Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Una Unión de la igualdad: Plan de Acción de la UE Antirracismo para 2020-2025»

[COM(2020) 565 final]

(2021/C 286/21)

Ponente: Cristian PÎRVULESCU

Consulta	Comisión Europea, 27.11.2020
Fundamento jurídico	Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
Decisión de la Mesa	1/12/2020
Sección competente	Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía
Aprobado en sección	16.4.2021
Aprobado en el pleno	27.4.2021
Pleno n.o	560
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones)	192/2/9

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El CESE acoge favorablemente el Plan de Acción de la UE Antirracismo para 2020-2025 presentado por la Comisión Europea, y confía en que ayude tanto a las instituciones de la UE como a las de los Estados miembros a renovar sus esfuerzos en la lucha contra el racismo y otras formas de discriminación estructural.

1.2.

El Plan es pertinente y oportuno. El desarrollo de la crisis epidemiológica de la COVID-19 ha creado nuevos retos en lo que atañe a la inclusión y la promoción de la diversidad. Grupos ya marginados como el de los migrantes han experimentado importantes dificultades médicas, sociales y económicas. En tiempos de crisis, las actitudes y las actuaciones discriminatorias tienden a generalizarse.

1.3.

Incluso antes de la crisis de la COVID-19, la situación de las minorías y los grupos vulnerables en la Unión se estaba deteriorando. Las actitudes contrarias a los migrantes se generalizaban, impulsadas por líderes y partidos con motivaciones electorales que instigaban sentimientos antimusulmanes, antiafricanos y antiasiáticos. Minorías históricas como los gitanos se convertían cada vez más en objetivo del odio por motivos raciales. La población judía en Europa padecía una situación de creciente inseguridad, evocando dolorosos recuerdos del cruento antisemitismo que asoló el continente antes de la Segunda Guerra Mundial.

1.4.

En este contexto, el Plan pretende optimizar las acciones legislativas, políticas y presupuestarias. Aunque reúne todos los instrumentos disponibles, en ocasiones parece carecer de ambición y de profundidad histórica. Su enfoque es demasiado prudente, en un momento en el que la situación sobre el terreno se deteriora con rapidez. El CESE desea subrayar que la lucha contra la discriminación, el racismo, la xenofobia y otros tipos de intolerancia a escala europea es una responsabilidad inequívoca consagrada en los documentos constitutivos de la UE. No es opcional, y el reparto de responsabilidades entre las autoridades nacionales y de la Unión no debe convertirse en un fundamento para la complacencia y la inacción. Una preocupación concreta atañe a la manera de convencer a todos los Estados miembros de la UE de que participen en este esfuerzo y garanticen la cooperación activa de diversos organismos, instituciones y organizaciones a escala nacional.

1.5.

El CESE apoya la elaboración de nuevas leyes que refuercen el papel de los organismos nacionales de igualdad.

1.6.

Insta, asimismo, al Consejo a que adopte la propuesta de la Comisión de 2008 por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.

1.7.

La Decisión Marco relativa a la lucha contra el racismo y la xenofobia mediante el Derecho penal, un acto legislativo fundamental, requiere una evaluación exhaustiva de su aplicación.

1.8.

El espacio en línea se está convirtiendo cada vez más en un sustituto de la esfera pública tradicional. Es también el espacio que algunos dirigentes, grupos y organizaciones utilizan para promover actitudes racistas y discriminatorias. Al formular políticas y procedimientos, debe hacerse mayor hincapié en la propagación organizada de la incitación al odio y en su pertinente tratamiento.

1.9.

Lamentablemente, en la última década hemos visto un número significativo de grupos y organizaciones que asumen sin tapujos ideas, símbolos y acciones que se remontan al fascismo europeo de entreguerras. En la última década han pasado de los márgenes al centro del espacio público, también a través de la movilización en línea. También les han alentado los acontecimientos políticos fuera de Europa: Gobiernos de grandes Estados que adoptan posturas nacionalistas y conservadoras en la política tanto interior como exterior. Esta nueva movilización debe afrontarse como corresponde, no solo con acciones legislativas y sancionadoras, que podrían llegar demasiado tarde, sino con intervenciones directas y decisivas que aborden las causas profundas de la radicalización de la derecha.

