—

Vistos el artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE) y los artículos 145, 147 y 149 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

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Visto el pilar europeo de derechos sociales proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión en noviembre de 2017, y en particular su principio 4 relativo al apoyo activo al empleo,

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Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 17 a 21 de julio de 2020,

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Visto el Reglamento (UE) n.o 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1081/2006 del Consejo (1),

—

Visto el Reglamento (UE) 2015/779 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 1304/2013 en lo que se refiere al importe de la prefinanciación inicial adicional abonada para los programas operativos apoyados por la Iniciativa de Empleo Juvenil (2),

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Vista la Decisión (UE) 2019/1181 del Consejo, de 8 de julio de 2019, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (3),

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Vista la Recomendación del Consejo, de 22 de abril de 2013, sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil (4),

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Vistos los Informes Especiales del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) n.o 3/2015, titulado «Garantía juvenil de la UE: Se han dado los primeros pasos pero la aplicación del programa presenta riesgos», n.o 17/2015, titulado «Apoyo de la Comisión a los equipos de acción para la juventud: se ha logrado reorientar la financiación del FSE, pero no se hace suficiente hincapié en los resultados», y n.o 5/2017, titulado «¿Han sido determinantes las políticas de la UE en cuanto al desempleo juvenil? Evaluación de la Garantía Juvenil y de la Iniciativa de Empleo Juvenil»,

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Vistos el documento de trabajo n.o 4/2015 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) titulado «The Youth Guarantee programme in Europe: Features, implementation and challenges» (El programa de Garantía Juvenil en Europa: características, aplicación y desafíos) y el Informe de 2015 de la Eurofound titulado «La inclusión social de los jóvenes»,

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 1 de julio de 2020, titulada «Apoyo al empleo juvenil: un puente hacia el empleo para la próxima generación» (COM(2020)0276),

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Vista la propuesta de la Comisión de Recomendación del Consejo titulada «Un puente hacia el empleo: refuerzo de la Garantía Juvenil», que sustituye a la Recomendación del Consejo, de 22 de abril de 2013, sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil (COM(2020)0277) así como el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que la acompaña (SWD(2020)0124),

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Vistas la Comunicación de la Comisión, de 22 de mayo de 2018, titulada «Involucrar, conectar y capacitar a los jóvenes. Una nueva Estrategia de la UE para la Juventud» (COM(2018)0269) y la Resolución del Consejo, de 15 de noviembre de 2018, sobre la Estrategia de la Unión Europea para la Juventud 2019-2027 (5),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 4 de octubre de 2016, titulada «La Garantía Juvenil y la Iniciativa sobre Empleo Juvenil, situación al cabo de tres años» (COM(2016)0646) así como el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que la acompaña (SWD(2016)0323),

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Vista su Resolución, de 23 de julio de 2020, sobre las Conclusiones de la reunión extraordinaria del Consejo Europeo de los días 17 a 21 de julio de 2020 (6),

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Vista su Resolución, de 18 de enero de 2018, sobre la aplicación de la Iniciativa de Empleo Juvenil en los Estados miembros (7),

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Vista su Resolución, de 24 de octubre de 2017, sobre el control del gasto y la supervisión de la eficiencia de costes de los planes de Garantía Juvenil de la Unión (8),

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Vista su Resolución, de 16 de enero de 2013, sobre la Garantía Juvenil (9),

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Vistas las preguntas al Consejo y a la Comisión sobre el refuerzo de la Garantía Juvenil (O-000058/2020 — B9-0018/2020 y O-000059/2020 — B9-0019/2020),

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Vistos el artículo 136, apartado 5, y el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

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Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales,

A.

