13.9.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 277/125

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recuerda la importancia de la política europea de transporte, energía y telecomunicaciones como un instrumento clave para asegurar la cohesión económica, social y territorial de la UE;

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respalda la creación del nuevo Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) en su calidad de marco jurídico común e instrumento de financiación único para los sectores del transporte, la energía y las telecomunicaciones;

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acoge favorablemente el énfasis puesto en la construcción de los enlaces pendientes, la eliminación de los cuellos de botella y la creación de conexiones transfronterizas apropiadas, así como la introducción de instrumentos financieros innovadores para garantizar el máximo efecto palanca del gasto público y, por consiguiente, un mayor valor añadido para los ciudadanos de la UE;

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pide que su aplicación se lleve a cabo en estrecha cooperación con los Estados miembros, los entes locales y regionales y los agentes sobre el terreno, en el respeto del principio de subsidiariedad;

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considera que la aplicación del MCE debería ser acorde con los objetivos tanto de la Estrategia Europa 2020 como de la política de cohesión, y debería complementarse y ser coherente con los fondos asignados a esta política;

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insiste en que la financiación esté equitativamente distribuida entre todos los Estados miembros y regiones teniendo en cuenta al mismo tiempo las situaciones territoriales específicas de la UE

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solicita que la Comisión Europea aclare que los 10 000 millones de euros que se transferirán del Fondo de Cohesión deberán respetar el Reglamento relativo al Fondo de Cohesión, incluidas las cuotas nacionales que se aplican a los Estados miembros.

Ponente

Ivan ŽAGAR (SI/PPE), Alcalde de Slovenska Bistrica

Texto de referencia

1.

recuerda que la política europea de transporte, telecomunicaciones y servicios digitales debería entenderse como un instrumento clave para asegurar el aumento de la competitividad de las ciudades y regiones, la libre circulación de personas y bienes, la integración del mercado único y la cohesión económica, social y territorial de la UE, así como su conexión con el resto del mundo;

2.

acoge favorablemente el papel que podría desempeñar el Mecanismo «Conectar Europa» estimulando el crecimiento, el empleo y la competitividad en Europa (1) y suscribe el énfasis puesto por la Comisión en la construcción de los enlaces pendientes, la eliminación de los cuellos de botella y la creación de conexiones transfronterizas apropiadas;

3.

respalda la creación del nuevo Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) en su calidad de marco jurídico común e instrumento de financiación para los sectores del transporte, la energía y las telecomunicaciones;

4.

pide que su aplicación se lleve a cabo en estrecha cooperación con los Estados miembros, los entes locales y regionales y los agentes sobre el terreno, en el respeto del principio de subsidiariedad;

5.

solicita que se aplique un enfoque más transparente, coherente y simplificado a la financiación prestada por la UE, que permita atraer la financiación del sector privado, hoy por hoy necesaria para la consecución de los objetivos de la Unión;

6.

considera que la aplicación del MCE debería contribuir asimismo al fortalecimiento de los objetivos de la cohesión económica, social y territorial, y debería estar interconectada con los fondos de la política de cohesión, de modo que se complementen y sean coherentes entre sí;

7.

acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de asignar 10 000 millones de euros del Fondo de Cohesión al MCE para apoyar la ejecución coordinada de los proyectos de infraestructuras de transporte en la red básica de la RTE-T en los Estados miembros que reciben ayudas del Fondo de Cohesión; destaca la necesidad de respetar, en la mayor medida posible, las asignaciones nacionales con cargo al Fondo de Cohesión, a fin de garantizar unas condiciones de ayuda financiera favorables, como las previstas por el Fondo de Cohesión, para todo tipo de proyectos subvencionables, incluidos los de carreteras transfronterizas;

8.

opina que los proyectos del MCE deberían regirse por las prioridades definidas para el crecimiento inteligente, sostenible e integrador, es decir, los objetivos de la Estrategia Europa 2020;

9.

subraya la dificultad que encuentran muchos Estados miembros para desarrollar por sí mismos proyectos complejos de infraestructuras transfronterizas de transporte, mientras que a escala de la UE, se ha alcanzado una masa crítica en la demanda de más sinergias entre los diferentes programas de financiación y ámbitos de acción para garantizar el máximo efecto palanca del gasto público y, por consiguiente, un mayor valor añadido para los ciudadanos de la UE;

