A.

Considerando que los ciudadanos europeos tienen derecho a conocer la forma en que se gastan sus impuestos y la manera en que se gestiona el poder otorgado a los organismos políticos (9);

B.

Considerando que el principio de «control y equilibrio» reviste una importancia fundamental en instituciones caracterizadas por una gestión económica descentralizada, y considerando que este principio debe estar respaldado por una responsabilidad central suficientemente desarrollada respecto de la adecuación sistémica del marco de control interno y de la estructura de gobernanza;

C.

Considerando que una de las condiciones para que exista una responsabilidad eficaz y significativa —la obligación de explicar la forma en que se utilizan los fondos públicos— es que los ciudadanos de la UE tengan acceso a una información pertinente y objetiva;

D.

Considerando que, de acuerdo con el procedimiento habitual, se remitió un cuestionario a la administración del Parlamento y las respuestas recibidas fueron debatidas por la Comisión de Control Presupuestario, en presencia del Vicepresidente responsable del presupuesto y del Secretario General,

1.

Constata con gran satisfacción que los informes de aprobación de la gestión relativos a la ejecución por parte del Parlamento de su presupuesto durante el último decenio han desempeñado un importante papel y han contribuido a la más que positiva evolución de la gestión financiera del Parlamento, como en el caso del Estatuto de los diputados, el Estatuto de los Asistentes o el proceso EMAS; está determinado a proseguir esta alentadora evolución hacia la excelencia en la gestión de las finanzas públicas;

2.

Señala el concepto general de «gobernanza empresarial» definido como un conjunto de procesos, costumbres, políticas y normas que afectan a la forma en que se dirige, administra y controla una empresa o institución con el objetivo de reducir costes y mejorar los resultados;

3.

Recuerda que el departamento temático sobre asuntos presupuestarios presentó el 12 de marzo de 2009 un proyecto de informe sobre el control parlamentario de la ejecución del presupuesto en el que se recomienda que el Parlamento apruebe un conjunto de buenas prácticas;

4.

Subraya que entre los elementos clave de una buena gobernanza empresarial se incluyen la transparencia y la apertura, la responsabilidad y la rendición de cuentas por parte de las personas encargadas de la gobernanza empresarial en una organización;

5.

Define la rendición de cuentas como el reconocimiento y la asunción de responsabilidad por acciones, decisiones y políticas, así como la obligación de informar, explicar y responder de las consecuencias que de estas se deriven;

6.

Señala que el Parlamento es una organización compleja en la que la frontera entre las decisiones políticas y las administrativas no está siempre clara debido a los múltiples niveles que caracterizan la estructura de su gobernanza;

7.

Opina que, dentro de un sistema de gobernanza empresarial eficaz y efectivo, debe prestarse la debida atención a las funciones de dirección; considera que los directores generales, los directores y los jefes de unidad deberían seleccionarse en función de sus méritos, teniendo en cuenta los principios de igualdad de oportunidades y equilibrio geográfico, así como de su experiencia y capacidad de gestión;

8.

Cree que sistemas de control interno y de gestión de riesgos más sofisticados mejorarán la responsabilidad y protegerán a los líderes políticos y a los gestores administrativos de los riesgos financieros y no financieros;

9.

Pide, por tanto, a los servicios competentes que revisen y, de ser necesario, refuercen los niveles mínimos de control interno con el fin de que incorporen las lecciones aprendidas y se mantengan a un nivel conforme a la evolución en la gestión de riesgos y la gobernanza empresarial; recuerda que los servicios ordenadores tienen la obligación de respetar las normas en el desarrollo de sus sistemas de control interno y medidas de ejecución; invita a los servicios competentes a que soliciten la opinión de la Comisión de Control Presupuestario antes de enviar a la Mesa, para su examen y aprobación, las normas mínimas de control interno que se hayan revisado;

10.

Toma nota de los objetivos del Secretario General para 2008-2009 en los siguientes términos:

11.

Recuerda que los recursos financieros del Parlamento proceden de los contribuyentes y que toda institución que utiliza fondos públicos tiene la obligación de explicar cuál ha sido su destino y de facilitar información completa, objetiva y pertinente sobre el grado de utilización de los mismos con respecto a los fines previstos, de conformidad con los principios de buena gestión financiera (economía, eficiencia y eficacia) y de transparencia;

12.

Recuerda que todas las subvenciones están sujetas al principio de transparencia e igualdad de trato, en concreto, al artículo 109, apartado 1, y al artículo 110, apartado 2, del Reglamento financiero, así como al artículo 169 del Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002 del Consejo (10) (las normas de aplicación); subraya que esto es aplicable a todos los beneficiarios de subvenciones de la Unión, incluidos el personal del Parlamento y sus familiares, que reciban ayudas para excursiones privadas (de esquí y otras); solicita a la administración que realice un seguimiento del control de dichos pagos;

13.

Destaca que determinados riesgos para la imagen del Parlamento constituyen un peligro mucho mayor que los riesgos financieros, y pide al Secretario General y a los ordenadores que evalúen en profundidad el perfil de riesgo del Parlamento;

14.

Acoge con satisfacción la creación, el 24 de febrero de 2010, de la función de gestor de riesgos y solicita al gestor de riesgos recién nombrado que, tan pronto sea posible, informe a las comisiones competentes acerca del enfoque y la estrategia en materia de riesgos que se adoptará en el futuro;

15.

