19.9.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 271/144

1.1.1

Por primera vez en su historia, la humanidad dispone de conocimientos, recursos económicos y técnicas para erradicar la pobreza a nivel mundial de aquí a 2030. Es una fuente de inmensa esperanza para mil millones de seres humanos que todavía sufren pobreza extrema. Por primera vez también los Estados se han comprometido de aquí a 2050 a gestionar mejor el capital natural del planeta, reconocido como un recurso limitado, que hay que proteger y compartir con las generaciones futuras.

1.1.2

El núcleo de la negociación que se abrirá en septiembre de 2013 en las Naciones Unidas consiste en lograr una definición universal de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) con vistas a conciliar, a largo plazo, la lucha contra la pobreza, el consumo y la producción sostenibles y la conservación de los recursos naturales. Este proceso debe ser integrador y convergente para integrar la revisión prevista en 2015 de los objetivos de desarrollo del milenio (ODM). Los representantes de la sociedad civil, las instituciones internacionales y los Estados miembros en el seno de las Naciones Unidas se están movilizando ya para preparar y acompañar esta negociación internacional. Desde la Conferencia «Río+20» (1), el CESE participa en este debate para contribuir a determinar el papel de la sociedad civil ante estos desafíos. Tiene previsto proseguir esta labor hasta 2015 mediante otros dictámenes (2) e iniciativas.

1.1.3

El Comité está de acuerdo con el enfoque de la Comisión de entablar un debate europeo sobre la necesidad de alcanzar una convergencia entre los procesos relativos a los ODD y ODS así como la responsabilización de los Estados mediante una Comunicación titulada «Una vida digna para todos: Acabar con la pobreza y dar al mundo un futuro sostenible». No obstante, aunque cabe reconocer que los objetivos de desarrollo del milenio arrojan resultados en cuanto a sus aspectos sociales, sigue siendo prematuro establecer objetivos medioambientales al igual que determinar objetivos económicos universales aceptables para todos los países del mundo. El Comité considera necesario comprender mejor la manera en que interactúan estas tres dimensiones del desarrollo sostenible para encontrar soluciones equitativas, sobrias y eficaces.

1.2.1

En la fase de elaboración de una posición común de la UE con vistas a la asamblea general de las Naciones Unidas, el Comité considera que la Comunicación de la Comisión Europea constituye un punto de referencia importante para alimentar el debate en las instituciones y en los Estados miembros. El Comité acoge con satisfacción la labor conjunta de la DG Medio Ambiente y la DG DEVCO (3), que atestigua un esfuerzo de coherencia que engloba, además, la contribución del Servicio Europeo de Acción Exterior en materia de seguridad a la elaboración de esta Comunicación, la cual debería haber integrado más en su enfoque la política comercial y agrícola. El Comité se congratula especialmente por el trabajo concertado en el marco del Consejo Europeo y anima a este último a elaborar un documento único de conclusiones a raíz del Consejo de Asuntos Exteriores de mayo o junio de 2013.

1.2.2

El Comité señala que esta decisión clara a favor de un marco único y global, cuyos objetivos deben aplicarse en cada país, merece un amplio consenso interno para ser presentada a otros países socios de la comunidad internacional y lograr persuadir de que se reserve un trato de igual a igual en particular a los países más pobres y al centenar de países con ingresos medios, incluidos los países emergentes, cuyo papel ya es preponderante en las negociaciones internacionales. Dada la complejidad de la negociación, el Comité considera la posición europea como un punto de referencia en este proceso diplomático que supera la antigua distinción establecida entre países desarrollados y países en desarrollo.

1.2.3

El Comité aboga por que la UE haga oír su voz en los foros internacionales basándose en este marco de convergencia de los ODM/ODS, incluso en las Naciones Unidas a través de los Estados miembros. Cada país deberá elaborar, con la participación de la sociedad civil, una estrategia nacional integradora de desarrollo que tenga en cuenta el nivel del que parte, y contribuirá así a alcanzar los objetivos comunes de desarrollo sostenible. El Comité considera que esta decisión requerirá establecer procedimientos de evaluación y de seguimiento de los compromisos nacionales que se hagan constar en un registro mundial, junto con la necesaria mejora de los indicadores estadísticos complementarios respecto del PIB.

