el nombre, domicilio, el o los Estados miembros de residencia, NIF, así como, en el caso de una persona física, el lugar y fecha de nacimiento de toda persona sujeta a comunicación de información que sea titular de la cuenta y, en el caso de una entidad que sea titular de la cuenta y que, tras la aplicación de los procedimientos de diligencia debida conformes con las secciones V, VI y VII, sea identificada como entidad con una o varias personas que ejercen el control que son personas sujetas a comunicación de información, el nombre, domicilio, el o los Estados miembros y (en su caso) otros territorios de residencia y NIF de la entidad, así como el nombre, domicilio, el o los Estados miembros de residencia, NIF y fecha y lugar de nacimiento de cada persona sujeta a comunicación de información;

el número de cuenta (o elemento funcional equivalente en ausencia de número de cuenta);

el nombre y el número de identificación (si lo hubiera) de la institución financiera obligada a comunicar información;

el saldo o valor de la cuenta (incluido, en el caso de un contrato de seguro con valor en efectivo o de un contrato de anualidades, el valor en efectivo o el valor de rescate) al final del año civil considerado o de otro período de referencia pertinente o, en caso de cancelación de la cuenta en dicho año o período, la cancelación de la misma;

en el caso de una cuenta de custodia:

en el caso de una cuenta de depósito, el importe bruto total de intereses pagados o anotados en la cuenta durante el año civil u otro período de referencia pertinente, y

en el caso de una cuenta no descrita en el apartado A, puntos 5 o 6, el importe bruto total pagado o anotado al titular de la cuenta en relación con la misma durante el año civil u otro período de referencia pertinente en el que la institución financiera obligada a comunicar información sea el obligado o el deudor, incluido el importe total correspondiente a amortizaciones efectuadas al titular de la cuenta durante el año civil u otro período de referencia pertinente.

la institución financiera obligada a comunicar información tenga que obtenerlo y comunicarlo en virtud de la legislación nacional, o tenga, o haya tenido, que obtenerlo y comunicarlo en virtud de cualquier instrumento jurídico de la Unión vigente o que estuviera vigente a 5 de enero de 2015, y

esté disponible en los datos susceptibles de búsqueda electrónica que mantiene la institución financiera obligada a comunicar información.

Domicilio. Si la institución financiera obligada a comunicar información tiene registrado en sus archivos un domicilio actualizado de la persona física titular de la cuenta, basado en pruebas documentales, dicha institución podrá considerar a dicha persona física como residente a efectos fiscales del Estado miembro o de otro territorio en el que esté ubicado el domicilio a los efectos de determinar si dicha persona física titular de la cuenta es una persona sujeta a comunicación de información.

Búsqueda en archivos electrónicos. Si la institución financiera obligada a comunicar información no se basa en un domicilio actualizado de la persona física titular de la cuenta atendiendo a pruebas documentales como se determina en el apartado B.1, deberá revisar los datos susceptibles de búsqueda electrónica que posea respecto de cualquiera de los siguientes indicios y aplicar el apartado B, puntos 3 a 6:

Si en la búsqueda electrónica no se descubre ninguno de los indicios enumerados en el apartado B.2, no será necesaria ninguna otra medida hasta que se produzca un cambio de circunstancias a raíz del cual se asocien uno o varios indicios con la cuenta o hasta que la cuenta se convierta en una cuenta de mayor valor.

Si en la búsqueda electrónica se descubre alguno de los indicios enumerados en el apartado B.2, letras a) a e), o si se produce un cambio de circunstancias a raíz del cual se asocien uno o varios indicios con la cuenta, la institución financiera obligada a comunicar información deberá considerar al titular de la cuenta como residente a efectos fiscales de cada Estado miembro respecto del cual se haya encontrado algún indicio, salvo que opte por aplicar el apartado B.6 y una de las excepciones de dicho apartado sea aplicable a esa cuenta.

Si en la búsqueda electrónica se descubre una instrucción para la retención de correspondencia o una dirección para la recepción de correspondencia y no se ha encontrado ninguna otra dirección ni ningún otro indicio enumerado en el apartado B.2, letras a) a e), para el titular de la cuenta, la institución financiera obligada a comunicar información deberá llevar a cabo, en el orden más adecuado para las circunstancias, la búsqueda en los archivos en papel que se describe en el apartado C.2 o procurar obtener del titular de la cuenta una declaración o pruebas documentales para determinar la residencia a efectos fiscales de dicho titular de la cuenta. Si con la búsqueda en papel no se consigue establecer ningún indicio y no prospera el intento de obtener la declaración o las pruebas documentales, la institución financiera obligada a comunicar información deberá comunicar a la autoridad competente de su Estado miembro que la cuenta no está documentada.

A pesar del hallazgo de indicios conforme al apartado B.2, una institución financiera obligada a comunicar información no tendrá que tratar a un titular de cuenta como residente de un Estado miembro si:

Búsqueda en archivos electrónicos. Respecto de las cuentas de mayor valor, la institución financiera obligada a comunicar información deberá revisar los datos susceptibles de búsqueda electrónica que mantenga para hallar cualquiera de los indicios descritos en el apartado B.2.

Búsqueda en archivos en papel. Si las bases de datos susceptibles de búsqueda electrónica de la institución financiera obligada a comunicar información contienen campos para la inclusión y captura de toda la información descrita en el apartado C.3, no será necesario proceder a la búsqueda en los archivos en papel. Si las bases de datos electrónicas no recogen toda esa información, la institución financiera obligada a comunicar información también deberá revisar, respecto de las cuentas de mayor valor, el fichero maestro actual del cliente y, en la medida en que no estén incluidos en él, los siguientes documentos asociados a la cuenta que dicha institución haya obtenido en los últimos cinco años para hallar cualquiera de los indicios descritos en el apartado B.2:

Excepción en los casos en los que las bases de datos contengan suficiente información. La institución financiera obligada a comunicar información no tendrá que proceder a la búsqueda en los archivos en papel descrita en el apartado C.2 cuando su información susceptible de búsqueda electrónica incluya lo siguiente:

Consulta al gestor personal sobre su conocimiento de hecho. Además de las búsquedas en archivos electrónicos y en papel descritas en los apartados C.1 y C.2, la institución financiera obligada a comunicar información deberá tratar como cuenta sujeta a comunicación de información toda cuenta de mayor valor asignada a un gestor personal (incluidas las cuentas financieras agregadas a esa cuenta de mayor valor) si el gestor personal conoce de hecho de que el titular de la cuenta es una persona sujeta a comunicación de información.