Señala que el cometido y la función de un determinado gestor de riesgos deben centrarse en la asistencia a los ordenadores en su tarea de gestión de los riesgos mediante el asesoramiento y la coordinación;

16.

Destaca que la independencia, el cometido y el funcionamiento del gestor de riesgos son importantes; toma nota de que el gestor de riesgos dependerá directamente del Gabinete del Secretario General y se congratula por ello;

17.

Pide al Secretario General, como parte integrante del procedimiento de aprobación de la gestión, que presente un informe anual sobre las actividades del gestor de riesgos a la Comisión de Control Presupuestario;

18.

Hace hincapié en que la entrada en vigor del Tratado de Lisboa ha aumentado los poderes del Parlamento y la carga de trabajo para sus diputados y personal auxiliar; opina que las condiciones de trabajo de todos los lugares de trabajo deberían reflejar adecuadamente la mayor necesidad de personal y material;

19.

Recuerda a este respecto sus conclusiones sobre los trabajos de rehabilitación a causa del amianto, y solicita al Secretario General que informe sobre los resultados operativos y financieros de los trabajos y las posibles necesidades futuras de medidas de reparación posteriores;

20.

Llama la atención sobre el hecho de que los contribuyentes europeos no deben asumir el coste de las renovaciones de los locales de Estrasburgo derivadas del siniestro ocurrido el 7 de agosto de 2008;

21.

Propone que su Comisión de Control Presupuestario reciba el cuestionario sobre los edificios y las respuestas, al mismo tiempo que la Comisión de Presupuestos;

22.

Hace hincapié en el reducido valor añadido generado por EuroparlTV (la televisión del Parlamento) debido al escaso número espectadores; opina que debería reconsiderarse la financiación de EuroparlTV, así como la totalidad del proyecto;

23.

Hace hincapié en que el valor añadido del procedimiento parlamentario y público que conduce a la aprobación por parte del Parlamento de su propia gestión radica en la posibilidad adicional de ejercer, en público, un examen crítico de la gestión financiera de la institución y facilitar así que los ciudadanos de la Unión comprendan las particularidades de la naturaleza del Parlamento, su estructura de gobernanza y sus métodos de trabajo;

24.

Llama la atención sobre la necesidad de reducir en mayor medida el riesgo en la gestión financiera del Parlamento, en la que incluso los defectos de escasa importancia pueden acarrear daños considerables para su reputación, empañando los logros del Parlamento en el ámbito político, y recuerda a los diputados y al personal del Parlamento su responsabilidad personal en la correcta gestión financiera del Parlamento;

25.

Subraya que es necesario un examen crítico para asegurar que los actores financieros del Parlamento son plenamente responsables, ya que solo la transparencia total y completa permite a los ciudadanos de la Unión tener una visión de la gestión financiera del Parlamento y del uso que este hace del dinero del contribuyente;

26.

Subraya que el Parlamento, en cuanto institución, tiene un interés fundamental en la plena transparencia respecto de su gestión financiera; espera, por lo tanto, que la Comisión de Control Presupuestario desempeñe plenamente su función específica e importante de dejar patentes los aspectos que son susceptibles de mejora, como hace con otras instituciones;

27.

Comprende plenamente que un análisis objetivo, profesional y exhaustivo de las estructuras y los procedimientos de toma de decisiones y gestión en su complejidad es difícil y requiere mucho tiempo, y recomienda que se mejore la preparación de la Comisión de Control Presupuestario para realizar las labores cada vez más exigentes que tiene encomendadas mediante un refuerzo sustancial del cuadro de efectivos de la secretaría de dicha comisión;

28.

Hace hincapié en que la formulación del artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (introducido por el Tratado de Lisboa) supone un gran reto para las actividades de control del Parlamento;

29.

Hace hincapié en que el refuerzo de las secretarías de las comisiones no puede realizarse basándose simplemente en parámetros cuantitativos, y pide al Secretario General que incluya parámetros cualitativos claramente definidos;

30.

Subraya, además, que las actividades parlamentarias tradicionales, como el examen crítico de la utilización del dinero público, deben estar plenamente integradas en las actividades principales del Parlamento a todos los niveles;

31.

Señala la tradición con arreglo a la cual la Comisión de Control Presupuestario solicita a la administración que le facilite información sobre diversos asuntos en sus informes de aprobación de la gestión; recomienda que esos informes se envíen directamente al presidente de la Comisión de Control Presupuestario y que se publiquen, para información de los miembros de la comisión así como de los ciudadanos de la Unión, en la página web de dicha comisión tan pronto como los reciba el presidente;

32.

Apreciaría que el Secretario General participase en un intercambio de puntos de vista con la comisión competente sobre las respuestas facilitadas por la administración a las solicitudes incluidas en las resoluciones de aprobación de la gestión durante la reunión ordinaria que dicha comisión celebra en septiembre de cada año;

33.

Toma nota de las cifras sobre cuya base se cerraron las cuentas del Parlamento correspondientes al ejercicio 2008:

34.

Constata que el total de los pagos con respecto a los créditos de 2008, incluidas las prórrogas automáticas y no automáticas de dichos créditos a 2009, representa el 94 % del total de los créditos de 2008;

35.

Constata que el presupuesto de la Unión Europea para el ejercicio 2008 ascendió a 129 150 millones EUR en créditos de compromiso, y que la parte correspondiente al presupuesto del Parlamento fue de 1 453 EUR; constata, asimismo, que esta cifra representa poco más del 1 % del presupuesto de la Unión y equivale a un 19,48 % de los 7 284 millones EUR afectados a los gastos administrativos de las instituciones de la UE en su conjunto;

36.