1.10.

El CESE acoge favorablemente el Plan de Acción relativo al pilar europeo de derechos sociales presentado por la Comisión, y confía en que apoye firmemente la igualdad en el mercado laboral, también para las personas de origen racial o étnico minoritario. También esperamos que los compromisos sociales de las instituciones de la UE y los Estados miembros se respeten en los tiempos de dificultad económica generados por la epidemia de la COVID-19.

1.11.

El CESE espera con interés la estrategia global de la Comisión sobre los derechos del niño, prevista para 2021. Confiamos en que la estrategia incluya acciones para combatir el racismo y la discriminación, pero también vínculos con políticas y recursos que puedan mitigar los efectos negativos de la epidemia y las perturbaciones producidas.

1.12.

Se requiere un replanteamiento global de la política sanitaria de la Unión y de los Estados miembros, con el objetivo de garantizar el acceso a servicios de alta calidad para todos, y especialmente para aquellos que proceden de grupos vulnerables y minoritarios. Esta labor comprende la mejora de la financiación de los servicios, el desarrollo de infraestructuras de salud pública en todas las regiones, especialmente en las zonas más desfavorecidas, el desarrollo de servicios de atención primaria, y el énfasis en la prestación de servicios en torno a las necesidades y los derechos de los pacientes. Debe prestarse especial atención a los derechos, la dignidad y el bienestar de los ciudadanos de edad avanzada que se ven aislados en centros asistenciales durante la pandemia de COVID-19.

1.13.

Las raíces históricas del racismo deben ser objeto de un interés y una acción renovados, sobre todo en el ámbito de la educación. Han de elaborarse nuevos planes de estudio y libros de texto, y organizarse programas de formación dirigidos a profesores y educadores con el apoyo de la UE. En los niveles de educación secundaria y terciaria debe promoverse un enfoque interdisciplinario de la historia y el patrimonio europeos comunes.

1.14.

El CESE se suma a los esfuerzos de la Comisión por animar a todos los Estados miembros a que elaboren y adopten planes nacionales de acción contra el racismo y la discriminación racial. Solo en torno a la mitad de los Estados miembros cuentan con tales planes, lo que pone de relieve un nivel variable de interés y compromiso por parte de sus Gobiernos. El CESE espera con interés la identificación de principios rectores comunes para los planes nacionales de acción que deben presentarse en 2021, y está dispuesto a contribuir a este esfuerzo.

1.15.

Confía en que se sigan consolidando los esfuerzos dedicados por las organizaciones empresariales y las empresas a título individual a crear y mantener un entorno de trabajo inclusivo para sus empleados, con independencia del sexo, el origen racial o étnico, la religión, la edad, la discapacidad o la orientación sexual. Un entorno de trabajo inclusivo también abarca un diálogo social real y una sólida representación de los trabajadores. Esperamos con interés el mes europeo de las Cartas de la Diversidad en mayo de 2021 y la puesta en marcha del conjunto de herramientas en línea destinadas a ayudar a las empresas a evaluar su diversidad interna y sus estrategias de diversidad.

1.16.

La financiación de las acciones de lucha contra el racismo y la discriminación parece generosa. Comprende el marco financiero plurianual (MFP), el nuevo programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores, Horizonte Europa y el nuevo Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Sobre la base de una evaluación general de las acciones emprendidas hasta la fecha, los Gobiernos de los Estados miembros parecen tener un interés limitado en acceder a diversos recursos y trabajar para combatir el racismo y la discriminación. El CESE considera que las disposiciones presupuestarias por sí solas no son suficientes y que debe establecerse un sistema de incentivos.

1.17.

Acoge favorablemente la intención de la Comisión de colaborar con los partidos políticos europeos, la Red Europea de Cooperación Electoral, la sociedad civil y el ámbito académico para mejorar la participación en el marco del Plan de Acción para la Democracia Europea. El CESE está dispuesto a contribuir a esta labor y a aportar su propia perspectiva y sus conocimientos técnicos.

