(1)

Proteger a la infancia de todas las formas de violencia es un objetivo fundamental de la Unión Europea. En el artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE) se fija como objetivo de la Unión el fomento de la protección de los derechos del niño. Este derecho fundamental figura entre los valores en los que se fundamenta la Unión según el artículo 2 del TUE. En el artículo 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, la «Carta») se establece que los niños tienen derecho a la protección y a los cuidados necesarios para su bienestar y que, en todos los actos relativos a los niños llevados a cabo por autoridades públicas o instituciones privadas, el interés superior del niño constituirá una consideración primordial. Esta protección no solo debe brindarse dentro de la Unión, sino también por medio de las relaciones de la Unión con el resto del mundo, de conformidad con el artículo 3, apartado 5, del TUE.

(2)

La protección de la infancia es, asimismo, un objetivo esencial de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (en lo sucesivo, la «Convención de las Naciones Unidas») (1), del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH) (2), así como de otros instrumentos normativos internacionales (3) e instrumentos no jurídicamente vinculantes del ámbito de las Naciones Unidas (4) y del Consejo de Europa (5).

(3)

Proteger y hacer realidad los derechos del niño es parte fundamental de la Estrategia de la UE sobre los Derechos del Niño (en lo sucesivo, «la Estrategia») (6). En dicha Estrategia, la Comisión se comprometió a «presentar una iniciativa destinada a apoyar el desarrollo y el refuerzo de los sistemas integrados de protección de la infancia» como resultado clave para combatir todas las formas de violencia contra los niños y garantizar la protección de la infancia.

(4)

En su Resolución de 2021 sobre los derechos de la infancia (7), el Parlamento Europeo destacó la importancia de desarrollar y reforzar los sistemas nacionales y transnacionales integrados de protección de la infancia con recursos y sistemas de aplicación y seguimiento. En las Conclusiones del Consejo relativas a la Estrategia de la UE sobre los Derechos del Niño, de junio de 2022, también se instaba a los Estados miembros a adoptar un enfoque integrado (coordinado y multidisciplinar) para la protección de la infancia (8). En su Dictamen, el Comité de las Regiones también ha hecho hincapié en la necesidad de capacitar a los entes locales y regionales para instaurar sistemas integrados de protección de la infancia (9).

(5)

La consulta a más de 1 000 niños y adolescentes en el marco de la nueva Plataforma de Participación Infantil y Adolescente de la UE (10) sobre sus necesidades de protección demuestra que la protección de la infancia aún no se puede dar por sentada (11). La presente Recomendación también se basa en una consulta pública abierta y una convocatoria de datos. La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) también realizó un análisis descriptivo de los sistemas nacionales de protección de la infancia en la Unión (12) y su funcionamiento, a petición de la Comisión. Los principales resultados se describen en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, elaborado a partir de datos contrastados, que acompaña a la presente Recomendación.

(6)

Una de las principales conclusiones es que los sistemas nacionales de protección de la infancia son diversos. Dichos sistemas se diseñan en función de las necesidades específicas a las hay que atender y de los recursos que se han asignado y se ven influenciados por factores culturales, sociales e históricos específicos, así como por los diferentes niveles de descentralización. Sin embargo, tienen en común dificultades tales como la insuficiencia de políticas de prevención y sistemas de detección temprana, así como la falta de un apoyo oportuno e integral (que abarque el componente psicosocial), en particular para los niños que tengan necesidades de protección combinadas, así como un seguimiento adecuado. A menudo faltan mecanismos de coordinación para garantizar respuestas multidisciplinares eficaces que comprendan los distintos ministerios o los distintos niveles de competencia. La disponibilidad y coordinación de los recursos humanos y económicos también representa una dificultad. Sobre esta base, es evidente que se necesitan sistemas de protección de la infancia más eficientes e integrados.

(7)

El fomento de una cultura de tolerancia cero de la violencia contra los niños pasa por alinear las normas internacionales, los compromisos políticos y las distintas actuaciones, así como por movilizar a todos los agentes pertinentes de la sociedad (13). Debe actuarse contra toda forma de violencia, a saber, todas las formas de violencia física o mental, las lesiones o el maltrato físico o la amenaza de maltrato físico, el abandono u otras formas de negligencia en los cuidados, otras formas de maltrato o la explotación, incluidos los abusos y agresiones sexuales, físicamente, en línea o en mundos virtuales («violencia contra los niños»). Esta violencia puede adoptar diversas formas, por ejemplo, la violencia doméstica, la trata de seres humanos, los abusos sexuales, la violencia de género, incluida la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil, así como todas las formas de acoso escolar y castigo corporal. En este sentido, la presente Recomendación tiene como objetivo fundamental fomentar el desarrollo de sistemas integrados de protección de la infancia en los Estados miembros y reforzar su funcionamiento, así como promover la protección de la infancia como prioridad de la Unión en su acción exterior.