Efectos del hallazgo de indicios.

Si la cuenta preexistente de persona física no es una cuenta de mayor valor a 31 de diciembre de 2015, pero a la conclusión de un año civil posterior ha pasado a serlo, la institución financiera obligada a comunicar información deberá llevar a cabo los procedimientos de revisión reforzada descritos en el apartado C respecto de dicha cuenta en el año civil siguiente al año en el que la cuenta se convierta en una cuenta de mayor valor. Si basándose en esa revisión se identifica la cuenta como cuenta sujeta a comunicación de información, la institución financiera obligada a comunicar información deberá comunicar anualmente la información exigida sobre dicha cuenta relativa al año en el que se identifique como cuenta sujeta a comunicación de información y a los años siguientes, a menos que el titular de la cuenta deje de ser una persona sujeta a comunicación de información.

Una vez que una institución financiera obligada a comunicar información aplique los procedimientos de revisión reforzada descritos en el apartado C a una cuenta de mayor valor, no estará obligada a volver a aplicar dichos procedimientos, excepto la consulta al gestor personal descrita en el apartado C.4, a la misma cuenta de mayor valor en años posteriores a menos que la cuenta no esté documentada, en cuyo caso la institución financiera obligada a comunicar información deberá volver a aplicarlos anualmente hasta que la cuenta esté documentada.

Si se produce un cambio de circunstancias relativo a una cuenta de mayor valor a raíz del cual se asocien con la cuenta uno o varios de los indicios descritos en el apartado B.2, la institución financiera obligada a comunicar información deberá tratar la cuenta como cuenta sujeta a comunicación de información respecto de cada Estado miembro en relación con el cual se haya encontrado algún indicio, salvo que opte por aplicar el apartado B.6 y una de las excepciones de dicho apartado sea aplicable a esa cuenta.

Las instituciones financieras obligadas a comunicar información deberán poner en práctica procedimientos para garantizar que los gestores personales identifiquen los cambios de circunstancias de una cuenta. Por ejemplo, si se notifica a un gestor personal que el titular de la cuenta tiene una nueva dirección postal en un Estado miembro, la institución financiera obligada a comunicar información tendrá que considerar la nueva dirección como un cambio de circunstancias y, si opta por aplicar el apartado B.6, tendrá que obtener la documentación pertinente del titular de la cuenta.

Determinación de si la entidad es una persona sujeta a comunicación de información.

Determinación de si la entidad es una ENF pasiva en la que una o varias personas que ejercen el control son personas sujetas a comunicación de información. En relación con el titular de una cuenta preexistente de entidad (incluidas las entidades que sean personas sujetas a comunicación de información), la institución financiera obligada a comunicar información deberá determinar si el titular de la cuenta es una ENF pasiva en la que una o varias personas que ejercen el control son personas sujetas a comunicación de información. En caso de que alguna de las personas que ejercen el control de una ENF pasiva sea una persona sujeta a comunicación de información, la cuenta deberá tratarse como cuenta sujeta a comunicación de información. Para llevar a cabo estas determinaciones, la institución financiera obligada a comunicar información deberá seguir las indicaciones del apartado D.2, letras a) a c), en el orden que resulte más adecuado para las circunstancias.

La revisión de las cuentas preexistentes de entidad cuyo saldo o valor agregado a 31 de diciembre de 2015 exceda de un importe denominado en moneda nacional de cada Estado miembro que corresponda a 250 000 USD, deberá concluirse el 31 de diciembre de 2017 a más tardar.

La revisión de las cuentas preexistentes de entidad cuyo saldo o valor agregado a 31 de diciembre de 2015 no exceda de un importe denominado en moneda nacional de cada Estado miembro que corresponda a 250 000 USD, pero exceda de dicho importe a 31 de diciembre de un año posterior, deberá concluirse en el año civil siguiente al año en el que el saldo o valor agregado de la cuenta exceda de dicho importe.

Si se produce un cambio de circunstancias relativo a una cuenta preexistente de entidad a raíz del cual la institución financiera obligada a comunicar información sepa o tenga motivos para saber que la declaración o cualquier otra documentación asociada a una cuenta es incorrecta o poco fiable, dicha institución deberá volver a determinar la condición de la cuenta de conformidad con los procedimientos establecidos en el apartado D.

Obtener una declaración, que podrá formar parte de la documentación de apertura de cuentas, que permita que la institución financiera obligada a comunicar información determine la(s) residencia(s) a efectos fiscales del titular de la cuenta y confirme la credibilidad de tal declaración sobre la base de la información que dicha institución haya obtenido en la apertura de la cuenta, incluida toda la documentación recopilada con arreglo a procedimientos denominados «conozca a su cliente» conforme a la legislación contra el blanqueo de capitales. Si la entidad certifica que no tiene residencia a efectos fiscales, la institución financiera obligada a comunicar información podrá basarse en la dirección de la oficina principal de la entidad para determinar la residencia del titular de la cuenta.

Si la declaración indica que el titular de la cuenta es residente en un Estado miembro, la institución financiera obligada a comunicar información deberá tratar la cuenta como cuenta sujeta a comunicación de información, a menos que determine justificadamente, basándose en información de que disponga o que sea pública, que el titular de la cuenta no es una persona sujeta a comunicación de información en relación con dicho Estado miembro.

Determinación de si el titular de la cuenta es una ENF pasiva. Con el fin de determinar si el titular de la cuenta es una ENF pasiva, la institución financiera obligada a comunicar información deberá basarse en una declaración del titular de la cuenta para establecer su condición, a menos que tenga información en su poder o que sea pública, sobre la base de la cual pueda determinar justificadamente que el titular de la cuenta es una ENF activa o una institución financiera distinta de la entidad de inversión descrita en el apartado A.6.b) de la sección VIII que no sea una institución financiera de un territorio participante.

Determinación de las personas que ejercen el control del titular de una cuenta. Con el fin de determinar las personas que ejercen el control del titular de una cuenta, la institución financiera obligada a comunicar información podrá basarse en información recopilada y conservada con arreglo a procedimientos denominados «conozca a su cliente» conforme a la legislación contra el blanqueo de capitales.