1.18.

Anima a la Comisión a integrar mejor diversos planes que presentan un solapamiento significativo de objetivos e instrumentos. Proponemos integrar el Plan contra el racismo, la Estrategia para la Aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales, el Plan de Acción para la Democracia y el Informe sobre el Estado de Derecho. Aun reconociendo el hecho de que estos planes representan ámbitos diferenciados de la formulación de políticas, también debemos identificar elementos comunes y sinergias.

1.19.

Uno de los pilares de las políticas eficaces en los ámbitos de la democracia, el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos es una sociedad civil dinámica, bien organizada y asertiva, activa a todas las escalas: local, regional, nacional y europea. Por este motivo, el CESE insta a la Comisión a desarrollar una estrategia integral europea respecto a la sociedad civil que ayude a esta a cumplir su misión democrática.

2.   Observaciones generales

2.1.   Combatir el racismo y la discriminación racial a través de la legislación: revisión y acción

2.1.1.

El CESE anima a la Comisión a que realice cuanto antes una evaluación exhaustiva del marco jurídico vigente. El seguimiento de la transposición y la aplicación de la legislación de la UE es clave para garantizar una lucha eficaz contra la discriminación. El CESE insta a la Comisión a que incluya en la evaluación las posiciones de las organizaciones de la sociedad civil, los interlocutores sociales y los grupos comunitarios que trabajan en primera línea, así como de los organismos nacionales para la igualdad. También debe procurarse la participación de las organizaciones que trabajen directamente con los grupos afectados.

2.1.2.

El CESE espera con interés el informe de seguimiento sobre la aplicación de la Directiva sobre la igualdad de trato, previsto para 2021, y acoge favorablemente la posible prioridad otorgada a la regulación de la ejecución de la ley. También anima a la Comisión a utilizar los procedimientos de infracción de manera proactiva cuando sea necesario.

2.1.3.

El CESE apoya la elaboración de nuevas leyes que refuercen el papel de los organismos nacionales de igualdad. Es lamentable que instituciones tan importantes, que se encargan de prestar asistencia independiente a las víctimas de discriminación, promover la igualdad, realizar encuestas independientes y emitir informes y recomendaciones independientes, cuenten con configuraciones de competencias y funciones excesivamente diversas. Resulta absolutamente esencial replantear y reforzar aún más sus funciones.

2.1.4.

El CESE insta, asimismo, al Consejo a que adopte la propuesta de la Comisión de 2008 por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual (1).

2.1.5.

La Decisión Marco relativa a la lucha contra el racismo y la xenofobia mediante el Derecho penal (2), un acto legislativo fundamental, requiere una evaluación exhaustiva de su aplicación. Tal como se menciona en la propuesta, el grado hasta el cual los códigos penales nacionales tipifican correctamente la incitación al odio y los delitos de odio suscita serias dudas, una preocupación que también comparte el Comité.

2.1.6.

Resulta especialmente preocupante la proliferación de casos de incitación al odio en el espacio en línea (3). Aunque la Decisión Marco exige a los Estados miembros que tipifiquen como delito la incitación pública a la violencia o el odio por motivos de color, religión, ascendencia, u origen nacional, racial o étnico, existen deficiencias significativas en la aplicación de la norma. Las autoridades nacionales han de tener en cuenta el principio de la libertad de expresión y definir con mayor detalle el contenido de las conductas ilegales en línea. Al mismo tiempo, han de cooperar con las plataformas de las tecnologías de la información con el fin de regular el acceso y establecer normas más claras respecto a la moderación y la eliminación de contenidos. Se han realizado avances en cuanto al cumplimiento voluntario por parte de los proveedores de las plataformas y a la supresión de contenidos ilegales, pero es necesario un esfuerzo continuo para mantenerse al día de la evolución del espacio en línea.

2.1.7.

