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Document 52013DC0592
COMMISSION WORKING DOCUMENT Guidance document. The concept of ‘lawfully marketed’ in the Mutual Recognition Regulation (EC) No 764/2008
DOCUMENTO DE TRABAJO DE LA COMISIÓN Documento orientativo. El concepto de «comercializado legalmente» en el Reglamento sobre reconocimiento mutuo (CE) nº 764/2008
DOCUMENTO DE TRABAJO DE LA COMISIÓN Documento orientativo. El concepto de «comercializado legalmente» en el Reglamento sobre reconocimiento mutuo (CE) nº 764/2008
/* COM/2013/0592 final */
DOCUMENTO DE TRABAJO DE LA COMISIÓN Documento orientativo. El concepto de «comercializado legalmente» en el Reglamento sobre reconocimiento mutuo (CE) nº 764/2008 /* COM/2013/0592 final */
ÍNDICE DOCUMENTO DE TRABAJO DE LA COMISIÓN
Documento orientativo. El concepto de «comercializado
legalmente» en el Reglamento sobre reconocimiento mutuo (CE) nº 764/2008.................................................. 3 1........... Introducción................................................................................................................... 3 2........... El principio de reconocimiento
mutuo.............................................................................. 3 3........... El Reglamento sobre
reconocimiento mutuo (CE) nº 764/2008........................................ 4 4........... El concepto de «comercializado
legalmente».................................................................... 5 5........... Obligaciones con arreglo al Reglamento sobre reconocimiento mutuo............................... 6 6........... Medios de prueba.......................................................................................................... 7 6.1........ Derechos y obligaciones................................................................................................. 7 6.2........ Omisión de notificación al
agente económico................................................................... 8 7........... La función de los puntos de
contacto de productos.......................................................... 8 8........... Conclusiones................................................................................................................ 10 DOCUMENTO DE TRABAJO DE LA COMISIÓN Documento orientativo. El concepto de
«comercializado legalmente» en el Reglamento sobre reconocimiento mutuo (CE) nº 764/2008[1] (Texto pertinente
a efectos del EEE) 1. Introducción El 15 de junio de 2012, la Comisión
aprobó su primer informe sobre la aplicación del Reglamento (CE) nº 764/2008
(«Reglamento sobre reconocimiento mutuo»)[2]
y propuso que el Comité Consultivo de Reconocimiento Mutuo realizase un seguimiento
estrecho, entre otros aspectos, de las dificultades que se encuentran los
agentes económicos al tratar de demostrar que un producto ha sido
«comercializado legalmente» en otro Estado miembro. Con el fin de abordar
esta problemática, el presente documento orientativo tiene por objeto
proporcionar unas pautas sencillas sobre el concepto de «comercializado
legalmente» que se recoge en el Reglamento sobre reconocimiento mutuo. Se
actualizará a fin de integrar las experiencias e informaciones aportadas por
los Estados miembros, las autoridades y las empresas. 2. El
principio de reconocimiento mutuo La libre circulación de mercancías es una
de las historias de éxito del proyecto europeo. Ha ayudado a construir el
mercado interior, del que se están beneficiando los ciudadanos y las empresas
de Europa y que constituye el núcleo de las políticas de la UE. En ausencia de una
legislación armonizada, las autoridades competentes de los Estados miembros
pueden crear ilegalmente obstáculos a la libre circulación de mercancías entre
los Estados miembros aplicando normas técnicas por las que se establezcan
requisitos para productos comercializados legalmente en otros Estados miembros.