1.2.4

La Unión Europea dispone de valores, su práctica en materia de consenso y determinadas bazas que, de existir voluntad política, deberían permitirle comprometerse firmemente con la transición hacia el desarrollo sostenible, y lograr que la sigan sus socios internacionales. Como demuestran los compromisos concretos especificados en el importantísimo anexo a la Comunicación, la Unión Europea sigue siendo un referente en cuanto a las políticas medioambientales, el respeto de los derechos humanos, las transferencias internas en favor de la cohesión territorial o la redistribución en materia de protección social. El anexo esboza un marco para el seguimiento de los compromisos de Río+20 en la esfera europea e internacional.

1.2.5

Concebidos como objetivos universales, los ODD deberán desglosarse mediante políticas europeas y programas nacionales de reforma de los Estados miembros. El Comité recomienda tener en cuenta este enfoque en los preparativos de la revisión intermedia de la Estrategia Europa 2020 con arreglo al seguimiento de los compromisos de Río+20. Se aguarda la «ecologización» del Semestre Europeo para imprimir un nuevo impulso (4). Según el Comité, ello implica una fusión con la Estrategia Europa 2020 y la Estrategia de Desarrollo Sostenible, así como la introducción de una Unión social  (5) estrechamente vinculada con la unión económica y monetaria europea.

1.2.6

Una de las especificidades de los nuevos ODS es que aspiran a ser universales, aplicándose a todos los países, y a tener en cuenta las limitaciones del planeta. Dado el carácter físicamente finito del suelo, el agua dulce, los bosques y muchos otros recursos naturales del planeta, los ODS han de incluir objetivos para emplear estos recursos más eficazmente y compartirlos de manera más justa. De igual modo, los ODS tienen que establecer objetivos equitativos para reducir el impacto de las emisiones de gases de efecto invernadero y otras formas de contaminación. Estas metas deberían cuantificar y establecer calendarios para alcanzar el objetivo mundial acordado hace tiempo de evolucionar hacia patrones de producción y consumo más sostenibles. En efecto, salvo que se logre en todo el mundo esta transición hacia una economía global más sostenible, puede llegar a resultar imposible alcanzar objetivos de desarrollo como los ODM para los países en desarrollo, ya que los avances actuales relativos a algunos objetivos de desarrollo tradicionales a menudo son contrarrestados por problemas crecientes a escala mundial de agotamiento de los recursos, cambio climático y otras formas de contaminación.

1.2.7

Los países desarrollados y emergentes son los principales responsables de los crecientes problemas de consumo excesivo, derroche y agotamiento de los recursos naturales, así como contaminación. De modo que los ODS que se refieren a patrones de consumo y producción más sostenibles serán especialmente relevantes para estos países y requerirán establecer al respecto objetivos de mejora exigentes y ambiciosos para los próximos quince años. La Unión Europea se ha mostrado siempre activa en este ámbito y debería situarse a la vanguardia mediante la identificación de objetivos relativos a los ODS adecuados para el mundo desarrollado.

1.3.1

El Comité recuerda que todos los dictámenes citados forman un núcleo duro de recomendaciones sobre el papel de la sociedad civil en materia de buena gobernanza, el apoyo de una transición hacia un nuevo modelo económico, la protección de los más pobres y más vulnerables, el acompañamiento de los trabajadores en lo relativo a las transformaciones y la consideración de la lucha contra el calentamiento climático y de la limitación de los recursos del planeta. El Comité considera, además, que una sociedad civil autónoma y fuerte, reforzada por un sistema jurídico que garantice su independencia, constituyen juntos la base fundamental de la democratización y del Estado de derecho, contribuyendo además a la estabilidad necesaria para las inversiones y el crecimiento sostenible (6).

