso para las víctimas identificadas y presuntas.

Revisen la situación, cometidos y competencias de los servicios de inspección laboral para asegurarse de que disponen de capacidad para identificar y abordar la explotación laboral y el trabajo forzoso.

Tomen medidas para reforzar las investigaciones proactivas, basadas en la información, sobre todas las formas de explotación.

Desarrollen un enfoque sólido para hacer frente a los compradores de mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual comercial, así como explotación laboral, con el objetivo común de garantizar su testimonio y abordar la demanda de tales servicios.

Revisen y mejoren la recogida y el análisis de datos entre las organizaciones que operan en este ámbito en el país a fin de reflejar con mayor precisión el número, sexo, edad, origen étnico y tipo de explotación.

Revisen las diversas líneas directas, con el fin de maximizar el recurso a ellas por parte del público y de las víctimas.

Aumenten la colaboración y la asociación con los países identificados por Europol como principales destinos y fuentes, como Turquía, Azerbaiyán, Kirguistán, Uzbekistán y Armenia.

2.3.1.3. Prevención y lucha contra la corrupción

Se ha adoptado o está pendiente de adopción un número significativo de medidas destinadas a consolidar el marco institucional y legislativo para la lucha contra la corrupción. En noviembre de 2014, el Gobierno adoptó un plan para la reforma de la función pública. En febrero de 2015, Georgia adoptó la estrategia nacional de lucha contra la corrupción y el plan de acción para 2015-2016. En enero de 2015 se creó una unidad especializada de lucha contra la corrupción en la Oficina del Fiscal General, con el mandato de investigar y procesar los casos de corrupción de alto nivel. El nombramiento y cese del Fiscal General debe realizarse de manera abierta, objetiva y transparente, sobre la base de méritos y sin injerencias políticas indebidas. Es preciso proseguir la aplicación de las actuales garantías mejoradas contra posibles abusos en los acuerdos de sentencias pactadas firmados por personas detenidas, en particular a la luz de los abusos anteriores a 2012. La cuestión de los procedimientos de nuevo nombramiento de los jueces cuyo mandato de 10 años está a punto de expirar debe ser objeto de un estrecho seguimiento, ya que podría tener repercusiones más amplias sobre el funcionamiento de la justicia. Hay que proceder cuanto antes a dicho nombramiento a menos que existan razones objetivas que justifiquen la destitución de un magistrado.

El criterio de referencia relativo a la lucha contra la corrupción se considera parcialmente cumplido, con buenas perspectivas de mejora. Se recomienda que las autoridades georgianas:

Prosigan la reforma de la administración pública con la adopción de una Ley de la función pública en consonancia con la práctica internacional, que establezca el ámbito y las normas de una función pública profesional y despolitizada. En la Ley deberán incluirse salvaguardias adicionales aplicables en caso de cese del jefe de la Oficina de la función pública.

Establezcan un control sistemático de los formularios de declaración de patrimonio, respaldado por un sistema de sanciones que disuadan del enriquecimiento inexplicable, los conflictos de intereses y las incompatibilidades. La nueva legislación que regule la verificación de las declaraciones de patrimonio debe incluir procedimientos de verificación exhaustiva que permitan la identificación de los casos de enriquecimiento injustificado, incompatibilidades y conflictos de intereses. Deberán incluirse sanciones disuasorias adecuadas. Es importante crear una agencia que compruebe las verificaciones, o designar una ya existente para ello.

Garanticen que las normas que establecen criterios para prescindir de los procedimientos de licitación de los contratos públicos definan claramente las circunstancias precisas en las que esto puede hacerse y los procedimientos que deben seguirse. Estos procedimientos deben exigir una comunicación pública y el derecho de los objetores a ser oídos. La decisión de renunciar a un procedimiento de licitación pública debe exigir la aprobación independiente de la Agencia de contratación pública.