La aplicación de dichas normas a los productos comercializados legalmente en otro
Estado miembro puede ser contraria a los artículos 34 y 36 del Tratado sobre el
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), incluso si se aplican sin distinción
a todos los productos. El principio de
reconocimiento mutuo, que se deriva de la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea[3], desempeña un
importante papel en el funcionamiento del mercado interior y permite la libre
circulación de mercancías en ausencia de legislación armonizada dentro de la
UE. En el presente documento orientativo se
explica que, con arreglo al Reglamento sobre reconocimiento mutuo, el Estado
miembro de destino de un producto[4]
está obligado a admitir la comercialización en su territorio de un producto
comercializado legalmente en otro Estado miembro o en un Estado de la AELC
signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo («el Acuerdo EEE»)[5], a no ser que se
cumplan los requisitos de procedimiento para denegar el reconocimiento mutuo
establecido con arreglo al Reglamento . La Guía de la
Comisión para la aplicación de las disposiciones del Tratado que rigen la libre
circulación de mercancías[6] recoge un análisis completo de las razones
que los Estados miembros podrían aducir para justificar medidas nacionales que
dificulten el comercio transfronterizo (las excepciones enumeradas en el
artículo 36 del Tratado FUE). 3. El
Reglamento sobre reconocimiento mutuo nº 764/2008 El Reglamento sobre reconocimiento mutuo,
en vigor desde mayo de 2009, tiene por objeto dar efecto al principio de
reconocimiento mutuo. Se aplica únicamente a
productos o características particulares de los mismos que no son objeto de
medidas de armonización a escala de la UE, y define los derechos y las
obligaciones de las autoridades nacionales competentes y de las empresas que
desean vender en un Estado miembro productos legalmente comercializados en otro
Estado miembro, cuando las autoridades tienen intención de adoptar medidas
restrictivas en relación con el producto de conformidad con las normas técnicas
nacionales. En concreto, el Reglamento sobre reconocimiento mutuo se centra en
la carga de la prueba al establecer los requisitos de procedimiento para
denegar el reconocimiento mutuo. El Reglamento sobre
reconocimiento mutuo se aplica a todos los Estados miembros así como a los
Estados de la AELC signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo
(EEE). A pesar de que el principio de reconocimiento mutuo también se aplica a
las relaciones entre la UE y Turquía[7], el Reglamento
sobre reconocimiento mutuo, como tal, no[8]. El Reglamento sobre
reconocimiento mutuo fija las normas y los
procedimientos que deberán seguir las autoridades competentes de un Estado
miembro cuando adopten o tengan la intención de adoptar una decisión, de
conformidad con las normas técnicas nacionales, que suponga una traba a la
libre circulación de un producto comercializado legalmente en otro Estado
miembro y sujeto al artículo 34 del TFUE. 4. El
concepto de «comercializado legalmente» El Reglamento sobre
reconocimiento mutuo no define, en sí mismo, el concepto de «comercializado
legalmente» para los productos incluidos en su ámbito de aplicación, es decir,
no armonizados. Es más, no existe jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre
este concepto. No obstante, los conceptos de «comercialización» e
«introducción en el mercado» se definen en el Reglamento (CE) nº 765/2008[9]. De este modo, «comercialización»
significa todo suministro, remunerado o gratuito, de un producto para su
distribución, consumo o uso en el mercado de la Unión en el transcurso de una actividad
comercial[10]
e «introducción en el mercado» significa la primera comercialización de un
producto en el mercado de la Unión[11]. Para los productos
objeto del Reglamento sobre reconocimiento mutuo, la Comisión considera, por lo
tanto, que el concepto de «comercialización» significa todo suministro,
remunerado o gratuito, de un producto para su distribución, consumo o uso en
otro Estado miembro o en un Estado de la AELC signatario del Acuerdo EEE, en el
transcurso de una actividad comercial. De este modo, la
Comisión sostiene que el concepto de «comercializado legalmente» significa que
el suministro, tal y como se indica en el párrafo anterior, debería producirse
en: – otro Estado miembro, de conformidad con la legislación nacional
aplicable; o – un Estado de la AELC signatario del Acuerdo EEE de conformidad con
