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INTRODUCCIÓN

La lucha contra la evasión fiscal es esencial para garantizar más equidad y más eficiencia financiera en el mercado interior, en consonancia con las prioridades políticas fundamentales de la Comisión[1]. La lucha contra la elusión del impuesto de sociedades está estrechamente vinculada a la agenda prevista a ese respecto.

A diferencia de la evasión fiscal, que es ilegal, la elusión fiscal se sitúa normalmente en los límites de la legalidad. Sin embargo, muchas formas de elusión fiscal son contrarias al espíritu de la ley, pues en ellas se hace una interpretación lo más laxa posible de lo «legal» con la intención de reducir al mínimo la contribución fiscal global de la empresa. Algunas empresas utilizan técnicas de planificación fiscal agresivas, aprovechando las lagunas jurídicas de los sistemas tributarios, y las diferencias entre las diversas normas nacionales, para evitar pagar los impuestos que equitativamente les corresponden. Por otra parte, los regímenes fiscales de muchos países permiten que las empresas transfieran artificialmente los beneficios a sus territorios, lo que favorece la planificación fiscal agresiva.

Estas actividades van en detrimento de un reparto equitativo de la carga entre los contribuyentes, así como de la competencia leal entre las empresas y  la equidad entre los Estados miembros en lo que atañe a la percepción de los impuestos sobre los beneficios a que tienen derecho legítimamente. La política fiscal se establece principalmente a escala nacional. No obstante, a fin de garantizar una imposición más equitativa y en aras del principio de que la imposición debe reflejar dónde tiene lugar la actividad económica, la Comisión está intensificando sus esfuerzos para ayudar a los Estados miembros a luchar contra la evasión  y la elusión fiscales en el mercado interior.

Junto a los necesarios esfuerzos de los Estados miembros para simplificar y racionalizar sus sistemas tributarios, la transparencia en este ámbito es crucial para la consecución de tales objetivos. La planificación fiscal agresiva, los regímenes fiscales perniciosos y el fraude fiscal prosperan, todos ellos, gracias a un entorno complejo y la falta de cooperación. La lucha contra la evasión y la elusión fiscales exige, por tanto, mayor transparencia entre las autoridades tributarias y mayor cooperación entre los gobiernos. Asimismo, las empresas deben asumir más la responsabilidad de utilizar prácticas fiscales transparentes y justas.

La UE ha ejercido siempre liderazgo en lo que atañe a la buena gobernanza en materia fiscal y, durante muchos años, ha promovido activamente, en este ámbito, principios  que ahora cobran impulso en todo el mundo. El actual auge, sin precedentes, de la lucha contra la evasión y la elusión fiscales ha venido propulsado, en gran medida, por la demanda pública de una fiscalidad equitativa en época de dificultades. Este nuevo impulso destinado a garantizar que cada cual pague la parte que le corresponde está arrojando resultados significativos, tanto a escala de la UE como a escala internacional. La UE ha contribuido activamente a los trabajos de la OCDE y el G20 dirigidos a revisar las normas sobre transparencia y luchar contra las prácticas fiscales abusivas en todo el mundo. El proyecto BEPS[2], que se prevé culminará en 2015, se estima que redundará en una reforma fundamental del entorno fiscal mundial, de manera que le resulte mucho más hostil a quienes evaden y quienes planifican técnicas fiscales agresivas.

No obstante estos progresos, son necesarias más medidas, que permitan a los Estados miembros proteger sus bases fiscales y a las empresas competir en el mercado interior en condiciones de equidad, garantizando, al mismo tiempo, el cumplimiento de los derechos fundamentales, tales como el derecho a la protección de los datos personales.

