12.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 342/65

1.

expresa su apoyo a la movilidad libre y equitativa de los trabajadores y en consecuencia acoge con satisfacción la revisión de las normas para la coordinación de la seguridad social en el contexto del aumento de la movilidad de los ciudadanos dentro de la UE;

2.

señala que la libertad de movimiento de los trabajadores, como integración negativa del mercado interior, se debe complementar mediante la coordinación de la seguridad social, como integración positiva, en consonancia con la Carta de los Derechos Fundamentales y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea;

3.

considera que las propuestas presentadas por la Comisión Europea por las que se modifican el Reglamento (CE) n.o 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, y el Reglamento (CE) n.o 987/2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) n.o 883/2004 son en lo fundamental razonables y útiles, y en consecuencia las acoge favorablemente;

4.

recuerda a la Comisión su iniciativa «Legislar mejor» y subraya que el complejo cuerpo legislativo compuesto por los Reglamentos (CE) n.o 883/2004 y (CE) n.o 987/2009 debe resultar inteligible tanto para las autoridades como para los ciudadanos a efectos de determinar la situación jurídica;

5.

subraya la importancia de las redes regionales de asesoramiento y apoyo para los ciudadanos que ejercen la movilidad en la UE, que son esenciales para impedir la explotación de los trabajadores móviles y el fraude organizado, y aboga por que se refuercen estas redes;

6.

subraya que la propuesta de la Comisión es necesaria para garantizar la libre circulación de los trabajadores. Por esta razón, debido al fundamento jurídico claro que constituye el artículo 48 del TFUE, no se plantean cuestiones relevantes en materia de subsidiariedad con respecto a la propuesta de la Comisión. En efecto, los objetivos de la acción propuesta no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, por su escala y/o sus efectos, pueden lograrse mejor a nivel de la UE, ya que la acción propuesta implica aspectos transnacionales que no pueden ser regulados adecuadamente por los Estados miembros o los entes locales y regionales por sí solos;

7.

destaca su especial interés por proseguir el diálogo técnico con la Comisión sobre esta cuestión y, a este respecto, subraya la importancia del informe de evaluación de impacto que la Comisión deberá presentar oportunamente, sobre la base de su Acuerdo de Cooperación con el CDR;

8.

toma nota de los avances realizados en la regulación del desplazamiento y la mejora del certificado de desplazamiento. acoge con satisfacción que la Comisión esté facultada, con la introducción del artículo 76 bis, para elaborar actos de aplicación conforme al artículo 291 del TFUE mediante los que se establezca un procedimiento normalizado para la expedición, la impugnación y la retirada del Documento Portátil A1 (denominado impreso A1) con el que se dificulte el uso indebido de dicho documento. El procedimiento que se pretende aplicar puede resultar especialmente adecuado para desde evitar litigios tediosos hasta el procedimiento de infracción, y así contribuir a la estabilidad jurídica intraeuropea;

9.

recuerda que la presente propuesta de Reglamento por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 883/2004, junto con la actualización de las modalidades de expedición del denominado impreso A1, contiene un elemento central para una protección sujeta a mejora contra el uso indebido de prestaciones sociales por parte de los trabajadores desplazados en el marco de la revisión paralela de la Directiva 96/71/CE sobre el desplazamiento de trabajadores. Teniendo en cuenta la importancia de este aspecto, cada paso realizado hacia una configuración vinculante, clara e inmediata de la futura concesión del impreso A1 resulta de especial importancia y debería por lo tanto tenerse especialmente presente;

10.

señala, en relación con el desplazamiento de trabajadores, que la seguridad social depende en gran medida de una aclaración de las normas y definiciones, por lo que una interpretación unívoca de términos importantes como «trabajo autónomo» o «domicilio» ayudaría a enfrentarse de forma eficaz a problemas relacionados con el trabajo autónomo ficticio o las sociedades fantasma;

11.

reitera, a este respecto, su opinión de que el plazo a partir del cual se aplica íntegramente la legislación del país de acogida a la relación laboral en una situación de desplazamiento debe ser de doce meses (1);

12.

lamenta el retraso en la introducción del intercambio electrónico de información sobre seguridad social (EESSI). Considera imprescindible que haya un intercambio electrónico de datos paneuropeos;