Determinación de si una persona que ejerce el control de una ENF pasiva es una persona sujeta a comunicación de información. Con el fin de determinar si una persona que ejerce el control de una ENF pasiva es una persona sujeta a comunicación de información, la institución financiera obligada a comunicar información podrá basarse en una declaración del titular de la cuenta o de esa persona que ejerce el control.

el contrato colectivo de seguro con valor en efectivo o contrato colectivo de anualidades se ha emitido a un empleador y cubre a veinticinco o más empleados/titulares de certificados,

los empleados/titulares de certificados tienen derecho a recibir cualquier valor contractual relativo a sus participaciones y a designar beneficiarios de la prestación pagadera al fallecimiento del empleado, y

el importe total pagadero a cualquier empleado/titular de certificado o beneficiario no excede de un importe denominado en moneda nacional de cada Estado miembro que corresponda a 1 000 000 USD.

Agregación de cuentas de personas físicas. Para determinar el saldo o valor agregado de las cuentas financieras cuyo titular es una persona física, la institución financiera obligada a comunicar información deberá agregar todas las cuentas que la persona mantenga en la propia institución o en las entidades vinculadas, pero solo en la medida en que los sistemas informatizados de la institución financiera vinculen las cuentas financieras por referencia a un dato, como el número de cliente o el NIF, y permitan la agregación de los saldos o valores de las cuentas. Para la aplicación de los requisitos de agregación descritos en el presente apartado, a cada titular de una cuenta financiera conjunta se le atribuirá el saldo o valor íntegro de la cuenta financiera conjunta.

Agregación de cuentas de entidades. Para determinar el saldo o valor agregado de las cuentas financieras cuyo titular es una entidad, la institución financiera obligada a comunicar información deberá considerar todas las cuentas financieras que la entidad mantenga en la propia institución o en las entidades vinculadas, pero solo en la medida en que los sistemas informatizados de la institución financiera obligada a comunicar información vinculen las cuentas por referencia a un dato, como el número de cliente o el NIF, y permitan la agregación de los saldos o valores de las cuentas. Para la aplicación de los requisitos de agregación descritos en el presente apartado, a cada titular de una cuenta financiera conjunta se le atribuirá el saldo o valor íntegro de la cuenta financiera conjunta.

Norma especial de agregación aplicable a los gestores personales. Para determinar el saldo o valor agregado de las cuentas financieras que posee una persona a fin de determinar si una cuenta financiera es una cuenta de mayor valor, la institución financiera obligada a comunicar información también deberá agregar aquellas cuentas respecto de las cuales un gestor personal sepa o tenga razones para saber que, directa o indirectamente, son propiedad de dicha persona, están bajo su control o han sido creadas por ella (excepto si esa persona interviene en calidad de fiduciario).

Inclusión del equivalente en otras monedas en todos los importes. Se entenderá que todos los importes denominados en moneda nacional de cada Estado miembro incluyen los importes equivalentes en otras monedas, según determine la legislación nacional.

cuya actividad económica principal consiste en la realización de una o varias de las siguientes actividades u operaciones en nombre o en favor de un cliente:

o bien

cuya renta bruta es atribuible principalmente a la inversión, reinversión o negociación en activos financieros, si la entidad es gestionada por otra entidad que es a su vez una institución de depósito, una institución de custodia, una compañía de seguros específica o una entidad de inversión descrita en el apartado A.6.a).

una entidad estatal, una organización internacional o un banco central, excepto en relación con un pago derivado de una obligación fruto de una actividad financiera comercial del tipo de las realizadas por una compañía de seguros específica, una institución de custodia o una institución de depósito;

un fondo de pensiones de participación amplia, un fondo de pensiones de participación restringida, un fondo de pensiones de una entidad estatal, de una organización internacional o de un banco central, o un emisor autorizado de tarjetas de crédito;

cualquier otra entidad que presente un bajo riesgo de utilización para eludir un impuesto, tenga características esencialmente similares a las de cualquiera de las entidades descritas en el apartado B.1, letras a) y b), y esté incluida en la lista de instituciones financieras no obligadas a comunicar información a que se refiere el artículo 8, apartado 7 bis, de la presente Directiva, siempre que la consideración de tal entidad como institución financiera no obligada a comunicar información no sea contraria a los objetivos de la presente Directiva;

un instrumento de inversión colectiva exento, o

un fideicomiso en la medida en que el fiduciario de este sea una institución financiera obligada a comunicar información que comunique toda la información exigida a tenor de la sección I respecto de todas las cuentas del fideicomiso sujetas a comunicación de información.

Se entiende por «parte integrante» de un Estado miembro u otro territorio cualquier persona, organización, agencia, departamento, fondo, organismo u otro órgano, cualquiera que sea su denominación, que sea una autoridad estatal de un Estado miembro u otro territorio. Los ingresos netos de la autoridad estatal deben abonarse en la cuenta de esta o en otras cuentas del Estado miembro u otro territorio, sin que ninguna parte pueda contabilizarse en beneficio de un particular. No se consideran parte integrante las personas físicas que son monarcas, funcionarios o administradores cuando actúan a título personal o privado.

Por «entidad controlada» se entiende una entidad que es formalmente diferente del Estado miembro u otro territorio o que constituye en algún otro sentido una entidad jurídica aparte, siempre que:

No se considera que los ingresos revierten en beneficio de particulares si estos son los beneficiarios de un programa público, y las actividades del programa se llevan a cabo para la población en general y el bienestar común, o bien guardan relación con la gestión de alguna instancia de la administración. No obstante lo anterior, se considera que los ingresos revierten en beneficio de particulares si son fruto de la utilización de una entidad estatal para la realización de una actividad comercial, como una actividad bancaria comercial, que ofrezca servicios financieros a particulares.

no tenga ningún beneficiario con derecho a más del 5 % de los activos del fondo;

esté sujeto a la normativa del Estado y facilite información a la administración tributaria, y

cumpla al menos uno de los requisitos siguientes:

el fondo tenga menos de 50 partícipes;

los promotores del fondo sean uno o varios empleadores que no sean entidades de inversión ni ENF pasivas;

las aportaciones al fondo de empleados y empleadores —con exclusión de las transferencias de activos a partir de las cuentas de jubilación y pensión descritas en el apartado C.17.a)— estén limitadas en función de los ingresos percibidos por el empleado y la remuneración abonada al empleado, respectivamente;

los partícipes que no sean residentes del Estado miembro en el que está establecido el fondo no tengan derecho a más del 20 % de los activos del fondo, y

el fondo esté sujeto a la normativa del Estado y facilite información a la administración tributaria.