Sigan reforzando la protección práctica de los denunciantes mediante la introducción de normas y procedimientos que garanticen la seguridad de la información, y sigan aumentando la sensibilización de los funcionarios sobre la práctica de la denuncia.

Prosigan los trabajos sobre la aplicación de todas las recomendaciones formuladas por el grupo de Estados del Consejo de Europa contra la corrupción.

2.3.1.4. Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Georgia ha realizado considerables progresos durante el pasado año. El marco jurídico está en su mayor parte en concordancia con las normas internacionales y de la UE, y el marco institucional, la cooperación interinstitucional y la capacidad administrativa están establecidos en su mayor parte. La aplicación de la estrategia y el plan de acción para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo debe continuar según lo previsto. La experiencia práctica en cuanto a financiación del terrorismo sigue siendo limitada, pero las autoridades georgianas parecen dispuestas a abordar estas cuestiones en caso necesario. El uso generalizado de las sentencias pactadas conlleva el riesgo de que los delincuentes puedan encontrar maneras de evitar el decomiso de los activos ilícitos.

El criterio de referencia relativo al blanqueo de capitales se considera casi cumplido. Se recomienda que las autoridades georgianas:

Refuercen el marco legislativo de los movimientos transfronterizos de dinero efectivo y mejoren su aplicación.

Utilicen mejor el actual marco jurídico para el decomiso de activos de origen delictivo.

Cubran las vacantes que quedan en el servicio de supervisión financiera.

Garanticen que la unidad de inspección externa y de metodología del Banco Nacional de Georgia iniciará sus operaciones con una plantilla completa, y garanticen que se crea una unidad de seguimiento externa separada en el servicio de supervisión estatal de seguros.

Realicen un mayor acercamiento y sensibilización entre las entidades informadoras que no presenten informes o presenten muy pocos informes.

2.3.1.5. Drogas

Se han realizado importantes progresos en la aplicación de la estrategia y el plan de acción nacionales de lucha contra la droga adoptados por el Consejo de coordinación interservicios de lucha contra la droga. Se han registrado avances, especialmente en la reducción de la demanda de drogas y el daño que causan, y en el tratamiento y la rehabilitación. Diversos proyectos y programas han aumentado la concienciación de los jóvenes respecto del daño que hacen la drogas y los peligros que representan. Para reducir la oferta de drogas, se ha puesto gran empeño en las medidas represivas y en la mejora de la cooperación entre organismos. Se han realizado progresos destacables, principalmente mediante el establecimiento de programas de trabajo de las agencias policiales, procesos y bases de datos, y mediante el suministro de los equipos y la formación necesarios.

A pesar de estos progresos, sin embargo, la política nacional en materia de drogas sigue basándose más en represalias que en medidas de reparación.

El criterio de referencia relativo a las drogas se considera parcialmente cumplido, con buenas perspectivas de mejora. Se recomienda que las autoridades georgianas:

Sigan reforzando el aspecto de reducción de la oferta de la política nacional en materia de drogas, en particular completando las modificaciones legislativas tendentes a introducir una distinción en el marco jurídico entre posesión de drogas para uso personal y para venta a terceros.

Consideren la posibilidad de introducir un control jurisdiccional sobre las inspecciones en materia de droga no planificadas realizadas por la policía.

2.3.2.    Cooperación judicial en materia penal

La aplicación del marco institucional y jurídico es suficientemente sólida para que Georgia sea un socio estable y responsable en la cooperación judicial internacional en materia penal. Los instrumentos jurídicos -tanto nacionales como internacionales- de este marco se han actualizado y aplicado de manera que también permite la cooperación internacional en la lucha contra los delitos graves. Los preparativos para la celebración de un acuerdo de cooperación operativa con Eurojust han alcanzado una fase avanzada.

El criterio de referencia relativo a la cooperación judicial en materia penal se considera cumplido.