Toma nota de que el Gobierno belga reembolsó 85 896 389 EUR al Parlamento a principios de 2010; pide al Secretario General que informe a su debido tiempo a la Comisión de Control Presupuestario sobre la forma en que se utilizará este dinero;

37.

Constata que el Servicio de Auditoría Interna llevó a cabo una auditoría completa de la gestión y del control de los procedimientos de contratación pública en el Parlamento en 2004 y 2005 y que el informe final aprobado el 31 de marzo 2006 contemplaba 144 medidas específicas para su aplicación durante el período que se extendía hasta el 31 de marzo 2008;

38.

Acoge con satisfacción el hecho de que el Servicio de Auditoría Interna emprendiera en 2008 una nueva serie de auditorías para evaluar de nuevo el grado de aplicación de las 144 medidas específicas, y toma nota de que esas nuevas auditorías se estaban realizando a finales de 2009;

39.

Llama la atención sobre el hecho de que, en su condición de interfaz entre el sector público y el sector privado, la contratación pública constituye un ámbito de alto riesgo, que precisa una atención detenida y continua;

40.

Recuerda que, en cada fase del procedimiento de contratación —evaluación inicial de las necesidades, preparación de la licitación, elaboración de las convocatorias de licitación y del pliego de condiciones, contactos con los licitadores, apertura de las plicas, evaluación de las ofertas, decisión de adjudicación, celebración de los contratos—, deben afrontarse riesgos considerables para el logro de los objetivos mencionados, consecuencia de un complicado entorno jurídico y de las necesidades reales;

41.

Pide al Secretario General que garantice que se siguen impartiendo los cursos de formación especiales sobre contratación y que todo el personal encargado de la misma asiste a dichos cursos, así como que, en el registro de competencias profesionales del Parlamento, se reconoce la contratación como una función especializada solo para el personal interno, y se la considera como correspondiente a un «puesto sensible» sujeto a la adecuada rotación o a medidas de control adicionales;

42.

Pide al Secretario General que desempeñe un papel activo en la próxima revisión trianual del Reglamento financiero, aportando asesoramiento administrativo en los ámbitos donde la reforma es necesaria;

43.

Constata que, basándose en información facilitada por los servicios ordenadores, los servicios centrales elaboran el informe anual (11) dirigido a la Autoridad Presupuestaria sobre los contratos adjudicados en 2008, y que dicho informe contiene el desglose siguiente de todos los contratos adjudicados en los ejercicios 2008 y 2007:

(Informe anual sobre los contratos adjudicados por el Parlamento Europeo, 2008, p. 4)

44.

Constata el siguiente desglose de los contratos adjudicados en 2008 y 2007 por tipo de procedimiento utilizado:

(Informe anual sobre los contratos adjudicados por el Parlamento Europeo, 2008, p. 6)

45.

Constata que en 2008 se adjudicaron en total 358 contratos, y que 140 de ellos, por un valor de 485,2 millones EUR, se basaron en procedimientos abiertos o restringidos, mientras que otros 218, por un valor de 197 millones EUR, se basaron en procedimientos negociados;

46.

Constata, en particular, el fuerte aumento en 2008 del número de procedimientos negociados con carácter excepcional, como muestra el siguiente desglose:

(Informe anual sobre los contratos adjudicados por el Parlamento Europeo, 2008, p. 9)

47.

Constata que el porcentaje de procedimientos negociados con carácter excepcional ha aumentado en términos absolutos y relativos en el caso de seis ordenadores delegados;

48.

Recuerda que el artículo 54 de las de las Normas de desarrollo establece lo siguiente: «Si la proporción de procedimientos negociados en comparación con el número de contratos adjudicados por el mismo ordenador delegado es sensiblemente mayor que en años anteriores o si tal proporción es notablemente superior a la media registrada en su institución, el ordenador competente informará a su institución exponiendo las medidas adoptadas, en su caso, para invertir dicha tendencia.»;

49.

Considera que el aumento registrado entre 2007 y 2008 obliga claramente a los ordenadores a tomar medidas para «invertir la tendencia»; pide al Secretario General que informe a la Comisión de Control Presupuestario acerca de las medidas adoptadas antes del 1 de septiembre de 2010;

50.

Pide a los ordenadores que —tanto para el ejercicio 2009 como para ejercicios sucesivos— presenten más información a la autoridad responsable de la aprobación de la gestión presupuestaria, de tal forma que pueda efectuarse un control más exhaustivo del uso por parte del Parlamento de los procedimientos negociados con carácter excepcional (artículos 126 y 127 de las Normas de desarrollo), y que incluyan en sus respectivos informes anuales de actividad un anexo con información clara sobre los siguientes aspectos:

51.

Pide, por otra parte, a la Unidad Financiera Central que consolide la información que deberá comunicarse en este nuevo anexo del «Informe anual sobre los contratos adjudicados por el Parlamento Europeo»;

52.

Recuerda que el artículo 8, apartados 9 a 11, de las Normas internas de ejecución del presupuesto del Parlamento Europeo establece que el Secretario General, en su condición de ordenador delegado principal, debe emitir una declaración en la que determine si el presupuesto del Parlamento se ha aplicado de conformidad con los principios de buena gestión financiera y si el marco de control establecido ofrece las garantías necesarias en cuanto a la legalidad y la regularidad de las operaciones controladas;

53.