(8)

Para atender mejor a las necesidades y peticiones de los niños, los sistemas nacionales de protección de la infancia deben estar adaptados a su contexto y centrarse en los niños, y su puesta en práctica debe atribuirse al nivel de gobernanza más adecuado. Los Estados miembros deben facilitar la cooperación y la coordinación intersectoriales entre los interlocutores privados, los entes locales, regionales y nacionales y las instituciones, órganos y organismos de la Unión, a fin de garantizar la igualdad de acceso a los servicios de protección de la infancia. El interés superior del niño debe tomarse como consideración primordial y debe, asimismo, escucharse al niño. Una característica del enfoque integrado debe ser la vinculación entre la prevención, la alerta temprana, la denuncia, el apoyo intersectorial y el seguimiento.

(9)

Diferentes partes, en distintos niveles de competencia y sectores, tienen responsabilidades específicas en materia de protección de la infancia. Resulta esencial definir claramente las funciones y establecer una coordinación estrecha entre todas las partes pertinentes, en particular las autoridades públicas (a todos los niveles, según sus competencias), los interlocutores privados y las organizaciones de la sociedad civil. Los profesionales e interlocutores pertinentes abarcan diversos sectores, como la educación y la formación (profesores, educadores, servicios de apoyo a todos los niveles, incluida la educación y la atención a la primera infancia), la atención social (por ejemplo, trabajadores sociales, prestadores de servicios, cuidadores residenciales y de acogida), la salud (incluida la salud mental), la justicia y la policía (por ejemplo, abogados, jueces, policías, profesionales que trabajan en centros en régimen cerrado o semiabierto), el asilo y la migración, la protección diplomática y consular, lo digital, el deporte, el ocio, los medios de comunicación, la cultura, las finanzas, lo empresarial y el medio ambiente, así como los líderes tradicionales y religiosos. Las familias y las comunidades tienen un papel central en la protección de la infancia, así como los propios niños.

(10)

La amplia variedad de herramientas de que disponen los Estados miembros, también a nivel de la Unión (normativa, políticas y financiación), puede contribuir a que los sistemas de protección de la infancia estén más integrados y sean más sólidos. La presente Recomendación se basa, por su parte, en el acervo pertinente de la Unión relativo a los derechos del niño, así como en las medidas no vinculantes tomadas en este ámbito (14). Su objetivo es sentar un enfoque holístico y transversal para la protección de la infancia que aúne la normativa y las medidas ya existentes, para que los sistemas de protección de la infancia funcionen de manera más integrada y centrada en la infancia.

(11)

El fomento de la igualdad y la inclusión en nuestras sociedades es un medio importante para la prevención de la violencia. Tienen más probabilidades de sufrir acoso escolar los niños que tenga alguna de las características relacionadas con las causas de discriminación. Por ejemplo, los niños con discapacidad tienen más riesgo de convertirse en víctimas de violencia y los abusos, tanto en sus hogares como en centros (15). El 11 % de los adolescentes LGBTI de entre 15 y 17 años sufrieron una agresión física o sexual por ser LGBTI en los cinco años previos a la encuesta de 2019 (16). Los niños que presencian actos de racismo y experimentan autocensura al revelar su identidad tienen más probabilidades de desarrollar problemas socioemocionales que los que no. Esto es especialmente cierto en el caso de los niños gitanos, que a menudo padecen discriminación, antigitanismo y exclusión socioeconómica en su vida cotidiana (17). Por lo tanto, es esencial que los sistemas integrados de protección de la infancia sean inclusivos, de modo que garanticen que todos los niños reciban siempre un trato igualitario y sin discriminación, en consonancia con las cinco Estrategias de la Comisión sobre la Unión de la Igualdad (18), la Estrategia de la UE de lucha contra el antisemitismo y apoyo a la vida judía (19) y el Plan de Acción en materia de Integración e Inclusión (20). La Comunicación Conjunta «Sin lugar para el odio» tiene por objetivo intensificar los esfuerzos de la UE para luchar contra el odio en todas sus formas (21).