10.

respalda la creación del nuevo Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) en su calidad de marco jurídico común e instrumento de financiación único para los sectores del transporte, la energía y las telecomunicaciones;

11.

subraya que, en el marco de los proyectos de transporte, se debería examinar su interconexión con otras formas de transporte en centros de transporte multimodal: transporte aéreo, metro, etc.; es preciso garantizar el acceso a una red y servicios de banda ancha rápida, en particular en las zonas poco atractivas desde un punto de vista comercial, como las áreas rurales con baja densidad de población, en las que las TIC pueden facilitar la prestación de servicios públicos y contribuir a la fijación de la población y a la cohesión territorial;

12.

desearía que se aclare el tratamiento dado a las regiones con un índice de desarrollo diferente, incluidas las regiones con desventajas demográficas y naturales graves y la dimensión ultraperiférica, de manera que se reflejen sus situaciones territoriales específicas en las diferentes partes de la UE y se abarque de forma equilibrada a las regiones europeas;

13.

respalda los esfuerzos para fomentar sistemas de transporte limpios y sostenibles, en particular el marítimo y el ferroviario, modos eficaces y competitivos que deben contar con una infraestructura adecuada y unos servicios organizados. Para asegurar el buen funcionamiento de estos modos de transporte sostenibles, es necesario también desarrollar los nodos logísticos de interior que permitan el óptimo intercambio intermodal y la eficacia del sistema en su conjunto;

14.

considera que han de tenerse debidamente en cuenta las circunstancias específicas de una serie de zonas de la UE, incluidas las regiones de los nuevos Estados miembros donde hasta ahora se han desarrollado poco las infraestructuras y han carecido de financiación suficiente, sobre todo cuando estas aportan un valor añadido regional como, por ejemplo, para el transporte transfronterizo;

15.

subraya la necesidad de impulsar la interconexión de las redes de energía y el funcionamiento del mercado interior de la energía en la UE, así como de reconocer la independencia energética europea como una de las prioridades clave de este instrumento y reforzar la seguridad del abastecimiento;

16.

hace hincapié en que las inversiones en la red de telecomunicaciones de banda ancha y las plataformas de infraestructuras de servicios digitales son esenciales para hacer realidad la Agenda Digital de la UE y contribuir a los objetivos de Europa 2020, así como para proveer servicios públicos europeos;

17.

se muestra favorable a la creación del MCE y su dotación financiera, que no deberá ser cuestionada si se quiere garantizar su eficacia y su efecto de palanca en las demás fuentes de financiación públicas y privadas. Advierte, no obstante, que debe evitarse cualquier iniciativa que pueda ir en detrimento de los Fondos Estructurales;

18.

le preocupan, dada la situación de los mercados financieros, la incidencia y el efecto palanca que se prevé vayan a tener las medidas de financiación del MCE en la financiación pública regional y local programada para las inversiones en infraestructuras;

19.

insiste en que la financiación esté equitativamente distribuida entre todos los Estados miembros y regiones, y tenga en cuenta la calidad y el valor añadido de los proyectos financiados por el MCE en redes de transporte, energía y telecomunicaciones para las regiones más vulnerables, incluidas aquellas que padecen desventajas geográficas y naturales permanentes, como las regiones con una escasa densidad de población, las regiones insulares, las regiones transfronterizas y las de montaña, teniendo debidamente en cuenta la eficacia y el efecto palanca de los proyectos propuestos;

20.

solicita que la Comisión Europea aclare que los 10 000 millones de euros que se transferirán del Fondo de Cohesión deberán respetar el Reglamento relativo al Fondo de Cohesión, incluidas las cuotas nacionales que se aplican a los Estados miembros;

21.

subraya que, en lo referente a los costes administrativos, los criterios de subvencionabilidad deben ampliarse;

22.

respalda la aplicación de un enfoque más transparente, coherente y simplificado a la financiación prestada por la UE, que permita atraer la financiación del sector privado; pide por consiguiente que los costes administrativos se añadan a los gastos subvencionables, de modo que los objetivos puedan alcanzarse con mayor eficacia, y subraya que las nuevas fuentes de financiación no deberán en ningún caso sustituir a la financiación tradicional de la UE, sino más bien servirle de complemento;