la legislación nacional aplicable. –
Por otra parte, con relación a los productos
destinados a los consumidores (o que pueden ser usados por estos), los
productos introducidos en el mercado de la Unión están sujetos a los requisitos
y los criterios de seguridad establecidos en la Directiva relativa a la
seguridad general de los productos[12]. – En relación con los productos importados de terceros países,
deberán comercializarse legalmente en un Estado miembro o en un Estado de la
AELC signatario del Acuerdo EEE con el fin de beneficiarse del reconocimiento
mutuo. Un agente económico importa en un Estado de la UE o en un Estado
de la AELC signatario del Acuerdo EEE productos de un tercer país. Una vez despachados a libre práctica[13], estos productos se consideran mercancía comunitaria. Desde
ese momento, dichos productos pueden comercializarse en otro Estado de la
UE o en un Estado de la AELC signatario del Acuerdo EEE con arreglo a lo
establecido en el Reglamento sobre reconocimiento mutuo. 5. Obligaciones
con arreglo al Reglamento sobre reconocimiento mutuo Un principio esencial del Derecho de la
Unión consiste en que un producto que es objeto del Reglamento sobre
reconocimiento mutuo goza de la libertad fundamental que constituye la libre
circulación de mercancías, garantizada por el TFUE, siempre y cuando el Estado
miembro de destino no haya tomado una decisión motivada en su contra, fundada
en normas técnicas proporcionadas[14]. La libertad fundamental que constituye la
libre circulación de mercancías no es un derecho absoluto: el reconocimiento
mutuo está condicionado por el derecho del Estado miembro de destino a evaluar
la necesidad de aplicar una norma técnica, tal y como se establece en el
Reglamento sobre reconocimiento mutuo. Así pues, el Reglamento sobre
reconocimiento mutuo ofrece a los agentes económicos la oportunidad de
proporcionar información a las autoridades responsables de los Estados miembros
receptores en relación con la comercialización legal del producto en otro Estado miembro o en un Estado
de la AELC signatario del Acuerdo EEE. Cuando la autoridad competente del Estado
miembro de destino requiera una evaluación de la conformidad de un producto
comercializado legalmente en otro Estado miembro o en un Estado de la AELC
signatario del Acuerdo EEE con sus propias normas técnicas, deberá hacerlo de
conformidad con lo establecido en el Reglamento sobre reconocimiento mutuo. El Reglamento trata la recogida de información sobre el
producto en su artículo 4. Con arreglo a dicho artículo, la autoridad podrá
solicitar al agente económico, teniendo debidamente en cuenta el principio de
proporcionalidad, información pertinente sobre las características del producto
o información pertinente que pueda obtenerse fácilmente sobre la
comercialización legal del producto en otro Estado miembro. 6. Medios
de prueba El Reglamento sobre reconocimiento mutuo
no especifica los medios de prueba que pueden utilizar los agentes económicos
para demostrar que un producto ha sido comercializado legalmente en otro Estado
miembro o en un Estado de la AELC signatario del Acuerdo EEE. De esta forma se evita la imposición de cargas
administrativas y no se limitan en modo alguno los medios de prueba que un
agente económico puede presentar como parte de la información mencionada en el
artículo 4, letra b), a las autoridades del Estado miembro de destino. Cabe también indicar
que los Estados miembros utilizan sistemas muy diferentes para introducir los
productos en el mercado y controlar su actividad a través de mecanismos ex
ante (procedimientos de autorización previa) o ex post (vigilancia
del mercado); en la mayoría de los casos, un producto puede comercializarse
legalmente sin necesidad de ser autorizado previamente. De este modo, cualquier prueba, como por ejemplo, facturas
o etiquetas de los productos, catálogos con prueba de una fecha, documentos
fiscales o de venta, registros, permisos, notificaciones destinadas a las
autoridades o procedentes de estas, certificados, extractos de registros públicos,
etc. deberán considerarse adecuados para demostrar la comercialización
efectiva del producto en otro Estado miembro o en un Estado de la AELC
signatario del Acuerdo EEE. 6.1. Derechos
y obligaciones De conformidad con el artículo 4, letra b),
del Reglamento sobre reconocimiento mutuo, la autoridad competente del Estado
miembro de destino puede solicitar al agente económico correspondiente