El espacio en línea se está convirtiendo cada vez más en un sustituto de la esfera pública tradicional. Es el espacio en el que tienen lugar la mayor parte de las interacciones sociales, en respuesta a diversas necesidades y fines, desde la adquisición de bienes y servicios, el entretenimiento, la información, la educación, y el consumo cultural, hasta la movilización cívica y política. Se trata de un espacio vasto, en el que el desarrollo de la tecnología y los servicios amplía los límites de la sociabilidad y las interacciones. También es el espacio favorito de los dirigentes políticos, los grupos y las organizaciones a la hora de promover sus valores e ideologías, interactuar con la ciudadanía y movilizar para la acción (4). Algunos de ellos hacen de las actitudes racistas y discriminatorias el centro de su acción política y su movilización. Al formular políticas y procedimientos, debe hacerse mayor hincapié en la propagación organizada de la incitación al odio y en su pertinente tratamiento.

2.1.8.

Lamentablemente, en la última década hemos visto un número significativo de grupos y organizaciones que asumen sin tapujos ideas, símbolos y acciones que se remontan al fascismo europeo de entreguerras. Se incluyen aquí partidos de Parlamentos nacionales, partidos extraparlamentarios, movimientos políticos y milicias, todos ellos anclados en una cultura política del odio y la discriminación. En la última década han pasado de los márgenes al centro del espacio público, también a través de la movilización en línea. También les han alentado los acontecimientos políticos fuera de Europa: Gobiernos de grandes Estados que adoptan posturas nacionalistas y conservadoras en la política tanto interior como exterior. Esta nueva movilización debe afrontarse como corresponde, no solo con acciones legislativas y sancionadoras, que podrían llegar demasiado tarde, sino con intervenciones directas y decisivas que aborden las causas profundas de la radicalización de la derecha.

2.1.9.

Tal como se menciona en la propuesta, algunos Estados miembros han tomado medidas para prohibir los grupos racistas y sus símbolos, a menudo en virtud de su legislación en materia de delitos de odio, incitación al odio o terrorismo, o han establecido sanciones penales relacionadas con la negación de crímenes contra la humanidad o el período nazi y fascista, así como con propaganda para grupos terroristas. Se trata de un paso en la dirección correcta, pero se requieren más medidas. Todos los países deben formular respuestas nacionales al extremismo violento. Y su enfoque debe facilitarse mediante la acción conjunta a escala de la UE. El CESE espera con interés el informe de la Comisión sobre las respuestas nacionales al extremismo violento. Animamos a la Comisión a colaborar estrechamente no solo con los cuerpos y fuerzas de seguridad, que se ocupan de forma habitual de supervisar el extremismo violento, sino también con los organismos nacionales de igualdad, las instituciones independientes de defensa de los intereses ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil (incluidas las comunidades religiosas) los interlocutores sociales, los medios de comunicación y las universidades. El CESE está dispuesto a aportar sus conocimientos técnicos al desarrollo de planes conjuntos de la UE para combatir el extremismo violento. Las acciones deben dirigirse no solo a los casos visibles de extremismo violento que se dan en una fase avanzada, sino a las causas profundas y los entornos propicios que han llevado a la radicalización y la acción.

2.1.10.

El CESE anima a todos los Estados miembros a que consideren la posibilidad de ratificar sin demora el Convenio n.o 190 (2019) de la Organización Internacional del Trabajo, primer tratado internacional que condena directamente todas las formas de violencia y acoso en el mundo laboral, y que, como tal, incide en el acoso y la discriminación racial, de género o de cualquier otro tipo.

2.2.   Más allá de la legislación de la UE: hacer más para combatir el racismo en la vida cotidiana

2.2.1.