23.

acoge positivamente la introducción de instrumentos financieros innovadores, en particular el uso de bonos de la UE para la financiación de proyectos, que atraerán la inversión privada y servirán de estímulo a las colaboraciones público-privadas en la Unión; señala que, dada la situación de los mercados financieros, estos bonos deberían estar garantizados por la Comisión;

24.

pide a la Comisión que prevea medidas de capacitación para el uso de instrumentos financieros innovadores, a fin de respaldar la participación de los entes públicos que no dispongan de los conocimientos especializados necesarios, en particular a nivel regional y local; acoge favorablemente la adopción, el 6 de julio de 2012, del Reglamento que pone en marcha la fase piloto correspondiente al período 2012-2013 de la iniciativa de los bonos de la UE para la financiación de proyectos, cuyo objetivo es movilizar hasta 4 500 millones de euros procedentes del sector privado para financiar proyectos de infraestructura estratégicos (2); respalda que, de tener éxito, la fase piloto irá seguida de una fase operativa entre 2014 y 2020 en el marco del MCE;

25.

acoge positivamente los programas de trabajo como instrumentos que utilizan subvenciones para medidas específicas;

26.

afirma que la subvencionabilidad del gasto, tal como lo define el MCE, puede constituir una limitación a la hora de ejecutar los proyectos; por este motivo, debería modificarse en lo relativo a los plazos de admisión y a elementos específicos de los costes elegibles, como los costes de preparación, el IVA no recuperable o la adquisición de tierras;

27.

muestra su preocupación por el hecho de que todas las propuestas de subvención deberán contar únicamente con el acuerdo de los Estados miembros. Por este motivo, el Comité de las Regiones pide que los entes locales y regionales participen en el proceso de selección cuando proceda y en función de sus competencias legales;

28.

subraya que, considerando la situación a que hacen frente actualmente los entes locales y regionales, los beneficiarios no serán capaces de finalizar sus trabajos a tiempo. Por consiguiente, las disposiciones relativas a la anulación de los proyectos no deberán ser demasiado restrictivas, y deberán autorizar un período de tres años en vez de los dos años propuestos por la Comisión Europea;

29.

recuerda que los 10 000 millones de euros que se reservan en el Fondo de Cohesión se gestionarán de conformidad con las normas de gestión directa y no con el «principio de orden de recepción»; subraya que una selección atendiendo al orden de recepción puede acentuar el desequilibrio de los países beneficiarios del Fondo de Cohesión, que deben hacer frente a condiciones más arduas en términos administrativos, humanos y financieros; esto puede suponer un obstáculo para algunos Estados miembros y regiones a la hora de presentar proyectos maduros;

30.

sugiere que las disposiciones relativas a la subvencionabilidad del gasto de los 10 000 millones de euros que se transferirán del Fondo de Cohesión deberían ser acordes con el Reglamento por el que se rige este fondo;

31.

pide que, sin perjuicio de las cuestiones de competencia, el respaldo financiero a proyectos de nivel inferior a las redes transeuropeas cumpla el principio de subsidiariedad;

32.

respalda los programas de trabajo plurianuales, que deberán comunicarse a todas las partes implicadas. De conformidad con los principios de gobernanza multinivel, en la preparación de los programas de trabajo deberían participar socios de todos los niveles;

33.

subraya que los entes locales y regionales son legalmente responsables de muchos de los ámbitos cubiertos por el MCE, y se ven directamente afectados por las medidas propuestas para financiar las infraestructuras transeuropeas de transporte, energía y telecomunicaciones; por este motivo, resulta indispensable respetar los principios de gobernanza multinivel, a fin de garantizar un desarrollo territorial equilibrado;

34.

considera que la propuesta del MCE no parece plantear ningún problema en relación con el respeto del principio de subsidiariedad (3); recuerda que, habida cuenta de su dimensión y sus efectos, los proyectos del MCE podrían presentar una vertiente transnacional, por lo que deberán llevarse a cabo al nivel más apropiado: UE, nacional, regional o local.