Recuerda, además, que la declaración emitida por el ordenador delegado principal se basa en las declaraciones emitidas por los directores generales en su calidad de ordenadores delegados;

54.

Constata que el anterior Secretario General, en su declaración de 4 de marzo 2009 (13),

55.

Constata, además, que el ordenador delegado principal también señaló que su declaración se basaba «en el juicio del propio ordenador delegado, en los informes de auditoría interna recibidos, en las actividades centrales de supervisión y apoyo de la gestión financiera ejecutadas en su nombre o por orden suya y en todos los elementos informativos a su disposición»;

56.

Señala que el artículo 60, apartado 4, del Reglamento financiero exige que cada ordenador delegado determine «la estructura organizativa y los sistemas y procedimientos de gestión y control internos idóneos para la ejecución de sus competencias», y que el artículo 60, apartado 7, párrafo segundo, de dicho Reglamento exige que la misma persona responsable en la gestión financiera informe sobre la eficiencia y la eficacia de los sistemas que haya establecido;

57.

Observa, asimismo, que solo algunos Directores Generales «indicaron los riesgos asociados a sus operaciones o suministraron información sobre el funcionamiento de sus sistemas de control interno» (respuesta a la pregunta 4.2.1), cuando el Reglamento financiero establece sin ambigüedades, en el artículo 60, apartado 7, párrafo segundo, que los ordenadores deben dar cuenta en el informe anual de actividades de la eficiencia y la eficacia del sistema de control interno;

58.

Constata que esta carencia «se debió sin duda a que las instrucciones para la redacción de los informes anuales de actividad para el ejercicio 2008 dejaron a los ordenadores delegados una mayor libertad en cuanto a la forma de suministrar la información, en particular en lo que se refiere a sus respectivos sistemas de control interno» (respuesta a la pregunta 4.2.); acoge favorablemente, no obstante, que las instrucciones para la elaboración de los informes correspondientes al ejercicio 2009 fueran más rigurosas a este respecto, y espera que todos los Directores Generales actúen en consecuencia;

59.

Recuerda que la finalidad del sistema de control interno es garantizar un gasto correcto, conforme a las reglamentaciones financieras;

60.

Destaca que, en todo sistema de gestión financiera, deben existir controles y contrapesos adecuados cuando se autoriza el gasto;

61.

Pide, por tanto, al Secretario General que, cuanto antes y, en cualquier caso, a más tardar el 31 de diciembre de 2010, informe a la autoridad responsable de la aprobación de la gestión presupuestaria sobre las medidas concretas que haya tomado o tenga previsto tomar con miras a reforzar el sistema de control interno, así como sobre el plazo de aplicación de las mismas, en particular por lo que respecta a:

62.

Constata que, como en ejercicios anteriores, el Parlamento y el Comité Económico y Social Europeo siguen aplicando las disposiciones del Estatuto de los funcionarios sobre el factor de multiplicación, a la espera de la sentencia del Tribunal en los asuntos planteados a este respecto por su personal;

63.

Señala que, desde el ejercicio 2004, el Tribunal de Cuentas ha pedido al Parlamento que asegure que los gastos de alojamiento efectuados durante las misiones sean reembolsados de conformidad con el Estatuto; reconoce los esfuerzos desplegados por la Dirección General de Personal para simplificar y racionalizar la gestión de las misiones;

64.

Toma nota de la respuesta de la administración y llama la atención sobre el hecho de que no puede utilizarse una «base presupuestaria» para suspender el marco normativo vigente; considera que este asunto debería recibir una atención especial en la próxima revisión del Estatuto de los funcionarios;

65.

Espera que los principales responsables de la toma de decisiones en este ámbito —la Mesa, el Secretario General y el Director General de Personal— adopten, tan pronto como sea posible, previa toma de una decisión, las medidas necesarias para garantizar que las normas internas y los procedimientos del Parlamento en materia de misiones respetan de forma plena y coherente el principio de buena gestión financiera y el Estatuto de los funcionarios;

66.

Constata el considerable volumen de trabajo efectuado en el ejercicio de regularización de los gastos de asistencia parlamentaria abonados durante los ejercicios 2004 a 2008, y felicita a los servicios competentes por esta tarea;

67.

Pide al Secretario General, al Director General de Personal y al Director General de Innovación y Apoyo Tecnológico que examinen la posibilidad de utilizar nuevas tecnologías para las videoconferencias como medio para reducir el coste de las misiones; destaca en particular la posibilidad de utilizar Open Source Software para celebrar videoconferencias a bajo costo y en condiciones seguras;

68.

Señala, además, que cabe esperar que el nuevo sistema introducido el 14 de julio 2009 asegure el correcto cumplimiento de las normas y los principios vigentes y ofrezca la máxima garantía de transparencia, legalidad y buena gestión financiera en el ámbito de las dietas de asistencia para los diputados;

69.

Respalda el derecho de los contribuyentes a controlar el uso de sus impuestos por parte de los diputados en su condición de personas públicas, al tiempo que insta a los diputados a que presten una atención especial al interés público en el uso de los fondos públicos europeos;

70.

Pide al Auditor Interno y al Tribunal de Cuentas que, habida cuenta de los considerables riesgos para la imagen de la institución en este ámbito de las políticas públicas, que controlen de cerca el funcionamiento y la eficiencia del nuevo marco y señalen los eventuales defectos y las posibilidades de mejorar el acceso público a la información relativa a los pagos efectuados a los diputados, incluidas las dietas de asistencia;

71.