2.3.3.    Cooperación policial

Los organismos policiales trabajan conjuntamente en la lucha contra la delincuencia, llevando a cabo esta labor de manera multidisciplinar e integradora (a través del Consejo, comités y coordinación entre organismos). Existe una buena interacción entre investigadores y fiscales, y una cooperación adecuada entre las agencias. Las autoridades de Georgia cuentan con equipos sofisticados para apoyar las investigaciones y actuaciones judiciales. El principal servicio forense y el instituto forense nacional del Ministerio del Interior disponen de importantes capacidades forenses. La cooperación internacional bilateral con la UE se está profundizando mediante la firma de acuerdos de cooperación con los Estados miembros.

El criterio de referencia relativo a la cooperación policial se considera casi cumplido. Se recomienda que las autoridades georgianas:

Empiecen a elaborar periódicamente un informe de evaluación sobre las amenazas globales, en particular las futuras tendencias y amenazas emergentes, sobre la base de una evaluación continua y una evaluación policial basada en la inteligencia.

Lleven a cabo un programa de sensibilización en la policía y en la oficina del fiscal general, incluso en las regiones, sobre las posibilidades de cooperación internacional a nivel operativo.

2.3.4.    Protección de datos

Georgia está aplicando satisfactoriamente la legislación relativa a la protección de los datos personales en los sectores público y privado, garantizando que la autoridad supervisora independiente de protección de datos funcione con eficacia. El país ha asignado los recursos humanos y financieros necesarios, ha llevado a cabo programas de formación y una mayor sensibilización en materia de protección de datos. Los preparativos para la celebración de un acuerdo de cooperación operativa con Eurojust han alcanzado una fase avanzada.

El criterio de referencia relativo a la protección de los datos personales se considera cumplido.

2.4. Bloque 4: Relaciones exteriores y derechos fundamentales

Georgia ha realizado notables progresos en este ámbito durante un breve período de tiempo. En 2014 se adoptó el necesario marco jurídico sobre ciudadanía, libertad de circulación (migración) y no discriminación.

2.4.1.    Libre circulación en Georgia

En 2014 se adoptó un nuevo marco jurídico que introdujo cambios importantes en el estatuto de los extranjeros y apátridas. Los cambios legislativos dan a los ciudadanos extranjeros que viven en Georgia la posibilidad de permanecer legalmente en el país. La libre circulación en Georgia de sus nacionales, extranjeros que residan legalmente y apátridas se considera garantizada y no sujeta a restricciones injustificadas ni a medidas discriminatorias.

El criterio de referencia relativo a la libertad de circulación se considera cumplido.

2.4.2.    Condiciones y procedimientos para la expedición de documentos de viaje e identidad

El acceso pleno y efectivo a documentos de viaje e identidad está a disposición de todos los nacionales georgianos, incluidas mujeres, niños, personas con discapacidad, desplazados internos, personas pertenecientes a minorías y otros grupos vulnerables.

El criterio de referencia relativo a la expedición de documentos de viaje e identidad se considera cumplido.

2.4.3.    Derechos de los ciudadanos, incluida la protección de las minorías

La aplicación efectiva de la legislación y las políticas de lucha contra la discriminación se va consiguiendo progresivamente a través de la jurisprudencia y los precedentes, aunque de momento hay pocos litigios en curso en materia de lucha contra la discriminación. Estas tendencias son también consecuencia de la entrada en vigor de la Ley contra la discriminación, que establece el marco jurídico para garantizar la igualdad y la no discriminación, y de sus medidas de aplicación, en que la Oficina del Defensor del Pueblo desempeña un papel fundamental.

Por lo que se refiere a determinadas disposiciones de la Ley de lucha contra la discriminación, esta vigilancia es necesaria para garantizar una protección adecuada y efectiva contra la discriminación en la práctica y que cualquier excepción se aplique de conformidad con los principios de necesidad y proporcionalidad, y en línea con las normas internacionales y europeas.