A tales efectos, la presente Comunicación ofrece un paquete de medidas de transparencia fiscal, que se focaliza en los problemas más urgentes que deben abordarse en este ámbito. Se trata de un primer paso dentro de la ambiciosa agenda que la Comisión se ha marcado en 2015 para la lucha contra la evasión y la elusión fiscales. A continuación, antes del verano, se publicará un plan de acción detallado sobre la fiscalidad de las empresas, que recogerá la posición de la Comisión de cara a lograr que dicha fiscalidad sea eficiente y equitativa en la UE, así como una serie de ideas sobre cómo alcanzar tal objetivo, entre ellas cómo potenciar las discusiones en el Consejo y las posibles maneras de relanzar la propuesta de base consolidada común del impuesto de sociedades (BICCIS). La BICCIS puede ser una herramienta eficaz contra la elusión del impuesto de sociedades en la UE, además de reducir los costes y las cargas administrativas de las empresas en el mercado interior.

INCREMENTAR LA TRANSPARENCIA FISCAL: PESE A LOS GRANDES AVANCES, AÚN QUEDA MUCHO POR LOGRAR

En los últimos años, se han registrado notables avances en lo que respecta al aumento de la transparencia y la cooperación entre las administraciones tributarias de la UE.

Desde 1997, los Estados miembros están políticamente comprometidos en la aplicación de los principios que subyacen a una competencia fiscal leal, en el marco del Código de Conducta sobre la Fiscalidad de las empresas. Colaboran en el Grupo sobre el Código de Conducta para examinar los regímenes fiscales y tratar de salvaguardar los principios de buena gobernanza en el ámbito fiscal en el mercado interior. Aunque este código, políticamente refrendado por los Estados miembros, no es jurídicamente vinculante, ha resultado satisfactorio para eliminar una serie de prácticas fiscales perniciosas a lo largo de los años.

En 2012, la Comisión presentó un Plan de Acción que  contemplaba más de 30 medidas de lucha contra el fraude y la evasión fiscales. Muchas de esas medidas estaban específicamente dirigidas a incrementar la transparencia y el intercambio de información en materia fiscal. Se han realizado notables progresos en la adopción de estas medidas, y cabe señalar que algunas iniciativas fundamentales ya han culminado.

La revisión de la Directiva sobre cooperación administrativa, adoptada por el Consejo en diciembre de 2014[3], fue un logro importante. Esta Directiva garantiza que la UE disponga de un sólido marco jurídico para el intercambio automático de información, y establece el fin definitivo del secreto bancario a efectos fiscales en toda la UE. Impone a los Estados miembros la obligación de intercambiarse una extensa gama de información financiera, en consonancia con la nueva norma internacional de la OCDE/el G20 para el intercambio automático de información entre países.

La adopción de mandatos de negociación de acuerdos fiscales más estrictos con Suiza, Andorra, Mónaco, San Marino y Liechtenstein también supuso un avance importante en la agenda de la UE en materia de transparencia fiscal. En la actualidad, la Comisión está ultimando las negociaciones con los cinco países vecinos, y tiene la intención de presentar una propuesta que se prevé firmar en verano de 2015. Los acuerdos serán mucho más ambiciosos de lo previsto anteriormente, pues se harán concordar con la nueva norma internacional, y garantizarán  el margen de intercambio automático de información entre las partes más amplio posible.

Otros logros relacionados con el Plan de Acción de 2012 incluyen la adopción de la revisión de la Directiva sobre sociedades matrices y filiales, a efectos de evitar determinadas prácticas fiscales abusivas de las empresas, la creación de una plataforma de buena gobernanza en el ámbito fiscal y la puesta en marcha del Foro sobre el IVA para el diálogo entre las autoridades fiscales y las empresas. Se han emprendido también algunas iniciativas prácticas destinadas a facilitar la  transparencia fiscal, tales como formularios normalizados para el intercambio de información y formatos electrónicos para el intercambio automático de información sobre los ingresos no financieros. Por lo que atañe a rastrear los flujos de capital, las autoridades tributarias y aduaneras están ya cooperando con el fin de utilizar mejor la información sobre los movimientos de efectivo.