Considerando que, desde su introducción en 2013, la Garantía Juvenil ha generado oportunidades y ha ayudado a más de 24 millones de jóvenes a encontrar empleo y a participar en programas de educación continua, formación de aprendices o prácticas; que, antes de la crisis de la COVID-19, la tasa de desempleo juvenil (jóvenes con edades comprendidas entre los quince y los veinticuatro años) se situaba de media en un 14,9 % frente al máximo del 24,4 % registrado en 2013; que esta tasa sigue siendo más del doble de la tasa de desempleo global (6,5 %); que el porcentaje del trabajo atípico entre los jóvenes es muy elevado, ya que el 43,8 % de los jóvenes en la Unión tiene un trabajo temporal; que la tasa media de desempleo juvenil oculta enormes disparidades entre los Estados miembros, ya que la tasa de desempleo entre los menores de 25 años se sitúa en el 40,8 % en España (junio de 2020) y en el 33,6 % en Grecia (abril de 2020); que demasiados jóvenes tienen trabajos precarios y que son demasiados los que tienen que abandonar su región o país para encontrar un trabajo digno;

B.

Considerando que está reconocido que la Garantía Juvenil ha impulsado reformas estructurales en los servicios públicos de empleo y en los sistemas educativos de los Estados miembros; que, no obstante, en sus fases iniciales fue aplicada por los Estados miembros de manera bastante lenta y desigual y que las partes interesadas y los jóvenes pusieron de manifiesto una serie de deficiencias en su concepción y en su funcionamiento en la práctica; que, en su Informe Especial n.o 5/2017, el Tribunal de Cuentas Europeo criticó los limitados progresos de la Garantía Juvenil, concluyendo que la contribución de la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) al logro de los objetivos de la Garantía Juvenil en los cinco Estados miembros visitados era muy limitada en el momento de la fiscalización, y que la situación, más de tres años después de la adopción de la Recomendación del Consejo, no estaba a la altura de las expectativas iniciales creadas con la puesta en marcha de la Garantía Juvenil, que tenía como fin proporcionar una oferta de buena calidad a todos los ninis — jóvenes que se encuentran sin trabajo, estudios ni formación -en un plazo de cuatro meses; que la Comisión y los Estados miembros han ajustado el programa progresivamente y le han conferido una orientación más adecuada, lo que ha convertido a la Garantía Juvenil y a la IEJ en instrumentos esenciales de lucha contra el desempleo juvenil en la Unión;

C.

Considerando que la lucha contra el desempleo juvenil es una prioridad política compartida por el Parlamento, la Comisión y los Estados miembros y que contribuye a alcanzar el objetivo de crecimiento sostenible y empleo de alta calidad de la Unión, además de ser acorde con el pilar europeo de derechos sociales;

D.

Considerando que, al presentar sus prioridades políticas, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, señaló que convertiría la Garantía Juvenil en un instrumento permanente de lucha contra el desempleo juvenil y que esta debería contar con una dotación presupuestaria más elevada y ser objeto de informes periódicos para garantizar que cumple sus promesas en todos y cada uno de los Estados miembros;

E.

Considerando que la pandemia de COVID-19 ha desencadenado una crisis económica y social sin precedentes que ha provocado el aumento de las tasas de desempleo en la Unión y que millones de personas corran el riesgo de perder su puesto de trabajo; que en junio de 2020 la tasa de desempleo juvenil se situaba en el 16,8 % en el conjunto de la Unión, porcentaje que se espera que siga aumentando considerablemente teniendo en cuenta que los jóvenes corren el riesgo de ser los más afectados, como ocurrió durante la crisis de 2008; que las tasas elevadas de desempleo juvenil perjudican a las personas afectadas, lo que a menudo da lugar a lo que se conoce como «efecto cicatriz»; que estos efectos perjudiciales afectarán, en particular, a la cantidad cada vez más importante de jóvenes desempleados de larga duración y a la sociedad en su conjunto, por lo que deberán adoptarse medidas decididas y específicas de política de empleo; que la inversión en el capital humano de los jóvenes europeos contribuirá a reforzar las economías y sociedades europeas y a hacerlas más inclusivas y resilientes; que una mano de obra cualificada, creativa e innovadora es un requisito previo para una Europa competitiva;

F.