la institución financiera tiene condición de institución financiera únicamente porque es un emisor de tarjetas de crédito que acepta depósitos solo cuando un cliente hace un pago que excede del saldo adeudado por operaciones con la tarjeta y el excedente no es reembolsado inmediatamente al cliente, y

la institución financiera aplica, a partir del 1 de enero de 2016 o desde antes de esa fecha, métodos y procedimientos destinados bien a impedir que un cliente haga sobrepagos que excedan de un importe denominado en moneda nacional de cada Estado miembro correspondiente a 50 000 USD, o bien a garantizar que todo sobrepago de un cliente que exceda de dicho importe le sea reembolsado en un plazo de 60 días, aplicando en cada caso las normas de agregación de cuentas y de conversión de moneda expuestas en la sección VII, apartado C. A estos efectos, el sobrepago realizado por el cliente no se refiere a saldos acreedores que incluyan cargos controvertidos, pero sí incluye los saldos acreedores derivados de la devolución de mercancías.

el instrumento de inversión colectiva no ha emitido ni emite acciones al portador en forma física después del 31 de diciembre de 2015;

el instrumento de inversión colectiva retira todas esas acciones en el momento de su rescate;

el instrumento de inversión colectiva aplica los procedimientos de diligencia debida establecidos en las secciones II a VII y comunica toda la información que ha de comunicarse respecto de todas esas acciones en el momento en que se presentan para su rescate o para algún otro pago, y

el instrumento de inversión colectiva ha establecido métodos y procedimientos para garantizar que tales acciones se rescaten o inmovilicen lo antes posible, y en todo caso antes del 1 de enero de 2018.

en el caso de una entidad de inversión, toda participación en capital o en deuda en la institución financiera. No obstante lo anterior, el término «cuenta financiera» no incluye ninguna participación en capital o deuda en una entidad que sea una entidad de inversión exclusivamente por: i) asesorar a un cliente y actuar en nombre de este, o ii) gestionar carteras para un cliente, y actuar en nombre de este, para fines de inversión, gestión o administración de activos financieros depositados en nombre del cliente en una institución financiera distinta de la entidad considerada;

en el caso de las instituciones financieras no descritas en el apartado C.1.a), toda participación en capital o deuda en la institución financiera, si el tipo de participación en cuestión se determinó con el objeto de eludir la comunicación de información de conformidad con la sección I, y

los contratos de seguro con valor en efectivo y los contratos de anualidades ofrecidos por una institución financiera, o que esta mantenga, distintos de las rentas vitalicias, inmediatas, intransferibles y no ligadas a inversión, emitidas a una persona física, que monetizan una pensión o una prestación por incapacidad vinculadas a una cuenta que sea una cuenta excluida.

exclusivamente con motivo del fallecimiento de una persona física asegurada en un contrato de seguro de vida;

en concepto de prestación por daños personales o enfermedad u otra prestación indemnizatoria por pérdida económica derivada de la materialización del riesgo asegurado;

en concepto de devolución de una prima pagada anteriormente (menos el coste de los gastos de seguro, con independencia de que se hayan aplicado o no) por un contrato de seguro (distinto de un contrato de anualidades o de seguro de vida ligado a una inversión) debido a la cancelación o resolución del contrato, a una merma de exposición al riesgo durante la vigencia del contrato, o a un nuevo cálculo de la prima por rectificación de la notificación o error similar;

en concepto de dividendos del tomador de la póliza (distintos de los dividendos a la terminación del contrato), siempre y cuando los dividendos guarden relación con un contrato de seguro en el que las únicas prestaciones pagaderas sean las descritas en el apartado C.8.b), o

en concepto de devolución de prima anticipada o depósito de prima por un contrato de seguro en el que la prima es pagadera con una periodicidad mínima anual, si el importe de la prima anticipada o el depósito de prima no excede de la siguiente prima anual que haya de abonarse con arreglo al contrato.

una cuenta financiera que se mantenga abierta a 31 de diciembre de 2015 en una institución financiera obligada a comunicar información;

toda cuenta financiera de un titular, con independencia de la fecha de apertura de la cuenta, si:

una cuenta de jubilación o pensión que cumple los requisitos siguientes:

Una cuenta financiera que, por lo demás, cumpla el requisito establecido en el apartado C.17.a).v) no dejará de cumplir dicho requisito por el mero hecho de poder recibir activos o fondos transferidos de una o varias cuentas financieras que cumplan lo dispuesto en el apartado C.17, letras a) o b), o transferidos de uno o varios fondos de pensiones que cumplan los requisitos del apartado B.5, B.6 o B.7;

una cuenta que cumple los requisitos siguientes:

Una cuenta financiera que, por lo demás, cumpla el requisito establecido en el apartado C.17.b).iv) no dejará de cumplir dicho requisito por el mero hecho de poder recibir activos o fondos transferidos de una o varias cuentas financieras que cumplan lo dispuesto en el apartado C.17, letras a) o b), o transferidos de uno o varios fondos de pensiones que cumplan los requisitos del apartado B.5, B.6 o B.7;

un contrato de seguro de vida cuyo período de cobertura finaliza antes de que el asegurado cumpla 90 años, siempre que el contrato cumpla los siguientes requisitos:

una cuenta cuya titularidad exclusiva corresponde a un caudal relicto, si la documentación de la cuenta incluye una copia del testamento o certificado de defunción del causante;

una cuenta establecida en conexión con cualquiera de los hechos siguientes:

una cuenta de depósito que cumple los requisitos siguientes:

cualquier otra cuenta que presente un bajo riesgo de utilización para eludir un impuesto, tenga características esencialmente similares a cualquiera de las cuentas descritas en el apartado C.17, letras a) a f), y esté incluida en la lista de cuentas excluidas a que se refiere el artículo 8, apartado 7 bis, de la presente Directiva, siempre que la consideración de tal cuenta como cuenta excluida no sea contraria a los objetivos de la presente Directiva.