El CESE acoge con satisfacción el nuevo enfoque centrado en contrarrestar la discriminación adoptado por las autoridades policiales, que desarrollan su actividad a diario en todas las comunidades europeas y podrían ser agentes clave en la lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación. Lamentablemente, la educación y formación del personal no suele abarcar los temas de la democracia, la protección de los derechos humanos y la discriminación. En algunos casos, son los propios miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad los que desarrollan actitudes racistas, xenófobas y discriminatorias y, en el peor de los casos, mantienen vínculos con grupos externos que promueven estas ideas. Acogemos favorablemente el trabajo realizado por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) y la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL) para desarrollar recursos y herramientas de formación, pero esto no es suficiente. El número de potenciales beneficiarios de la educación y la formación es del orden de cientos de miles. Por tanto, la cooperación con las instituciones de formación nacionales debe intensificarse de manera significativa, con una mayor dotación de recursos a la formación a escala nacional y de la UE. La FRA y la CEPOL también pueden animar a los institutos nacionales de formación a cooperar con las organizaciones de la sociedad civil y las universidades para adaptar mejor los contenidos de la formación a las especificidades nacionales.

2.2.2.

El CESE acoge favorablemente el firme compromiso de la Comisión con la lucha contra la discriminación y las desigualdades en el acceso al empleo, la educación, la asistencia sanitaria y la vivienda a través de políticas y programas de financiación. Por lo tanto, acogemos favorablemente el Plan de Acción relativo al pilar europeo de derechos sociales presentado por la Comisión, y confiamos en que apoye firmemente la igualdad en el mercado laboral, también para las personas de origen racial o étnico minoritario. También esperamos que se respeten los compromisos sociales de las instituciones de la UE y los Estados miembros durante el período de dificultad económica causado por la epidemia de la COVID-19.

2.2.3.

El CESE acoge favorablemente la intención de utilizar Next Generation EU, el instrumento de apoyo técnico y el presupuesto general de 2021-2027 para promover la inclusión social, garantizar la igualdad de oportunidades para todos y abordar la discriminación. La crisis de la COVID-19, con su impacto desproporcionado en las personas vulnerables y las minorías, ha planteado la necesidad del desarrollo de infraestructuras y de la igualdad en el acceso al mercado laboral, a la asistencia sanitaria y social, a la vivienda, así como a servicios de educación y formación de calidad, no segregados e integradores.

2.2.4.

La crisis de la COVID-19 ha exacerbado los problemas de los grupos vulnerables y minoritarios en lo relativo al mercado de trabajo. Las personas que pertenecen a grupos minoritarios experimentan dificultades para conseguir un empleo, y en los casos en que lo logran, para recibir una remuneración acorde con su nivel educativo y de competencias. Las repercusiones económicas de la pandemia, que incluyen despidos generalizados y un deterioro ulterior de las condiciones de trabajo y de los salarios, golpea con mayor dureza a los grupos vulnerables y minoritarios. Aguardamos con interés el Plan de Acción relativo al pilar europeo de derechos sociales para abordar eficazmente la discriminación en el ámbito del empleo.

2.2.5.

La COVID-19 también ha ejercido un efecto negativo en la educación. El cierre de los centros escolares que tuvo lugar en 2020 —y que es probable que continúe también en 2021— ha trastornado un proceso educativo ya insuficientemente inclusivo. Incluso antes de la pandemia, diversos niños y jóvenes de grupos vulnerables y minoritarios abandonaban los estudios de forma prematura, o no participaban plenamente en el proceso educativo. En los casos en que sí participaban en la educación, los menores pertenecientes a minorías eran objeto de discriminación e intimidación, algo que la propuesta de la Comisión Europea no reconoce plenamente. Las escuelas no son solo instituciones educativas; en torno a estos centros, y en su interior, se prestan varios servicios, desde los de alimentación hasta los de vigilancia y asistencia sanitarias y prevención de abusos por parte de los padres y la comunidad. Optar por la enseñanza en línea constituyó una solución de emergencia. En muchos casos, esta situación creó otro obstáculo para los menores vulnerables y pertenecientes a minorías, al carecer de los dispositivos adecuados y de conexión a internet. Tan pronto como puedan reabrirse los centros docentes, se requerirán acciones directas y decididas para poner en marcha la prestación de servicios de apoyo escolar. El CESE espera con interés la estrategia global de la Comisión sobre los derechos del niño, prevista para 2021. Confiamos en que la estrategia incluya acciones para combatir el racismo y la discriminación, pero también vínculos con políticas y recursos que puedan mitigar los efectos negativos de la epidemia y las perturbaciones producidas.