La Cuarta Directiva sobre el blanqueo de capitales, que acaba de ser aprobada por los colegisladores, se integra también en el objetivo de mayor transparencia de los flujos de capital. Aunque dirigida específicamente a la mejora de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la introducción de registros centrales de información sobre la titularidad real, a los que tendrán acceso las unidades de investigación financiera de toda Europa, beneficiará indirectamente a la lucha contra la evasión fiscal.

Siguen los trabajos en torno a otras iniciativas del Plan de Acción, con la finalidad de aumentar la transparencia fiscal. Por ejemplo, se está estudiando la viabilidad de crear un número de identificación fiscal (NIF) europeo, pues ello facilitaría enormemente a las administraciones tributarias el trabajo de identificación de los contribuyentes a efectos del intercambio automático de información. Además, la Comisión está estudiando la posibilidad de ampliar EUROFISC, herramienta para el intercambio rápido de información sobre el fraude en materia de IVA, de modo que abarque los impuestos directos. Esto ayudaría a los Estados miembros a detectar y comunicarse rápidamente los mecanismos de fraude recurrentes y la evolución de las técnicas de planificación fiscal agresiva.

Asimismo, la Comisión informará sobre los avances de los Estados miembros en la aplicación de la Recomendación de 2012 sobre los paraísos fiscales, que recoge una serie de criterios mínimos de buena gobernanza en el ámbito fiscal que los socios internacionales de la UE deberían aplicar. Sobre la base de este informe, la Comisión estudiará qué otras medidas pueden ser necesarias para garantizar que la UE disponga de una política coherente y sólida en materia de transparencia fiscal con respecto a terceros países.

HACIA UNA MAYOR TRANSPARENCIA EN LA UE Y ALLENDE SUS FRONTERAS

A pesar de los avances registrados, es aún necesario adoptar nuevas medidas a escala de la UE, habida cuenta de la magnitud de la elusión fiscal[4], las carencias aún existentes en términos de transparencia y cooperación, la complejidad de los sistemas fiscales y la sofisticación de las prácticas de planificación fiscal agresiva.

Cabe señalar, en particular, que las administraciones nacionales carecen, a menudo, de la información necesaria sobre el impacto de los regímenes fiscales y las prácticas de otros países sobre sus propios sistemas tributarios. Las investigaciones preliminares de la Comisión, los trabajos realizados por el Grupo «Código de Buena Conducta sobre la Fiscalidad de las Empresas» y recientes revelaciones han puesto de manifiesto que existe una verdadera necesidad de introducir mayor transparencia en los regímenes del impuesto de sociedades de los Estados miembros, en aras de una competencia leal en materia fiscal.

A este respecto, merecen especial atención las resoluciones fiscales. Estas se emiten principalmente para aportar seguridad jurídica y, en principio, no representan un problema. Sin embargo, cuando se utilizan para ofrecer ventajas fiscales selectivas o desviar beneficios artificialmente hacia lugares de baja o nula imposición, falsean la competencia y erosionan las bases fiscales de los Estados miembros. La Comisión ya está realizando investigaciones en materia de ayudas estatales en relación con una serie de resoluciones fiscales de los Estados miembros y ha solicitado a todos ellos que faciliten información sobre sus prácticas en materia de resoluciones fiscales, para determinar si las ventajas fiscales selectivas están falseando la competencia en el mercado interior[5].

El refuerzo de los requisitos de transparencia dentro de sus propias fronteras también otorgará a la UE más credibilidad a la hora de impulsar un ambicioso programa de transparencia a nivel mundial. 2015 es el año en que el proyecto BEPS de la OCDE/el G20 debe culminar, y la UE debe seguir siendo protagonista activa de este proceso de reforma internacional.

Así pues, mediante este paquete de medidas de transparencia fiscal, la Comisión establece una serie de actuaciones que pueden emprenderse a corto plazo para aumentar esa transparencia, a fin de luchar contra la evasión fiscal y la elusión del impuesto de sociedades en la UE, garantizar la vinculación entre la imposición y el lugar de la actividad económica real, y promover normas similares a escala mundial.