cualquier otro Estado miembro;

cualquier otro territorio: i) con el cual el Estado miembro de que se trate haya celebrado un acuerdo en virtud del cual el territorio deba facilitar la información especificada en la sección I, y ii) que esté identificado en una lista publicada por el Estado miembro y notificada a la Comisión Europea;

cualquier otro territorio: i) con el cual la Unión haya celebrado un acuerdo en virtud del cual el territorio deba facilitar la información especificada en la sección I, y ii) que esté identificado en una lista publicada por la Comisión Europea.

menos del 50 % de la renta bruta obtenida por la ENF durante el año civil precedente u otro período de referencia pertinente para la comunicación de información es renta pasiva, y menos del 50 % de los activos poseídos por la ENF durante el año civil precedente u otro período de referencia pertinente para la comunicación de información son activos que generan renta pasiva o cuya tenencia tiene por objeto la generación de renta pasiva;

el capital social de la ENF se negocia regularmente en un mercado de valores reconocido, o bien la ENF es una entidad vinculada a una entidad cuyo capital se negocia regularmente en un mercado de valores reconocido;

la ENF es una entidad estatal, una organización internacional o un banco central o una entidad perteneciente en su totalidad a uno o varios de los anteriores;

las actividades de la ENF consisten sustancialmente en la tenencia (total o parcial) de las acciones en circulación de una o varias filiales que desarrollan una actividad económica distinta de la de una institución financiera, o en la prestación de servicios a dichas filiales y en su financiación, si bien una entidad no será considerada ENF activa si opera (o se presenta) como un fondo de inversión, como en los casos de un fondo de inversión privado, un fondo de capital riesgo, un fondo de compra con financiación ajena o como un instrumento de inversión cuyo objeto sea adquirir o financiar sociedades y mantener después una participación en su activo fijo con fines de inversión;

la ENF no tiene aún actividad económica ni la ha tenido anteriormente, pero invierte capital en activos con la intención de llevar a cabo una actividad distinta de la de una institución financiera, siempre y cuando la ENF no pueda acogerse a esta excepción una vez transcurrido un plazo de 24 meses contados a partir de su constitución inicial;

la ENF no ha sido una institución financiera en los últimos cinco años y se encuentra en proceso de liquidación de sus activos o de reorganización con vistas a continuar o reiniciar una actividad distinta de la de institución financiera;

la actividad principal de la ENF consiste en la financiación y cobertura de las operaciones realizadas con entidades vinculadas que no sean instituciones financieras, o en nombre de tales entidades, y la ENF no presta servicios de financiación o cobertura a ninguna entidad que no sea una entidad vinculada, siempre que la actividad económica principal de cualquier grupo de entidades vinculadas de estas características sea distinta de la de una institución financiera, o

la ENF cumple todos los requisitos siguientes:

un certificado de residencia emitido por un organismo del Estado autorizado al efecto (por ejemplo, una administración u órgano de la misma, o una entidad local) del Estado miembro u otro territorio en el que el beneficiario alega tener su residencia;

respecto de una persona física, cualquier identificación válida emitida por un organismo del Estado autorizado al efecto (por ejemplo, una administración u órgano de la misma, o una entidad local) en la que conste el nombre de la persona y que se utilice habitualmente a efectos de identificación;

respecto de una entidad, toda documentación oficial emitida por un organismo del Estado autorizado al efecto (por ejemplo, una administración u órgano de la misma, o una entidad local) en la que conste el nombre de la entidad y la dirección de su sede en el Estado miembro u otro territorio en el que la entidad alegue tener su residencia o el Estado miembro u otro territorio de constitución de la entidad;

cualquier estado financiero auditado, informe crediticio de un tercero, declaración concursal o informe de un regulador del mercado de valores.

toda unidad de negocio diferenciada de un «grupo de empresas multinacionales» que esté incluida en los «estados financieros consolidados» del «grupo de empresas multinacionales» a efectos de comunicación de información financiera, o que estaría incluida si se negociaran participaciones en el capital de dicha unidad de negocio de un «grupo de empresas multinacionales» en un mercado público de valores;

toda unidad de negocio de ese tipo que esté excluida de los «estados financieros consolidados» del «grupo de empresas multinacionales» únicamente por motivos de tamaño o de importancia relativa;

todo establecimiento permanente de cualquier unidad de negocio diferenciada del «grupo de empresas multinacionales» incluida en las letras a) o b), siempre que la unidad de negocio elabore un estado financiero separado para dicho establecimiento permanente a efectos de comunicación de información financiera, de regulación, de comunicación de información fiscal o de control de la gestión interna.

la entidad posee, directa o indirectamente, una participación suficiente en una o varias de las demás «entidades constitutivas» de dicho «grupo de empresas multinacionales», de manera que está obligada a preparar «estados financieros consolidados» en virtud de los principios contables generalmente aplicables en su territorio de residencia fiscal o estaría obligada a hacerlo si se negociaran participaciones en su capital en un mercado público de valores en su territorio de residencia fiscal;

no hay ninguna otra «entidad constitutiva» del «grupo de empresas multinacionales» que posea, directa o indirectamente, una participación como la descrita en la letra a) en la primera «entidad constitutiva» mencionada.

que la «entidad matriz última» del «grupo de empresas multinacionales» no esté obligada a presentar un informe país por país en el territorio de su residencia fiscal,

que el territorio en el que la «entidad matriz última» es residente a efectos fiscales sea parte en un «acuerdo internacional» en vigor del que sea parte el Estado miembro pero no sea parte en un «acuerdo cualificado entre autoridades competentes» del que sea parte el Estado miembro en la fecha especificada en el artículo 8 bis bis, apartado 1, para la presentación del informe país por país correspondiente al «ejercicio fiscal a efectos de comunicación de información»,

que se haya producido una «omisión sistémica» del territorio de residencia fiscal de la «entidad matriz última» que haya sido notificada por el Estado miembro a la «entidad constitutiva» residente a efectos fiscales en el Estado miembro.

no aplica ningún impuesto de sociedades o aplica el impuesto de sociedades al tipo cero o casi cero, o

figura en una lista de jurisdicciones de terceros países que han sido calificadas conjuntamente por los Estados miembros o en el marco de la OCDE como no cooperadoras;

“Plataforma”: cualquier software, incluidos los sitios web o partes de ellos y las aplicaciones, entre ellas las aplicaciones móviles, que sea accesible para los usuarios y que permita a los vendedores ponerse en contacto con otros usuarios para llevar a cabo una “actividad pertinente”, de forma directa o indirecta, para esos usuarios. También incluye cualquier modalidad de recaudación y pago de una “contraprestación” con respecto a la “actividad pertinente”.