información pertinente sobre la anterior comercialización legal del producto en
otro Estado miembro o en un Estado de la AELC signatario del Acuerdo EEE. En particular: – Si el agente económico tiene prueba de conformidad con la
legislación nacional de otro Estado miembro o del Estado de la AELC signatario
del Acuerdo EEE donde el producto se comercializa efectivamente (como por
ejemplo, confirmación por escrito de la autoridad competente del Estado miembro
de origen[15]), la Comisión considera que sería útil transmitir dicha prueba a
la autoridad competente del Estado miembro de destino. – También resultaría útil que el agente económico proporcionase las
referencias de las disposiciones legales aplicables en otro Estado miembro o
Estado de la AELC signatario del Acuerdo EEE. No
obstante, si esto no es posible, la autoridad competente del Estado miembro de
destino deberá considerar la posibilidad de obtener esta información
directamente de las autoridades de dichos Estados a través del punto de
contacto de productos (véase la sección 7 más adelante). La autoridad competente del Estado miembro de
destino puede solicitar la traducción de los documentos proporcionados por el
agente económico cuando sea necesario. Sin embargo, se consideraría excesivo
que un Estado miembro solicitase una traducción jurada o certificada por una
autoridad consular o administrativa[16],
o que impusiese un plazo excesivamente breve para la entrega de la traducción,
a no ser que circunstancias especiales lo justificasen. La Comisión también considera que la autoridad competente del Estado
miembro de destino debe indicar qué partes de los documentos necesitan
traducción. La autoridad deberá evitar solicitar traducciones cuando los
documentos en cuestión estén disponibles en otra lengua que la autoridad pueda
comprender. 6.2. Omisión
de notificación al agente económico La Comisión considera que una solicitud de
información por parte de la autoridad competente del Estado miembro de destino
(o el examen del producto por la autoridad competente) no puede causar la
suspensión de la comercialización de un producto en el Estado miembro de
destino de forma indefinida, ni tampoco durante un largo periodo de tiempo, a
la espera de que la autoridad competente adopte una decisión motivada sobre su
comercialización[17] excepto cuando se adopte una medida de emergencia como
consecuencia de una alerta con arreglo a la Directiva 2001/95/CE[18] o el Reglamento nº 178/2002[19]. Por lo tanto, tal y como se recoge en el artículo 6, apartado 4,
del Reglamento sobre reconocimiento mutuo: «Cuando la autoridad competente omita
notificar al agente económico, en el plazo fijado en el apartado 2, una
decisión de las mencionadas en el artículo 2, apartado 1, el producto
se considerará legalmente comercializado en el Estado miembro por lo que
respecta a la aplicación de la norma técnica a que se refiere el
apartado 1 del presente artículo.» 7. La
función de los puntos de contacto de productos La principal función de los puntos de
contacto de productos es proporcionar información sobre normas técnicas
relativas a productos a agentes económicos y autoridades competentes de otros
Estados miembros o en un Estado de la AELC signatario del Acuerdo EEE y ofrecer
la información de contacto de dichas autoridades. Así
pues, el Reglamento sobre reconocimiento mutuo aborda las dificultades que
afectan al diálogo entre las administraciones nacionales en el ámbito no
armonizado. Con la creación de los puntos de contacto de productos, se han
simplificado considerablemente los contactos entre autoridades nacionales en lo
que se refiere al ámbito no armonizado de productos dentro de la UE. Los contactos entre
administraciones nacionales también suelen ser necesarios para obtener más
información sobre el producto y las normas técnicas en otro Estado miembro o en
un Estado de la AELC signatario del Acuerdo EEE, incluso si está comercializado
legalmente en ese país. De este modo, las actividades informativas de los
puntos de contacto de productos aligeran la carga tanto de los distintos agentes
económicos como de las autoridades nacionales. El Reglamento sobre
reconocimiento mutuo establece varias funciones para los puntos de contacto de
productos en relación con la información proporcionada a solicitud de agentes
económicos o de autoridades competentes en otros Estados miembros o en un
Estado de la AELC signatario del Acuerdo EEE. En particular, el artículo 10,