2.2.6.

El CESE acoge favorablemente la labor de la Red de la UE para la Sensibilización frente a la Radicalización, y confía en que sus actividades se sigan apoyando y desarrollando, sobre todo en lo que atañe a la educación.

2.2.7.

En lo que se refiere a la salud, la COVID-19 ha tenido un impacto significativo. Las desigualdades en materia de salud que sufren las personas de origen racial o étnico minoritario se han agravado. Animamos a la Plataforma de Política Sanitaria de la UE a que aborde de lleno la cuestión de la reducción de las desigualdades basadas en el origen racial o étnico. La Unión debe hacer mucho más para garantizar que los ciudadanos y residentes de la Unión tengan acceso a servicios médicos de alta calidad durante y después de la pandemia. Hay que alabar y alentar los esfuerzos de la UE por proporcionar equipos médicos y, en una etapa posterior, acceso a las vacunas. Sin embargo, solo un replanteamiento en profundidad de la política sanitaria de la UE y los Estados miembros podrá resolver el problema del acceso y la calidad a medio y largo plazo para todas las personas, y especialmente para los que pertenecen a grupos vulnerables y minoritarios. Esta labor comprende la mejora de la financiación de los servicios, el desarrollo de infraestructuras de salud pública en todas las regiones, especialmente en las zonas más desfavorecidas, el desarrollo de servicios de atención primaria, y el énfasis en la prestación de servicios en torno a las necesidades y los derechos de los pacientes.

2.2.8.

Se necesitan más medidas en materia de vivienda. Tal como se menciona en la propuesta, la discriminación en el mercado de la vivienda refuerza la segregación, con un efecto dominó en términos de oportunidades educativas o de empleo y, en el caso de las familias con hijos, un impacto negativo significativo en el desarrollo de los niños. La epidemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de adoptar medidas para mejorar las condiciones de las viviendas. La prevención de las infecciones y las formas graves de la enfermedad depende de las condiciones sanitarias generales, pero también del acceso a las infraestructuras de agua y saneamiento. Afrontar la segregación de las viviendas, especialmente en las zonas más pobres, debe ser una prioridad. Aunque los fondos para apoyar las acciones en favor de las viviendas no segregadas y garantizar el acceso a servicios generales inclusivos y de alta calidad se encuentran disponibles a través de la política de cohesión, no está claro si las autoridades nacionales y locales están dispuestas a acceder a tales fondos.

2.3.   Racismo estructural: abordar el problema subyacente

2.3.1.

Reviste suma importancia combatir los estereotipos y sensibilizar sobre la historia si se quiere lograr un continente libre de racismo y discriminación. Las raíces históricas del racismo deben ser objeto de un interés y una acción renovados, sobre todo en el ámbito de la educación. Acogemos favorablemente la labor del Consejo de Europa en lo que atañe a la historia y a su enseñanza. No obstante, las herramientas facilitadas no se utilizan habitualmente en la enseñanza de la historia a gran escala. Se requiere una acción más concertada y decidida en esta dirección. Han de elaborarse nuevos planes de estudio y libros de texto, y organizarse programas de formación dirigidos a profesores y educadores con el apoyo de la UE. En los niveles de educación secundaria y terciaria debe promoverse un enfoque interdisciplinario de la historia y el patrimonio europeos comunes. El énfasis en la educación, tanto formal como no formal, constituye la piedra angular de toda política eficaz contra el racismo y la discriminación.

2.3.2.

El papel del sector creativo también es muy importante, ya que actúa como puente entre los grupos sociales. La empatía y la solidaridad son valores que forman la base de una sociedad inclusiva. En este sentido, acogemos favorablemente que Europa Creativa y otros programas se centren en proyectos que pretenden eliminar barreras y fomentar la integración social y la participación de grupos infrarrepresentados y desfavorecidos.

2.3.3.

La colaboración con periodistas también resulta oportuna y pertinente. Apoyamos la iniciativa de la Comisión de desarrollar una serie de seminarios sobre estereotipos raciales y étnicos que reúnan a periodistas, organizaciones de la sociedad civil y representantes de personas de origen racial o étnico minoritario. El CESE está dispuesto a contribuir a tales esfuerzos.