(12)

La salud mental y el apoyo psicológico son elementos fundamentales en cualquier fase de la protección de la infancia. En la Comunicación de la Comisión sobre un enfoque global de la salud mental (22) se pone énfasis en impulsar la salud mental de los niños. La Comisión considera que la infancia es una etapa determinante para la configuración de la salud mental con repercusión durante toda la vida. En un enfoque escolar integral del bienestar, la salud mental y el uso de un lenguaje no violento son fundamentales para prevenir el acoso, incluido el ciberacoso, y la violencia, con la colaboración de los profesionales de la salud mental y las familias. Así lo destaca, en particular, el Grupo de Expertos de la Comisión sobre entornos de aprendizaje de apoyo propicios para los grupos con riesgo de bajo rendimiento y para apoyar el bienestar en el centro educativo (23), que contribuye a la consecución del Espacio Europeo de Educación de aquí a 2025 (24). Lo anterior viene a reforzar la aplicación de la Recomendación del Consejo, de 28 de noviembre de 2022, sobre los caminos hacia el éxito escolar (25).

(13)

Uno de los principales factores determinantes de la exclusión social de los niños es el acceso desigual a servicios esenciales. Son esenciales para el bienestar de los niños y para el desarrollo de sus capacidades sociales, cognitivas y emocionales. En el principio número 11 del pilar europeo de derechos sociales (26) se establece el derecho de los niños a disfrutar de una educación y asistencia infantil asequibles y de buena calidad, el derecho a la protección contra la pobreza, así como que los niños procedentes de entornos desfavorecidos tengan derecho a medidas específicas destinadas a promover la igualdad de oportunidades. Por otra parte, en la Recomendación (UE) 2021/1004 del Consejo (27) sobre la Garantía Infantil Europea se pide a los Estados miembros que prevengan y combatan la exclusión social garantizando el acceso efectivo de los niños necesitados a un conjunto de servicios clave, como la educación, la asistencia sanitaria y la vivienda. Esto afecta, en particular, a los niños procedentes de entornos familiares precarios, violentos y abusivos. El pilar europeo de derechos sociales, la Garantía Infantil Europea y la Estrategia Europea de Cuidados (28) presentan el marco político global de la UE para garantizar el acceso a los servicios básicos de los niños en situaciones vulnerables o procedentes de entornos desfavorecidos. Con la Recomendación del Consejo relativa a la educación y los cuidados de la primera infancia (29) también se pretende brindar apoyo a los Estados miembros en sus intentos por mejorar el acceso a la educación y los cuidados de la primera infancia y su calidad. En la Estrategia de la UE para la Juventud 2019-2027 (30) se recordaba que un tercio de las personas jóvenes de Europa está en riesgo de pobreza y exclusión social, lo que repercute en el disfrute de sus derechos sociales. Muchas siguen enfrentándose a múltiples formas de discriminación y siendo víctimas de prejuicios y delitos de odio. Por lo tanto, es fundamental atajar las disparidades y trabajar para garantizar la igualdad de oportunidades a las generaciones más jóvenes de Europa, especialmente las más marginadas y excluidas.

(14)

El abuso de menores y la explotación sexual son delitos en evolución cada vez más frecuentes en la Unión. En la presente Recomendación se refleja la importancia del compromiso de la Unión de proteger a la infancia contra el abuso sexual de menores, tanto en línea como fuera de línea. En la Estrategia de la UE para una lucha más eficaz contra el abuso sexual de menores (31) se adopta una perspectiva holística sobre este delito, aprovechando todos los instrumentos del ámbito de la UE, normativos y no normativos, para prevenir y combatir estos delitos y prestar asistencia a las víctimas, movilizando a todas las partes interesadas pertinentes, desde las autoridades públicas hasta el sector privado. Como parte de esta Estrategia, la Comisión adoptó una propuesta de Reglamento para prevenir y combatir el abuso sexual de menores (32), que obligará a los prestadores de servicios en línea a impedir la difusión de material de abuso sexual de menores y la captación de menores. La Directiva sobre el abuso sexual de menores (33) establece las definiciones de las infracciones penales y las sanciones en el ámbito de los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y establece obligaciones para los Estados miembros en relación con la prevención de dichos delitos y la asistencia y el apoyo a las víctimas. Como parte de la Estrategia, la Comisión adoptó una propuesta de revisión de dicha Directiva (34).