El término “plataforma” no incluye software que, sin ninguna otra intervención para llevar a cabo la “actividad pertinente”, permita exclusivamente alguna de las siguientes operaciones:

“Operador de plataforma”: una “entidad” que celebra contratos con vendedores para poner toda o parte de una plataforma a disposición de tales vendedores.

“Operador de plataforma excluido”: un “operador de plataforma” que haya demostrado por adelantado y con una periodicidad anual, a satisfacción de la autoridad competente del Estado miembro, a la que de lo contrario tendría que haber comunicado información con arreglo a la sección III, apartado A, puntos 1 a 3, que el conjunto del modelo empresarial de la plataforma es tal que esta no tiene “vendedores sujetos a comunicación de información”.

“Operador de plataforma obligado a comunicar información”: todo “operador de plataforma”, a excepción de los operadores de plataforma excluidos, que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:

“Operador de plataforma cualificado externo a la Unión”: un “operador de plataforma” cuyas “actividades pertinentes” son, en su totalidad, “actividades pertinentes cualificadas” y que es residente a efectos fiscales en un “territorio cualificado no perteneciente a la Unión” o, si no tiene su residencia fiscal en un “territorio cualificado no perteneciente a la Unión”, cumple alguna de las condiciones siguientes:

“Territorio cualificado no perteneciente a la Unión”: un territorio no perteneciente a la Unión que ha suscrito un “acuerdo de cualificación vigente entre autoridades competentes” con las autoridades competentes de todos los Estados miembros que figuran como territorios sujetos a la comunicación de información en una lista publicada por el territorio no perteneciente a la Unión.

“Acuerdo de cualificación vigente entre autoridades competentes”: un acuerdo entre las autoridades competentes de un Estado miembro y de un territorio no perteneciente a la Unión que exija el intercambio automático de información equivalente a la especificada en la sección III, apartado B, del presente anexo, equivalencia que deberá confirmarse mediante un acto de ejecución de conformidad con el artículo 8 bis quater, apartado 7.

“Actividad pertinente”: una actividad realizada por una “contraprestación” y que constituye alguna de las siguientes operaciones:

El término “actividad pertinente” no incluye las actividades llevadas a cabo por un “vendedor” que actúe como empleado del “operador de plataforma” o de una “entidad” vinculada del “operador de plataforma”.

“Actividad pertinente cualificada”: toda “actividad pertinente” que sea objeto de un intercambio automático de información en virtud de un “acuerdo de cualificación vigente entre autoridades competentes”.

“Contraprestación”: todo tipo de compensación, neta de tasas, comisiones o impuestos retenidos o cobrados por el “operador de plataforma obligado a comunicar información”, que se pague o abone a un “vendedor” en relación con la “actividad pertinente”, cuyo importe conozca o pueda razonablemente conocer el “operador de plataforma”.

“Servicio personal”: un servicio que conlleva la realización de trabajo por horas o por servicio por parte de uno o varios particulares, que actúan de forma independiente o en nombre de una “entidad”, y que se lleva a cabo a petición de un usuario, ya sea en línea o físicamente fuera de línea, tras haber sido facilitado a través de una plataforma.

“Vendedor”: un usuario de una plataforma, ya sea una persona o una “entidad”, que está registrado en cualquier momento durante el “período de referencia” en la plataforma y que realiza la “actividad pertinente”.

“Vendedor activo”: todo “vendedor” que realiza una “actividad pertinente” durante el “período de referencia” o que recibe el pago o abono de una “contraprestación” en relación con una “actividad pertinente” durante el “período de referencia”.

“Vendedor sujeto a comunicación de información”: todo “vendedor activo”, distinto de un “vendedor excluido”, que sea residente en un Estado miembro o que dé en alquiler bienes inmuebles ubicados en un Estado miembro.

“Vendedor excluido”: todo “vendedor”:

“Entidad”: una persona jurídica o instrumento jurídico, como una sociedad de capital, una sociedad de personas, un fideicomiso o una fundación. Una “entidad” es una “entidad” vinculada de otra “entidad” si una de las dos “entidades” controla a la otra o si ambas entidades están sujetas a un control común. A estos efectos, “control” incluye una participación directa o indirecta de más del 50 % en el capital de una “entidad” y la posesión de más del 50 % de los derechos de voto de dicha “entidad”. En las participaciones indirectas, el cumplimiento del requisito relativo a una participación de más del 50 % en el capital de otra “entidad” se determinará multiplicando los porcentajes de participación en los niveles sucesivos. Se considerará que una persona que posea más del 50 % de los derechos de voto posee el 100 % de dichos derechos.

“Entidad estatal”: la administración de un Estado miembro u otro territorio, toda subdivisión política de un Estado miembro u otro territorio (incluidos los Estados federados, provincias, condados o municipios), o cualquier organismo o agencia institucional que pertenezca en su totalidad a un Estado miembro u otro territorio o a cualquiera de los entes mencionados (constituyendo cada uno de ellos una “entidad estatal”).

“NIF”: el número de identificación fiscal de un contribuyente expedido por un Estado miembro, o su equivalente funcional en ausencia de un número de identificación fiscal.

“Número de identificación a efectos del IVA”: el número único que identifica a un sujeto pasivo o una entidad jurídica no sujeta a impuesto que estén registrados a efectos del impuesto sobre el valor añadido.

“Dirección principal”: la dirección de la residencia principal de un “vendedor” que sea una persona física, así como la dirección del domicilio social de un “vendedor” que sea una “entidad”.

“Período de referencia”: el año natural respecto del cual se lleva a cabo la comunicación de información de conformidad con la sección III.

“Bien inmueble comercializado”: todas las unidades inmuebles ubicadas en una misma dirección postal que pertenezcan a un mismo propietario y que un mismo “vendedor” ponga en alquiler en una plataforma.

“Identificador de cuenta financiera”: la referencia o el número de identificación único a disposición del “operador de plataforma” de la cuenta bancaria o de otros servicios de pago similares a la que se paga o abona la “contraprestación”.

“Bienes”: todo bien material.