2.3.4.

El CESE insta a la CE y a los Estados miembros a que trabajen en una metodología común para recopilar los datos pertinentes, incluidos los datos desglosados por origen étnico y racial. La metodología debe atenerse a los principios establecidos por la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia de 2002, y los datos desglosados en las estadísticas de población del Programa de Acción de Durban deben recopilarse con el consentimiento explícito de los encuestados, sobre la base de su autoidentificación y de conformidad con las normas en materia de derechos humanos sobre la protección de la privacidad. El CESE considera que el trabajo realizado por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el ámbito de la recopilación de datos no es suficiente y que deberían desplegarse esfuerzos similares a escala de los Estados miembros.

2.3.5.

El CESE destaca la importancia de las buenas prácticas en lo que respecta a la interacción con el nivel local (en particular, ciudades) y el nivel de barrio o comunidad —donde el racismo estructural se entrelaza con la vida y el trabajo cotidianos—, con el fin de fomentar un entorno de tolerancia intercultural.

2.4.   Un marco para la obtención de resultados: aprovechar los instrumentos de la UE hasta el final

2.4.1.

El CESE se suma a los esfuerzos de la Comisión por animar a todos los Estados miembros a que elaboren y adopten planes nacionales de acción contra el racismo y la discriminación racial. Solo cerca de la mitad de los Estados miembros cuentan con tales planes, lo que pone de manifiesto un nivel variable de interés y compromiso por parte de sus Gobiernos (5). El CESE espera con interés la identificación de principios rectores comunes para los planes nacionales de acción que deben presentarse en 2021, y está dispuesto a contribuir a este esfuerzo. Los ámbitos políticos destacados en el Plan de Acción objeto de examen (legislación para luchar contra la discriminación y sobre el papel de los organismos para la igualdad; incitación al odio y delitos de odio; elaboración ilícita de perfiles por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad; riesgos que plantean las nuevas tecnologías; estereotipos y conciencia histórica; acceso equitativo a la educación, el empleo, la sanidad y la vivienda; integración de las cuestiones relativas a la igualdad de género a escala nacional; implicación de los niveles regional y local; financiación de la lucha contra el racismo; recogida de datos y diálogo con la sociedad civil) están bien estructurados y son exhaustivos. Una preocupación concreta atañe a la manera de convencer a todos los Estados miembros de la UE de que participen en este esfuerzo y garanticen la cooperación activa de diversos organismos, instituciones y organizaciones a escala nacional.

2.4.2.

El CESE confía en que se sigan consolidando los esfuerzos dedicados por las organizaciones empresariales y las empresas individuales a crear y mantener un entorno de trabajo inclusivo para sus empleados, independientemente de su sexo, origen racial o étnico, religión, edad, discapacidad u orientación sexual (6). Un entorno de trabajo inclusivo también abarca un diálogo social real y una sólida representación de los trabajadores. Esperamos con interés el mes europeo de las Cartas de la Diversidad en mayo de 2021 y la puesta en marcha del conjunto de herramientas en línea destinadas a ayudar a las empresas a evaluar su diversidad interna y sus estrategias de diversidad.

2.4.3.

El CESE apoya plenamente el compromiso de la Comisión de garantizar que la lucha contra la discriminación por motivos concretos y sus interrelaciones con otros motivos de discriminación, como el sexo, la discapacidad, la edad, la religión o la orientación sexual, esté integrada en todas las políticas, la legislación y los programas de financiación de la UE.

2.4.4.

La financiación de las acciones de lucha contra el racismo y la discriminación parece generosa. Comprende el marco financiero plurianual (MFP), el nuevo programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores, Horizonte Europa, y el nuevo Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Sobre la base de una evaluación general de las acciones emprendidas hasta la fecha, los Gobiernos de los Estados miembros parecen tener un interés limitado en acceder a diversos recursos y trabajar para combatir el racismo y la discriminación. El CESE considera que las disposiciones presupuestarias por sí solas no son suficientes y que debe establecerse un sistema de incentivos. Una razón importante de este limitado interés podría ser la naturaleza política sensible de las acciones y la movilización política de líderes, organizaciones y grupos radicales en contra de estas acciones.