(15)

Los niños deben estar protegidos tanto en entornos físicos como digitales frente a riesgos como el (ciber)acoso escolar y otras formas de acoso. Así se destaca, asimismo, en las Conclusiones del Consejo sobre la capacitación digital para proteger y hacer cumplir los derechos fundamentales en la era digital (35) y sobre el apoyo del bienestar en la educación digital (36). La estrategia europea para una internet mejor para los niños (BIK+) (37) tiene por objeto garantizar que los niños sean respetados y estén protegidos y capacitados en línea en la nueva década digital, mientras que la protección de la infancia es una cuestión clave del marco normativo y político, por ejemplo, el Reglamento de Servicios Digitales (38), la Directiva de servicios de comunicación audiovisual (39), el Reglamento general de protección de datos (40) y la Iniciativa de la UE sobre la web 4.0 y los mundos virtuales (41). En el marco de la BIK+, la Comisión sigue luchando contra el ciberacoso, en particular a través del trabajo de la red cofinanciada por la UE de Centros de Seguridad en Internet, que proporcionan líneas de emergencia, así como formación y recursos que deben utilizarse en los entornos de educación formal e informal.

(16)

Los sistemas judiciales nacionales de los Estados miembros deben tener en cuenta las necesidades de los menores como víctimas, sospechosos, acusados o condenados, testigos o partes en procesos judiciales, a fin de facilitar el ejercicio efectivo de sus derechos. La Directiva sobre los derechos de las víctimas (42), la Directiva relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales (43) y la Estrategia de la UE sobre los derechos de las víctimas (2020-2025) (44) establecen explícitamente o tienen por objeto fomentar derechos y garantías específicos para los niños amparados por dichos instrumentos. En cuanto a las víctimas de delitos, es necesario un enfoque multiinstitucional específico e integrado para apoyar y proteger a las víctimas infantiles, con servicios adaptados a la edad. Debe adoptarse un planteamiento multidisciplinar para los menores sospechosos o acusados, en particular para la evaluación individual de las circunstancias, necesidades y vulnerabilidades específicas del menor. La presente Recomendación imprime más importancia al Reglamento sobre obligaciones de alimentos (45) y al Reglamento Bruselas II ter (46), al reforzar la cooperación judicial transfronteriza dentro de la Unión en asuntos civiles relativos a niños. Las autoridades centrales designadas a efectos del Reglamento Bruselas II ter intervienen prestando asistencia en casos transfronterizos de protección de la infancia. Los niños también son víctimas de la trata de seres humanos en todas las formas de explotación (47). Los niños víctima de la trata de seres humanos se consideran especialmente vulnerables en virtud de la Directiva contra la trata de seres humanos (48) y constituyen un objetivo específico de la Estrategia de la UE contra la trata de seres humanos (2021-2025). Las líneas de emergencia para la infancia (116 111), las líneas directas para casos de niños desaparecidos (116 000) y las demás líneas de emergencia nacionales (para la infancia) y líneas directas ocupan un lugar destacado en los sistemas de protección de la infancia.

(17)

La protección de los derechos de los niños migrantes, especialmente los de los no acompañados y que solicitan protección internacional, requiere seguir actuando para resolver los problemas. La violencia es una amenaza diaria para los niños en movimiento, especialmente para aquellos que viajan sin acompañante o están separados de sus familias (49). Los niños migrantes y refugiados se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad y necesitan protección específica y adecuada, como se subraya en la Comunicación sobre la protección de los menores migrantes (50). La vulnerabilidad de los niños se ve agravada cuando se trata de niños no acompañados o separados de su familia. A raíz de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, la Comisión se ha comprometido, sin reservas, a apoyar a los Estados miembros a proteger a los niños desplazados de Ucrania al territorio de la UE (51). En este sentido, se prestará apoyo a las líneas directas para casos de niños desaparecidos y las líneas de emergencia para la infancia, se contribuirá a garantizar la inclusión de dichos niños desplazados en los sistemas educativos nacionales y se darán directrices a los Estados miembros para facilitar que los niños desplazados sean reconducidos rápidamente a los sistemas nacionales de protección de la infancia (52).