apartado 3, del Reglamento establece lo siguiente: «Un punto de contacto de productos situado en
el Estado miembro en que el agente económico en cuestión haya comercializado
legalmente el producto de que se trate podrá proporcionar la información u
observaciones pertinentes al agente económico o a la autoridad competente
conforme a lo dispuesto en el artículo 6.» Así, aunque no se impone obligación
alguna a los puntos de contacto de productos, el Reglamento sobre
reconocimiento mutuo abre la puerta a que estas entidades ayuden a los agentes
económicos o a las autoridades en otros Estados miembro o en un Estado de la
AELC signatario del Acuerdo EEE proporcionándoles información pertinente, si
está disponible, sobre la comercialización legal de un producto. Caso 1: Cooperación administrativa Un agente económico ha introducido un producto en el mercado de un
Estado miembro o un Estado de la AELC signatario del Acuerdo EEE donde no
existen obligaciones específicas en relación con su comercialización, y ahora
está intentando introducirlo también en otro Estado miembro. Las autoridades del país de destino desean confirmar si se
ha llevado a cabo algún procedimiento legal o alguna actividad de vigilancia
del mercado en el Estado en el que el producto estaba efectivamente comercializado
al haber percibido una posible inseguridad. Las autoridades competentes del Estado miembro
o un Estado de la AELC signatario del Acuerdo EEE en el que el agente económico
intenta introducir su producto deberá ponerse en contacto con el punto de contacto
de productos del Estado de origen, directamente o bien a través de su propio
punto de contacto. A su vez, este punto de contacto les proporcionará la
información de contacto de las autoridades pertinentes o hará llegar a estas su
solicitud. La cooperación administrativa permite a las autoridades públicas
identificar a sus colegas de otros Estados miembros para obtener fácilmente
información de las autoridades competentes e iniciar un diálogo con ellas. Caso 2: Requisitos desproporcionados Para identificar algunos tipos de productos como «comercializados
legalmente» en otros Estados miembros, las autoridades de un Estado miembro A
aceptan solo certificados oficiales emitidos por la administración del
Estado miembro de origen. Cualquier otro tipo de documento
será descartado por «fácilmente falsificable». Para los productos comercializados en Estados
miembros en los que existen dichos certificados, este requisito no supone
ningún problema, habida cuenta de que dichos certificados confirmarían de
inmediato que se trata de productos «legalmente comercializados» en ese país.
Por el contrario, para los productos comercializados en los Estados miembros en
los que no se emiten dichos certificados (por ejemplo, porque dependen
únicamente de mecanismos de vigilancia del mercado), este requisito podría suponer
un posible obstáculo. En conclusión, esta condición es
desproporcionada y da lugar a una medida que tiene un efecto equivalente a
las restricciones cuantitativas, por lo que incumple el artículo 34 del TFUE. Caso 3: Procedimientos de autorización previa Algunos agentes económicos creen que, una vez que un producto ha
sido comercializado legalmente en un Estado miembro, no necesita autorización
en el Estado miembro de destino. Esto no siempre es
así. De hecho, estos procedimientos nacionales
todavía pueden aplicarse en el Estado miembro de destino y, aunque se
considere una restricción a la libre circulación de mercancías, podrían
justificarse si persiguen un objetivo de interés público reconocido por la
legislación de la UE y si cumplen el principio de proporcionalidad. 8. Conclusiones El Reglamento sobre reconocimiento mutuo
está diseñado para garantizar la observancia del principio de reconocimiento
mutuo dentro del mercado interior y en el Estado AELC signatario del Acuerdo
EEE, en particular, a través del inicio de un proceso de diálogo en aquellos
casos en que el acceso al mercado presente dificultades. En las negociaciones
en torno al concepto «comercializado legalmente», la mayoría de los problemas
surgen debido a las dificultades a las que hacen frente los agentes económicos
al inicio de este diálogo, cuando intentan encontrar medios de prueba
adecuados, o una vez que el diálogo se ha iniciado, debido a los requisitos
adicionales solicitados por las autoridades tras haber proporcionado algunos
documentos. En lo que se refiere a los medios de prueba adecuados, el problema