2.4.5.

La lucha contra el racismo y la discriminación en las políticas exteriores también constituye una prioridad, sobre todo en un mundo gravemente afectado por la epidemia de la COVID-19. El CESE confía en que los valores del antirracismo, la no discriminación y la igualdad reciban un apoyo pleno a través del Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional, en colaboración con los Gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y los interlocutores sociales de sus países asociados (7).

2.5.   Acción positiva de la UE: escuchar y actuar

2.5.1.

La participación democrática y la representación de los grupos susceptibles de marginación, como las personas de origen racial o étnico minoritario, siguen siendo insuficientes en la mayoría de los lugares de Europa. Por consiguiente, el CESE acoge favorablemente la intención de la Comisión de colaborar con los partidos políticos europeos, la Red Europea de Cooperación en materia de Elecciones y la sociedad civil para mejorar la participación en el marco del Plan de Acción para la Democracia Europea. El CESE está dispuesto a contribuir a esta labor y a aportar su propia perspectiva y sus conocimientos técnicos. Una de las prioridades consistiría en salvar varios de los retos jurídicos y administrativos, las barreras de acceso y las dificultades institucionales a las que se enfrentan las personas dispuestas a participar en política a todos los niveles. Otra sería la de colaborar con los partidos y animarlos a crear circunscripciones políticas más diversas e inclusivas, y promover líderes y candidatos procedentes de minorías y grupos vulnerables.

2.5.2.

El CESE acoge favorablemente el compromiso de la Comisión de reunirse de manera periódica con las organizaciones de la sociedad civil y los interlocutores sociales activos en la lucha contra el racismo a escala europea, nacional y local con el fin de evaluar los avances logrados en el combate contra este fenómeno. El Comité está dispuesto a participar en el diálogo que se entable a este respecto. Es importante incluir a los actores religiosos en este proceso.

2.5.3.

El CESE acoge favorablemente el nombramiento previsto por la Comisión de un coordinador en materia de lucha contra el racismo. El coordinador interactuará con los Estados miembros, el Parlamento Europeo, la sociedad civil, los interlocutores sociales y el mundo académico para reforzar las respuestas políticas en el ámbito de la lucha contra el racismo.

2.5.4.

El CESE espera con interés la prevista cumbre de la Comisión contra el racismo. La cumbre se organizará para que coincida con el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el 21 de marzo de 2021, día que la Comisión conmemorará cada año.

2.5.5.

La labor de la Comisión de promover la diversidad y garantizar un lugar de trabajo libre de discriminación e inclusivo para todas las personas, con independencia de su origen racial o étnico o del color de su piel, es bienvenida, y establece una norma de referencia muy adecuada para el funcionamiento de las demás instituciones de la UE.

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(1)  COM(2008) 426 final.

(2)  DO L 328 de 6.12.2008, p. 55.

(3)  El espacio en línea también es objeto cada vez más de las acciones de Estados que adoptan estrategias poco convencionales para influir en la opinión pública.

(4)  El CESE recomienda que la Comisión Europea integre mejor este Plan de Acción con la Estrategia Digital Europea.

(5)  Según el informe de la FRA de 2020 (junio de 2020, FRA), quince Estados miembros contaban con planes contra el racismo, la discriminación racial o étnica y la intolerancia asociada en 2019: Alemania, Bélgica, Chequia, Croacia, Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Lituania, Países Bajos, Portugal y Suecia, más el Reino Unido, que contaba con dicho plan pero abandonó la UE el 1 de enero de 2021.

(6)  De acuerdo con la propuesta, actualmente hay Cartas de Diversidad en veinticuatro Estados miembros con más de 12 000 firmantes (empresas, instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales, universidades, sindicatos) y más de 16 millones de empleados en total.

(7)  OJ C 110, 22.3.2019, p. 163.