(18)

El Pacto sobre Migración y Asilo, que está pendiente de la adopción final por el Consejo (53), introduce garantías y obligaciones complementarias en materia de protección de la infancia que deberán ponerse en práctica antes de que comience a aplicarse. El interés superior del niño sigue ocupando un lugar central en el acervo de la UE en materia de asilo: debe ser siempre la consideración primordial. Los Estados miembros deben prever e introducir las disposiciones especiales que los niños solicitantes de asilo puedan necesitar después de cruzar la frontera, teniendo en cuenta la continuidad y la estabilidad de los cuidados. El Pacto acorta los plazos para la designación de representantes de los niños y refuerza las normas relativas a su formación, cualificación y supervisión, al tiempo que consagra la obligación de tener en cuenta la opinión de los niños y de proporcionar información adaptada a ellos. Acorta los plazos relacionados con el acceso de todos los niños a la educación y amplía el acceso de los niños a la asistencia sanitaria para que reciban el mismo tipo de asistencia sanitaria que se presta a los niños con la nacionalidad del país. Incluye mayores garantías para los menores en relación con su internamiento, precisando que, por regla general, los menores no deben ser internados. Como se destaca en el Plan de Acción en materia de Integración e Inclusión (54), el apoyo en la transición a la adultez es otro aspecto esencial que debe tenerse en cuenta en el sistema de protección de la infancia, a fin de garantizar una transición óptima y más sostenible.

(19)

La Unión ofrece diversas vías de financiación para contribuir a la protección de la infancia frente a todas las formas de violencia. Hay fondos de la Unión para prestar apoyo al desarrollo y refuerzo de sistemas integrados de protección de la infancia en los Estados miembros y otras medidas pertinentes. Para facilitar la consulta de los diferentes programas, la Comisión ha creado un portal único para los fondos de la Unión en el que los usuarios encontrar las distintas oportunidades de financiación pertinentes (55). Los beneficiarios de la financiación de la Unión están obligados a respetar los valores, los principios, la normativa aplicable y las cláusulas contractuales de la Unión al utilizar esos fondos. La Comisión ha aplicado medidas para prestar apoyo al cumplimiento de las obligaciones y hacer frente a las posibles infracciones. Además, en el caso de los fondos de la UE cubiertos por el Reglamento sobre disposiciones comunes (56), los Estados miembros están obligados a cumplir las condiciones favorecedoras horizontales de la Carta, así como de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD). En consecuencia, los Estados miembros deben establecer mecanismos efectivos para garantizar que los programas respaldados por dichos fondos de la Unión y su ejecución sean conformes con la Carta y la CDPD.

(20)

La Comisión también proporciona apoyo financiero específico para prevenir y combatir la violencia contra los niños, la violencia de género contra las niñas y la violencia doméstica y para proteger a las víctimas de dicha violencia en el marco del capítulo «Daphne» del programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores (57). El capítulo «Igualdad, derechos e igualdad de género» ofrece más oportunidades de financiación para fomentar los derechos y la participación de los niños y luchar contra la discriminación a la que se enfrentan determinados grupos de niños. El programa Justicia (58) también presta apoyo para la protección de la infancia ofreciendo oportunidades de financiación, en particular en el ámbito de la justicia adaptada a los niños.

(21)

El instrumento de apoyo técnico (59) proporciona asistencia técnica personalizada previa petición para diseñar y ejecutar reformas estructurales en los Estados miembros, en particular en los ámbitos de la educación, los servicios sociales, la gestión de la migración y las fronteras, la salud y la justicia, por ejemplo prestando apoyo a la creación de casas de la infancia (Barnahus (60)) Los sistemas integrados de protección de la infancia forman parte de una iniciativa emblemática de apoyo técnico de 2024 sobre el refuerzo de la democracia y del Estado de Derecho (61). Las reformas intersectoriales pueden tratar la pobreza infantil y la exclusión social en el marco de la iniciativa emblemática sobre la aplicación de la Garantía Infantil Europea, ofreciendo al mismo tiempo la posibilidad de prestar apoyo técnico plurinacional.

(22)