El “operador de plataforma obligado a comunicar información” recopilará toda la información indicada a continuación, con respecto a cada “vendedor” que sea una persona física y no sea un “vendedor excluido”:

El “operador de plataforma obligado a comunicar información” recopilará toda la información indicada a continuación, con respecto a cada “vendedor” que sea una “entidad” y no sea un “vendedor excluido”:

No obstante lo dispuesto en el apartado B, puntos 1 y 2, el “operador de plataforma obligado a comunicar información” no estará obligado a recopilar la información indicada en el apartado B, punto 1, letras b) a e), y el apartado B, punto 2, letras b) a f), si se basa en una confirmación directa de la identidad y la residencia del “vendedor” a través de un servicio de identificación puesto a disposición por un Estado miembro o por la Unión para determinar la identidad y la residencia del “vendedor”.

No obstante lo dispuesto en el apartado B, punto 1, letra c), y en el apartado B, punto 2, letras c) y e), el “operador de plataforma obligado a comunicar información” no estará obligado a obtener el NIF o el número de registro de la empresa, según corresponda, en ninguna de las situaciones siguientes:

El “operador de plataforma obligado a comunicar información” determinará si la información recopilada de conformidad con el apartado A, el apartado B, punto 1, el apartado B, punto 2, letras a) a e), y el apartado E es fiable, utilizando toda la información y documentos de que disponga en sus archivos, así como cualquier interfaz electrónica puesta a disposición de forma gratuita por un Estado miembro o por la Unión, con el fin de comprobar la validez del NIF o del número de identificación a efectos del IVA.

No obstante lo dispuesto en el apartado C, punto 1, para completar los procedimientos de diligencia debida de conformidad con el apartado F, punto 2, el “operador de plataforma obligado a comunicar información” puede determinar si la información recopilada de conformidad con el apartado A, el apartado B, punto 1, el apartado B, punto 2, letras a) a e), y el apartado E es fiable, utilizando información y documentos de que disponga en sus registros de búsqueda electrónica.

En aplicación del apartado F, punto 3, letra b), y no obstante lo dispuesto en el apartado C, puntos 1 y 2, en los casos en que el “operador de plataforma obligado a comunicar información” tenga motivo para creer, basándose en información facilitada por la autoridad competente de un Estado miembro en una petición relativa a un “vendedor” concreto, que cualquiera de los elementos de información descritos en los apartados B y E puede ser incorrecto, pedirá al “vendedor” que rectifique los elementos de información que se hayan revelado incorrectos y que lo acredite mediante documentos, datos o información que sean fiables y procedan de fuentes independientes, como por ejemplo:

Un “operador de plataforma obligado a comunicar información” considerará que un “vendedor” es residente en el Estado miembro de la “dirección principal” del “vendedor”. Un “operador de plataforma obligado a comunicar información” considerará que un “vendedor” es residente también en el Estado miembro de expedición del NIF cuando este sea diferente del Estado miembro de la “dirección principal” del “vendedor”. Cuando el “vendedor” haya facilitado información en relación con la existencia de un establecimiento permanente con arreglo al apartado B, punto 2, letra f), un “operador de plataforma obligado a comunicar información” considerará que un “vendedor” es residente también en el Estado miembro correspondiente indicado por el “vendedor”.

No obstante lo dispuesto en el apartado D, punto 1, un “operador de plataforma obligado a comunicar información” considerará que un “vendedor” es residente en cada uno de los Estados miembros que haya confirmado un servicio de identificación electrónica puesto a disposición por un Estado miembro o por la Unión de conformidad con el apartado B, punto 3.

Un “operador de plataforma obligado a comunicar información” completará los procedimientos de diligencia debida establecidos en los apartados A a E antes del 31 de diciembre del “período de referencia”.

No obstante lo dispuesto en el apartado F, punto 1, en el caso de los vendedores que ya estaban registrados en la plataforma el 1 de enero de 2023 o en la fecha en que una “entidad” se convierte en “operador de plataforma obligado a comunicar información”, los procedimientos de diligencia debida establecidos en los apartados A a E deben realizarse a más tardar el 31 de diciembre del segundo “período de referencia” del “operador de plataforma obligado a comunicar información”.

No obstante lo dispuesto en el apartado F, punto 1, un “operador de plataforma obligado a comunicar información” puede basarse en los procedimientos de diligencia debida realizados con respecto a “períodos de referencia” previos, siempre que:

Un “operador de plataforma obligado a comunicar información” puede servirse de un prestador de servicios externo para cumplir las obligaciones de diligencia debida establecidas en la presente sección, pero estas seguirán siendo responsabilidad de tal operador.

Cuando un “operador de plataforma” cumpla las obligaciones de diligencia debida para un “operador de plataforma obligado a comunicar información” con respecto a la misma plataforma de conformidad con el apartado H, punto 1, tal “operador de plataforma” llevará a cabo los procedimientos de diligencia debida con arreglo a las normas establecidas en la presente sección. Las obligaciones de diligencia debida seguirán siendo responsabilidad del “operador de plataforma obligado a comunicar información”.

Un “operador de plataforma obligado a comunicar información” en el sentido de la sección I, apartado A, punto 4, letra a), transmitirá a la autoridad competente del Estado miembro, tal como se determina de conformidad con la sección I, apartado A, punto 4, letra a), la información indicada en el apartado B de la presente sección con respecto al “período de referencia” a más tardar el 31 de enero del año siguiente al año natural en que el “vendedor” sea identificado como “vendedor sujeto a comunicación de información”. Cuando haya más de un “operador de plataforma obligado a comunicar información”, cualquiera de ellos estará exento de comunicar la información si puede demostrar, de conformidad con la legislación nacional, que la misma información ha sido comunicada por otro “operador de plataforma obligado a comunicar información”.

Si un “operador de plataforma obligado a comunicar información” en el sentido de la sección I, apartado A, punto 4, letra a), cumple alguna de las condiciones allí enumeradas en más de un Estado miembro, elegirá uno de esos Estados miembros en el que cumplirá los requisitos de comunicación de información establecidos en la presente sección. Dicho “operador de plataforma” comunicará la información mencionada en el apartado B de la presente sección con respecto al “período de referencia” a la autoridad competente del Estado miembro de su elección, tal como se determina de conformidad con la sección IV, apartado E, a más tardar el 31 de enero del año siguiente al año natural en que el “vendedor” adquiera la consideración de “vendedor sujeto a comunicación de información”. Cuando haya más de un “operador de plataforma obligado a comunicar información”, cualquiera de ellos estará exento de comunicar la información si puede demostrar, de conformidad con la legislación nacional, que la misma información ha sido comunicada por otro “operador de plataforma obligado a comunicar información” en otro Estado miembro.