Recuerda las observaciones del Tribunal de Cuentas en sus Informes Anuales relativos al ejercicio 2006 y al ejercicio 2007 sobre la necesidad de establecer normas claras que definan las responsabilidades y obligaciones del Parlamento Europeo y de los suscriptores del Fondo en caso de déficit; solicita al Secretario General que, antes del 31 de diciembre de 2010, presente una propuesta para resolver este asunto, respetando al tiempo la decisión del Pleno de que no se utilizará más dinero procedente de los impuestos para cubrir el déficit;

72.

Señala que el 31 de diciembre de 2008 el Fondo presentaba un déficit actuarial de 121 844 000 EUR y que, en la misma fecha, sus administradores valoraron las prestaciones restantes que debían abonarse a los suscriptores en 276 894 000 EUR (Informe Anual relativo al ejercicio 2008 del Tribunal de Cuentas, anexo 11.2);

73.

Señala que el pasivo del Parlamento deberá quedar reflejado en los estados financieros a 31 de diciembre de 2008;

74.

Señala que el informe del auditor independiente ha calculado la provisión para pensiones y obligaciones similares basándose en una remuneración de las inversiones del 6,5 % anual, una cifra que no es realista;

75.

Destaca la necesidad de una transparencia total con respecto a las decisiones adoptadas por sus órganos de gobierno, a saber, el Presidente, la Mesa, los Cuestores y la Conferencia de Presidentes;

76.

Pide a la Mesa que considere la posibilidad de hacer más accesible la información financiera que necesite la Comisión de Presupuestos sobre las decisiones con importantes consecuencias presupuestarias, a fin de satisfacer mejor las exigencias informativas de la autoridad responsable de la aprobación de la gestión presupuestaria y de los contribuyentes europeos;

77.

Opina que la Mesa, como órgano del Parlamento competente para la adopción de decisiones administrativas y financieras que afectan a los diputados y al funcionamiento de la institución, tiene una especial responsabilidad en la promoción de la responsabilidad democrática;

78.

Opina que las propuestas de presupuesto rectificativo, que se refieren únicamente al ejercicio presupuestario en curso, son un instrumento de gestión insuficiente y pide a la Mesa que presente una estimación a cinco años de las consecuencias previsibles de las principales decisiones financieras;

79.

Llamar la atención sobre el hecho de que las cuestiones relativas a la responsabilidad en la política pública y a la gestión del riesgo por lo que respecta a la imagen de una institución pública no pueden ni deben reducirse a consideraciones de tipo jurídico;

80.

Señala que el Servicio de Auditoría Interna formaba parte, desde su creación, de la Dirección General de Finanzas, que representa aproximadamente el 30 % del presupuesto del Parlamento; celebra que ahora, desde el 1 de septiembre de 2009, mediante una decisión del Secretario General, el Servicio de Auditoría Interna dependa directamente del Secretario General, pues ello reforzará tanto la eficacia de la actividad de auditoría interna como la imagen de su actuación independiente y objetiva para los departamentos auditados;

81.

Destaca que su anterior posición en el organigrama no ha impedido al Servicio de Auditoría Interna realizar sus funciones de acuerdo con lo que exigen la profesionalidad y la normativa; acoge favorablemente esta nueva posición y espera que permita mejorar el flujo de información esencial en materia de riesgo desde el Secretario General, facilitando así la función del auditor interno como asesor del Parlamento en materia de riesgos;

82.

Constata con satisfacción que el Servicio de Auditoría Interna ha dado prioridad a la supervisión y el asesoramiento sobre la aplicación de los nuevos sistemas descentralizados de control interno establecidos por el Reglamento financiero, que entraron en vigor el 1 de enero de 2003;

83.

Constata, asimismo, que la revisión original del marco de control interno en 2003 y 2004 dio como resultado 14 informes de auditoría relativos a todos los departamentos y a los servicios centrales, que contenían 452 acciones acordadas;

84.

Constata que una serie de auditorías de primer control realizadas en 2005 y 2006 mostró que la administración había aplicado 225 de las 452 acciones originales y que entre las 227 acciones sin completar había 20 que se consideraban «críticas», por afectar a ámbitos muy expuestos al riesgo, y que requerían medidas urgentes de corrección por parte de los servicios afectados;

85.

Señala, asimismo, que una segunda serie de auditorías de control realizada en 2007 y 2008, arrojó resultados que muestran que de las 452 acciones originales, 88 seguían abiertas, y que se distribuían entre las distintas Direcciones Generales como sigue:

86.

Celebra la mejora de los sistemas de gestión y control interno de las Direcciones Generales, pero se interroga sobre el número de acciones sin completar, con una tasa general de cumplimiento de tan solo el 80,53 % durante un período relativamente largo, lo que debería haber dado a los servicios responsables tiempo suficiente para tomar medidas correctoras;

87.

Es plenamente consciente de que algunos departamentos han sido trasladados a otras Direcciones Generales durante el período que se examina; recuerda que, de conformidad con el artículo 86, apartado 3, del Reglamento financiero, la institución «garantizará el seguimiento de las recomendaciones dimanantes de las auditorías», y considera que no es satisfactorio que en 2008 aún no se hayan aplicado las recomendaciones dimanantes de auditorías de 2003 y 2004;

88.