1.3.2

El Comité invita a la Comisión, así como a los Estados miembros, a hacer que la sociedad civil participe en todo el proceso de elaboración y, seguidamente, de aplicación y seguimiento de los ODS en particular, ámbito en el que esta participación es todavía insuficiente. En 2013 y 2014, deberían contribuir a ello los debates nacionales –entablados también en los consejos económicos, sociales y medioambientales o en los consejos de desarrollo sostenible—, en los que participen todas las partes integrantes de la sociedad civil, así como los debates organizados con la sociedad civil europea y de los países socios. Estos trabajos se enmarcarán en los preparativos del Año Europeo de la Cooperación y el Desarrollo 2015, para elaborar una visión conjunta de un mundo futuro y aumentar la visibilidad pública de la acción exterior europea (7). En cuanto al Año Europeo de la Cooperación y el Desarrollo, el Comité anima a la Comisión Europea a movilizar recursos suficientes, a garantizar el compromiso activo de la sociedad civil, a fomentar prioritariamente iniciativas existentes y promovidas por socios de este año europeo y, por último, a fomentar debates de fondo sobre las cuestiones que plantea el CESE en este dictamen.

1.3.3

A las sociedades civiles incumbe abogar por otro modelo económico ante los responsables políticos nacionales y los diplomáticos internacionales, con vistas a disociar el nivel de actividad económica del desarrollo humano y del impacto medioambiental. El Comité recomienda compartir los conocimientos y lecciones en particular durante el año temático 2015 con las demás sociedades civiles de países y regiones socios, ámbito en el que el CESE tiene una fecunda experiencia en materia de intercambios.

1.3.4

El Comité invita a las organizaciones de la sociedad civil a participar y a tomar nota de los resultados de las consultas internacionales, nacionales y temáticas, en particular la consulta en curso sobre la sostenibilidad medioambiental lanzada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), accesible en la página web www.worldwewant2015.org/sustainability

1.3.5

El Comité recomienda que la agenda post-2015 se base de manera más sistemática en evaluaciones de impacto realizadas, en particular, con la ayuda de organizaciones de la sociedad civil (por ejemplo, sobre los derechos humanos, los ecosistemas o las condiciones laborales). De igual modo, la integración del diálogo social entre interlocutores sociales, uno de los indicadores del respeto de los derechos humanos en el entorno laboral, es un instrumento esencial para aplicar y evaluar los ODM y ODS.

1.3.6

Por consiguiente, el papel de la sociedad civil en la planificación, el seguimiento y la evaluación será fundamental. La sociedad civil europea deberá recabar información pertinente para poder actuar mediante mecanismos de seguimiento en materia de coherencia interna de las políticas europeas, a favor del desarrollo, principio que consagra el Tratado de Lisboa. El Comité recomienda que la sociedad civil participe en la selección de indicadores complementarios al PIB, a la lucha contra la corrupción, a las negociaciones sobre el proceso de paz y a la elaboración de planes estratégicos nacionales. Preconiza, además, que se valoricen las innovaciones sociales que emergen de manera pragmática.

1.3.7

Para consolidar el liderazgo europeo hacia otro modelo de economía, el Comité recomienda crear un foro  (8) de consulta a todas las partes interesadas dedicado al fomento de la producción y el consumo sostenibles en la UE. Para cada sector, es indispensable determinar etapas intermedias de una transición negociada que prevea medidas de acompañamiento para los sectores, las empresas, los territorios y los trabajadores afectados.

1.3.8

Para poner en práctica esta futura agenda, el Comité recomienda adoptar un enfoque basado en el refuerzo de las asociaciones entre agentes, por ejemplo, sobre la igualdad de género. Se podrían fomentar cooperaciones basadas en el establecimiento voluntario de asociaciones o de relaciones contractuales entre agentes a favor de objetivos que comprometan a todos los niveles territoriales. Se trata, por ejemplo, de iniciativas diseñadas mediante sinergias entre agentes privados, públicos o asociativos que se comprometen juntos a alcanzar objetivos precisos en un ámbito territorial o urbano. Estos enfoques innovadores parecen indispensables para tener en cuenta el aspecto multidimensional de la pobreza. Estas relaciones contractuales también son propicias para establecer cooperaciones sur-sur con un apoyo financiero del norte.