Se trata de las siguientes medidas:

1. Establecer una rigurosa transparencia de las resoluciones fiscales

Las resoluciones fiscales que redundan en un nivel bajo de imposición en un Estado miembro pueden mover a las empresas a trasladar sus beneficios artificialmente a ese país. Esto puede erosionar gravemente la base fiscal de otros Estados miembros, pero, además, puede incentivar la planificación fiscal agresiva y la elusión del impuesto de sociedades.

Actualmente, apenas hay intercambio de información entre las autoridades nacionales sobre las resoluciones en materia fiscal. Los Estados miembros cuyos ingresos se ven afectados por las resoluciones fiscales de otros no pueden emprender las acciones necesarias en respuesta. En el contexto del esfuerzo conjunto de lucha contra la elusión del impuesto de sociedades, urge una mayor transparencia y un mayor intercambio de información sobre las resoluciones fiscales de incidencia transfronteriza, incluido por lo que se refiere a los acuerdos de valoración de precios de transferencia.

Por este motivo, la Comisión presenta una propuesta de intercambio automático de información sobre las resoluciones fiscales de incidencia transfronteriza. Las autoridades fiscales nacionales estarán obligadas a compartir automáticamente, con todos los demás Estados miembros y a intervalos regulares, información básica sobre dichas resoluciones. En su caso, En su caso, los Estados miembros que reciban esta información podrán solicitar información adicional. La Comisión propone que estas nuevas obligaciones se integren en el marco legislativo vigente por lo que atañe al intercambio de información, mediante una modificación de la Directiva sobre cooperación administrativa. Esto permitirá que el intercambio automático de información sobre las resoluciones fiscales entre en aplicación rápidamente, tan pronto como se  implanten los procedimientos y procesos necesarios.

2. Racionalizar la legislación sobre el intercambio automático de información

El acuerdo sobre la revisión de la Directiva en materia de fiscalidad del ahorro, en marzo de 2014, fue un importante avance. Supuso ampliar el alcance de la información que deben intercambiarse automáticamente los Estados miembros sobre los rendimientos del ahorro. Sin embargo, los objetivos de la Directiva en materia de fiscalidad del ahorro de la UE quedaron rápidamente superados por la revisión de la Directiva sobre cooperación administrativa, de diciembre de 2014. En virtud de esta, todos los Estados miembros adquieren el compromiso de intercambiarse automáticamente información sobre todo el espectro de la información financiera a efectos fiscales, conforme a la nueva norma internacional de la OCDE.

Las disposiciones de fondo y de procedimiento anteriormente contenidas en la Directiva en materia de fiscalidad del ahorro de la UE se incluyen ahora en el ámbito de aplicación, mucho más extenso, de la Directiva sobre cooperación administrativa. Con el fin de evitar la duplicación y el solapamiento de la legislación de la UE en este ámbito, la Comisión propone derogar la Directiva en materia de fiscalidad del ahorro, dentro del paquete de medidas de transparencia fiscal que ahora se presenta. De este modo, las empresas y las administraciones tributarias dispondrán de un marco legislativo más simple y racional.

3. Estudiar otras posibles iniciativas en materia de transparencia

La Comisión examinará si debe introducirse también la obligación de divulgar públicamente determinada información sobre el impuesto de sociedades, de forma que no se limite a la cooperación administrativa y permita el acceso público a un conjunto limitado de información fiscal de las empresas multinacionales.

Estas obligaciones de transparencia ya existen en el sector bancario (en virtud de la Cuarta Directiva sobre los requisitos de capital) y, por lo que respecta a los pagos a las gobiernos, también en el caso de las grandes empresas de las industrias extractivas y de explotación maderera (en virtud de la Directiva de contabilidad), mediante  «información desglosada por países». Extender la obligación de divulgación pública de determinada información fiscal a las empresas multinacionales de todos los sectores podría sujetar a las empresas a un mayor escrutinio público, y sensibilizar más con respecto a sus prácticas fiscales. Ello crearía, además, condiciones equitativas de competencia entre las empresas de la UE por lo que atañe a las obligaciones en materia de transparencia, y evitaría complejidades legales en cuanto a la definición de sector.