es, sobre todo, una cuestión de información, dado que los agentes económicos no
siempre son conscientes de que pueden utilizar casi cualquier documento emitido
durante sus actividades comerciales habituales en otro Estado miembro o en un
Estado de la AELC signatario del Acuerdo EEE para demostrar que sus productos
se han comercializado legalmente en ese país. En cuanto a los
requisitos adicionales, al examinar y evaluar de un producto, en particular, para
determinar si se ha comercializado legalmente en otro Estado miembro, las
autoridades deberán tener presente que, con arreglo al artículo 5 del
Reglamento y a la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia de la UE,
el Estado miembro o el Estado de la AELC signatario del Acuerdo EEE deberá
demostrar que la medida (o requisito) es necesario y, si procede, que la
comercialización de los productos en cuestión supone un riesgo y que la medida
(o requisito) es conforme al principio de proporcionalidad. En conclusión, el
Estado correspondiente asume la carga de la prueba de que la finalidad
declarada de la medida o del requisito no puede lograrse por ningún otro medio
que tenga un efecto menos restrictivo sobre el comercio. [1] El presente documento no es jurídicamente
vinculante. Ni la Comisión Europea ni las personas que actúen en su nombre
serán responsables del uso que pudiera hacerse de esta información, ni de los
errores que pudiera contener a pesar de su minuciosa preparación y
comprobación. La responsabilidad de la interpretación definitiva de la
legislación de la UE recae en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. [2] Reglamento (CE) nº 764/2008 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen procedimientos
relativos a la aplicación de determinadas normas técnicas nacionales a los
productos comercializados legalmente en otro Estado miembro y se deroga la
Decisión nº 3052/95/CE (DO L 218 de 13.8.2008, pp. 21-29). [3] El origen de este principio está en la sentencia «Cassis
de Dijon», de 20 de febrero de 1979, Rewe-Zentral AG y Bundesmonopolverwaltung
für Branntwein, asunto 120/78, Rec. 1979, p. 649. Desde 1980, la Comisión ha
elaborado una serie de directrices en relación con la aplicación del principio
de reconocimiento mutuo que se desprenden de la jurisprudencia del Tribunal, en
concreto en la Comunicación de la Comisión relativa a las medidas que debían
adoptarse en relación con la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia el
20 de febrero de 1979 en el asunto 120/78 («Cassis de Dijon») (DO C 256 de
3.10.1980). [4] A efectos del presente documento orientativo, un
producto es un bien mueble que, como tal, puede ser objeto de transacciones
comerciales: sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de octubre de 1999, Peter
Jägerskiöld contra Torolf Gustafsson, asunto C-97/98, Rec. 1999, p. I-7319. Con
arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, los bienes que son
transportados a través de una frontera para ser objeto de transacciones
comerciales están sujetos al artículo 34 del Tratado FUE, independientemente de
la naturaleza de dichas transacciones: véase, en particular, el considerando 20
de la sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de marzo de 1995, The Queen
contra Secretary of State for Home Department, ex parte Evans Medical
Ltd y Macfarlan Smith Ltd, asunto C-324/93, Rec. 1995, p. I-563. [5] En el momento de la redacción del presente documento,
los Estados de la AELC signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo son Islandia, Liechtenstein y Noruega. De
este modo, el Espacio Económico Europeo (EEE) comprende los Estados miembros de
la UE más estos tres países. El Reglamento sobre reconocimiento mutuo se
incorporó al Acuerdo EEE en virtud de la Decisión del Comité Mixto del EEE
nº 126/2012 de 13 de julio de 2012 por la que se modifica el anexo II
(Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE
(DO L 309 de 8.11.2012, pp. 4-5). Son de aplicación algunas adaptaciones
especiales: el Reglamento se aplica solo a los productos contemplados en el
artículo 8, apartado 3, del Acuerdo y no se aplica a Liechtenstein en relación
con los productos contemplados en el anexo I, los capítulos XII y XXVII del
anexo II y el Protocolo 47 del Acuerdo en los casos en que la aplicación del
Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el comercio
de productos agrícolas incluya a Liechtenstein. No obstante, la Decisión no
entró en vigor hasta el 1 de abril de 2013 debido a los retrasos en la