35.

insiste en que los entes locales y regionales y otras partes interesadas relevantes deben participar en el proceso de toma de decisiones y en la planificación que se llevará a cabo en los Estados miembros en relación con la lista indicativa de proyectos del MCE que podrían recibir financiación;

36.

hace hincapié en que debería informarse lo antes posible a los entes locales y regionales sobre las propuestas del MCE, y se les debería apoyar activamente para asociarlos a la preparación de proyectos y a las estrategias territoriales de desarrollo. Asimismo, resulta esencial que, en cada región, todas las partes interesadas cooperen en la preparación de futuros proyectos MCE y en su ejecución;

37.

considera que deben desarrollarse medidas estratégicas para animar a los entes locales y regionales a preparar las listas de inversiones propuestas en los ámbitos de la energía y las telecomunicaciones antes de finales de 2012, ya que es la única manera de asegurar que a los Estados miembros les quede tiempo suficiente para preparar la documentación de los proyectos;

38.

destaca que las nuevas tecnologías (por ejemplo, las infraestructuras para combustibles alternativos) se enfrentan a mayores obstáculos de acceso que las infraestructuras tradicionales como las de ferrocarril y carretera, por lo que las subvenciones se elevarán al 50 % en lugar del 20 %;

39.

subraya que la ejecución del MCE por parte de la agencia ejecutiva de la Comisión Europea como autoridad de gestión debería llevarse a cabo en estrecha cooperación con otras autoridades públicas pertinentes. Deberían evitarse los costes adicionales para la creación y el funcionamiento de la agencia;

40.

insiste en que es necesario fijar normas que regulen los fondos del MCE en los casos en que distintos socios de diferentes Estados miembros no sean capaces de alcanzar un acuerdo sobre la ejecución de un proyecto concreto;

41.

por consiguiente, sugiere que la Comisión Europea analice la utilidad de la AECT para atajar posibles dificultades en la ejecución de proyectos transfronterizos originadas por las diferencias en las legislaciones nacionales y la combinación de varias fuentes de financiación definidas en diferentes normativas;

42.

destaca la necesidad de que haya compatibilidad entre los proyectos financiados por los fondos Estructurales y de Cohesión y, por otra parte, el MCE y su previsible incidencia en proyectos más pequeños;

43.

pide a la Comisión que establezca medidas claras que garanticen la coordinación y compatibilidad entre los diferentes reglamentos aplicables a los Fondos Estructurales, en particular en el momento de redactar el marco estratégico común y los contratos de asociación, pero también en lo relativo a los criterios de subvencionabilidad y el posible solapamiento de los proyectos financiados;

44.

advierte sobre la incidencia del MCE en la planificación territorial y las estrategias de desarrollo local y regional, y respalda las medidas de capacitación para ayudar a los entes locales y regionales a estar bien preparados para presentar proyectos maduros, que puedan ser financiados con cargo a dicho mecanismo;

45.

insiste en que los programas operativos y reglamentos para el período de programación 2014-2020 deben aprobarse en el plazo previsto, de modo que la ejecución de los proyectos pueda comenzar a principios de 2014;

46.

respalda la propuesta de la Comisión de orientarse más hacia la obtención de resultados mediante objetivos e indicadores de resultado claros y cuantificables fijados previamente. Convendría establecer un número reducido de indicadores claros y fiables, que deberían tener un carácter general, ser equitativos y proporcionados y basarse en el principio de la igualdad de trato. Por este motivo, los entes locales y regionales deberán disponer de instrumentos de planificación estratégica a fin de evitar que la presentación de informes suponga una carga administrativa adicional, al añadir la necesidad de una evaluación de impacto en la cohesión económica, social y territorial;

47.

pide a los Estados miembros que recurran en mayor medida a la asistencia técnica disponible para los programas operativos, con el propósito de mejorar las capacidades de los órganos locales y regionales y otros participantes para aprovechar los fondos de la UE. En el marco del MCE, resulta especialmente importante que los Estados miembros menos desarrollados también preparen proyectos de calidad ayudándose de los recursos en asistencia técnica, y puedan así hallarse en igualdad de condiciones respecto de otros Estados miembros cuando respondan a las convocatorias de propuestas para una cofinanciación de la UE;

48.

solicita una descripción más detallada en relación con la documentación de preparación de los proyectos, la preparación misma, la puesta en marcha de los procedimientos y las solicitudes de los participantes (reparto de tareas entre los órganos nacionales y los entes locales y regionales) en el marco del MCE.