No obstante, los objetivos y el alcance de cualquier posible iniciativa al respecto deberían sopesarse muy atentamente. Es preciso analizar en profundidad los costes y beneficios, y las garantías necesarias en términos de, por ejemplo, la protección de datos, la protección de los secretos comerciales, etc., y examinar las posibles consecuencias, por ejemplo, en la competitividad internacional, atendiendo también al trabajo ya realizado con respecto a la legislación sectorial ya en vigor. En consecuencia, se emprenderá una evaluación de impacto dirigida a obtener los datos necesarios para decidir sobre otras posibles opciones. Debe atenderse también a las obligaciones de transparencia conexas a los mecanismos de  planificación fiscal agresiva que forman parte de los trabajos de la OCDE en el contexto del BEPS, teniendo en cuenta, por ejemplo, los costes y beneficios de transponer esas normas al Derecho de la UE.

4. Revisar el Código de Conducta sobre la Fiscalidad de las Empresas

El Código de Conducta sobre la Fiscalidad de las Empresas ha sido una herramienta importante para combatir los regímenes fiscales perniciosos. Pese a su carácter voluntario e intergubernamental, ha demostrado ya su eficacia de cara a eliminar determinadas prácticas fiscales perniciosas en los Estados miembros. No obstante, recientemente, una serie de casos han puesto de manifiesto limitaciones en el alcance del Código y lagunas en el mandato del Grupo sobre el Código de Conducta. Por ejemplo, en el debate sobre si los incentivos que tres Estados miembros otorgan con respecto a rentas derivadas de patentes (patent box) eran o no perjudiciales, el Grupo no pudo alcanzar una decisión, en un primer momento, debido a que los criterios contenidos en el Código no bastaban para evaluar este tipo de incentivo fiscal moderno. Los nuevos y complejos retos que se oponen a una fiscalidad equitativa, y la preservación de la transparencia fiscal exigen que el Grupo sobre el Código de Conducta actúe con más determinación, así como un seguimiento más estricto, a fin de garantizar que los Estados miembros respeten sus compromisos. Por ello, la Comisión está reflexionando sobre cómo mejorar el Código y la eficacia del Grupo. Sus conclusiones se presentarán a los Estados miembros y se integrarán en el plan de acción sobre la fiscalidad de las empresas, que se prevé adoptar antes del verano.

5. Cuantificar mejor el déficit tributario

El déficit tributario es la diferencia entre los impuestos adeudados y el importe que realmente recaudan las autoridades nacionales. La evasión y la elusión fiscales no son los únicos factores que originan el déficit tributario, pues existen otros, tales como los errores administrativos y las quiebras, que también intervienen en ello. No obstante, las estadísticas sobre el déficit tributario son un indicador importante de la magnitud de los incumplimientos intencionados en el ámbito de la fiscalidad.

Existen numerosos indicios de que el fraude fiscal y la elusión del impuesto de sociedades están arraigados en la UE, y el coste para los presupuestos públicos se estima, grosso modo, en miles de millones de euros al año. No obstante, dado el carácter clandestino de estas actividades y el hecho de que varios Estados miembros no disponen de estimaciones, no se dispone de cifras exactas. La elaboración de estadísticas fiables sobre la incidencia y el impacto de la evasión y la elusión fiscales permitiría adoptar medidas más específicas y disponer de un criterio para evaluar el éxito de las mismas.

Por ello, la Comisión, incluida Eurostat, estudiará con los Estados miembros cómo recopilar datos más comparables y fiables sobre la magnitud de la evasión y la elusión fiscales y su impacto económico. A tal efecto, se ha creado un grupo del proyecto FISCALIS, con el fin de promover una mayor transparencia entre los Estados miembros sobre los datos de su déficit tributario y los métodos de cálculo del mismo que emplean.