Considerando que la crisis económica afecta a los jóvenes de forma desproporcionada (10); que para evitar unas tasas elevadas de desempleo juvenil será imprescindible adoptar medidas para contrarrestar la crisis económica generada por la pandemia de COVID-19; que uno de cada seis jóvenes que estaban empleados antes del estallido de la pandemia de COVID-19 ha perdido su empleo o ha sido despedido; que el tiempo de trabajo de los jóvenes empleados ha disminuido en casi una cuarta parte, que dos de cada cinco jóvenes señalan que han sufrido una reducción de sus ingresos, y que los más afectados tanto en términos de tiempo de trabajo como de ingresos son los residentes en los Estados de renta baja;

G.

Considerando que las medidas de confinamiento han perturbado de forma repentina la educación formal e informal, los períodos de formación, prácticas y aprendizaje de los jóvenes, así como los puestos de trabajo, lo que ha afectado a sus ingresos, su potencial de ingresos y su bienestar, incluida su salud y, en particular, su salud mental; que las medidas relacionadas con el desempleo juvenil deben abordar la naturaleza multidimensional del problema;

H.

Considerando que los jóvenes con discapacidad se han visto especialmente afectados por los efectos de la pandemia y corren ahora un riesgo aún mayor de exclusión socioeconómica; que es necesario adoptar medidas específicas en apoyo de su integración en el mercado laboral y garantizar su acceso a servicios de calidad, garantizando al mismo tiempo que no son objeto de ningún tipo de discriminación ni que deben enfrentarse a barreras de ninguna clase, incluidas las financieras;

I.

Considerando que los jóvenes tienen más posibilidades de ser despedidos por que trabajan con más frecuencia en la economía informal, en formas de empleo atípicas, con poca o ninguna protección social y no tienen experiencia profesional;

J.

Considerando que el porcentaje de trabajo atípico, como el trabajo en plataformas digitales o esporádico, es muy elevado entre los jóvenes y que el trabajo atípico ofrece menos seguridad laboral y un acceso limitado o nulo a la protección social, lo que aumenta la probabilidad de que los jóvenes queden desempleados durante una crisis como la COVID-19, restringiendo al mismo tiempo su acceso a la protección social;

K.

Considerando que es esencial subrayar la diferencia entre las tasas de desempleo y de inactividad para comprender mejor la incidencia de la crisis entre los jóvenes, ya que un aumento de la población inactiva también puede dar lugar a una reducción estadística del desempleo; que en varios Estados miembros se ha registrado un aumento mayor de la tasa de población inactiva que de la de desempleo debido tanto a que durante la crisis las personas han dejado de buscar trabajo como a la adopción por parte de las autoridades públicas de medidas relacionadas con el mercado laboral, como los regímenes de reducción del tiempo de trabajo y el bloqueo de los despidos;

L.

Considerando que los contratos precarios y de bajos ingresos, el falso trabajo por cuenta propia, la falta de protección social básica y las prácticas discriminatorias basadas en la edad constituyen las condiciones laborales de millones de jóvenes; que la tasa de jóvenes inactivos ha aumentado en la mayoría de los Estados miembros y que la brecha de género entre los ninis también ha aumentado durante este período; que muchos jóvenes alternan entre el empleo y el desempleo o la inactividad o están atrapados en formas precarias de empleo atípico; que los jóvenes corren un mayor riesgo que otros grupos de perder sus puestos de trabajo debido a la automación;

M.

Considerando que las mujeres y, en particular, las jóvenes, son objeto de una doble discriminación, por ser jóvenes y por ser mujeres, debido a un desequilibrio preocupante en el mercado laboral;

N.

Considerando que la pandemia podría profundizar las desigualdades en la sociedad, incluida la brecha digital, que sigue siendo un grave problema en la Unión en su conjunto y en los Estados miembros; que la falta de un acceso adecuado a la banda ancha y a equipos informáticos adecuados por los jóvenes en general, así como en el contexto de la escolarización a distancia y el teletrabajo, podría provocar una mayor desigualdad, exclusión y discriminación;

O.