notificación del «cumplimiento de requisitos constitucionales» por parte de
Noruega e Islandia. De este modo, todas las referencias a los «Estados
miembros» que figuren en el presente documento orientativo se entenderán referidas
también a estos tres países. [6] Documento
disponible en línea en: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/files/goods/docs/art34-36/new_guide_es.pdf. El artículo 36 del Tratado FUE se analiza a partir de la página 26. [7] La obligación de aplicar el principio de reconocimiento
mutuo a los productos fabricados o comercializados legalmente en Turquía se
basa en los artículos 5 a 7 de la Decisión nº 1/95 del Consejo de
asociación CE-Turquía, de 22 de diciembre de 1995, relativa al establecimiento
de la fase final de la Unión Aduanera (DO L 35 de 13.2.1996), que prevé la
eliminación de medidas de efecto equivalente a restricciones cuantitativas
entre la UE y Turquía. De conformidad con el artículo
66 de la Decisión nº 1/95, los artículos 5 a 7 deben interpretarse, a
efectos de su ejecución y aplicación a los productos contemplados en la Unión
Aduanera, con arreglo a la pertinente jurisprudencia del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea. Por consiguiente, los principios que se derivan de la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre las cuestiones relacionadas con
los artículos 34 y 36 del TFUE, en particular la jurisprudencia «Cassis de
Dijon», son aplicables también a Turquía. [8] Véase más arriba. No obstante, Turquía ha aprobado un
Reglamento nacional sobre reconocimiento mutuo en el ámbito no armonizado, en
vigor desde el 1 de enero de 2013. [9] Reglamento (CE) nº 765/2008 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos
de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los
productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) nº 339/93 (DO L 218
de 13.8.2008, pp. 30–47). [10] Artículo 2, apartado 1, del Reglamento (CE)
nº 765/2008. [11] Artículo 2, apartado 2, del Reglamento (CE)
nº 765/2008. [12] Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 3 de diciembre de 2001, relativa a la seguridad general de los productos (DO
L 11 de 15.1.2002, pp. 4–17). [13] El artículo 79 del Reglamento (CEE) nº 2913/92 del
Consejo, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, establece que
«el despacho a libre práctica confiere el estatuto aduanero de mercancía
comunitaria a una mercancía no comunitaria. Implica
la aplicación de las medidas de política comercial, el cumplimiento de los
demás trámites previstos para la importación de unas mercancías y la aplicación
de los derechos legalmente devengados». [14] La Directiva relativa a la seguridad general de los
productos permite a los Estados miembros tomar medidas restrictivas rápidas en
relación con los productos peligrosos o potencialmente peligrosos, de
conformidad con los artículos 8, 11 o 12 y 18 de la Directiva. [15] La prueba de la autoridad competente del Estado miembro
donde el producto EEE se comercializa legalmente es solo una de varias
posibilidades: no puede ser exigida por la autoridad competente del Estado
miembro de destino. Véase el considerando 63 de la
sentencia de 8 de mayo de 2003 (ATRAL contra Estado Belga, asunto
C-14/02), en el cual el Tribunal de Justicia ha precisado que imponer como
condición que se acredite la conformidad de los productos EEE con las normas o
reglamentos técnicos que garantizan un nivel de protección equivalente al
exigido por el Estado miembro de destino es contrario al artículo 34 del TFUE. [16] En este sentido, véase la sentencia del Tribunal de
Justicia de 17 de junio de 1987, Comisión de las Comunidades Europeas contra
República Italiana, asunto 154/85, Rec. 1987, p. 2717. [17] En el caso excepcional de un procedimiento de autorización
previa, la comercialización puede producirse solo una vez obtenida la
autorización. Cabe subrayar que, tal y como se explica en el considerando 12
del Reglamento sobre reconocimiento mutuo, «un requisito de autorización previa
no constituye, por sí mismo, una norma técnica con arreglo al presente
Reglamento, de forma que una decisión que excluya o retire un producto del
mercado, basándose únicamente en la falta de autorización previa válida, no
constituye una decisión a la que se aplique el presente Reglamento». [18] Véase la nota 13. [19] Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y
los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la
seguridad alimentaria.