Subraya que la existencia de 88 acciones abiertas indica la persistencia de riesgos residuales en algunos ámbitos específicos, y recomienda encarecidamente que se tomen con rapidez medidas apropiadas para aplicar las recomendaciones pendientes lo antes posible; pide al Secretario General que informe a la comisión competente sobre los progresos realizados;

89.

Cree que debería llevarse a cabo una evaluación de la oficina de auditoría interna del Parlamento con vistas a reforzar ese servicio e incrementar en consecuencia el control financiero, así como que deberían proporcionarse todos los instrumentos que garanticen el cumplimiento de las tareas encomendadas a la Comisión de Control Presupuestario;

90.

Pide que a más tardar el 30 de septiembre de 2010 el Parlamento reciba una explicación completa y respuestas exactas sobre el motivo por el que todavía no está abierto el Centro de Visitantes;

91.

Considera inadecuado el Premio de Periodismo del Parlamento Europeo, ya que el Parlamento no debería entregar premios a periodistas cuya misión es valorar de forma crítica las instituciones de la UE y su labor;

92.

Toma nota de que, en 2008, los créditos consignados en la partida presupuestaria 4000 se utilizaron de la siguiente forma:

93.

Recuerda que la Mesa, en su reunión del 19 de noviembre de 2008, decidió inscribir un importe suplementario de 6 millones EUR en la partida presupuestaria 4000 para la campaña de información sobre las elecciones europeas de 2009 [D(2009)28076 de 15 de junio de 2009];

94.

Señala que el 15 de diciembre de 2008 la Mesa decidió:

95.

Recuerda que el Presidente, en la reunión de la Mesa del 16 de junio de 2009, constató «con inquietud el descenso global de la participación en estas elecciones, que se sitúa en un 43,2 %, una cuestión a la que […] la próxima Mesa debería dedicar una detenida reflexión» (PE 426.193/BUR);

96.

Constata que, de conformidad con el punto 2.7.3 de de la Reglamentación relativa a la utilización de los créditos previstos en la partida presupuestaria 4000  (18), el Presidente transmitió los informes auditados presentados por los grupos políticos sobre la utilización de los créditos a la Comisión de Control Presupuestario el 8 de julio de 2009 (carta 311812);

97.

Señala que el Secretario General, en la nota dirigida a los miembros de la Mesa de 15 de junio de 2009 [D(2009)28076], constata que en «todos los informes los auditores han certificado sin reservas que las cuentas presentadas son conformes con las disposiciones normativas»;

98.

Señala que en la reunión del 16 de junio de 2009 (acta de la reunión del 16 de junio de 2009 PE 426.193/BUR):

99.

Recuerda que, de conformidad con el artículo 2.2.3 de la Reglamentación relativa a la utilización de los créditos previstos en la partida presupuestaria 4000, cada grupo debe establecer un sistema de control interno;

100.

Toma nota de que, en 2008, los créditos consignados en la partida presupuestaria 4020 se utilizaron de la siguiente forma:

101.

Constata que la Mesa, en su reunión del 17 de junio de 2009 aprobó sin debate los informes finales sobre la ejecución de los respectivos programas de actividades y los estados financieros de siete de los diez partidos políticos europeos (Acta de la reunión del 17 de junio de 2009, PE 426.231/BUR);

102.

Constata, asimismo, que el Secretario General, en la nota dirigida a los miembros de la Mesa [D(2009)30444, de 15 de junio de 2009], facilita la siguiente información:

103.

Constata que la Mesa, en su reunión del 14 de septiembre de 2009, aprobó los informes finales sobre la ejecución de los respectivos programas de actividades y los estados financieros de los tres partidos políticos europeos cuyos informes no estaban disponibles para la reunión del 17 de junio de 2009, a saber, la ADIE (Alianza de los Demócratas Independientes en Europa), la AEN (Alianza por la Europa de las Naciones) y EUD (EUDemocrats) (acta de la reunión del 14 de septiembre de 2009, PE 426.393/BUR);

104.

Constata, asimismo, que la Mesa estableció que el ordenador había de recuperar un saldo de 90 604,58 EUR de los tres partidos afectados (ADIE, AEN y EUD), en vista de la cantidad final de las subvenciones que habían de concederse a dichos partidos;

105.

Toma nota de la respuesta del Secretario General al apartado 96 de su Resolución de 23 de abril de 2009 (19) sobre el seguimiento dado al informe del auditor interno sobre la aplicación de las disposiciones relativas a las contribuciones en favor de los partidos políticos a escala europea (20) y de la referencia a tres acciones que se habían «abandonado»;

106.

Recuerda que, como dispone el considerando 11 del Reglamento (CE) no 2004/2003 (21), «es necesario asegurar la máxima transparencia y un control financiero de los partidos políticos a escala europea que se benefician de una financiación con cargo al presupuesto general de la Unión Europea»;

107.

Subraya que la «máxima transparencia» no puede conseguirse sin: i) una aplicación completa, y, en particular, la introducción de un modelo para la descripción del programa de actividades y para los informes de actividades finales, y ii) un número suficiente de controles a posteriori y sobre el terreno por parte del ordenador sobre el uso de la financiación;

108.

No puede comprender cómo la Mesa puede cumplir las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 209, apartado 2 (resolver «sobre la posible suspensión o reducción de la financiación y la eventual recuperación de los importes indebidamente percibidos») y apartado 3 (aprobar «el informe final de actividades y el balance financiero final del partido político beneficiario»), del Reglamento sin introducir el modelo a que se ha hecho referencia, que es de fundamental importancia para conseguir un proceso transparente de evaluación y de pago;

109.