1.4.1

La agenda post 2015 supone un cambio de paradigma que rebasa el ámbito de la ayuda y de la cooperación internacional. Tendrá que concebirse como un proceso que hace que todos los países participen en la transición hacia un modelo económico verde e integrador, un cambio de rumbo hacia una economía descarbonizada. El Comité suscribe el análisis de la Comunicación, según la cual «resulta esencial lograr avances hacia una economía verde e integradora mediante modelos de consumo y producción sostenibles y la utilización eficiente de los recursos, especialmente los sistemas energéticos bajos en emisiones».

1.4.2

Coherencia entre la política financiera y la política económica y migratoria. Además de las facetas económicas, es indispensable aplicar, según el principio de coherencia, otras políticas que incidan claramente en un cambio de rumbo hacia el desarrollo sostenible. Se trata, por ejemplo, de instaurar impuestos sobre las emisiones de carbono y cualquier otra medida que incite a atenuar el cambio climático, un dispositivo que facilite la inmigración temporal o circular procedente de los países pobres, el control estricto de la venta de armas a los países en desarrollo y una normativa financiera para reducir el blanqueo de dinero y frenar la evasión fiscal.

1.4.3

La definición de los objetivos de desarrollo sostenible debe calibrar la tensión entre las cuestiones de desarrollo individual y colectivo y las que atañen a la conservación de los equilibrios medioambientales del planeta. El Comité considera que, para aplacar esta tensión y alcanzar un equilibrio entre las tres dimensiones del equilibrio sostenible, es necesario preservar los bienes colectivos mundiales mediante políticas públicas globales gestionadas por una comunidad internacional integrada por Estados soberanos. Este es el gran desafío de la futura agenda.

1.4.4

Esta temática de los bienes públicos mundiales, considerados como unos de los principales retos para después de 2015, requiere un esfuerzo de coherencia más importante entre las instituciones internacionales y las políticas mundiales. La Unión Europea tiene que ocupar el lugar que le corresponde al respecto. En algunos de sus dictámenes, el CESE ha esbozado respuestas sobre la consideración de los bienes públicos mundiales, en particular, sobre la seguridad alimentaria (9), el nivel mínimo de protección social o la regulación multilateral del comercio y de las inversiones, el clima o la biodiversidad.

1.4.5

El Comité lamenta que en su Comunicación «Una vida digna para todos» la Comisión Europea aluda furtivamente a esta cuestión. Considera que la próxima Comunicación relativa a los recursos financieros anunciada para mediados de 2013 deberá abarcar esta cuestión para cerciorarse de que se asignan fuentes de financiación adecuadas. La ayuda oficial al desarrollo debe seguir dedicándose a la lucha contra la pobreza. Gran parte del proceso de consulta relativo al impuesto europeo sobre las transacciones financieras que se introducirá en 2013, con la participación inicial de once países, debería centrarse en las observaciones mundiales.

1.4.6

En ningún caso cabe escudarse en la demora de un acuerdo internacional sobre la definición de los ODS para diferir o rebajar los compromisos de ayuda financiera adquiridos por los países desarrollados. El Comité expresa su gran preocupación por el riesgo de interrupción en la ejecución de la ayuda al desarrollo si no se concluye un acuerdo en 2015. Para paliar este riesgo, recomienda que para esta fecha se dote imperativamente a los ODM revisados de medios financieros suficientes (10). Incluso en la fase actual de dificultades presupuestarias, el Comité exhorta a la Unión y a los Estados miembros a mantener sus compromisos y a hacer lo posible por alcanzar de media el 0,7 % a partir de la nueva etapa.

1.4.7

Es necesario actualizar los objetivos de desarrollo del milenio y adecuarlos a los nuevos retos del siglo XXI, aprovechando los balances y la experiencia adquirida. El CESE considera conveniente añadir, de entrada, al menos tres temáticas, a saber, el acceso a la energía para todos  (11), el derecho a la alimentación y al agua y el establecimiento de un nivel mínimo de protección social  (12). Además, hay que insistir en que el trabajo digno, incluido desde la revisión de 2006, constituye una prioridad, así como la imperiosa necesidad de volver a situar el desarrollo agrícola en el centro de la lucha contra cualquier tipo de pobreza.

Además, la convergencia entre las dos agendas podrá diseñarse a partir de esta revisión que sería solo una primera etapa hacia la futura agenda global. Hay que reconocer la tensión e incertidumbre que existe actualmente entre la aspiración a una agenda «ideal» y la «posible» realidad.