13.

señala que la coordinación de las prestaciones asistenciales amplia el ámbito de aplicación de la legislación que debe coordinarse, lo que es necesario para alcanzar los objetivos de la acción propuesta; no obstante, la prohibición de acumular prestaciones de enfermedad y asistenciales podría resultar difícil de gestionar;

14.

señala que la protección de la persona enferma que se encuentre en el territorio de un Estado miembro debe garantizarse incluso si el enfermo no tiene derecho de residencia en dicho Estado miembro. Señala, sin embargo, que el reconocimiento de una cobertura del seguro de enfermedad con base en el extranjero a menudo se topa con grandes dificultades con arreglo al Derecho de la UE, y en algunos países de la UE las personas con empleo precario a menudo ven negada, indebidamente, la asistencia sanitaria;

15.

acoge con satisfacción, por tanto, como cuestión de principio, que la base para la cobertura del seguro de enfermedad para los ciudadanos de la UE inactivos y necesitados dependa únicamente de la estancia real en un Estado miembro y no de la residencia legal; considera, a este respecto, que debe establecerse el derecho del Estado de acogida al reembolso del gasto;

16.

considera procedentes las nuevas normas para la coordinación de las prestaciones de desempleo. Aunque la excepción prevista de conformidad con el artículo 65, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 883/2004 para las relaciones laborales a corto plazo de duración inferior a doce meses quizás no sea estrictamente necesaria, sí aclara el texto;

17.

acoge con satisfacción la prolongación prevista de la posibilidad de exportación de prestaciones por desempleo de tres a seis meses. No obstante, observa que esto debe ir aparejado con políticas activas del mercado laboral, que constituyen un elemento clave de las llamadas «estrategias de activación» destinadas a abordar la interacción entre los sistemas de asistencia y de seguro de desempleo, las políticas activas del mercado laboral y la condicionalidad de las prestaciones; considera necesario aclarar la forma en que los Estados miembros pueden ampliar el periodo de exportación más allá de la legislación europea aplicable. Sin embargo, manifiesta sus reservas con respecto al régimen especial por lo que se refiere a los períodos de empleo de una duración inferior a doce meses;

18.

subraya que si bien todos los ciudadanos de la UE tienen derechos específicos a las prestaciones sociales familiares del país en el que se hayan registrado, en el que estén empleados o en el que estén sujetos a impuestos, pueden darse diferencias significativas entre los Estados miembros respecto de los derechos a estas prestaciones;

19.

reconoce la competencia que se atribuye, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre las competencias de los Estados miembros para determinar las prestaciones de asistencia social a las personas económicamente no activas, y acoge con satisfacción la indicación, en tanto que nuevo enfoque importante, de que estas disposiciones deben respetar los derechos humanos y los derechos fundamentales. Es positivo que estas personas no queden excluidas en el futuro de un seguro de enfermedad en función de su lugar de estancia real, y señala que se les puede autorizar a contribuir de forma proporcionada a un régimen de seguro de enfermedad sobre la base de su lugar de residencia habitual. Sin embargo, se sigue planteando la cuestión de si eso podrá justificar una limitación o incluso una exclusión de la asistencia social. Al mismo tiempo, la extensión de este principio a los ciudadanos de la UE residentes, de hecho, en un Estado distinto del suyo, requiere que se regule su aplicación, a fin de establecer la igualdad de comportamiento y de carga entre los Estados miembros;

20.

lamenta la ausencia de datos e informaciones fiables sobre el número de trabajadores fronterizos en el sentido de la definición jurídica incluida en el Reglamento (CE) n.o 883/2004;

21.

señala que las regiones fronterizas tienen una experiencia considerable en lo que respecta a los trabajadores móviles. El CDR pide a la Comisión y a los Estados miembros que utilicen esta experiencia. En este sentido, el Comité pide a la Comisión que refuerce los servicios de apoyo a la movilidad laboral transfronteriza que presta EURES —haciendo uso de las asociaciones transfronterizas EURES actuales e impulsando, al mismo tiempo, la creación de nuevas asociaciones— y que capacite a estos servicios para recopilar información fiable sobre el número y el perfil de los trabajadores transfronterizos y sus empleadores.