Por lo que respecta a la aplicación de la estrategia nacional de derechos humanos y el plan de acción, la Secretaría de Derechos Humanos del Gabinete del Primer Ministro cuenta con una dotación completa de personal, y todas las actividades previstas para 2014 se han ejecutado. También se han realizado avances importantes en los últimos años en la protección de las minorías étnicas y la promoción de su integración ciudadana.

Georgia ha comenzado el trabajo preparatorio para la firma de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias y para la armonización de la legislación de Georgia con las disposiciones de la Carta. Por otra parte, los preparativos para la adopción de una ley sobre la lengua oficial están en curso.

El criterio de referencia relativo a los derechos de los ciudadanos se considera casi cumplido. Se recomienda que las autoridades georgianas:

Aumenten y mantengan los esfuerzos para concienciar a los representantes estatales y al conjunto de la sociedad acerca de las cuestiones de igualdad, tolerancia y diversidad; intensifiquen sus esfuerzos para aumentar la sensibilización de las comunidades minoritarias sobre los derechos de sus ciudadanos y los servicios del Estado y las prestaciones disponibles; adopten una nueva estrategia y un plan de acción para fomentar la tolerancia y la integración cívica teniendo plenamente en cuenta la experiencia adquirida en la aplicación del plan anterior y proporcionando una financiación adecuada para su aplicación efectiva, y estableciendo mecanismos de supervisión eficaces con parámetros de referencia e indicadores.

Continúen la formación de los profesionales del Derecho en estrecha colaboración con la sociedad civil y los donantes y organizaciones internacionales, y teniendo debidamente en consideración las propuestas legislativas presentadas por el Defensor del Pueblo.

3. EVALUACIÓN GENERAL Y PRÓXIMOS PASOS

La Comisión ha evaluado la ejecución de la segunda fase de los criterios de referencia del PALV en consonancia con la metodología establecida y sobre la base de las misiones de evaluación y de los datos y documentos proporcionados por Georgia.

La UE ha seguido evaluando los avances de Georgia en los ámbitos relacionados con el PALV a través del Comité mixto de facilitación de visados entre la UE y Georgia, el Comité mixto UE-Georgia de readmisión, el Subcomité de Justicia, Libertad y Seguridad, así como del diálogo en materia de derechos humanos. En cada uno de estos comités, el diálogo y la cooperación entre la UE y Georgia se consideran muy avanzados.

Los avances de Georgia en el marco de los cuatro bloques del PALV han sido significativos. Esto pone de manifiesto el firme compromiso del país y la magnitud de los esfuerzos realizados. La aplicación y los resultados de las reformas que Georgia ha introducido se han analizado a fondo. Esta ha demostrado que el funcionamiento del marco legislativo y político, y la integridad de los principios y procedimientos institucionales y organizativos de los cuatro bloques cumplen en general las mejores normas europeas e internacionales. Por tanto, la Comisión considera que Georgia se ajusta en líneas generales a los criterios de referencia de la segunda fase del PALV.

Habida cuenta de los importantes avances que Georgia ha realizado en los últimos meses, la Comisión está dispuesta a adelantar la fecha del próximo informe siempre que continúe el rápido avance basado en los criterios de referencia y la situación, como se describen en el presente informe y en el documento de trabajo. Sin embargo, Georgia aún debe realizar esfuerzos en consonancia con las recomendaciones incluidas en el presente informe. También es fundamental que siga organizando campañas de información específicas que expongan los derechos y obligaciones de los viajes con exención de visado, así como las normas que regulan el acceso al mercado laboral de la UE.

El cumplimiento de las acciones exigidas en el presente informe permitiría a Georgia completar su aplicación de todos los criterios de referencia de la segunda fase del PALV. La Comisión seguirá supervisando y haciendo todo lo posible por apoyar a Georgia, y presentará un informe sobre los progresos realizados antes de finales de 2015.

(1)

COM(2013) 808 final.

(2)

COM(2014) 681 final.

(3)

COM(2015) 103 final.

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