Toma nota de que, en 2008, los créditos consignados en la partida presupuestaria 4030 se utilizaron de la siguiente forma:

110.

Constata que la Mesa, en su reunión del 17 de junio de 2009, aprobó los informes finales sobre la ejecución de los respectivos programas de actividades y los estados financieros de seis de las diez fundaciones y estableció que el ordenador debía recuperar el importe de 85 437,44 EUR del Institute of European Democrats y abonar un saldo de 482 544,35 EUR a las otras cinco fundaciones (acta de la reunión del 17 de junio de 2009, PE 426.231/BUR);

111.

Constata, asimismo, que el Secretario General, en la nota dirigida a los miembros de la Mesa [D(2009)31289, de 15 de junio de 2009], facilita la siguiente información:

112.

Constata que la Mesa, en su reunión del 14 de septiembre de 2009, aprobó los informes finales sobre la ejecución de los respectivos programas de actividades y los estados financieros de tres de las cuatro fundaciones europeas que no habían podido enviar sus informes para su examen en la reunión del 17 de junio de 2009 (European Liberal Forum, ELF; Transform Europe, TE; y Fondation Politique Européenne pour la Démocratie, FPED) [acta de la reunión del 14 de septiembre de 2009 y nota a los miembros de la Mesa D(2009)40444 de 9 de septiembre de 2009];

113.

Constata, además, que la Mesa también estableció que el ordenador había de recuperar el excedente de 15 144,39 EUR de ELF y de 32 178,58 EUR de FPED y abonar un saldo de 21 965,56 EUR a TE, y aplazó su decisión sobre el cierre del ejercicio de FEUD a una reunión posterior;

114.

Apoya plenamente la creación de partidos políticos a escala europea y de fundaciones políticas europeas, así como sus actividades; opina que la total transparencia en lo que se refiere a la gestión financiera de los partidos y las fundaciones, así como a la consecución de los resultados previstos es de la máxima importancia para los ciudadanos de la Unión;

115.

Opina que la información presentada a la autoridad responsable de la aprobación de la gestión presupuestaria no demuestra de forma convincente que los sistemas de gestión y de control interno funcionen de forma eficaz, y que la información y la documentación presentadas por lo partidos y las fundaciones no son suficientes para responder a las justificadas expectativas de los ciudadanos y los contribuyentes en lo que se refiere a la transparencia; espera que los ordenadores establezcan un programa de controles a posteriori, lo que es una importante condición previa para la obtención de garantías;

116.

Celebra el hecho de que el Servicio de Auditoría Interna haya comenzado a supervisar la aplicación de sus recomendaciones de 2007, y que su nuevo informe también vaya a incluir el examen de las fundaciones políticas europeas;

117.

Toma nota de que la Mesa, mediante decisión de 14 de septiembre de 2009, creó un grupo temporal para la evaluación de la aplicación de los Estatutos de los diputados y de los asistentes, presidido por Dagmar Roth-Behrendt, Vicepresidenta, con el fin de examinar posibles soluciones a los problemas prácticos que han surgido;

118.

Acoge favorablemente esta iniciativa y llama la atención sobre la necesidad de que todo ajuste de los procedimientos administrativos y las actuales reglamentaciones se realice teniendo debidamente en cuenta los posibles riesgos de imagen y financieros, y sin generar costes adicionales innecesarios;

119.

Espera que el Secretario General haya determinado los riesgos asociados con los nuevos regímenes, así como los costes de administración y control necesarios para limitar estos riesgos;

120.

Espera que el Secretario General tome todas las medidas necesarias para limitar a un período mínimo no superior a tres meses los puestos vacantes, y que contribuya así a mejorar los servicios para los diputados, dando al personal la oportunidad de prestar la calidad de trabajo esperada;

121.

Pide al Secretario General que asegure que los anuncios de vacantes para puestos de Jefe de Unidad y de categoría superior estén abiertos a los funcionarios de otras instituciones de la UE;

122.

Reitera su exigencia de que se adopte una estrategia a largo plazo para los inmuebles y edificios del Parlamento; recuerda su exigencia formulada en el apartado 30 de la resolución de 22 de octubre de 2009 sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010, sección I — Parlamento Europeo, sección II — Consejo, sección IV — Tribunal Europeo de Justicia, sección V — Tribunal de Cuentas Europeo, sección VI — Comité Económico y Social Europeo, sección VII — Comité de las Regiones, sección VIII — Defensor del Pueblo Europeo, sección IX — Supervisor Europeo de Protección de Datos (23); subraya en particular que en el marco de esta estrategia para los inmuebles y edificios debería tenerse en cuenta el aumento de los costes de mantenimiento y de renovación a medio plazo que implica la compra de edificios; observa que la estrategia para los inmuebles y edificios debe tener por objetivo la sostenibilidad del presupuesto del Parlamento; destaca que deben tomarse en consideración las necesidades derivadas de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, y espera ser informado sobre los resultados;

123.

Pide, en relación con las Oficinas de Información, que el Parlamento y la Comisión celebren un acuerdo sobre la política de inmuebles a medio y largo plazo con una planificación orientada al futuro, en el que se definan con claridad, en particular, las modalidades de adquisición, el papel de cada una de las instituciones y los plazos de reembolso; subraya que dicho acuerdo resulta aún más necesario en vista de que el Parlamento y la Comisión prefieren formas de financiación distintas para las Oficinas de Información;

124.