1.4.8

En esta revisión de los ODM, el Comité sugiere desarrollar un enfoque específico para los Estados frágiles o afectados por conflictos, incluyendo la restauración institucional entre los objetivos prioritarios para esos países con vistas a aportar previamente un esfuerzo de gobernanza enfocado en la seguridad y justicia de proximidad.

2.1

Perennidad de la Declaración del Milenio. La Declaración mantiene todo su valor político y simbólico como pacto por el que se suscribe un compromiso hasta después de 2015 entre todos los países, ricos y pobres. Debe seguir siendo un pilar de la futura agenda al exponer los grandes retos y valores fundamentales que deben sustentar las relaciones internacionales del siglo XXI. Evoca la paz, la seguridad y el desarme, la protección de nuestro medio ambiente común, los derechos humanos, la democracia y la buena gobernanza, la protección de los colectivos vulnerables y la respuesta a las necesidades específicas de África, así como el derecho al desarrollo y la necesidad de crear un entorno favorable al desarrollo. Esta declaración estableció ya un vínculo claro entre las distintas facetas del desarrollo sostenible en consonancia con la Declaración de Río de Janeiro de 1992.

2.2

Pese a arrojar un balance mitigado, por su sencillez y legibilidad, los ODM han ayudado a sensibilizar y movilizar la opinión pública de los países desarrollados. Aún está por demostrar que este respaldo de la opinión pública se haya plasmado realmente en un aumento del volumen de las ayudas, mediante una lucha eficaz contra la corrupción, mediante la reorientación hacia los países más rezagados o, incluso, la adaptación a los países en guerra o debilitados por conflictos internos.

2.3

Territorios, desigualdades y pobrezas. En cuanto al índice de pobreza, el Comité manifiesta reservas sobre el indicador de ingresos diarios inferior a 1,25 dólares empleado para evaluar la reducción de la pobreza extrema o el recurso a medias nacionales. Estos instrumentos enmascaran las profundas desigualdades internas de las sociedades nacionales así como las disparidades territoriales, en particular en detrimento de la población rural, que debería poder mantenerse en zonas agrícolas y asimilar mediante el desarrollo rural parte del crecimiento demográfico de las próximas décadas. Por otra parte, la urbanización descontrolada acentúa y alimenta la pobreza urbana creciente y requiere análisis más cualitativos.

2.4

La igualdad de género es un requisito fundamental de cualquier cambio (13), no solo por el trato dispensado a las mujeres, sino por ser el núcleo de las demás desigualdades, cuyas consecuencias exacerba. Las respuestas a la no discriminación, a saber, los derechos de la mujer, son fundamentales para lograr la transición de nuestras sociedades. La aportación de las mujeres a la paz, al desarrollo, a las actividades económicas y la seguridad se convierte en baza fundamental de una futura agenda. Estos valores deben ser reconocidos por todos, hombres y mujeres.

2.5

Resultados cuantitativos e instrumentos metodológicos. La hoja de ruta actualizada debe plasmarse en objetivos e indicadores de eficacia pertinentes. La difusión periódica de los informes de seguimiento de los ODM ha puesto de relieve resultados sustanciales y carencias. La calidad de estas evaluaciones es un logro determinante para esta metodología de gobernanza mediante objetivos. La futura agenda requiere mejorar y armonizar los instrumentos estadísticos nacionales, en particular los relativos a datos desglosados por sexo y a personas en situación de discapacidad. Para ello conviene mejorar el registro civil y contribuir con encuestas cualitativas, en particular, en materia de educación.