Otros programas de financiación de la Unión pueden atender a otras preocupaciones específicas relacionadas con la protección y el bienestar de la infancia, como la salud mental de los niños, la vacunación y la prevención del cáncer infantil, y la atención a este, en el marco del programa UEproSalud (62). La pobreza infantil y la exclusión social están cubiertas por el Fondo Social Europeo Plus (63); la trata de menores y el abuso sexual de menores, en el marco del Fondo de Seguridad Interior (64); el apoyo específico relacionado con el asilo, la integración o el retorno dirigido a niños de fuera de la UE en el marco del Fondo de Asilo, Migración e Integración (65); el acceso a servicios no segregados en los ámbitos de la educación, la vivienda, la sanidad, la asistencia social y el cuidado infantil en el marco del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (66). Las reformas, inversiones y políticas para la próxima generación de niños y jóvenes, como la educación y las capacidades, pueden tratarse en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (67). La Unión cofinancia los centros de seguridad en internet en los Estados miembros para que realicen actividades y ofrezcan recursos de concienciación sobre la seguridad de los niños en línea. También se presta apoyo a los niños, los cuidadores y los educadores con servicios de asesoramiento y denuncia a través de líneas de emergencia para la infancia y líneas directas para denunciar casos de material de abuso sexual de menores. El Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa» de la Unión (68) también presta apoyo a diversos proyectos relacionados con la protección de la infancia en ámbitos de investigación como la prevención de la explotación sexual de los niños y la violencia doméstica y sexual.

(23)

El compromiso de la Unión con la protección de la infancia también se refleja en su acción exterior. En 2022, aproximadamente 468 millones de niños (más de uno de cada seis) vivían en una zona de conflicto. 160 millones de niños (el 9,6 % de todos los niños del mundo) fueron víctimas del trabajo infantil en 2020 (69). Cada diez minutos, muere en algún lugar del mundo una adolescente víctima de violencia (70). La actuación de la Unión para defender los derechos de los niños y la protección de la infancia en todo el mundo se sustenta en el modo en que la Unión cultiva y reafirma sus fundamentos democráticos y de derechos fundamentales dentro de su territorio. El Plan de Acción para la Juventud en la Acción Exterior de la UE (71) tiene por objeto fomentar la participación y el empoderamiento significativos de los niños y los jóvenes en la acción exterior de la Unión. El Plan de Acción en materia de Género III (72) tiene por objeto luchar contra todas las formas de violencia de género. La protección de la infancia es un objetivo clave de las Directrices de la Unión para la promoción y protección de los derechos del niño y sobre los niños y los conflictos armados (73). En el Plan de Acción de la Unión para los Derechos Humanos y la Democracia (2020-2024) (74) se insta a los países socios, por ejemplo, a crear y reforzar los sistemas de protección de la infancia y a adoptar una política de tolerancia cero en materia de trabajo infantil; la propuesta de Reglamento por el que se prohíben en el mercado de la Unión los productos realizados con trabajo forzoso contribuirá a este objetivo. Este compromiso también se reflejó en la Comunicación sobre el trabajo digno (75), que contribuirá a la lucha contra el trabajo infantil.

(24)

Existe la necesidad imperiosa de proteger a la infancia del cambio climático y de los peligros medioambientales, tanto en el territorio de la UE como en el resto del mundo. Los niños tienen muchas más probabilidades que los adultos de sufrir lesiones graves, incluidos efectos irreversibles y que duren toda la vida y la muerte, provocados por la degradación del medio ambiente (76), el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. Todo ello aumenta el riesgo de que los niños se enfrenten a vulneraciones graves de derechos, especialmente en los conflictos armados, debido al desplazamiento, la hambruna y el aumento de la violencia (77). Es necesario hacer frente a las repercusiones diferenciadas del cambio climático y la degradación del medio ambiente en las mujeres, los niños y los grupos vulnerables (78). En las Directrices, de 2023, sobre las estrategias y los planes de adaptación de los Estados miembros (79) se destaca a los niños entre las partes interesadas con mayor probabilidad de verse afectadas por el cambio climático y que también deben incluirse en el proceso de adaptación al cambio climático. Al adoptar medidas para hacer frente al cambio climático, las Partes deben respetar, promover y tomar en consideración sus respectivas obligaciones con respecto a los derechos humanos, en particular los derechos de los niños (80). El marco sobre el objetivo global de adaptación adoptado en la CP28 (81) anima a las Partes a garantizar la equidad intergeneracional y la justicia social, teniendo en cuenta a los grupos vulnerables, en particular la infancia. Para ello es preciso garantizar la participación activa de los niños en la toma de decisiones sobre asuntos críticos que afecten a la protección de sus derechos. La perspectiva de los niños y los jóvenes también se ha integrado en las actividades del Pacto Europeo por el Clima (82) y, en particular, de la red de embajadores y socios del Pacto por el Clima.

(25)

Los destinatarios de la presente Recomendación son los Estados miembros. También se anima a los países candidatos, posibles candidatos a la adhesión a la Unión y a los países de la política de vecindad de la Unión a aplicar la presente Recomendación.