Un “operador de plataforma obligado a comunicar información” en el sentido de la sección I, apartado A, punto 4, letra b), comunicará la información mencionada en el apartado B de la presente sección con respecto al “período de referencia” a la autoridad competente del Estado miembro de registro, tal como se determina de conformidad con la sección IV, apartado F, punto 1, a más tardar el 31 de enero del año siguiente al año natural en que el “vendedor” adquiera la consideración de “vendedor sujeto a comunicación de información”.

No obstante lo dispuesto en el apartado A, punto 3, de la presente sección, un “operador de plataforma obligado a comunicar información” en el sentido de la sección I, apartado A, punto 4, letra b), no estará obligado a facilitar la información mencionada en el apartado B de la presente sección con respecto a las “actividades pertinentes cualificadas” objeto de un “acuerdo de cualificación vigente entre autoridades competentes”, que ya prevea el intercambio automático de información equivalente con un Estado miembro sobre los “vendedores sujetos a comunicación de información” residentes en ese Estado miembro.

Un “operador de plataforma obligado a comunicar información” facilitará asimismo la información mencionada en el apartado B, puntos 2 y 3, al “vendedor sujeto a comunicación de información” correspondiente, a más tardar el 31 de enero del año siguiente al año natural en que el “vendedor” adquiera la consideración de “vendedor sujeto a comunicación de información”.

La información con respecto a una “contraprestación” pagada o abonada en una moneda fiduciaria se comunicará en la moneda en que se ha pagado o abonado. En el caso en que la “contraprestación” se haya pagado o abonado en una forma distinta de una moneda fiduciaria, se comunicará en la moneda local, convertida o valorada mediante un criterio uniformemente aplicado por el “operador de plataforma obligado a comunicar información”.

La información sobre la “contraprestación” y otros importes se comunicará con respecto al trimestre del “período de referencia” en que se haya pagado o abonado.

El nombre, la dirección del domicilio social, el NIF y, en su caso, el número de identificación individual asignado en virtud de lo dispuesto en la sección IV, apartado F, punto 4, del “operador de plataforma obligado a comunicar información”, así como la razón o razones sociales de la “plataforma” o “plataformas” con respecto a las cuales informa el “operador de plataforma obligado a comunicar información”.

En relación con cada “vendedor sujeto a comunicación de información” que haya llevado a cabo una “actividad pertinente”, distinta del arrendamiento de bienes inmuebles:

Con respecto a cada “vendedor sujeto a comunicación de información” que haya realizado una actividad pertinente que conlleve el arrendamiento de bienes inmuebles:

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para exigir a los “operadores de plataforma obligados a comunicar información” que apliquen los requisitos de recopilación y verificación con arreglo a la sección II en relación con sus vendedores.

Cuando un “vendedor” no facilite la información exigida con arreglo a la sección II tras recibir dos recordatorios relativos a la solicitud inicial del “operador de plataforma obligado a comunicar información”, tras un plazo de 60 días, dicho operador cerrará la cuenta del “vendedor” e impedirá que este vuelva a registrarse en la plataforma o retendrá el pago de la “contraprestación” al “vendedor” hasta que el “vendedor” facilite la información solicitada.

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para exigir a los “operadores de plataforma obligados a comunicar información” que conserven registros de las medidas adoptadas y cualquier información empleada para aplicar los procedimientos de diligencia debida y los requisitos de comunicación de información establecidos en las secciones II y III. Dichos registros deberán permanecer disponibles por un período de tiempo suficientemente largo, en cualquier caso no inferior a cinco años pero no superior a diez años tras la expiración del “período de referencia” con el que están relacionados.

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias, incluida la posibilidad de dirigir una orden de comunicación de información a los “operadores de plataforma obligados a comunicar información”, a fin de garantizar que toda la información necesaria se comunique a la autoridad competente para que esta pueda cumplir la obligación de comunicar información de conformidad con el artículo 8 bis quater, apartado 2.

A Un “operador de plataforma obligado a comunicar información” en el sentido de la sección I, apartado A, punto 4, letra b), del presente anexo, deberá registrarse ante la autoridad competente de cualquier Estado miembro, de conformidad con el artículo 8 bis quater, apartado 4, cuando inicie su actividad como “operador de plataforma”.

El “operador de plataforma obligado a comunicar información” proporcionará a su Estado miembro de registro único la siguiente información sobre sí mismo:

El “operador de plataforma obligado a comunicar información” notificará al Estado miembro de registro único cualquier cambio en la información proporcionada con arreglo al apartado F, punto 2.

El Estado miembro de registro único asignará un número de identificación individual al “operador de plataforma obligado a comunicar información” y lo notificará por vía electrónica a las autoridades competentes de todos los Estados miembros.

El Estado miembro de registro único solicitará a la Comisión que elimine del registro central a un “operador de plataforma obligado a comunicar información” en los siguientes casos:

Los Estados miembros informarán inmediatamente a la Comisión de cualquier “operador de plataforma” en el sentido de la sección I, apartado A, punto 4, letra b), que inicie su actividad como “operador de plataforma” sin registrarse con arreglo al presente apartado.

Cuando un “operador de plataforma obligado a comunicar información” no cumpla con la obligación de registrarse o cuando se haya revocado su registro de conformidad con el apartado F, punto 7, de la presente sección, los Estados miembros, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25 bis, adoptarán medidas eficaces, proporcionadas y disuasorias para garantizar el cumplimiento dentro de su jurisdicción. La elección de tales medidas quedará a discreción de los Estados miembros. Los Estados miembros también se esforzarán por coordinar sus medidas destinadas a garantizar el cumplimiento, incluido el hecho de impedir al “operador de plataforma” obligado a comunicar información” que opere dentro de la Unión, como último recurso.

Cuando un “operador de plataforma obligado a comunicar información” no cumpla la obligación de informar de conformidad con la sección III, apartado A, punto 3, del presente anexo, después de dos recordatorios del Estado miembro de registro único, el Estado miembro adoptará, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25 bis, las medidas necesarias para revocar el registro del “operador de plataforma obligado a comunicar información” con arreglo al artículo 8 bis quater, apartado 4. El registro se revocará a más tardar en un plazo de 90 días, pero no antes de que se cumplan 30 días tras del segundo recordatorio.