2.6

Más allá del PIB. A efectos de la agenda post-2015, los indicadores de desarrollo sostenible (14) que definen el bienestar deberán reunir en un cuadro restringido indicadores económicos, sociales y medioambientales en lugar de un indicador único agregado. Es posible asociar el PIB a otros indicadores a nivel internacional, como se hace ya para definir el concepto de países menos desarrollados; en este último caso, se combinan los criterios de retraso en el desarrollo humano y de vulnerabilidad económica o el indicador de desarrollo humano y, más recientemente, también el de las desigualdades desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Para colmar la brecha existente entre las políticas económicas, el bienestar y el progreso social, conviene apoyarse en indicadores complementarios respecto del PIB. Un nuevo enfoque requiere determinar los componentes del progreso proponiéndose abrir la contabilidad nacional a las dimensiones sociales y medioambientales, recurriendo a indicadores compuestos y creando indicadores clave. Sin embargo, lo que aún se echa de menos es el desarrollo de instrumentos de efectividad y responsabilización, necesarios para vincular las decisiones políticas y presupuestarias a los resultados de los propios indicadores. Medir el bienestar y el progreso no es un problema exclusivamente técnico. La propia concepción de la noción de «bienestar» trae a colación las preferencias colectivas y los valores fundamentales de una sociedad. Una manera de avanzar en la elección de los indicadores consiste en hacer que los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil participen en la labor universitaria para definirlos y explorar su posible utilidad.

2.7

Incumbe a los poderes públicos, al gobierno central y a las autoridades locales garantizar la protección efectiva de un nivel mínimo de protección social para afrontar los principales riesgos de la vida, especialmente en materia de salud y discapacidad, de jubilación y desempleo. Las organizaciones de la sociedad civil (organizaciones sindicales, ONG, fundaciones, mutuas, cooperativas, PYME, asociaciones familiares o de consumidores) pueden celebrar contratos con las autoridades públicas para desempeñar un papel determinante en cuanto a la planificación, el seguimiento o la prestación de servicios y recabar ayudas públicas, especialmente en el caso de las PYME.

3.1

Democratización y derechos humanos como fundamento de las transiciones hacia sociedades integradoras y economías sostenibles. Prestar un apoyo permanente a las iniciativas de democratización sigue siendo la mejor manera de lograr sociedades transparentes y que rinden cuentas a sus ciudadanos. En las sociedades abiertas del siglo XXI, no se puede alcanzar ningún cambio de envergadura sin la participación, apropiación, adhesión y corresponsabilidad de las partes interesadas. En el marco del instrumento financiero para la promoción de la democracia y los derechos humanos y la Comunicación sobre el papel de las sociedades civiles en el desarrollo, el Comité se congratula de que se otorgue una mayor importancia a la aparición de una sociedad civil independiente (15), lo cual permite luchar contra la corrupción de cualquier tipo, garantizar la responsabilidad ante los ciudadanos, implicar a los agentes económicos en los estudios de impacto y en el seguimiento de los acuerdos comerciales o consolidar la capacidad de vigilancia de los defensores de los derechos de las mujeres o, incluso, apoyar a los defensores del medioambiente.

3.2

Transparencia y responsabilidad de los países socios como bases de la futura agenda. Los ODM y, a continuación, la subsiguiente agenda para la eficacia de la ayuda (principios de París, Accra, Busan) han contribuido a reforzar la responsabilidad en los países socios y la consideración de las situaciones específicas de los Estados frágiles. No obstante, para corregir los principales defectos de la cooperación, la futura agenda deberá permitir a los países beneficiarios convertirse en intervinientes en pie de igualdad con los países donantes. Sobre todo, habrá que tener en cuenta de manera concreta las situaciones de conflicto interno o de guerra y la fragilidad vinculada con las catástrofes naturales, mediante la elaboración de respuestas específicas para estos países a través de objetivos previos y prioritarios de restauración de las instituciones y de garantía en materia de seguridad, policía y justicia.