6. Impulsar un aumento de la transparencia fiscal a nivel internacional

La UE ha estado durante mucho tiempo a la vanguardia por lo que respecta a las normas de  buena gobernanza en el ámbito fiscal, y ha sido una firme defensora del proyecto BEPS de la OCDE/el G20, destinado a luchar contra la elusión del impuesto de sociedades a escala internacional. El BEPS está previsto que culmine en 2015. La UE debe seguir apostando intensamente por este proyecto y promover con ahínco un nuevo y ambicioso marco fiscal internacional.

Se prevé que el BEPS introducirá medidas para el intercambio espontáneo de información entre las autoridades fiscales por lo que atañe a las resoluciones fiscales que otorgan trato preferencial. Tales disposiciones serían menos ambiciosas que las que ahora propone la UE y, a diferencia de estas, no serían jurídicamente vinculantes. La UE, por lo tanto, seguirá promoviendo la idea del intercambio automático de información con respecto a las resoluciones fiscales a escala mundial.

La Comisión colabora también con la OCDE y otros socios internacionales de cara a garantizar que el Plan de Acción BEPS tenga en cuenta los límites de capacidad de los países en desarrollo, y a fin de ayudar a estos a fortalecer sus sistemas tributarios y luchar contra los flujos financieros ilícitos. Una mayor transparencia financiera y equidad es esencial para que nuestros países socios alcancen sus objetivos de desarrollo y apliquen el programa de desarrollo mundial posterior a 2015.

Además, dentro de sus trabajos sobre posibles nuevas iniciativas en materia de transparencia, la Comisión estudiará si un aumento de esta podría también mejorar la capacidad de los Estados miembros para hacer frente a las prácticas fiscales perniciosas y el traslado de beneficios allende las fronteras de la UE, así como la mejor vía de actuación al respecto y su incidencia en la competitividad internacional de las empresas de la UE.

CONCLUSIÓN

El conjunto de iniciativas expuestas en la presente Comunicación constituye una primera entrega, dentro del  compromiso de la Comisión de impulsar un sólido y ambicioso programa contra la evasión fiscal y la elusión del impuesto de sociedades.

El Parlamento Europeo, el Consejo y muchos agentes de la sociedad civil han reclamado medidas efectivas y urgentes para aumentar la transparencia fiscal, especialmente en lo que atañe a la fiscalidad de las empresas. Este paquete de medidas de transparencia fiscal es el primer paso en respuesta a esta llamada. Las medidas que en él se proponen pueden contribuir significativamente a reducir la evasión  y la elusión del impuesto de sociedades y  garantizar una competencia fiscal más justa entre los Estados miembros. Asimismo, pueden sustentar la posición de liderazgo de la UE en el contexto del programa de transparencia fiscal de ámbito mundial.

La Comisión exhorta al Consejo a adoptar estas propuestas legislativas otorgándoles la consideración de alta prioridad política. En una segunda fase, antes del verano, la Comisión presentará nuevas medidas para combatir la elusión fiscal y la competencia fiscal perniciosa, en el marco de un plan de acción sobre la fiscalidad de las empresas.

[1] «Un nuevo comienzo para Europa: orientaciones políticas para la próxima Comisión Europea (julio de 2014).

[2] Erosión de las bases imponibles y traslado de beneficios.

[3] Directiva 2014/107/UE del Consejo, por la que se modifica la Directiva 2011/16/UE

[4] En relación con la magnitud de la elusión fiscal en general y con determinadas empresas en particular, existen numerosos informes y estimaciones procedentes de las administraciones tributarias, las organizaciones no gubernamentales, las esferas académicas y la prensa. No hay cifras concluyentes que cuantifiquen la magnitud de la elusión en el impuesto de sociedades, aunque existe consenso en que parece considerable. Según una de las estimaciones más elevadas, la evasión fiscal  y la elusión fiscal ascenderá a 860 000 millones EUR y 150 000 millones EUR anuales, respectivamente. El estudio puede consultarse en esta dirección: http://europeansforfinancialreform.org/en/system/files/3842_en_richard_murphy_eu_tax_gap_en_120229.pdf.

]

[5] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2742_es.htm