Considerando que la crisis anterior puso de manifiesto que si a los jóvenes no se les ofrecen períodos de prácticas y empleos de calidad (basados en acuerdos por escrito y en unas condiciones de trabajo dignas, incluido un salario digno asesoramiento y orientación profesional y formación continuada) se correrá de nuevo un riesgo elevado de que se vean obligados a aceptar empleos precarios, a abandonar su país para encontrar trabajo o a matricularse en un centro educativo o de formación, aunque busquen un empleo real;

P.

Considerando que uno de sus defectos más importantes de la Garantía Juvenil es la escasa calidad de lo que ofrece; que los períodos de prácticas previstos en el marco de la Garantía Juvenil no solo deben ser remuneradas sino que también deben tener limitados en términos de duración y cantidad de modo que los jóvenes no queden atrapados en una sucesión interminable de períodos de prácticas repetidos y que sean explotados como mano de obra barata o incluso gratuita, sin protección social ni derechos de pensión; que los estudios muestran que la actual generación de jóvenes encuentra su primer empleo auténtico a los inicios de la treintena;

Q.

Considerando que la actual generación de jóvenes está altamente cualificada; que la capacitación, el reciclaje profesional y la mejora de las capacidades no son la única respuesta a la falta de puestos de trabajo para los jóvenes; que, por otra parte, la creación de puestos de trabajo sostenibles y de calidad es fundamental para su estabilidad;

R.

Considerando que los programas en materia de empleo pueden repercutir en el desempleo pero no pueden sustituir a esfuerzos más amplios para fomentar unos mercados laborales más flexibles; que los obstáculos en el mercado laboral tienen efectos especialmente perjudiciales para los jóvenes, elevando las tasas de desempleo y dejando a las nuevas generaciones en situación de vulnerabilidad; que distintos estudios (11) han demostrado la necesidad tanto de unas políticas activas relacionadas con el mercado laboral como de regímenes de protección social basados en el umbral de riesgo de pobreza para evitar una situación en la que las medidas se limiten a remodelar las oportunidades de empleo como un juego de suma cero entre subgrupos de personas vulnerables;

S.

Considerando que las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros de 2019 invitan a estos a seguir abordando el desempleo juvenil y la cuestión de los ninis mediante la prevención del abandono escolar prematuro por parte de los jóvenes y la mejora estructural de la transición de la escuela al trabajo, en particular mediante la aplicación plena de la Garantía Juvenil;

T.

Considerando que la propuesta de Recomendación del Consejo sobre el refuerzo de la Garantía Juvenil se basa en la experiencia y en las enseñanzas extraídas de la aplicación de la Garantía Juvenil desde 2013 y que tiene por objeto llegar a un mayor número de jóvenes al ampliar la franja de edad para incluir a todas las personas menores de treinta años y a ayudarlas a desarrollar sus capacidades y a adquirir experiencia laboral, en particular en los ámbitos relacionados con la doble transición ecológica y digital;

U.

Considerando que, para el próximo período de programación 2021-2027, la Garantía Juvenil se financiará a través del Fondo Social Europeo Plus (FSE +), que abarca ahora la Iniciativa de Empleo Juvenil, que es el principal programa de financiación de la Garantía Juvenil; que, a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y de REACT-EU, el instrumento «Next Generation EU» proporcionará apoyo adicional a las medidas de empleo juvenil; que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional financiará las inversiones en educación y formación, que se ajustan a la doble transición ecológica y digital; que los Estados miembros, previa petición y siguiendo el cumplimiento de criterios predefinidos, pueden obtener recursos del instrumento de apoyo técnico para financiar las fases de preparación y aplicación de las reformas estructurales, entre otras medidas, en los ámbitos de la educación y la formación y las políticas del mercado laboral;

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