3.3

La colaboración entre empresas y la valorización de los múltiples intercambios entre agentes y redes internacionales. El enfoque basado en la multiplicidad de los intervinientes incita a los socios de desarrollo del norte y del sur a ir más allá del marco diplomático tradicional de los acuerdos intergubernamentales. Una visión más integradora de la sociedad civil se basa en el establecimiento entre distintos agentes de relaciones contractuales o de asociaciones formalizadas mediante un contrato sobre los objetivos y medios. Ello implica tener más en cuenta las iniciativas de las ciudades y los entes locales (redes de ciudades ecológicas, movimiento de las ciudades en transición) y de las organizaciones de la sociedad civil (diplomacia no gubernamental, como la Cumbre de los Pueblos de Río de Janeiro), empresas de todo tipo (en el mundo de los negocios, por ejemplo, las redes de empresas responsables o de economía social) o las confederaciones sindicales internacionales (agentes fundamentales para alcanzar el objetivo de trabajo digno) o, incluso, de universidades y centros de investigación a partir de la elaboración de los objetivos, pero también para su puesta en práctica y seguimiento. El Comité recomienda reconocer y valorizar en la futura agenda los acuerdos contractuales entre socios privados, públicos y asociativos, sin desdeñar la multitud de iniciativas de solidaridad internacional procedentes de los propios ciudadanos. Integrar esta diversidad de partes interesadas en pie de igualdad es un requisito clave de una gobernanza más eficaz e integradora que tenga en cuenta la voz de los más pobres.

3.4

Al igual que muchos observadores, el Comité preconiza a tal efecto mejoras esenciales en cuanto a la buena gobernanza y las instituciones democráticas para fomentar que los países socios hagan suya su propia estrategia nacional de desarrollo. Por otra parte, los objetivos del milenio han permitido que las sociedades civiles de determinados países en desarrollo refuercen su posición como partes interesadas e interpelen a sus gobiernos sobre las decisiones en materia de inversiones y gasto público. En la futura agenda más integradora, deberá reforzarse su participación en la elaboración de estos documentos estratégicos de reducción de la pobreza. Además, podrán sacar a la luz soluciones innovadoras sobre el trabajo digno o la protección social, al mismo tiempo que se desarrollan los conocimientos y la planificación, que son elementos que contribuyen a mejorar la gobernanza de los Estados. El Comité preconiza orientar, en parte, esta ayuda comercial para reforzar las capacidades de los interlocutores sociales y de las organizaciones de la sociedad civil en materia comercial. El objetivo es que contribuyan a integrar el comercio y la seguridad alimentaria en su estrategia nacional de desarrollo.

4.1

Gobernanza mundial y bienes colectivos medioambientales, sociales o económicos. Habida cuenta de que conciernen al conjunto del planeta, determinados bienes o servicios como, por ejemplo, el aire, el agua, los océanos, los ecosistemas, el trabajo digno, la protección social, la seguridad alimentaria, las normas comerciales, etc., son reconocidos en esta Comunicación como «pilares básicos de la vida» y presentados en su anexo. Estos bienes públicos mundiales (16) deberán integrarse en la agenda post-2015 mediante políticas públicas mundiales sobre las tres dimensiones del desarrollo sostenible. Deben abordarse en un marco concertado mundial pero, sobre todo, deben respaldarse mediante compromisos contractuales internacionales, financiación e iniciativas nacionales, que a su vez se repercutan en multitud de acciones colectivas e individuales a nivel más local.

4.2

Financiación mundial adaptada a los cambios de trayectoria de aquí a 2050. Según las Naciones Unidas, se necesitarían 800 000 millones de euros cada año para afrontar de manera sostenible la pobreza y los retos medioambientales, es decir, un 1,5 % del PIB mundial. La ayuda oficial al desarrollo puede satisfacer solo entre un 10 % y un 15 % de estas necesidades de financiación internacional. Por consiguiente, es indispensable disponer de otros recursos nacionales e internacionales. En el marco de la futura comunicación sobre las fuentes de financiación, se tiene que abordar en profundidad la cuestión de los recursos fiscales internacionales que permitirán movilizar, haciendo gala de transparencia y previsibilidad, la financiación necesaria para erradicar la pobreza, conservar el medioambiente y gestionar los bienes públicos mundiales. Las financiaciones innovadoras y el impuesto sobre las transacciones financieras, primicias de esta política, deberían dedicarse prioritariamente a estos desafíos globales. Además, la movilización de los recursos fiscales nacionales, así como la orientación hacia la actividad productiva de las transferencias de fondos de los emigrantes, sigue siendo un requisito indispensable para la consecución de los objetivos establecidos a nivel local.