Constata con satisfacción que la Organización Mundial de Normalización (ISO) ha concedido una certificación ISO al Parlamento —ISO 14001:2004— por sus sistemas de gestión ambiental en los tres principales lugares de trabajo;

125.

Celebra que el Parlamento:

126.

Pide al Secretario General que tome medidas destinadas a crear —a todos los niveles— una mayor comprensión de la necesidad de evitar el despilfarro en general y, en particular, en lo que se refiere al número de expedientes en papel que se producen (pero no se utilizan) para las diversas reuniones, especialmente a la luz del enorme esfuerzo realizado en las áreas de economía y finanzas con respecto al desarrollo de una infraestructura digital; sugiere, por ende, que se apruebe la utilización del equipo digital que posee actualmente el Parlamento;

127.

Espera que, por regla general, todos los órganos decisorios den una alta prioridad a los requisitos ambientales en todas sus decisiones relativas, por ejemplo, a los edificios (incluidos el aislamiento, la energía geotérmica, los biocarburantes y los paneles fotovoltaicos), el transporte y el material de oficina;

128.

Recomienda que el Parlamento —de forma similar a lo que hacen algunos Estados miembros— participe en el reembolso de los gastos en transporte público del personal para los desplazamientos entre su domicilio y su lugar de trabajo, a cambio de que se acepte perder el acceso a los garajes del Parlamento, pues este sistema reduciría el número de coches que se desplazan a Bruselas cada mañana, así como las correspondientes emisiones de dióxido de carbono;

129.

Apoya plenamente el principio del plurilingüismo y toma nota de la decisión del Parlamento, de 24 de octubre de 2007 (24), de restablecer la traducción completa del Acta Literal a todas las lenguas oficiales y el correspondiente gasto adicional de 14 840 000 EUR; pide que se analicen las posibles formas de identificar el uso que se hace de las distintas versiones lingüísticas del acta literal;

130.

Opina que el equipo EMAS debe ser funcionalmente independiente y contar con los suficientes recursos financieros para realizar sus actividades; pide al equipo EMAS que transmita su informe anual al presidente de la Comisión de Control Presupuestario;

131.

Manifiesta su preocupación por los continuos casos de delitos menores registrados en las instalaciones del Parlamento; solicita que el Secretario General preste especial atención a este asunto, a fin de que se reduzcan este tipo de delitos;

132.

Constata que todos los vehículos adquiridos por el Parlamento en 2009 registraron unos niveles de emisión de CO2 superiores a la media asignada a los vehículos nuevos en el mercado de la Unión durante dicho año; es consciente del creciente número de vehículos de alto rendimiento disponible, incluidos los híbridos, con un índice de emisiones inferior a la media;

133.

Pide a las autoridades competentes que, para el 31 de diciembre de 2010, renueven la totalidad de la flota de vehículos sedán del Parlamento con fines de protocolo y representación sustituyéndolos por vehículos cuyas emisiones de CO2 no superen la media de la Unión de último año del que se dispone de datos de la Comisión, que reserven el uso de dichos vehículos para el Presidente, los presidentes de los grupos políticos y los visitantes de relieve y que garanticen que los vehículos que están a disposición de los diputados en Bruselas y Estrasburgo cumplen la norma europea de emisión Euro 5 para dicha fecha;

134.

Manifiesta su sorpresa porque se considerara que la mayor parte de los vehículos adquiridos en 2008 eran los más respetuosos con el medio ambiente y los más adecuados para las necesidades de los usuarios; alienta al Parlamento a que apoye a los diputados para que utilicen el transporte público y a que examine, con vistas a su ampliación, su servicio de transporte en bicicleta en la ciudad de Bruselas; pide, además, que el Parlamento establezca su propio servicio de bicicletas durante las sesiones plenarias de Estrasburgo con un número de bicicletas suficiente;

135.

Señala que en 2008 la DG IPOL destinó 7,1 millones EUR y la DG EXPO 499 423 EUR a la realización de estudios externos (respuesta a la pregunta 24); pide a los servicios responsables que —antes de encargar todo nuevo estudio externo— comprueben si no existe ya un estudio similar o si ya lo ha realizado otra institución de la Unión;

136.

Pide a su Secretario General que se ponga en contacto con las demás instituciones de la UE con el fin de crear una base de datos centralizada de los estudios realizados, que también pueda ser consultada por el público en general;

137.

Constata que el coste total de las suscripciones a servicios comerciales de información electrónica se elevó a 804 987 EUR en 2008 y a 970 484 EUR en 2009; pide a los servicios competentes que, cuando renueven los contratos, consigan mejores condiciones de acceso, permitiendo así que un mayor número de usuarios —incluidos los diputados— puedan utilizar estos servicios de información.

138.

Solicita que el reembolso al responsable del grupo de los gastos de una visita de un grupo patrocinado se haga sistemáticamente mediante transferencia bancaria, y no en efectivo; pide, además, que el Parlamento realice un estudio para examinar si el sistema de reembolso a tanto alzado de los gastos de viaje en que incurren los grupos de visitantes oficiales es adecuado con respecto a los diferentes puntos de partida y destino de las visitas o si el sistema de reembolso de los costes reales —sujeto a un límite— sería más conveniente para este tipo de grupos.