4.3

Más empleo en una economía verde e integradora. La desaceleración económica actual amenaza gravemente la consecución de los ODM en 2015 dado su profundo impacto en el empleo y las empresas. Pero la crisis puede brindar la ocasión de movilizarse más en favor de una economía verde que pueda suscitar cambios de rumbo hacia el desarrollo sostenible. A este respecto, el Pacto Mundial para el Empleo de la OIT es un nuevo instrumento destinado a acelerar una trayectoria generadora de empleo mediante el estímulo de la demanda de empleo y de calificaciones, la instauración de un nivel mínimo de protección social y la integración del sector informal mediante un plan nacional de trabajo decente.

4.4

Durante el ejercicio del milenio, las instituciones financieras internacionales han descuidado especialmente la agricultura mundial. Reequilibrar las inversiones que generan empleo a favor de una agricultura familiar y agroecológica es una urgencia perentoria.

4.5

El papel de las empresas en la transición hacia un informe anual de sostenibilidad. En las Naciones Unidas, el sector privado está representado por el Pacto Mundial creado en 2000 para convertir la responsabilidad social de las empresas en un instrumento al servicio de los ODM; agrupa actualmente a 8 700 empresas que actúan en los 130 países que han suscrito un compromiso sobre derechos laborales, derechos humanos, medio ambiente y lucha contra la corrupción. Los compromisos voluntarios, que corresponden a trasladar los ODS a escala empresarial, pueden desempeñar un papel fundamental en las cadenas de subcontratación. El Comité considera que las iniciativas de eco-diseño, eco-producción, sobriedad ecológica o comercio justo, así como las que requieren pocos recursos naturales, son soluciones innovadoras para la consecución de objetivos de desarrollo sostenible (17). Por tanto, el Comité preconiza la aplicación de la recomendación, recogida en la Declaración de Río+20, que prevé generalizar el sistema de informes sobre la sostenibilidad mediante un Corporate Sustainability Report anual que faciliten las empresas al igual que su informe financiero.

5.1

Pese a las tentaciones de volver al proteccionismo que surgieron al inicio de la crisis, el sistema internacional evitó, en general, las prácticas comerciales restrictivas. No obstante, el bloqueo de la negociación multilateral denominada de «desarrollo» suscita un profundo malestar en cuanto a las divergencias de intereses respecto de los países en desarrollo. Los países emergentes son los mayores beneficiarios del aumento de los intercambios, aunque acentúe sus desigualdades internas, salvo en algunos países como Brasil gracias a sus políticas redistributivas y de lucha contra la pobreza.

5.2

En cambio, la apertura comercial no ha arrojado los resultados esperados en muchos países en desarrollo dotados de productos agrícolas y materias primas, por falta de diversificación, transformación e infraestructuras. El Comité lamenta los bloqueos existentes en cuanto a los acuerdos de asociación económica con los países ACP. El Comité subraya que el acceso preferencial  (18) otorgado por la UE a los países menos desarrollados (PMA) arroja resultados muy modestos, al igual que el recurso de dichos PMA a las ayudas comerciales, que constituye un modo de cooperación multilateral de importancia creciente. El CESE recomienda fomentar la adopción de instrumentos de agilización del comercio como los que ya han sido negociados a favor de los países menos desarrollados en el marco de la OMC e impulsar la apertura comercial generalizada de los emergentes a los países menos desarrollados en régimen de franquicia de derechos y sin contingentes.

5.3

El CESE aboga por que la UE integre estructuralmente los principios del derecho a la alimentación  (19) en sus prácticas comerciales y que emprenda una oportuna acción de concertación en la OMC y con los demás socios comerciales importantes, a fin de que dichos principios pasen a formar parte de las políticas comerciales multilaterales y bilaterales. Además, el CESE preconiza liberalizar los bienes y servicios medioambientales disociados de un eventual acuerdo de Doha y facilitar la transferencia de tecnologías verdes mediante los acuerdos comerciales bilaterales (20).

5.4

Los agentes económicos, así como las infraestructuras, deben proyectarse resueltamente hacia el desarrollo sostenible. A tal efecto, el establecimiento de infraestructuras  (21) y redes de intercambios constituye un estímulo tanto para atraer a inversores extranjeros como para fomentar el desarrollo de las PYME, apoyar a las industrias de procesamiento de materias primas y desarrollar el comercio electrónico.